martes, 22 de mayo de 2012

Impotencia, dolor e indignación

Lunes, 21 de Mayo de 2012

Sr director:

Mi nombre es Silvana, soy la hermana mayor de Diego Iván Pachao, el joven muerto el pasado 14 de marzo luego de agonizar dos días en el Hospital San Juan Bautista. Allí ingresó prácticamente muerto, con un cuadro irreversible, como consecuencia de dos hemorragias cerebrales, después de estar detenido aproximadamente 15 horas en la Comisaria Séptima de esta ciudad Capital.
En realidad, esta carta va dirigida a los señores fiscales y jueces, a quienes están al frente del Gobierno, es decir, a todos aquellos que corresponda o puedan intervenir en el esclarecimiento y búsqueda de justicia por la muerte de mi hermano. También me dirijo a la sociedad, a cada uno de sus integrantes, para que conozcan el caso, se solidaricen con quienes estamos padeciendo esta muerte injusta, para que nos acompañen y nos apoyen en el pedido de Justicia, sobre todo para que no olviden, porque el olvido conduce a triunfo de la Impunidad y la corrupción.

Mi hermano no era un delincuente. Fue detenido por personal de la Comisaria Séptima, el 11 de marzo, cuando transitaba por Avenida Los legisladores. Sí, estaba ebrio, como lo están muchos jóvenes un domingo por la mañana. Pero no estaba provocando disturbios, ni haciendo daño alguno. Cuando lo detuvieron fue por defender a su amigo, Leonel González, al que personal de la Comisaria Séptima pateaba mientras estaba tirado en el suelo. Diego sólo se acercó pidiendo que dejen de golpearlo y les dijo que quería acompañarlo a donde lo llevaran. Esa fue su condena. La conocida Averiguación de Actividades y Medios de Vida fue sólo un pretexto para arrestarlo.
Después de eso, muchas dudas e incertidumbre. Testimonios encontrados. Un médico que asegura haberlo visto y certificado que estaba en buen estado. Su amigo que declara que aparentemente a Diego nunca le hicieron la revisación médica. Lo cierto es que Diego ingresó a la Comisaria Séptima por sus propios medios y salió de allí, 15 horas después, en una camilla inconsciente, tiritando, con fiebre, sin dilatación de pupilas, vomitando sangre y con vómito de sangre seca, pegada a su pecho, con un tiempo de 5 hs. aproximadamente. Lo cierto es que luego de ser maltratado y torturado, Diego comenzó a sentirse muy mal desde la tarde de aquel día y aunque él y sus compañeros pidieron ayuda, sólo lo tiraron en un patio para que “le diera aire y se componga”, sin brindarle la atención clínica necesaria. Y cuando nuestra madre fue a buscarlo y rogaba al oficial a cargo que vean cómo estaba su hijo, durante tres horas fue burlada por todo el personal de guardia. Todos aseguraban que Diego “dormía profundamente”, porque había estado “charlando”, y que le darían la libertad recién al cumplirse las 24 horas. ¡Qué curioso! A su amigo, el que portaba el arma blanca al momento de la detención, lo liberaron a las 12 horas.

Cuánta delincuencia acechando a cada ciudadano de la provincia: arrebatos, asaltos, asesinatos, violaciones, patotas, venta ilegal de drogas, entre otros. Y en ese momento ¿Dónde están las autoridades que deben velar por el orden y la seguridad? ¡Cuán difícil es para ellos cumplir con sus obligaciones! Sin embargo, qué fácil les resulta ensañarse con un chico inocente e indefenso ostentando sus armas e investiduras. ¡Cobardes! Sólo así pueden aparentar la autoridad y competencia de las que carecen.
A dos meses del asesinato de mi hermano, ninguno de los imputados está detenido. Nos dicen que debemos tener paciencia y respetar los tiempos del proceso, los tiempos de la Justicia que no son los mismos que los nuestros. Entonces, así como debemos resignarnos a la pérdida de nuestro hermano porque unos miserables decidieron sobre su vida ¿pretenden que además nos resignemos a que sus asesinos permanecerán libres? Mientras nuestro hermano está muerto y sólo podemos tenerlo en recuerdos, sus verdugos aún caminan libremente por las calles y disfrutan junto a sus familias cada momento de sus vidas. ¿Eso es Justicia?
Así como es el Estado el que los proveyó de armas para ejercer la autoridad y no lo hicieron o abusaron de ello, es el Estado el que debe garantizarnos que los crímenes cometidos por sus subordinados no queden impunes y que se les aplique la ley rigurosamente como a cualquier ciudadano común, sin privilegios ni miramientos de ningún tipo. Por lo tanto, y aunque entiendo sobre la división de poderes, es una lástima que las máximas autoridades provinciales afirmen que no pueden intervenir ni controlar las actuaciones de la Justicia. Como es repudiable que unos funcionarios de seguridad apoyen públicamente las aberraciones de su personal con el propósito de defender la institución.

Catamarca vive hoy el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Sin embargo, hoy, en democracia, la historia se repite una y otra vez: uniformados que arrestan sin razones, que abusan de su autoridad y violan los derechos humanos, que se burlan del sufrimiento de quienes están bajo su resguardo y deciden sobre sus vidas. Uniformados que actúan con total impunidad porque se sienten omnipotentes e intocables. Por lo tanto, a más de tres décadas y más allá de las variaciones de regímenes, se sigue agraviando a seres humanos, en nombre de la ley, del orden y la seguridad.
A la sociedad, espero que comprendan que hoy cualquier chico puede ser Diego Pachao, un ser pleno de juventud, fuerte, con la sangre galopando por sus venas, una vida que fue coartada por la maldad humana. Comprendan que todos estamos expuestos a las falencias de la policía. La pregunta es ¿Hasta cuándo? La muerte de mi hermano no debe ser en vano. Debe servir para demostrar que en Catamarca la Justicia existe y para que este sistema llamado “de seguridad” cambie y se erradiquen aquellos resabios dictatoriales.
Desde que nos arrancaron a Diego sólo clamamos Justicia por una muerte que no debía ser. No queremos un “chivo expiatorio” sino que los verdaderos responsables paguen por sus abusos. Lamentablemente ni la Justicia podrá devolvernos a mi hermano y la cicatriz quedará para siempre, pero en tanto la Justicia no llegue Diego Iván será una herida abierta, sangrando de impotencia, dolor e indignación.

Silvana Daniela Véliz

lunes, 21 de mayo de 2012

El jefe de la tribu Kayapo recibía la peor noticia de su vida:

Mientras los periódicos y las televisiones hablan de la vida de los famosos, el jefe de la tribu Kayapo recibía la peor noticia de su vida:

Dilma, la presidenta del Brasil, ha dado el visto bueno a la construcción de una planta hidroeléctrica enorme (la tercera más grande del Mundo).

Es la sentencia de muerte a todos los pueblos cercanos al río, ya que la presa inundará 400.000 hectáreas de bosque.
Más de 40.000 indígenas no tendrán donde vivir.
La destrucción del hábitat natural, deforestación y la desaparición de multitud de especies es un hecho.

¡40.000 seres humanos!...
¿Y nos preocupamos por 6 o 7 o 10 que llenan las revistas? ¿Qué llevan puesto? ¿Con quién se casan? ¿De quién se divorcian?... ¡Por Dios... qué vergüenza, sentimos los que valoramos cada VIDA COMO ÚNICA!

¡NO hay vidas "MAS DIGNAS" que otras!... to@s estamos en este mundo para vivir con la misma dignidad... y no habrá una "guerra justa"(si alguna lo es...), simplemente ante este imperdonable, habrá un silencio: ¡el de los fuertes!
Lo que conmueve y hace que algo se retuerza por dentro, lo que genera vergüenza de nuestra cultura...

La "impresión" que tuvo el jefe de la comunidad Kayapo al enterarse de esa decisión, su gesto de dignidad y de impotencia, bajando la cabeza, llorando... ante el avance de "nuestro progreso", hipercapitalista, la modernidad depredadora, la civilización que no respeta la diferencia ...

¿Hasta cuándo aún?... ¿Y qué va a ser ahora mismo tambien de los Dongria Kondh? en la misma situación, y tantos y tantos seres humanos oprimidos...
¿A nadie le importan....?

Sólo podemos cambiarlo nosotros, cada uno de nosotros, no ellos...
Por favor haz que esto circule y sintamos vergüenza. :/
De: STYLEE REGAAE.

martes, 15 de mayo de 2012

Polémica en Viedma por un ex funcionario de la dictadura

Río Negro, y revuelto

La Justicia habilitó la asunción de un concejal que trabajó en la intervención provincial durante el Proceso. Denuncian que el fallo viola la Carta Orgánica municipal.
Repudio. Los organismos de DD.HH. de Viedma rechazan que Grandón asuma en el Concejo Deliberante.

En Viedma, capital de Río Negro, un fallo judicial de fines de abril hizo retroceder la política de derechos humanos local unos cuantos casilleros al habilitar la asunción como concejal de Carlos Grandón, ex funcionario provincial en la última dictadura militar. La decisión de los magistrados ignoró la Carta Orgánica Municipal (COM) que legisla sobre el tema y generó mucha repercusión en la localidad patagónica ya que, según los organismos de derechos humanos locales, se sentó un precedente peligroso para la democracia.

“Viedma dio un debate importante referido a la memoria colectiva dos años atrás –explicó a Veintitrés el concejal Matías Rulli–. Incorporó en la Constitución local conceptos de avanzada. No fue un avance casual. Entendimos, a diferencia de estos jueces, que en la Argentina hubo un golpe cívico-militar y que muchos desde su lugar legitimaron ese proceso que impartió toda una forma de pensar”.

Rulli hace mención a la reforma de 2010, cuando los convencionales de la COM estipularon en el artículo 52, inciso 12, que “las personas que hayan ejercido funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en este municipio”. Entonces se endurecieron las prohibiciones que ya constaban en la carta de 1989 y se dio un gran paso democrático. Incluso el CELS afirmó que existen “antecedentes jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos que justifican la existencia de este tipo de normas”. No obstante esto, la Justicia Electoral borró con el codo lo que habían escrito los convencionales dos años atrás.

Lo hizo, primero, al habilitar la candidatura del edil del Partido Provincial Rionegrino, quien luego fue electo. Grandón fue director de Comisiones de Fomento en el Ministerio de Gobierno entre mayo del ’82 y diciembre del ’83. Según publicó el diario Al Día de Viedma, fue nombrado funcionario del Proceso mediante el decreto 397, que fue firmado por el interventor que oficiaba de “gobernador”, el 22 de abril de 1982.

Ante este escenario, el 7 de diciembre del 2011, una Comisión de Poderes del Concejo Deliberante rechazó su incorporación al recinto. Con este resultado, el acusado acudió una vez más a la Justicia, argumentando que la Constitución provincial no lo inhabilita para ejercer un cargo público, que todo es una operación de prensa y que él estuvo en un período de transición a la democracia. Curioso, ya que desde que Grandón asumió en 1982 hasta el final del golpe, la Argentina tuvo dos presidentes de facto: Leopoldo Galtieri y Reynaldo Benito Bignone. No obstante, la Justicia –el mismo tribunal que avaló su candidatura– volvió a darle la derecha en abril pasado.

Para Rulli el “fallo es contradictorio ya que si bien le da la razón al ex funcionario de la dictadura, no declara la inconstitucionalidad de la norma”. Con este panorama, el 8 de mayo pasado los concejales apelaron la sentencia y ahora esperan que el Tribunal Superior de Justicia revierta el cachetazo que recibió la democracia.
 
Fuente: Revista 23

jueves, 3 de mayo de 2012

Caso Bru: el único detenido reclama su libertad

La defensa del ex sargento Justo José López apeló el pedido de salidas transitorias denegado por una camarista de La Plata. Dos jueces deberán expedirse sobre el planteo en los próximos días. Lleva más de 18 años en presidio.

Miguel Bru fue torturado en la comisaría Novena de La Plata

El ex policía de la comisaría Novena de La Plata Justo José López, único detenido por la desaparición y crimen del estudiante de periodismo Miguel Bru, sigue reclamando por su libertad y apeló el rechazo al pedido de salidas transitorias denegado la semana pasada, confirmaron fuentes judiciales a Diagonales.com.

La abogada Norma González presentó la apelación a la negativa del beneficio de salidas transitorias que dictó la camarista Silvia Oyhamburu, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

El planteo de la defensa ahora debe ser analizado por los otros integrantes de la mencionada Sala, Raúl Dalto y otro juez a determinar ya que la sala tiene una vacante tras la jubilación del Luis Soria.

López, es el único detenido que queda por este caso, ya que el otro que fue condenado a perpetua, el ex subcomisario Walter Abrigo, murió en prisión. Ambos fueron penados en 1.999.

Miguel Bru fue visto por última vez con vida el 17 de agosto de 1993. Se trata del primero de los casos de desaparición desde la restauración democrática en 1983. Según la condena del juicio oral desarrollado por la Sala I de la Cámara penal, Bru fue detenido y llevado a la comisaría Novena, donde fue torturado hasta morir sin que su cuerpo haya sido hallado hasta el momento.

La condena a los policías fue un caso testigo para la Justicia criolla. Por primera vez se condenó por la figura de “homicidio” sin tener el cuerpo. El fallo Bru fue confirmado por instancias superiores y fue la llave que permitió condenar en otros casos por homicidio, sin la presencia del cadáver de la víctima.
Por Martín Soler - noticiasplatenses@gmail.com - @martinenlared