jueves, 28 de febrero de 2013

Justicia para Mariano : Rechazo al alegato de la fiscalía

El Partido Obrero expresa su rechazo al alegato de la Fiscalía realizado durante la jornada de ayer. El pedido de perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Favale y Sánchez no puede disimular que la presentación hecha por los representantes del Ministerio Público debilita fuertemente la acusación de que el asesinato de Mariano Ferreyra y las heridas contra los otros compañeros fue el resultado de un plan criminal elaborado con el propósito de aleccionar a los trabajadores tercerizados, que ponían en riesgo tanto fuertes negocios como el dominio político de la burocracia sobre la Unión Ferroviaria. El pedido de absolución para Juan Carlos Perez y Guillermo Uño contradice la tesis del plan criminal y abona el camino para reflotar la tesis que adjudica a la Policía un muy retaceado "abandono de persona".

Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño quedaron en libertad en ese mismo acto, a pesar de que ambos habían sido señalados por un testigo imposible de ser caratulado como parcial (José Sotelo) como quienes retiraron las armas del lugar del hecho, luego de la agresión que culminó con el homicidio de Mariano y las heridas sufridas por Elsa Rodríguez y otros compañeros. Por otra parte, Pérez fue denunciado por los periodistas de C5N que lo señalaron en el juicio como uno de los matones que los redujeron para que evitar que registraran con su cámara el momento de la agresión. Sin embargo, la fiscalía consideró “insuficiente” el testimonio de Sotelo y denunció que las amenazas a los periodistas de C5N no habían sido parte de la requisitoria de elevación a juicio contra Pérez.

El intento de desarmar la acusación del plan criminal llevó a la Fiscalía a desglosar la acusación a los 7 policías de la Federal para la jornada del viernes. La carátula de “abandono de persona” que se usaría para tal fin permitirá presentar a quienes fueron partícipes necesarios del crimen de nuestro compañero como responsables de un accionar negligente.

La fiscalía subestimó las motivaciones e intereses que llevaron a la patota de Pedraza y a la Federal a organizar un plan criminal contra los tercerizados. La denuncia de la tercerización del trabajo, de las cooperativas truchas –como la de Unión del Mercosur de propiedad del propio Pedraza-, de la vinculación de la Unión Ferroviaria con las empresas concesionarias del ferrocarril Roca (UGOFE), el papel de dirección de estos negociados de la propia Secretaría de Transporte, la complicidad del Ministro de Trabajo, en síntesis, pasó por alto, a pesar de las pruebas acumuladas, de todo aquello que involucraba al poder político y a los empresarios que al día de hoy siguen manejando el sistema ferroviario. A diferencia de lo realizado por nuestra querella, el pedido de investigación a los funcionarios estuvo por completo ausente. De más está decir que de este modo se debilita la acusación contra el propio Pedraza, aunque la solicitud de condena haya sido la perpetua.

Durante el transcurso del propio juicio la Procuradora General Gils Carbó decidió “robustecer” la fiscalía haciendo ingresar a dos nuevos fiscales. A juzgar por los resultados está clara la intención que el gobierno persiguió con esas incorporaciones.

El Partido Obrero reclama el castigo a TODOS los responsables por el crimen de Mariano Ferreyra, y rechaza todas las especulaciones y maniobras que buscan la impunidad para parte de los responsables.

martes, 26 de febrero de 2013

La Fiscalia alegó en el juicio por Mariano Ferreyra

Pedraza como instigador

 Por Ailín Bullentini

La fiscalía expuso durante más de diez horas los fundamentos por los cuales considera que el ex secretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza y su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, instigaron el homicidio de Mariano Ferreyra y el intento de asesinato de otros tres manifestantes, el 20 de octubre de 2010. Al delegado Pablo Díaz y a los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez los acusó de coautores de los delitos, en tanto que al delegado Claudio Alcorcel de partícipe secundario. Para los ferroviarios Daniel González y Salvador Pipito pidió la imputación de partícipes necesarios de homicidio simple, mientras que para Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, la absolución –consideró que las pruebas en su contra fueron “insuficientes”–. Si bien las penas serán formuladas formalmente el viernes, junto con el análisis de las responsabilidades policiales, la fiscal María Luz Jalbert adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para la ex cúpula de la UF, Díaz, Favale y Sánchez.

Para los fiscales Jalbert y sus adjuntos Carlos Gamallo, Hugo Bogetti y Mariano Domínguez quedó “plenamente acreditada” la responsabilidad de ocho de los diez ferroviarios acusados en el juicio. Con las bases ubicadas en testimonios aportados en el juicio y en las escuchas telefónicas aportadas durante la instrucción de la causa, pero también en documentos secuestrados en las oficinas de la UF, de la cooperativa Unión del Mercosur y en los informes de los peritos que actuaron en el caso, aseguraron que “Pedraza ordenó a Fernández que el 20 de octubre de 2010 se convocara a trabajadores de la ex línea Roca para que se hicieran presentes en la estación Avellaneda y echaran, con la utilización de armas de fuego, a tercerizados y manifestantes” que querían cortar las vías y que “esa orden se cumplió con la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas a Elsa Rodríguez, Nelson Rodríguez y Ariel Pintos”. En función de aquello, “Fernández ordenó y determinó a Díaz para que cumpliera con la orden quedando a su cargo los detalles del plan”.

En función de tales acciones, los acusaron de la instigación del homicidio y tres tentativas calificadas. “Sabían del poder que tenían. Eran quienes contaban con la dominabilidad plena de los hechos”, certificó Gamallo. En el desarrollo de los fundamentos, Jalbert mencionó brevemente el móvil político y económico del ataque ordenado: “No pueden minimizarse las consecuencias que una ampliación de las bases de trabajadores podía tener para el poder de Pedraza y Fernández”.

Fernández “convocó a ferroviarios, para que concurrieran con armas, y los determinó a disparar hacia el grupo de manifestantes”, describió Jalbert. “T ambién grita ‘bajen, cagones’ a los ferroviarios que no se animaban a bajar de las vías para iniciar la corrida” a los manifestantes que acabó en la muerte de Ferreyra, apuntó Gamallo.

Claudia Ferrero y Maria del Carmen Verdú, alegan por Mariano

El 22 de febrero –coincidente con el primer aniversario de la masacre de Once y el segundo de la detención de José Pedraza- fue el turno de nuestro alegato en el juicio por el crimen de Mariano.

Nuestras abogadas, Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), distribuyeron su exposición en tres partes. En primer lugar, presentaron un largo y minucioso desarrollo del marco general en el que se produjo el crimen de Mariano, poniendo de relieve todas las conexiones políticas y económicas, la red de complicidades e intereses recíprocos que aun hoy entrelazan a funcionarios, empresarios y burócratas sindicales en el negocio común de la administración del ferrocarril y la tercerización laboral; dentro de ese marco general, también desarrollaron las motivaciones políticas y económicas que José Pedraza y la burocracia de la UF tenían para acabar con el movimiento de lucha de los tercerizados. En segundo término, Ferrero y Verdú expusieron cómo sucedieron los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 en Barracas y la participación criminal que tuvo en ellos cada uno de los imputados. Por último, las abogadas solicitaron la máxima pena que nuestra querella estaba jurídicamente habilitada para pedir -25 años de prisión, más accesorias y costas- para los 17 acusados. A lo largo de las casi siete horas que insumió el alegato, ambas señalaron reiteradas veces nuestro completo apoyo a la solicitud de la otra querella, que representa jurídicamente a la familia de Mariano, de prisión perpetua para Pedraza, Fernández y los jefes del operativo policial, entre otros. Además, solicitaron la apertura de nuevas investigaciones para determinar las responsabilidades por participación o encubrimiento de los funcionarios Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna y Aníbal Fernández, entre otros; de los empresarios y gerentes  de Ugofe y de otros miembros de la lista Verde de José Pedraza y de la policía.

En la sala, estuvieron presentes Elsa Rodríguez y Beatriz, la mamá de Mariano, acompañadas de un público numeroso –dirigentes del Partido Obrero y otras fuerzas de izquierda, militantes y amigos de Mariano, dirigentes sindicales y de derechos humanos. En las puertas de tribunal, una multitud seguía atenta el alegato por altoparlantes que transmitían lo que ocurría en la sala. Otros miles, en puntos remotos de todo el país, hacían lo propio a través de internet y de las redes sociales.

“Un crimen político contra la clase obrera”


El primer tramo del alegato estuvo a cargo de Claudia Ferrero. Introdujo su exposición señalando la enorme conmoción política y social que produjo el crimen de Mariano.

“El asesinato de Mariano sacó a la superficie el carácter criminal de la burocracia sindical y su transformación en una casta empresarial que prospera mediante la explotación de los trabajadores de su propio gremio y puso asimismo al descubierto la trama mafiosa del armado del manejo en el transporte ferroviario, de parte de funcionarios, empresarios y sindicalistas. Hoy, 22 de febrero, en el primer aniversario de la Masacre de Once, no podemos dejar de señalar que detrás de la agresión criminal cometida en Barracas el 20 de octubre del 2010 y las 51 muertes ocurridas en el ferrocarril Sarmiento, se advierten los mismos actores, la misma codicia y la misma impunidad”. De entrada, Ferrero dejó asentado que tanto ella como Verdú, “estamos mandatadas para expresar, en nuestra voz, el colectivo militante al que pertenecen los heridos y pertenecía Mariano Ferreyra” y denunció el hecho de que el Partido Obrero no fuera aceptado como querellante en la causa.

Inmediatamente, Ferrero pasó a exponer minuciosamente el proceso de integración de la burocracia a la administración del ferrocarril. “Desde la misma tarde del 20 de octubre, en la conferencia de prensa que realizaron en Callao y Corrientes, los compañeros de Mariano Ferreyra, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre denunciaron que este crimen se había efectuado ´para defender un negocio´. Ese negocio fue construido a lo largo de los años, conjuntamente con el avance de la privatización y concesión de los distintos estamentos del sistema ferroviario, de manera tal que los dirigentes de la Unión Ferroviaria fueron mutando de representantes gremiales en empresarios partícipes de la ganancia que arrojaba la explotación de los trabajadores ferroviarios y la apropiación de fondos públicos”. Ese proceso comenzó con la privatización del ferrocarril en tiempos de Menem y la adjudicación del Belgrano Cargas a Pedraza. En el Belgrano Cargas, Pedraza colocó a su esposa al frente del directorio y también a Ángel Stafforini, contador de la UF, actualmente procesado en la ´causa de las coimas´.

“La integración de la burocracia a la administración ferroviaria tuvo un salto cualitativo en 2008, cuando se crearon Sof SE y Adif SE. Al frente de esas empresas estatales, fueron designados representantes de la Unión Ferroviaria y de La Fraternidad”.

“En el caso de Sof SE, fue designado Juan Araya, el abogado de la UF que conocimos por las escuchas, organizando la defensa de la patota. Araya no es simplemente un abogado, como plantean las defensas, sino una pieza clave de la gestión ferroviaria y de este entramado”. Ferrero también se refirió a la designación de Antonio Luna, proveniente de La Fraternidad –hoy procesado por la masacre de Once-, al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario como otra pieza clave de esa integración. Ferrero también explicó –entre otros varios ilícitos que salieron a la luz en el curso de la instrucción y del juicio oral- el mecanismo fraudulento de contratación de las tercerizadas por medio de ´licitaciones privadas´ truchas, que eran el coto cerrado de funcionarios, empresarios y burócratas para embolsar un porcentaje todavía mayor de los subsidios estatales, amén de los que Ugofe recibía por el gerenciamiento de la línea Roca y el desvío ilegal de fondos destinados al pago de salarios. La ´cooperativa´ Unión del Mercosur –a través de la cual Pedraza, sus familiares y dirigentes más allegados explotaban a más de un centenar de obreros tercerizados- mereció, como era de esperarse, un capítulo aparte.

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, el alegato de Ferrero puso el dedo en la llaga al referirse particularmente Aníbal Fernández, quien al momento del crimen de Mariano ocupaba la jefatura del gabinete de ministros, pero retenía entre sus funciones el mando político de la policía. Ferrero se basó en prueba producida en el juicio; en particular, en la declaración del subcomisario Echavarría, de la DGO, quien afirmó que la policía recibe ´órdenes políticas específicas´ ante cada manifestación pública -algo que, por otra parte, cualquier militante sabe por experiencia propia. Fernández fue el primer funcionario en referirse al crimen de Mariano y lo hizo, antes que nada, para felicitar a la policía y encubrir su complicidad con los agresores. “La policía hizo lo que tenía que hacer”,  citó Ferrero a Fernández.

Por último, la abogada de Apel incursionó en las motivaciones políticas que condujeron a Pedraza y Fernández a perpetrar el ataque criminal. “Pedraza y Fernández estaban convencidos de que el ingreso de los tercerizados cuestionaría su hegemonía en el gremio. En sus cabezas, se representaban que su pase a planta permanente desataría procesos similares a los del subte o el gremio de la construcción, es decir, al desarrollo de sindicatos alternativos. Esto lo explica claramente Fernández en una de las ´escuchas´ telefónicas. Pedraza –también en una ´escucha´- refiere que el pase a planta daría lugar al ingreso de 150 cuadros del Partido Obrero al ferrocarril. Esto era lo que tenían en mente, lo que ellos se prefiguraban”. Ferrero destacó que el dominio de Pedraza sobre el gremio se basaba, no en el mandato de los trabajadores, sino en la coerción, en estatutos-cárcel que no admiten representación de minorías ni elección de delegados por sector, en el apoyo que le brindaban desde la empresa y el Estado y en el monopolio de los ingresos a los puestos de planta en el ferrocarril.

“Hemos escuchado los diálogos de Pedraza con Tomada y otros funcionarios de la cartera de Trabajo que revelan una relación estrecha. Los estatutos que le garantizan a Pedraza su inamovilidad el gremio los homologa el Ministerio de Trabajo. También escuchamos a Héctor Messineo, gerente de recursos humanos de Ugofe, jactarse ante Fernández de haber promovido el despido de los dos principales dirigentes de la oposición a Pedraza en el Roca”.

“La ‘bolsa de trabajo’ de la UF no servía para el ingreso de familiares de los ferroviarios sino de adictos a Pedraza y matones. El 6 de septiembre, en Constitución, estuvieron Favale y varios de los imputados. Fue la misma metodología que apicarían el 20 de octubre, apenas a escala menor”.

“La UF, Ugofe y el Estado son los tres pilares del plan criminal concluyó en el crimen de Mariano Ferreyra y las graves heridas que sufrieron Elsa, Nelson y otros manifestantes, porque los tres comían de la misma torta del negocio. Ese plan criminal estaba dirigido a preservar el negocio de la hiperexplotación de los trabajadores a través de la tercerización laboral y la supremacía política de Pedraza en el gremio. El involucramiento de burocracia, empresarios, funcionarios y policías convierten a este crimen en un crimen de Estado”, concluyó Ferrero en el primer tramo del alegato.

Los hechos

María del Carmen Verdú, de Correpi, tomó la posta luego de un breve receso para profundizar en el desarrollo de los hechos. En varios tramos, se apoyó en el brillante trabajo de análisis de la prueba que realizó el Cels, sobre el cual hizo además un aporte enorme, especialmente en el tramo referido a la participación de la policía.

Verdú se refirió a ´la tercerización de la represión´, como un método recurrente desde 2003 a esta parte, a la que definió como el recurso a las patotas de la burocracia sindical para suplir el concurso de las fuerzas de seguridad del Estado, “lo que le permite al gobierno nacional mantener la fachada de ‘no represor de la protesta social’”, y lo ilustró con numerosos ejemplos.

Para exponer los hechos, Verdú tomó como base los testimonios de los testigos “que nada tenían que ver con los tercerizados ni con la patota”. De ese modo, volvieron a sonar en la sala las voces del albañil Esteche, del psicólogo Sotelo, de los choferes de Chevallier, del gerente de Mapra, del policía Ortigoza y de los periodistas de C5N.

En primer lugar, Verdú refutó la versión de la ´autoconvocatoria´, esgrimida por las defensas de Pedraza y la patota. Señaló que desde veinticuatro horas antes estaba en el candelero qué acciones iba a tomar el sindicato, como reflejan las consultas triangulares entre Pedraza, Fernández y Schiavi captadas en las ´escuchas´. “El reconocimiento del conocimiento previo que tenían Pedraza y Schiavi de la movilización de los tercerizados, torna pueril la historia de la ‘autoconvocatoria’”, dijo Verdú. Señaló que el ´contrapiquete´ no fue otra cosa que “una cortina de humo” para camuflar la acción de un grupo de choque pertrechado con armas de fuego. “Esta jugada estaba en pleno conocimiento de quienes ocupaban despachos oficiales”.

“El ataque fue cometido deliberadamente en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando los manifestantes se retiraban. Si no lo hicieron antes, después de la primera agresión a piedrazos, fue porque esperaban la llegada de al menos dos de los tiradores”.

Al referirse a la participación de cada uno de los imputados, Verdú señaló que “no es que cada uno fue autor de una parte sino coautor del todo”, y especificó cuáles fueron esos roles: “Pedraza y Fernandez fueron ´los hombres detrás del escritorio´, los instigadores. Pablo Díaz fue el principal reclutador y quien dirigió el ataque en el lugar de los hechos. Por su parte, Gustavo Alcorcel secundaba a Díaz y estuvo a cargo de coordinar la llegada de Favale. González y Pipitó fueron quienes se ocuparon de remover el obstáculo que representaba la cámara de los periodistas de C5N. Favale y Sanchez, y otros que todavía no fueron identificados, ejecutaron los disparos. Finalmente, Perez y Uño fueron los encargados de retirar las armas del lugar”. Culminó este tramo de su intervención señalando que las responsabilidades no se agotan en los 17 imputados que están sentados en el banquillo de los acusados en este juicio. “Lo hemos dicho reiteradas veces a lo largo de estas 60 audiencias: ´son todos los que están, pero no están todos los que son´”.

Luego, Verdú pasó a referirse al papel de la policía, y fue sencillamente demoledor. Los policías Lompizano y Garay tomaban nota como si estuvieran asistiendo a una clase magistral. Verdú comenzó aclarando la discrepancia de nuestra querella con la acusación elevada por la fiscal de instrucción, que reprocha a los policías por ´abandono de persona´, un delito de menor pena, que coloca a la participación policial en el terreno de la omisión de deberes o la negligencia. Nosotros los acusamos de haber sido partícipes activos en el plan criminal.

Verdú comenzó este tramo del alegato retomando los dichos de Echavarría, sobre las órdenes políticas recibidas por la Federal -una presa que nuestra querella no soltó en ningún momento del juicio. “La policía tenía conocimiento de la existencia de dos grupos desde las 10:16hs; sabían incluso, que la patota esperaba un grupo que estaba viajando desde Varela hacia Barracas. Cuando la patota descendía del puente, Mansilla informaba que los patoteros bajaban ´sin represalia´ y la Dirección General de Operaciones daba la orden de ´replegar´; los patrulleros se apartaron para dar paso a la patota; el camarógrafo Villalba dejaba de filmar exactamente los cuatro minutos que duró el ataque (¿cuánta batería pensaba ahorrar Villalba-que fue lo que dijo en su descargo- apagando la cámara durante cuatro minutos?). La única explicación que no ofende la inteligencia es que la policía tuvo la orden de acompañar el plan criminal. Si después de la agresión, no hubo detenidos ni secuestro de armas, fue porque tenían orden de permitir la fuga de la patota y cubrir su retirada de los manifestantes”. Verdú también se refirió a los policías de Florencio Varela, quienes demoraron un auto –que circulaba en abierta infracción a toda norma de tránsito- en el que se trasladaba una parte del grupo de choque. Lo dejaron continuar su camino a pedido de… ¡Favale!

Verdú desmenuzó cada una de las modulaciones policiales, revelando a través de ellas la activa participación de la Federal en el plan criminal, y estableció de manera contundente la participación de cada uno de los imputados.

“El deber de Villalba era filmar cualquier incidente. No es excusa que se viera ´borroso´. Su deber era acercarse todo lo que pudiera y filmar los hechos. Él fue parte del plan”.

“Desde la DGO, Lompizano, Echavarría y Conti dieron órdenes precisas para la participación de la policía en el plan criminal. Por su parte, Garay tenía un puesto de observación privilegiado de ambos extremos de la calle Luján. Incluso, tenía comunicación directa con Ortigoza, que estaba junto a los manifestantes y le informaba paso a paso. Sus patrulleros le abrieron paso a la patota, dejó pasar las armas, dejó pasar a la patota y luego les cerró el paso a los manifestantes. Garay tuvo una participación muy importante para que fuera posible el ataque. Por último, Mansilla y Ferreyra tuvieron un rol determinante. Eran los máximos jefes de la policía presentes en el lugar. Permanecieron todo el tiempo junto a la patota y se retiraron con ella; incluso toleraron que Pablo Díaz brindara una entrevista bajo sus propias narices. Mansilla y Ferreyra fueron partícipes necesarios del plan criminal”.

Verdú cerró su intervención agradeciendo al Partido Obrero su generosidad por compartir la representación de las querellas de Elsa y Nelson y reivindicando la lucha de los explotados. Fue un final vibrante.

Pedidos de condena
Nuestra querella solicitó para los 17 imputados la pena máxima que les cabe por la coautoría del delito de tentativa de homicidio agravada, que asciende a 25 años de prisión. Aclaramos nuevamente, a la hora de solicitar las condenas, nuestra consideración de que es “la prisión perpetua la condena que debería caberles a los acusados por la muerte de Mariano Ferreyra”, aunque no estuviéramos jurídicamente legitimados para hacerlo. Asimismo, solicitamos que se investigue la participación en el plan criminal de los funcionarios Antonio Luna, Aníbal Fernández y Juan Pablo Schiavi; de los empresarios y directivos de UGOFE Claudio Cirigliano, Benito Roggio y Benjamín Romero; de los integrantes de la Unión Ferroviaria y Ugofe Karina Benemérito, Pablo Oscar Diaz, Adrián Grisi, Norberto José Cots, Héctor Hourcade, Aldo Amuchástegui, Alberto Carnovale, Mario Giusti, Lucas Lescano, Marcelo Hernandorena y Horacio Vitali; y de los miembros de la Policía Federal Argentina, comisarios Dardo Catalán, Angel Humberto Ponce y Marcos Broussón. Por último, denunciamos por falso testimonio a siete testigos de la patota –entre ellos, uno de los peritos balísticos presentados por la defensa.

Últimas palabras

Las últimas palabras, a cargo de Claudia Ferrero, fueron: “Lo que nos impulsa en nuestra consideración de que la pena correcta es la perpetua no está inspirada en un deseo de venganza, sino en la necesidad social de que se termine la impunidad para con la violencia de las patotas amparadas en el Estado, con la explotación de los trabajadores y la codicia de empresarios, sindicalistas y funcionarios que se cobran vidas. Nos anima una finalidad social, no individual. Si no fuera así, no estaríamos honrando la memoria de Mariano Ferreyra.

Al terminar la audiencia, el público estaba emocionado, mientras que entre los acusados y sus abogados, el clima era de velorio. En una semana, sufrieron dos alegatos demoledores contra ellos.

El martes 27, comienza el alegato de la fiscalía. De acuerdo al diario oficialista Tiempo Argentino, en el equipo de la fiscalía –incluidos los fiscales ad hoc designados por la Procuradora Gils Carbó- no existía certeza de que la fiscal reclamara la perpetua. En cambio, habría acuerdo en solicitar para los policías una condena por ´abandono de persona´, un delito de menor cuantía respecto a la participación en el plan criminal, que dejaría fuera de eventuales imputaciones a los responsables políticos de la actuación policial, empezando por Aníbal Fernández.

Esta lucha sigue. Justicia por Mariano. Perpetua a Pedraza.

domingo, 24 de febrero de 2013

Los abogados de los heridos pidieron 25 años de prisión para los acusados en el juicio por Mriano Ferreyra

“Un crimen contra la clase obrera”

La querella que representa a tres manifestantes que sufrieron heridas el 20 de octubre de 2010 dijo que el ataque de la Unión Ferroviaria contra los tercerizados fue para “defender los negocios de la burocracia sindical”. Señaló responsabilidades políticas.

 Por Ailín Bullentini

La querella que representa a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, heridos durante el ataque de una patota de ferroviarios a un conjunto de empleados tercerizados de la ex línea Roca de trenes hace poco más de dos años, exigió que el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 de la Ciudad de Buenos Aires condene con 25 años de prisión a todos los acusados por sus heridas, que además cargan con la muerte de Mariano Ferreyra. Para Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, las abogadas que expusieron los alegatos, los dirigentes de la Unión Ferroviaria (UF), los barrabravas y los policías implicados en la causa que acabó con los dirigentes de más poder en ese gremio –José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández– tras las rejas son responsables de “un crimen político contra la clase obrera” que se llevó a cabo para “defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios”. En ese marco, exigieron la “prosecusión de la causa contra los que permanecen en la impunidad” y pidieron que se investigue al actual senador y ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a los ex funcionarios de la Secretaría de Transporte Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna; a dirigentes de la administradora de la ex Roca y a otros miembros de la Unión Ferroviaria.

El delito que le endilgaron a los 17 acusados es el de homicidio calificado por el concurso de dos o más personas en grado de tentativa, “acción que resulta ajena a la voluntad de los autores”, remarcó Ferrero, para dejar en claro que la querella que integra considera “un azar” que los militantes por ella representados “no hayan muerto” y no a una elección de los acusados. Tanto al comienzo como al final de sus conclusiones, las abogadas de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) destacaron que consideran que es “la prisión perpetua la condena que debería caberles a los acusados por la muerte de Mariano Ferreyra”, a pesar de que no puedan solicitarla. Sus representados sobrevivieron.
Tres pilares

“La UF, Ugofe y el Estado son los tres pilares en el plan criminal” que mató a Ferreyra e hirió a otros manifestantes, sostuvieron desde la querella de Correpi-Apel, ya que “los tres comían de la misma torta del negocio”. Similar a lo que propuso la querella de la familia Ferreyra –el martes solicitó la prisión perpetua a la mayoría de los acusados–, pero con otras palabras, las abogadas de Rodríguez y Aguirre definieron al “negocio de la hiperexplotación de la tercerización laboral” como el móvil principal del hecho que tuvo lugar en Barracas, hace poco más de dos años, y que originó el juicio oral que transita su etapa final. A partir de las escuchas telefónicas, los testimonios ofrecidos en el debate y las declaraciones realizadas a los medios (en el caso de Fernández), la querella exigió que se investigue la participación de Schiavi, Luna y el ex jefe de Gabinete en los hechos.

“La UF, además, debía garantizar su supremacía política en el ámbito ferroviario”, puesto en peligro por la organización de los tercerizados que exigían, sobre todo, su pase a planta permanente. Aquel 20 de octubre de 2010, “los beneficiarios del sistema de explotación decidieron aleccionar de una vez y para siempre a ese grupo de díscolos que no acordaba con las reglas de juego impuestas por la tríada UF-Ugofe-Estado. Y ese aleccionamiento debía ir a fondo”, apuntó Verdú, para enmarcar el ataque sufrido por un grupo de tercerizados de la ex Roca que, esa mañana, había decidido cortar las vías de esa línea para realizar reclamos laborales. Según la querella, la “tercerización de la represión” fue la “metodología elegida para escarmentar a los tercerizados del Roca”. Según Verdú, ese método es el que utiliza “el gobierno nacional para mantener la fachada de ‘no represor de la protesta social’”: “El Gobierno no reprime con sus fuerzas de seguridad si puede recurrir a otros medios que no lo comprometan, como la patota”.
Varios roles, todos responsables

En el plan criminal que derivó en la muerte de Ferreyra y las heridas de otros manifestantes –graves en el caso de Rodríguez– quienes ocupan un asiento en el sector de los acusados en el juicio cumplieron diferentes roles, según la querella que alegó ayer. Pedraza y Fernández fueron los instigadores: “Detrás del escritorio, dieron la orden de aleccionar a los obreros”.

El delegado Pablo Díaz y los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez fueron coautores del hecho. “La orden de Pedraza y Fernández bajó a Díaz, quien puso en marcha su ejecución concreta a través del reclutamiento de la patota y la convocatoria a más ferroviarios que sirvieron de pantalla y cobertura” a aquélla. Favale y Sánchez fueron los “ejecutores de los disparos” que mataron e hirieron. Los roles cumplidos por los ferroviarios Claudio Alcorcel, Daniel González, Salvador Pipito, Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez los convirtieron en partícipes necesarios del plan.

Verdú dijo que los siete policías acusados son “los únicos funcionarios públicos responsables en el plan criminal que están en la sala” y remarcó que son “un grupo privilegiado, ya que están libres”. La letrada sostuvo que “la patota no actuó sola, necesitaba contar con el aparato estatal: la policía aseguró la libertad para el ataque y para que, luego, pudieran irse con las armas, ya que frenaron a los manifestantes que casi los estaban alcanzando”. Para despejar dudas al respecto, citó no solo las modulaciones policiales, sino también el testimonio de varios testigos que participaron del debate.

Intervención de Claudia Ferrero y Maria Carmen Verdú


martes, 19 de febrero de 2013

Piden perpetua para 14 de los 17 acusados en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

“Un plan criminal, una cacería humana”

Los abogados del CELS, que representan a la familia de Ferreyra, identificaron al ex secretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza como “instigador” del homicidio. Señalaron que el móvil del crimen era que los reclamos de los tercerizados no salieran a la luz.

 Por Ailín Bullentini

La querella de la familia de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010, solicitó que el Tribunal Oral en lo Criminal porteño Nº 21 condene a prisión perpetua a 14 de los 17 acusados de planificar, llevar a cabo y colaborar con el crimen. Los abogados del CELS Maximiliano Medina y Alberto Bovino consideraron que el ex secretario general del gremio Unión Ferroviaria José Pedraza y su número dos, Juan Carlos Fernández, fueron los instigadores del homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas. A los delegados Pablo Díaz y Daniel González, a los ferroviarios Salvador Pipito y Gabriel Sánchez y al barrabrava Cristian Favale los señalaron como coautores del crimen. El delegado Claudio Alcorcel y los policías federales Hugo Lompizano, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Luis Echavarría, Rolando Garay y Gastón Conti fueron partícipes necesarios. Por ser coautores de encubrimiento del homicidio, los abogados solicitaron cuatro años de prisión para Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño, en tanto que exigieron una pena de un año en suspenso al efectivo David Villalba, por omitir deberes de funcionario público. Tras más de 10 horas de alegato, Medina exigió “en nombre del CELS, del movimiento de derechos humanos de Argentina y de esta mujer (en referencia a Beatriz Rial, mamá de la víctima fatal de los hechos juzgados) que hace dos años espera en silencio, una sentencia que otorgue justicia completa y abarcativa para poder dar vuelta la página y volver a empezar”.

Bovino y Medina comenzaron a desandar su alegato pasadas las 10, luego de que el ex comisario Lompizano explicara al tribunal las razones de su ausencia el pasado viernes –el TOC decidió, al final de la audiencia, concederle la excarcelación solicitada por su abogada defensora–.

Para la querella de la familia de Ferreyra, el homicidio del militante del PO es la “máxima exposición de cómo se ejercía el poder en la Unión Ferroviaria (UF) bajo el mandato de Pedraza, un mecanismo que le permitía hacer grandes negocios con el sudor y la sangre de los trabajadores”. El objetivo de mantener encendidos los “grandes negocios” de la cúpula de la UF, de ribetes políticos y económicos, fue el hilo argumental con la que estructuró el alegato.
Cacería humana

Lo sucedido aquel 20 de octubre de 2010 en Barracas formó parte de un “plan criminal ejecutado fría y cobardemente para amedrentar a quienes reclamaban por sus derechos”, sentenció Medina. Dirigentes gremiales, patota y policías “participaron de la cacería humana” en la que “con piedras, palos y armas” un grupo de ferroviarios atacó a los tercerizados, agrupaciones políticas y sociales, mató a Ferreyra e hirió a otros tres militantes. Antes, su colega enmarcó el homicidio en el proceso de tercerización, haciendo especial foco en las características que adquirió en la ex línea Roca, en el papel que la UF tuvo en ese proceso –llegó a gerenciar cooperativas de tercerizados, con cifras millonarias de ganancias–, las complicidades que esa dirigencia sindical entabló con la administradora del servicio, Ugofe, y la Secretaría de Transporte nacional, y en las tajadas que sacaron de esa situación. En la existencia de tercerizados, pero sobre todo en el interés de que sus reclamos no salieran a la luz, radica gran parte del móvil del crimen en juicio, según el primer alegato oído ayer.
Los instigadores

“Pedraza y Fernández fueron los instigadores del crimen de Ferreyra”, concluyó Medina, para comenzar a explicar las razones que prueban tales cargos. “Armaron el plan para matar y generaron dolo en los autores” materiales del hecho, sumó Bovino, al cierre. Ni Díaz ni Favale ni el resto hubieran estado en el lugar de los hechos de no haber existido la orden de los instigadores, concluyó. ¿Por qué? “Para evitar futuros reclamos de otros tercerizados, mantener la hegemonía política de la UF y conservar poder económico.” El aporte de varios testigos al debate, las escuchas telefónicas a los acusados y los documentos secuestrados en sus oficinas fueron las pruebas principales sobre las que se basaron para determinar la instigación. Las escuchas demuestran que “ambos estaban preocupados desde el día anterior por el corte de vías que iban a desarrollar los tercerizados y organizaron, con Díaz, cómo detenerlos”. Los cruces telefónicos también revelaron la preocupación de Pedraza por la situación de Favale tras las rejas.
Los coautores

Díaz fue el “encargado de coordinar al grupo de choque” pero también a “más empleados ferroviarios para que la patota se mezclara, atacara, disparara y se perdiera en la impunidad”. Según la querella, el delegado fue “el centro de la convocatoria, quien traspasaba las órdenes de Fernández y Pedraza”. El garante de que el plan criminal se concretara con éxito. La teoría de la “autoconvocatoria de los ferroviarios al lugar de los hechos quedó descartada por completo”, sostuvo Medina.

Díaz era quien tenía la “relación de confianza” con Favale. En base, sobre todo, a los testimonios que lo reconocieron y lo vieron disparar, además de las llamadas con Alcorcel, a quien lo diferenciaron como partícipe necesario, la querella consideró probado que el hombre de Florencia Varela “llegó al lugar con un grupo de 20 personas, se encontró con aquél, se unió a los ferroviarios, se reunió con Díaz para ultimar detalles del ataque, comenzaron las corridas y disparó”. Los testimonios también confirmaron la culpabilidad de Sánchez en la tenencia de armas y los disparos. A Pipito y a González, las imágenes de C5N y los testimonios del equipo periodístico de ese canal los empujaron a la responsabilidad de amedrentar, privar de su libertad y coaccionar a los periodistas para que no hubiera registro audiovisual” del ataque.
Partícipes necesarios

En cuanto a los policías, la querella los consideró partícipes del crimen, de facilitar la fuga y de propiciar la impunidad de los responsables. “No hicieron nada. Todos, a excepción de Villalba, estaban en condiciones de haber cumplido las órdenes del día que incluía medidas de prevención de los hechos, de negociación con los líderes de cada bando... Es muy llamativo que ninguno haya hecho nada”, remarcó Medina.

lunes, 18 de febrero de 2013

Juicio por Mariano Ferreyra : empiezan los alegatos

Empiezan los alegatos

 Por Ailín Bullentini

Luego de que la ausencia de uno de los acusados obligara a posponer la audiencia inaugural de la etapa de alegatos en el juicio por la muerte de Mariano Ferreyra, la querella que representa a la madre del joven militante asesinado durante un ataque de un grupo de ferroviarios en octubre de 2010 comenzará a fundamentar esta mañana su pedido de condenas a los 17 acusados del crimen, entre los que figuran los principales ex dirigentes del sindicato Unión Ferroviaria, José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández. Durante los primeros momentos de la audiencia, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de la Ciudad de Buenos Aires definirá la situación del ex comisario Hugo Lompizano, quien se presentó a una dependencia de la Policía Federal el fin de semana, tras haber viajado sin autorización a San Martín de los Andes.

El ex comisario, quien estaba a cargo de la Dirección General de Operaciones de la Federal al momento de los hechos juzgados, se presentó junto con su defensora oficial, Norma Bouyssou, el sábado al mediodía en la Dirección General de Conducción Operativa, tras lo cual fue trasladado por orden del TOC 21 a una dependencia policial en Madariaga. Las instrucciones de los magistrados también incluyeron la negativa a que fuera trasladado a un espacio bajo la órbita del Servicio Penitenciario.

Lompizano aseguró haberse trasladado en su propio vehículo desde Neuquén hasta Buenos Aires, que abandonó sin pedir la autorización que le corresponde por ser un imputado. Según su versión de los hechos, salió de San Martín de los Andes el viernes, dato con el cual habría explicado su ausencia al momento en que fuerzas de Gendarmería fueron a buscarlo por orden de la Justicia. Según fuentes oficiales, los magistrados Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi escucharán la explicación que Lompizano tenga para ofrecer por las faltas cometidas y definirán su situación durante los primeros minutos de la audiencia de hoy.

Recién entonces, los abogados del CELS que representan a Rial comenzarán a desarrollar sus acusaciones, tras casi 60 audiencias de debate, que no pudieron exponer el viernes pasado. Los letrados pidieron la postergación de la audiencia debido a que la ausencia de Lompizano podría darle a su defensa la ventaja de pedir la nulidad de los alegatos. El TOC 21 accedió a ese pedido así como al de la querella que representa a los militantes heridos y al de la fiscalía, al ordenar la detención del acusado ausente, que hasta entonces gozaba de libertad caucional. Aquella mañana, Bouyssou había explicado que el ex comisario había tenido que viajar “por una urgencia familiar” el sábado de la semana pasada y no había podido regresar debido a la falta de transporte.

Comunicado de la Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes


Comunicado de Prensa.

La Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes informa que, la ronda del 22 de Febrero, (cuarto viernes de mes) se trasladará como participe y convocante en dos eventos importantes, en la lucha que nos caracteriza CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY.

Parte de la Comisión estará en la ciudad de Córdoba, exigiendo que la causa de René Salamanca, renombrado líder sindical (Secretario General del SMATA Córdoba, miembro del comité central del PCR) sea parte de la denominada mega causa “ La Perla ”, ya que de 20 causas, solo entraron 17, quedando fuera de esta instancia judicial, 3 dentro de las cuales se encontraba entre otras 180, la de Rene Salamanca.

Exigimos juicio y castigo a todos los genocidas, cárcel común perpetua y efectiva, justicia para todos y cada uno de los 30000 compañeros detenidos desaparecidos, SIEMPRE PRESENTES.

El grupo de la Comisión que queda en Buenos Aires, asistirá a la convocatoria realizada por Familiares y Victimas de la “Masacre de Once”, para el mismo 22 a las 19 horas a Plaza de Mayo, reclamando justicia por las 51 victimas. Además, como es de público conocimiento, este reclamo involucra exigir el esclarecimiento, del asesinato de Leonardo Andrada, testigo clave en la causa y muerto a quemarropa, de cuatro balazos por la espalda, en los últimos días.   
Esto demuestra que nuestra consigna principal esta más vigente que nunca. Es nuestro deber exigir justicia por los crímenes impunes del pasado, pero también por los del presente.

Por esta razón comunicamos a quienes nos acompañan en cada ronda mes a mes, amigos, compañeros, familiares que, por esta vez, la ronda no será en Quilmes, pero la Comisión estará en Córdoba por René  y en Capital por las 51 victimas de la Masacre de Once, dos lugares donde debemos estar.

Nos encontraremos nuevamente para seguir en la lucha el 22 de marzo, para seguir diciendo:

NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY.

COMISIÓN DE HOMENAJE A MADRES DE PLAZA DE MAYO DE QUILMES.
homenajemadresq@yahoo.com.ar

Se entregó comisario del caso Ferreyra

Se entregó espontáneamente ayer ante la Policía Federal el comisario Hugo Ernesto Lompizano, uno de los siete policías acusados en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, luego de que la Gendarmería no pudiera encontrarlo en su domicilio. Los jueces del Tribunal Oral Criminal 21 emitieron el viernes una orden de captura en su contra “para que comparezca en calidad de detenido”.

El comisario se presentó en el mediodía de ayer junto a la abogada defensora en la central de la Policía Federal del barrio de Congreso, donde llegó en automóvil desde la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes. Lompizano permanecerá detenido en una cárcel local hasta el martes, cuando se reanudará la audiencia en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Su defensora justificó la ausencia afirmando que su asistido “estaba de vacaciones” en San Martín de los Andes y que “no consiguió pasaje” para regresar a tiempo.

El comisario no se había presentado a declarar en el tribunal, obligando los jueces a suspender la audiencia y a postergar los alegatos para el martes.

Comisario de vacaciones mientras se le esperaba para los alegatos

La conexión político policial: ¿por qué suspendieron el juicio de M. Ferreyra
El tribunal que investiga el asesinato del militante del Partido Obrero pasó la sesión al martes. La sospechosa ausencia de un comisario acusado.


La conmoción recorrió el aire de los tribunales de Comodoro Py. Adentro del edificio y afuera. Dentro de la sala, todos los abogados de las querellas y de las defensas discutían una situación que nadie había previsto: el comisario Hugo Lompizano, uno de los policías acusados en el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra, no se encontraba en la sala aunque, por ley, era su deber estar allí. Norma Bouysson, su abogada defensora, había dicho que Lompizano se encontraba desde el sábado en San Martín de los Andes, en Neuquén, tan cerca de Chile. Que ella se había enterado recién el martes por la noche. Que había sido un imponderable, que no había podido volver, que el juicio, entonces, siguiera. Pero las cosas no eran tan fáciles y la tensión ganó la sala y, cuando se extendió la información y llegó afuera, también cubrió las mentes de los manifestantes que esperaban acompañar el primer alegato acusatorio que, según estaba planificado, iban a realizar los abogados del CELS. La tensión aumentó: las querellas iban a pedir la suspensión del juicio y la detención del comisario.

“No podíamos permitir que la sesión siguiera –explica a plazademayo.com María del Carmen Verdú, abogada querellante y miembro de Correpi–. Es decir, podríamos haberlo hecho, pero bajo un riesgo grandísimo. En un proceso hay dos instancias en las que los acusados deben obligatoriamente estar presentes: durante el requerimiento de elevación a juicio y durante el alegato. Estas dos partes son las que fundamentan la acusación. Es por eso que el juez Horacio Días dijo que en todo proceso hay derechos y garantías y que a los derechos se puede renunciar, pero que a las garantías no”.

–En su intervención usted señaló que no descartaba un intento de fuga por parte de Lompizano.
–Es que la experiencia en juicios con policías nos indica que la norma es que se fuguen.
–Sin embargo, Lompizano está acusado sólo por abandono de persona, no le cabrían grandes penas, ¿por qué se fugaría?
–La fiscalía lo imputa por ese delito. Nuestra querella y la del CELS lo acusamos, junto al resto de los policías, como partícipes necesarios en la ejecución del plan criminal. No son bajas esas penas.

En los alrededores del tribunal se había montado un escenario a cuyos pies la manifestación seguía los sucesos de la sala. Allí el público había copado todos los espacios. Se encontraban testigos que habían participado de la movilización aquel 20 de octubre en el que una patota organizada por la Unión Ferroviaria le había quitado la vida al militante del Partido Obrero, dirigentes de su organización como Gabriel Solano, Néstor Pitrola o Vanina Biasi y del Frente de Izquierda, como Christian “Chipi” Castillo (del PTS), o Juan Carlos Giordano y José Castillo (de Izquierda Socialista), dirigentes sindicales como Roberto Pianelli (de los Metrodelegados), Roberto Baradel y Eduardo López (de CTERA), Santiago Gándara (de AGD-docentes universitarios), trabajadores ferroviarios, amigos y amigas y camaradas de Mariano Ferreyra. Y su familia. Entre el público estaba toda su familia: sus hermanas Rocío y Paula, su hermano Pablo, sus cuñados, su papá Ricardo. Dentro del tribunal, en el banquillo de los acusadores, Beatriz, su madre, conocida como Betty, firme como desde que comenzara este juicio el 6 de agosto del año pasado. Firme en este comienzo de la etapa final del litigio, que se mostraba accidentado.

“Es la consecuencia final de una política que buscó la impunidad de los policías que estuvieron ese día en Barracas –afirma Gabriel Solano–. Por eso la fiscalía los acusó sólo por abandono de persona, cuando tuvieron una participación activa en la acción, dejando que la patota actuara al liberar la zona. El principal implicado es Lompizano, que al ser el policía con mayor gradación era el nexo con el poder político. Lompizano es un pesado de la Federal que, tras el crimen de Mariano, fue ascendido y que dirigió la represión en el parque Indoamericano. Su ausencia podría ser interpretada, también, como un apriete al tribunal en este tramo final del juicio: es un policía y conoce al dedillo los procedimientos judiciales y la obligatoriedad de su presencia en la sala. Ya otro comisario en este juicio admitió que este tipo de manifestaciones contaban con un monitoreo y eran dirigidas desde centros políticos. En octubre de 2010, las órdenes eran impartidas desde el ministerio del Interior, que estaba bajo el control de Aníbal Fernández. Él debe ser investigado”.

Las querellas habían pedido que se suspendiera el juicio y que se detuviera a Lompizano para garantizar su presencia en la reanudación del proceso. El tribunal se había retirado para deliberar. Una tensión surcaba el aire en el amplio salón donde se lleva adelante el proceso.
Tensión que se interrumpió por un momento. Una mujer en silla de ruedas ingresó en la sala. Era Elsa Rodríguez, también del PO, que ese día de octubre de 2010 recibió una bala en la cabeza que la había dejado en un coma profundo. Empujada la silla por su hija, Elsa ingresó con el puño izquierdo en alto. La militante aún se recupera de las graves heridas que le causó el ataque y todavía no ha recuperado el habla ni la capacidad motriz autónoma. Se instaló junto a sus abogadas para aguardar la decisión de los jueces.

Los miembros del tribunal reingresaron en la sala. Determinaron que la sesión no podía continuar y decidieron que Lompizano debía ser detenido. El dictamen también señaló que el ministerio de Seguridad debería hacerse cargo de los demás policías para cumplir con su presencia en la próxima audiencia, que se realizará el próximo martes 19.

Ese día comenzará el alegato el alegato que debía haber comenzado hoy. Ese día también está convocada una movilización y tomarán la palabra los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino. Ese día, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y sus cómplices escucharán cómo se pide cadena perpetua por sus delitos y por qué se pide que permanezcan en la cárcel el tiempo que resta de sus vidas.

jueves, 14 de febrero de 2013

Alegatos en el juicio por Mariano Ferreyra

El principio del fin

 Por Ailín Bullentini

Dos años y cuatro meses después del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y tras seis meses de debate oral y público para determinar las responsabilidades sobre su muerte, los abogados Maximiliano Medina, Marcos Kotlik y Alberto Bovino, que dirigen la querella de su familia, inaugurarán hoy la etapa de alegatos en el juicio. En su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 21 de la Ciudad de Buenos Aires, los letrados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fundamentarán por qué consideran que la hipótesis que plantearon al momento de elevar la causa fue probada y, por lo tanto, la responsabilidad del ex secretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza, su ex número dos en la cadena de mandos gremial, Juan Carlos “Gallego” Fernández, los delegados y trabajadores ferroviarios, y los barrabravas que ocupan el banquillo de los acusados, así como también los policías que actuaron –o, mejor dicho, no actuaron– en los hechos sucedidos aquel 20 de octubre de 2010, confirmada.

Con el alegato de la querella que representa a la mamá de Ferreyra, Beatriz Rial, el juicio por el asesinato del joven y las heridas graves sufridas por otros tres militantes durante un ataque por parte de un grupo de ferroviarios ingresa en su tramo final: el de las acusaciones. Durante esta última etapa, que probablemente se extienda hasta mediados de abril, los magistrados Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi deberán sopesar las conclusiones de 17 equipos de abogados, además de las de la fiscalía, para luego deliberar y sentenciar. De cómo cada una de las partes relacione, utilice y valorice los elementos exhibidos sobre la mesa del juicio variarán las acusaciones o liberaciones de cargo, según se trate de querellas o defensas.

El juicio intenta resolver las responsabilidades que le caben a una veintena de personas –hombres del mundo gremial ferroviario y policías– por el asesinato de Ferreyra y las heridas de bala que sufrieron sus compañeros de militancia Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre.

La investigación de los hechos fue para la Justicia una posibilidad de sondear en los manejos de poder que atraviesan la cotidianidad sindical en el país.

Aquel mediodía del 20 de octubre de 2010, un grupo de empleados y ex empleados tercerizados de la ex línea Roca de ferrocarriles intentó, sin éxito, cortar las vías de esa línea que une el sur del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires para realizar reclamos laborales ante la administradora de ese ramal, Ugofe. Agrupaciones políticas de izquierda participarían activamente de la protesta. Ante la imposibilidad de realizar la medida, se estaban retirando de la zona cuando, entre las estaciones Hipólito Yrigoyen y Avellaneda, un grupo de empleados ferroviarios –los mismos que los habían “corrido” de las vías– comenzaron a perseguirlos por la calle. El ataque tuvo el desenlace fatal, núcleo del juicio.

La etapa de instrucción culminó con la acusación de varias personas ligadas a la Unión Ferroviaria. En base a lo investigado y a las conclusiones de la fiscalía y las querellas, la magistrada Wilma López consideró inviable que el asesinato de Ferreyra y las heridas sufridas por los otros tres militantes se haya producido en el marco de un enfrentamiento y los ligó a una situación específica: “un plan criminal” en el que un grupo de ferroviarios, incluida la cúpula del gremio compuesta por Pedraza y Fernández, cumplieron roles determinados.
Etapa de definiciones

La hipótesis con la que la querella que representa a Rial llegó a juicio plantea, a grandes rasgos, la misma situación que definió López. Y es esa acusación basada en esa teoría de sucesión de hechos la que, según el equipo jurídico del CELS, fue confirmada por los elementos probatorios puestos en juego durante las 57 audiencias que tuvieron lugar en el medio año de debate. Al momento de emitir su propia elevación a juicio, en abril de 2011, los abogados del CELS apuntaron a Pedraza y al Gallego Fernández como los “instigadores” del asesinato de Ferreyra y las heridas de las otras tres víctimas. ¿Por qué? Porque fueron los responsables de que un grupo de empleados ferroviarios se ocupara de evitar el corte de vías y “aleccionara a los manifestantes con el fin de resguardar sus verdaderos intereses”.

Entonces, el crimen tenía un trasfondo político: la necesidad de resguardar la existencia de empleo tercerizado. “Con el control sobre la incorporación de trabajadores víctimas del proceso de precarización laboral, por un lado se protegía el poder político del gremio, y además se mantenía el poder económico derivado de las empresas y cooperativas vinculadas al caudillo ferroviario” (como en el pedido de elevación a juicio calificaron a Pedraza), sostienen los abogados del CELS. Para la querella, son las escuchas telefónicas y la documentación obtenida de las oficinas administrativas del gremio las pruebas más contundentes que evidenciaron la hipótesis planteada al finalizar la etapa de instrucción. Durante una quincena de horas, las grabaciones revelan comprometedoras charlas entre los acusados y familiares, compañeros de trabajo, entre ellos mismos e incluso funcionarios del gobierno nacional.

Los ferroviarios Pablo Díaz, Daniel González, Salvador Pipito, Claudio Alcorcel y Juan Carlos Pérez integraron, según los abogados representantes de Rial, la “patota” que puso en práctica la instigación: actuaron “en acuerdo previo”, con intención de lastimar, según figura en el escrito de la querella. “Homicidio doloso en concurso premeditado de dos o más personas”, fue el delito que le adjudicaron a todos. El barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale y el guardabarrera Gabriel “Payaso” Sánchez fueron, en tanto, los miembros de esa patota que dispararon armas de fuego “con clara intencionalidad de matar a uno o varios integrantes del grupo de manifestantes”. Los testimonios de los más de 200 testigos que participaron del debate y las imágenes que ofreció desde el primer momento el video obtenido por el equipo periodístico de C5N, cuyos integrantes fueron agredidos por los ferroviarios, habrían confirmado, según la querella, los cargos de la patota.

Por último, en la elevación consideraron a los siete policías federales que actuaron el día de los hechos –el comisario inspector Luis Mansilla, el comisario mayor Hugo Lompizano, el comisario Jorge Ferreyra, los subcomisarios Rolando Garay y Luis Echavarría, el principal Ezequiel Conti y el camarógrafo David Villalba– partícipes necesarios de los hechos. Las modulaciones aportadas como elementos de prueba en el debate oral y público no dejarían dudas acerca de los cargos a los efectivos.

A partir de las 10 de hoy, la querella será la primera parte participante del juicio en exponer la manera en la que enlazó la totalidad de los elementos de prueba que integran los 70 cuerpos del expediente del caso. Los abogados del CELS podrían llegar a pedir entre 8 años de cárcel y prisión perpetua como condenas para los acusados.

martes, 12 de febrero de 2013

La fiscalía aún discute si Pedraza merece perpetua

Desacuerdo en el equipo de María Luz Jalbert sobre qué pena solicitar para el ex líder de la UF. Depende de que calificación le asignen.
 
El equipo de fiscales que debe llevar adelante la acusación pública en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra aún no ha llegado a un acuerdo en torno a la pena que solicitarán contra el ex líder de la Unión Ferroviaria José Pedraza.

La fiscal titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº21, María Luz Jalbert, por estas horas no se inclina por pedir que el gremialista sea condenado a prisión perpetua, con lo que existe la posibilidad de que una sola querella solicite la pena máxima al principal acusado de instigar el crimen del joven militante. Si este criterio se mantiene, Pedraza llegaría en una mejor posición a la sentencia que el TOC Nº 21 estima emitir a mediados de abril. La discusión gira en torno a la calificación que la fiscalía le asigne a Pedraza. Hasta el momento, Jalbert no considera que se hayan reunido los agravantes necesarios para acusarlo por haber instigado un homicidio calificado. En cambio, el pedido del Ministerio Público rondaría la figura de instigación a homicidio simple, por lo que automáticamente el pedido de prisión quedaría acotado entre 8 y 25 años, como máximo. Según pudo saber Tiempo Argentino, Jalbert defiende esta postura en soledad. Tanto el fiscal coadyudante Hugo Bogetti como los fiscales ad hoc incorporados durante el juicio, Mariano Domínguez y Carlos Gamallo, se inclinan por solicitar la pena más elevada, en sintonía con la opinión de la querella del CELS, que representa a Beatriz Rial, la madre del joven, y que este viernes iniciará la ronda de alegatos. A pesar de que el resto de su equipo considera demostrado que el homicidio se constituyó bajo la forma de un "concurso premeditado", la última palabra la tiene Jalbert.

La discusión llegó a oídos de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que observa con preocupación los tironeos previos al alegato. De todas maneras, la orden que bajó desde la jefatura de los fiscales fue de no intervenir en la controversia, dado que sentaría un mal precedente, con lo que se aguardará a que entre todos los fiscales puedan consensuar la pena que se solicitarán en la audiencia prevista para el 22 de febrero.
Gils Carbó ya había enviado una señal a fines de septiembre, con la designación de Gamallo y Domínguez para "robustecer y garantizar la adecuada representación del Ministerio Público Fiscal". Luego de los  sucesivos cruces entre los jueces y Jalbert, la Procuradora tomó nota de que la situación podía llegar a repercutir en el desarrollo del juicio.

Con este escenario, una sola de las querellas podrá pedir reclusión perpetua para el ex líder de la UF. La parte acusadora que representa a Elsa Rodríguez y al resto de los heridos –encabezada por el Partido Obrero y la CORREPI– no podrá hacerlo ya que son querellantes por intento de homicidio. Otro capítulo de desencuentro de seguro será el pedido a los siete policías involucrados, a los que la querella acusará de ser partícipes del homicidio, mientras que la fiscalía los considerará por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. «

La clave : Simple o calificado
Si a Pedraza se le asigna el homicidio calificado, cabe la prisión perpetua. Si es simple, 8 a 25 años.

Por: Gabriel A. Morini

sábado, 9 de febrero de 2013

Mariano Ferreyra : Favale dice que no disparó

El barrabrava procesado como autor material del homicidio del joven militante del Partido Obrero declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal 21. Reconoció que estuvo en el lugar junto a la patota de la Unión Ferroviaria y que tiró piedras a los manifestantes, pero sostuvo que no disparó ni llevó armas de fuego. El próximo 15 de febrero comenzará la etapa de alegatos en el juicio por el crimen ocurrido en octubre de 2010.

Con el testimonio de Cristian "Harry" Favale Favale, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 dio por concluida la etapa de pruebas en el juicio oral y público por el asesinato de Mariano Ferreyra y ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de febrero, cuando comenzarán los alegatos.

Esta mañana Favale reconoció que estuvo en el lugar junto a la patota de la Unión Ferroviaria (UF) y, si bien admitió que tiró piedras e insultó, afirmó que no disparó ni llevó armas de fuego. El procesado recordó los dichos del albañil Alberto Esteche, que declaró que quien portaba armas ese día fue "el testigo protegido" Alejandro Benítez, quien, según Favale "tendría que estar sentado acá con los imputados". El día siguiente del homicidio de Ferreyra y las lesiones de bala a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, Benítez declaró ante la juez de instrucción Wilma López que Favale disparó contra los manifestantes del PO.

"Yo no cometí el hecho que se me atribuye", enfatizó hoy Favale, y agregó: "es cierto que estuve en el lugar, para sumar número, pero no llevé armas ni disparé a nadie". Acotó que la acusación de Benítez es falsa y que se trató de una "estrategia" para que se desviara la investigación penal.

El martes pasado se conocieron escuchas telefónicas de llamadas cruzadas de miembros del grupo de la UF que atacó a los militantes del Partido Obrero y trabajadores tercerizados. "Si yo caigo, caen todos conmigo”, dijo Favale al hijo del delegado de la Unión Ferroviaria Pablo Díaz, señalado como el reclutador de la patota.

Antes declaró el comisario Hugo Lompizano, procesado porque estaba en la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal Argentina durante los hechos y desde allí partieron las órdenes a los uniformados para que intervinieron en el episodio. "Jamás pensé que iba a terminar procesado en una causa tan dolorosa como ésta", manifestó Lompizano al rechazar las imputaciones en su contra. "¿Para qué se iba a correr a los manifestantes si se estaba produciendo la desconcentración?", preguntó ante el tribunal.

"Me estaban informando claramente que se estaban desconcentrando", remarcó, en contra de lo que sostienen los querellantes, que aseguran que la policía permitió la agresión a quienes reclamaban por la incorporación de trabajadores tercerizados al plantel permanente de los ferroviarios.

Entre los procesados y detenidos en la causa está el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, a quien se le atribuye la instigación del crimen. También están acusados Gabriel Sánchez (el otro presunto autor de disparos), Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Guillermo Uño, Francisco Pipito, Claudio Arcorcel, Jorge González y otros seis policías que habrían liberado la zona.

martes, 5 de febrero de 2013

En el juicio por el crimen de Mariano, se expusieron diálogos telefónicos de los ferroviarios

Las escuchas que comprometen a la patota

En una de las grabaciones, el barrabrava Cristian Favale, reclutado por la Unión Ferroviaria, advierte: Si yo caigo, caen todos conmigo”. Otros diálogos complican a José Pedraza, el Gallego Fernández y más dirigentes del sindicato.

 Por Ailín Bullentini

“Te la hago cortita. Si yo caigo, caen todos conmigo.” La advertencia la realizó Cristian Favale, uno de los acusados de haber disparado el arma que mató al militante Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010, muy poco tiempo antes de entregarse a la Justicia. Fue durante un diálogo telefónico con el hijo del delegado de la Unión Ferroviaria Pablo Díaz, señalado como el reclutador de la patota que apedreó y emboscó a un grupo de trabajadores tercerizados y militantes de partidos de izquierda que aquella mañana intentaron, sin éxito, cortar las vías de la ex línea Roca de ferrocarriles. Ese fue uno de los tantos diálogos que el Tribunal Oral en lo Criminal porteño número 21 expuso ayer durante una de las últimas audiencias antes de que comiencen los alegatos en el juicio que evalúa las responsabilidades de 18 acusados, entre altos dirigentes ferroviarios, delegados sindicales y policías federales, en el crimen de Ferreyra y las heridas graves sufridas por otros tres militantes.

Los extractos de diálogos telefónicos protagonizados por Favale son una de las pruebas que confirman con más fuerza su participación en la emboscada de los ferroviarios a los tercerizados, así como su vínculo con Díaz. En las conversaciones grabadas, Favale niega haber sido el autor del asesinato, asegura saber quién es el culpable y reclama, en diálogo con diversos interlocutores, algunos de ellos ferroviarios, otros policías, protección e información acerca de su situación en la causa.

En medio de la reproducción de las escuchas, la defensora del acusado, María Florencia Hegglin, solicitó que se abandonara la acción ya que los diálogos “ya formaban parte del expediente”. En vano intentaron respaldar la estrategia los defensores del ex secretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza y de su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández.

Pedraza y Fernández fueron protagonistas de las escuchas que se reprodujeron antes de las de Favale. Entre los diálogos ventilados se escuchó el ya famoso “informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, mensaje de voz que el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme le dejó al líder de la UF en el contestador de su teléfono, aludiendo a un soborno para digitar el sorteo de la causa. Además, se expusieron diálogos comprometedores con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada –en tono de negociación por el pase a planta permanente de los tercerizados– y la solidaridad que le expresó, ante la situación, la viceministra de esa cartera, Noemí Rial.

Una de las grabaciones más fuertes de la línea telefónica de Favale ya había trascendido durante el proceso de instrucción de la investigación. Desde la cárcel, ya detenido como uno de los sospechosos de asesinar a Ferreyra, Favale llamó a su pareja a la casa de Florencio Varela que compartieron hasta el 24 de octubre de 2010, cuando el barrabrava decidió entregarse.

Favale: –Vamos a aguantar la que venga. Yo sé quién disparó.

Su mujer: –Todo mal para tu lado. No quieren hablar...

Favale: –¡Nadie quiere decir! Me quieren engarronar a mí, pero mejor que se hagan cargo porque, si no, esto va a ser una explosión. La jueza va a saber que no miento. Si yo quedo en cana todo se va a pagar... Ellos no me pueden dejar en cana. Pedraza sacó un montón de papeles de su oficina, se quiere desligar de lo que pasó. ¡Si fueron ellos! Me quieren pagar... ¿Para que me haga cargo de qué? Mirá si voy a cobrar ocho mil pesos por mes para comerme 25 años acá adentro. Estos giles me quieren engarronar, pero yo al número de Pablo (Díaz) lo tengo bien guardado. Que se curta ese puto, que fue él... Yo voy a hablar...

Luego, se oyeron charlas que el acusado mantuvo los días inmediatamente posteriores a los hechos fatales con el hijo de Díaz y con el ferroviario Mario Giusti, los únicos dos vínculos que pudo sostener con el delegado que aparentemente lo habría convocado para “echar a los piqueteros de las vías” aquel mediodía de octubre. “‘Ta todo mal, amigo, me están allanando mi casa, ¿Dónde está tu papá? ¿Está con vos?”, le pregunta en tono desesperado Favale a un hombre al que llama Catriel, el hijo de Díaz. Cuando éste le dice que Díaz no está, Favale le pide: “Muevan cielo y tierra para hacer algo. Hagan algo”.

En otra ocasión intenta encontrar al delegado con Giusti, a quien le pide hablar “urgente con Pablo. Me allanaron la casa, es urgente, pasame con él”. Su interlocutor le aconseja que se quede “tranquilo”: “Vos quedate tranquilo que no vas a quedar tirado. Hablá conmigo y si te agarran, tranquilo que tirado no vas a quedar”. “Acá se viene una grosa. Están diciendo que van a ir a buscar uno por uno (en referencia a la pista de la patota). Tengo tres pibes, ¿sabés cómo está mi familia?”, le respondió el barrabrava. Los diálogos con Giusti continúan. “No me voy a entregar porque yo sé que me están buscando y hasta que no tenga garantías para mí y mi familia no me voy a entregar”, le apunta al hombre de la UF encargado de controlarlo: “Vos guardate y si tenés mala leche de que te agarren, quedate callado y tranquilo hasta que pinte un abogado”, le responde Giusti.

En otra conversación, el ferroviario le informa a Favale que le consiguieron un abogado, una señal de que ya era hora de entregarse a la Justicia. El sospechoso de haber manipulado una de las armas que portó la patota el 20 de octubre de 2010 se entregó a la Justicia el 24 de octubre de 2010. Díaz ya estaba tras las rejas.

–Ya sabés lo que tenés que decir –le advirtió Giusti.

–Yo digo que fui ahí desde Constitución, pero que yo no fui (quien mató a Ferreyra) y me planto ahí –concluyó Favale.

La denuncia por hostigamiento
 Por Ailín Bullentini

La familia de Mariano Ferreyra denunció el hostigamiento vía redes sociales hacia la figura del joven asesinado y a su hermano Pablo. Los responsables del contenido vertido en Internet a través de dos cuentas en Twitter y una en Facebook pertenecerían a un grupo organizado de Córdoba. “Más allá del daño que causaron a nivel personal, lo grave es que haya gente que adhiera al punto de vista de uno de los sectores más reaccionarios de la Argentina de hoy, que es la burocracia sindical ferroviaria, ultrapodrida, que defiende negocios a los tiros”, consideró Pablo Ferreyra. Fue él quien recibió el domingo pasado la solicitud del perfil @perejilazo en Twitter, alguien haciéndose pasar por Mariano lo comenzó a atacar. “Yo estoy horizontal porque me cuetearon. Vos ahora podés echar panza y dedicarte a rascarte los huevos como otros ex troscos treintañeros.” Y siguió: “Pablo, sacaste la credencial de familiar de víctima para no laburar más”. Además, ese usuario amenazó a una militante del PO. El lunes apareció otra cuenta, @cristianfavale –el nombre de uno de los acusados por el crimen– que difundió más mensajes agresivos: “Si pudiera volver el tiempo atrás apuntaría más alto, así no le pego a ningún pelotudo”. En Facebook, el usuario “antitrotskismo” difundió la imagen de Ferreyra sin vida con la leyenda “el único trosco bueno es el trosco muerto”. Luego de un repudio virtual masivo, las cuentas ya no existen. “Hubo un crimen que de alguna manera nos interpela a todos. Me parece lamentable que se lo utilice así”, concluyó Pablo.