Mariano Ferreyra: detuvieron a los comisarios implicados en el crimen

Tienen condenas de 10 años y 8 meses de prisión. La Corte ratificó las condenas.

Los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra  se encuentran detenidos a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N°21.

Luis Osvaldo Mansilla se presentó voluntariamente ante el Tribunal criminal oral  N 21 el día jueves y quedó detenido y alojado en la Delegación Nacional de Investigación Administrativa que depende de la prefectura naval Argentina.                      

Jorge Ferreyra fue detenido por orden del Tribunal en su casa y está alojado en el CPF 2 de Marcos Paz.

Ambos jefes de la División Roca de la Policía Federal fueron condenados a 10 años y 8 meses de prisión junto a José Pedraza y su patota en calidad de coautores de homicidio y tentativa de homicidio.

El tribunal los halló culpables de haber liberado la zona en Barracas para que se consumara el ataque criminal que le costó la vida a Mariano  Ferreyra y graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros. Ambos permanecían libres desde entonces, pero hace pocas semanas la Corte Suprema dejó firme la sentencia, agotando todas las instancias de apelación.

Afirman que Blaquier participó de la represión al EGP en Orán, en 1964

Según una publicación del diario El Intransigente, aportó vehículos para el operativo represivo de Gendarmería.

El ingenio Ledesma, de propiedad del empresario Carlos Pedro Blaquier, colaboró con vehículos para reprimir a los miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), que en 1964 comandaba en la zona de Yungas de Orán el periodista Jorge Masetti.
Así lo informó el periodista Luis Soria, a través de la Agencia de Noticias de Derechos Humanos, especializada en la cobertura de la investigación de las causas judiciales por crímenes contra la humanidad cometidos en el país.
Citando al diario El Intransigente, el periodista afirmó que 64 móviles de la empresa fueron "cedidos a su brazo armado, la Gendarmería y la Policía, para la búsqueda de los guerrilleros". Indicó que esta información fue publicada en la edición del viernes 20 de mayo de 1964 del diario El Intransigente, que se editaba en la Capital salteña.
En interpretación de la Agencia, esta información que "dinamita el argumento de Blaquier de que la empresa firmó con el gobierno de Arturo Illia, un convenio con la Gendarmería, de apoyo a sus actividades (recién) en 1965".
Gendarmería tiene una dependencia dentro mismo de las instalaciones del ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín (Jujuy), a poco más de 112 kilómetros de Orán.
El movimiento insurgente del EGP, bajo el mando del conocido como Comandante Segundo (el periodista Jorge Masetti), fue la primera expresión armada en surgir en el país.

En las filas del Che
El periodista bonaerense, considerado un hombre de confianza del Che Guevara, entró a territorio salteño por Bolivia encabezando a un grupo de guerrilleros, entre quienes se contaban Federico Méndez, Héctor Jouve y Henry Lerner.
Para combatirlo, Gendarmería lanzó la "Operación Santa Rosa", dirigida por el jefe de la fuerza, general Julio Alsogaray, y el mayor Héctor Báez, jefe de la Agrupación Salta.
Según el diario citado por la Agencia de DD. HH., los gendarmes contaron con los vehículos del ingenio Ledesma.
La Agencia reseña también que varios de los partícipes de esa primera intentona guerrillera fueron perseguidos a partir de 1975. La represión alcanzó también a sus familias.

Imputado
Blaquier está sospechado, y fue formalmente imputado en una causa penal, de haber participado de la represión en la década del 70, en este caso en la persecución a obreros de su propio ingenio, y a quienes pudo considerar sus enemigos, como el ex intendente de Libertador, el médico Luis Aredes, el primero que se atrevió a cobrarle impuestos a la poderosa firma, que históricamente manejó los hilos del poder en la provincia de Jujuy.
Pruebas aportadas por el abogado David Leiva en el juicio conocido como Megacausa Salta, demuestran que el ingenio jujeño aportó además combustible y vehículos (con choferes incluidos), para operativos represivos en el norte de la provincia de Salta.

Se postergó el inicio del juicio por La Noche de los Apagones

Los represores ganaron más tiempo

El juicio por crímenes de lesa humanidad ya debería haber comenzado, pero la Justicia hizo lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran unificadas varias causas. La nueva fecha de inicio es el 6 de marzo de 2017.

El juicio por la Noche de los Apagones ya debería estar en marcha, pero los represores acusados volvieron a ganar tiempo y este proceso comenzaría recién en marzo. La causa abarca los crímenes de lesa humanidad ocurridos en julio de 1976 en las localidades jujeñas de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, cuando se produjeron cortes del suministro eléctrico, y en un operativo conjunto del Ejército, la Gendarmería y la policía provincial, fueron detenidas más de 400 personas, de las cuales 33 aún continúan desaparecidas.

El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador de la firma Alberto Lemos fueron denunciados por complicidad al haber aportado los camiones del ingenio para transportar a los detenidos, además de haber armado listas negras de los obreros azucareros. Sin embargo, por decisión de la sala IV de la Cámara Federal de Casación, Blaquier y Lemos recibieron la falta de mérito y quedaron apartados de la causa. La fiscalía y la querella apelaron a la Corte Suprema, que aún no se expidió sobre el tema.

La postergación de este esperado juicio por los familiares y víctimas de la última dictadura se resolvió a partir de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF), que hizo lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran unificadas varias causas. De esta manera, la nueva fecha de inicio del juicio sería el 6 de marzo próximo.

Se conformaría una megacausa con el juicio de la Noche de los Apagones –causas Burgos, Arédez y Bernard– que tiene a once imputados y diecisiete víctimas, junto con otros procesos. Uno de esos expedientes es el caso del represor Juan Carlos Jones Tamayo, detenido en octubre de 2014 después de permanecer tres años prófugo y acusado por secuestros, torturas y desapariciones, delitos cometidos en Salta y Jujuy. Tamayo fue parte del aparato de inteligencia del Batallón 601 con responsabilidad de jefe en el área de ambas provincias, un organismo que comenzó a operar en 1975 como parte del Operativo Independencia y que tuvo como eje el ataque a los sindicatos azucareros del norte del país.

También se juntarían causas aún sin juzgar por crímenes de los que fueron víctimas trabajadores de Mina Aguilar. El 3 de mayo de 2013 se dictó sentencia sobre tres represores: prisión perpetua para los tenientes Mariano Braga y José Bulgheroni, y 25 años de prisión para Antonio Vargas, ex interventor del Servicio Penitenciario Federal (Villa Gorriti).

Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron detenidos nueve obreros mineros por el Ejército y la Gendarmería, luego fueron trasladados en camiones de la compañía minera St. Joseph Lead Co. Por este motivo, están imputados el entonces jefe de personal de la mina, Eduardo López, y otro directivo, Luis Arzuaga. Permanece desaparecido el dirigente minero y luego ministro de Trabajo de Jujuy en 1973, Avelino Bazán, que fue detenido por última vez en 1978.

También se incorporaría a esta megacausa un expediente por delitos cometidos contra la ex presa política Soledad López y otro, en instrucción, por abuso sexual contra víctimas del terrorismo de Estado.

Los detenidos en la mina y en la zona del ingenio fueron conducidos al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) y al penal de “Gorriti”. En ese momento, el jefe del RIM 20 era el coronel Guillermo Siri, quien no se encuentra imputado, sino que fue nombrado en la actualidad jefe de Seguridad del gobierno jujeño, encabezado por Gerardo Morales.

El modus operandi de la represión fue el mismo: un accionar común entre el Ejército, la Gendarmería y la policía provincial, con la participación de los directivos de las empresas Ledesma y Minera Aguilar, aportando logística, camiones y listas negras. Relatos de los sobrevivientes evidencian cómo se encontraban obreros azucareros y mineros en el mismo penal sufriendo torturas y vejámenes.