La "Justicia" italiana y el Plan Cóndor
Jorge Tróccoli en Italia: “Yo torturé”
Un Tribunal de Roma confirmó la existencia del Plan Cóndor y los crímenes cometidos por las dictaduras del Cono Sur contra sus opositores políticos. Sin embargo, el fallo dejó sensaciones encontradas entre los denunciantes: la satisfacción de una condena y la desazón por las absoluciones.
Por Isabel Fernández y Mauricio Pérez
En 2005 un apartamento del edificio ubicado en Arrascaeta esquina Verdi estaba a la venta. Piso de parqué, dos dormitorios, cocina, una biblioteca repleta que se alzaba hasta el techo. Todo bien cuidado, todo en orden. Estaba claro que los libros no formarían parte de la transacción. Una pena.
Eran varios los motivos para que conocieran bien al propietario, empezando porque sacaba a pasear a su perro todos los días, con sol o con lluvia. Ambos, unidos por una correa, salían del edificio, tomaban Verdi y por Asturias enfilaban hacia el sur. A pesar de que el hombre era educado y el perro estaba bien enseñado, los vecinos respondían con desprecio al saludo de cortesía.
No era fácil olvidar que se trataba del capitán de navío (r) Jorge Néstor Tróccoli, el mismo que ameritaba los volantes anónimos por debajo de la puerta. La letra era grande y los alertaba: “En este barrio vive un milico asesino”. Y allí estaba él, caminando como si nada, rumbo al río que no queda claro si es mar, aunque la impunidad siempre resulta indigna.
Poco después, el apartamento cambió de dueño y Tróccoli abandonó el barrio. No eran tiempos sencillos para el autor de La ira del Leviatán, el libro que narraba –y confirmaba– algunas de las atrocidades cometidas durante la dictadura. La exfiscal Mirtha Guianze solicitó su procesamiento con prisión por el traslado clandestino de presos políticos en 1978. Fue tiempo de tomar otros rumbos: Tróccoli no compareció a la audiencia ratificatoria y se fugó del país.
Fue detenido el 23 de diciembre de 2007, en Italia, cuando la Justicia uruguaya expidió una orden de captura internacional. Entonces se supo que hacía tiempo que Tróccoli planeaba su huida: en 1996 había comenzado a tramitar la ciudadanía italiana. El juez Luis Charles (hoy ministro de Tribunal de Apelaciones) solicitó casi de inmediato su extradición, pero esta no llegó a hacerse efectiva, ya que se presentó fuera de plazo, a raíz de una demora en la Embajada de Uruguay en Italia. Tróccoli fue liberado y continuó con su vida en Italia.
La Justicia uruguaya reclamó a su par italiana que Tróccoli fuera juzgado por los ilícitos cometidos en Uruguay. Pero el fiscal Giancarlo Capaldo, que desde hacía una década investigaba los crímenes del Plan Cóndor, decidió él mismo incorporar el caso Tróccoli a su causa. Lo acusó por el secuestro y desaparición de seis personas. También acusó a otros 15 uruguayos –entre militares, policías y civiles– y a represores de Chile, Bolivia y Perú. Pero Tróccoli, el que paseaba a su perro por la calle Verdi y Asturias, el que admitió haber participado en sesiones de tortura, volvió a salir libre por la puerta de un Juzgado. El tribunal romano lo absolvió de los cargos en su contra. No obstante, el proceso está lejos de haber culminado.
El camino italiano
La primera vez que la Justicia italiana tuvo conocimiento de los crímenes perpetrados por las dictaduras de América del Sur fue en 1982, cuando Cristina Mihura, viuda de Bernando Arnone, compareció ante el Tribunal Penal de Roma y presentó una denuncia por el secuestro y homicidio de su esposo (Procedimiento R.G. 122988/82/C). La causa no prosperó.
Diecisiete años después, la historia fue distinta. En junio de 1999, seis mujeres, esposas y familiares de desaparecidos por el accionar del Plan Cóndor –todos ellos con ciudadanía italiana–, se presentaron ante el mismo tribunal y radicaron una denuncia penal por los crímenes perpetrados en las décadas de 1970 y 1980. La causa fue caratulada con ficha “Nº 8823/99/R c/ Pinochet Augusto, Operazione Condor”. Se trató de un intento de vulnerar el escollo de la entonces firme Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impedía investigar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Y tuvieron mejor suerte.
El fiscal Capaldo asumió su competencia e inició una larga investigación que se extendió durante más de diez años, hasta que finalmente decidió imputar a unos 140 militares y civiles de los países del Cono Sur por su participación en el Plan Cóndor. Con el paso del tiempo, la lista se fue depurando. Finalmente, el fiscal formuló una acusación contra una treintena de militares y civiles, entre ellos, 16 uruguayos. Dos murieron en el transcurso del proceso: Iván Paulos –jefe de Inteligencia Militar entre 1979 y 1981 y fundador de la logia Tenientes de Artigas– y el recientemente fallecido dictador Gregorio Álvarez.
También fueron acusados los militares José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Pajarito Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio, Ernesto Ramas, Luis Alfredo Maurente y Ricardo Eliseo Chaves, los expolicías Ricardo Conejo Medina Blanco y José Sande Lima, y el excanciller Juan Carlos Blanco. También fue imputado Tróccoli, el único de los militares que compareció ante el tribunal romano; el resto se negó a declarar ante la Justicia italiana aduciendo falta de competencia para juzgar estos hechos.
Pese a esto, el tribunal hizo una extensa investigación que incluyó 61 audiencias, con decenas de testigos –muchos de ellos, víctimas de la represión transnacional– y miles de documentos oficiales sobre la coordinación represiva, algunos desconocidos hasta el momento. El Estado uruguayo y el Estado italiano se sumaron a los familiares y se presentaron como querellantes en la causa. Todo parecía encaminado para una condena de la mayoría de los implicados. Pero esa sensación terminó en cierta frustración.
Revelaciones
El martes 17, la Justicia italiana condenó a siete militares y un civil que formaron parte activa del Plan Cóndor. Pero ese día, al leerse la sentencia, la decepción ganó a los uruguayos presentes en la sala. De los 14 imputados orientales que podían ser juzgados (tras la muerte de Paulós y Álvarez), sólo fue condenado el excanciller Juan Carlos Blanco. Se lo procesó por los homicidios de los uruguayos Daniel Banfi, Gerardo Gatti, María Emilia Islas, Bernardo Arnone y Juan Pablo Recagno y de los argentinos Luis Faustino Stamponi –detenido en Bolivia y trasladado en forma clandestina a Automotores Orletti en 1976– y su madre, Mafalda Corinaldesi. Todos desaparecidos.
El resto, militares y policías, absuelto. En el caso de Chaves, el tribunal aplicó el artículo 530 del Código Procesal Penal italiano: se determinó que no tuvo participación en los hechos. Los demás fueron considerados inocentes o sin responsabilidad. Lo que más impactó a la gente que allí estaba fue la absolución de Gavazzo y de Tróccoli. Sobre el primero había cientos de documentos que confirmaban su participación; el segundo, durante el juicio, había confirmado su participación en los hechos. “Yo no maté ni secuestré; yo torturé”, dijo. Aunque aún no se conocen los motivos de la absolución –que se harán públicos en 90 días–, se estima que el tribunal no aplicó la “obediencia debida”, ya que en Italia hay una enorme jurisprudencia contra este principio, que viene de los juicios contra los nazi-fascistas. Si así fuera, sería uno de los puntos a plantear en la futura apelación, que se entiende inevitable, ya que tanto la Fiscalía como el abogado de uno de los procesados ya anunciaron su intención de recurrir el fallo.
Si bien el procedimiento que llevó a esta instancia comenzó en 1999, la fase de debate recién tuvo lugar en 2015. Por esa época, ya se tenía una idea de lo difícil que era la causa: “Estábamos ante tribunales populares con gente muy conservadora e ignorante de lo que sucedió en esta parte del mundo. Fue horrible. Relatábamos la tortura, pero allá eso no es un delito, entonces te dabas cuenta de que no tenías cómo mostrar por medio de palabras la tragedia que habíamos vivido. Ellos manejan otros códigos; no podíamos entendernos”, dijo una de las testigos que declaró ante el tribunal a Caras y Caretas.
Para que se tenga una idea, uno de los testimonios relataba algo acontecido en Iquique. Se hizo un impasse para explicar a un juez popular dónde quedaba Iquique. Cuando parecía que todo estaba claro, otro juez popular preguntó asombrado: “¿Qué tiene que ver Chile en todo esto?”. Y se estaba hablando del Plan Cóndor. A esto se le sumaba la hostilidad del ambiente donde las víctimas del terrorismo de Estado fueron a contar su periplo. Acostumbradas a los tribunales argentinos, donde se intentaba preservarlos desde el punto de vista psicológico, teniendo en cuenta la condición de sobrevivientes, en Italia el testimonio se daba entre prisioneros de la mafia que iban para ser juzgados.
Igualmente, nada pudo evitar que el proceso continuara. Nadie quiso frenarlo, tampoco. La sentencia fue escuchada por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que viajó a Roma para ser partícipe de esta instancia, en representación del Estado uruguayo, querellante en la causa. Luego de que la jueza Evelina Canale culminara con la audiencia, Sendic dijo sentirse defraudado con la decisión. Mientras el vicepresidente hacía estas declaraciones, Victoria Moyano, hija de uruguayos detenidos desaparecidos en Argentina, fustigó la actitud de Uruguay: “El Estado uruguayo se presentó como querellante y no condena en su país el caso Tróccoli, que vuelve a quedar libre acá. Entonces esto es una vergüenza. Venimos a buscar condena porque en Uruguay no hay condena a los genocidas”.
A Moyano le asiste una parte de razón: la denuncia en Italia se hizo en 1999, cuando en Uruguay tenía plena vigencia la ley de caducidad, pero también es cierto que de las 14 personas a las que se juzgó en Italia, sólo tres no fueron juzgadas en Uruguay: Tróccoli (que fugó), Mato (vinculado con el crimen de los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que está radicado en Brasil) y Chaves. El resto está cumpliendo la condena por crímenes de la dictadura. O muerto.
El Cóndor no pasa
Aurora Meloni es la viuda de Daniel Banfi, asesinado en 1974. Cuando en 1999 presentó la denuncia en la Tercera Corte Penal de Roma, lo hizo contra Hugo Campos Hermida y Juan Carlos Blanco. Las consecuencias del asesinato fue la sentencia a cadena perpetua para Blanco. Pero el caso de Banfi quedó por fuera del Plan Cóndor, porque la Corte consideró que el crimen fue anterior a la instrumentación de dicho plan. Meloni insiste: “En setiembre de 1974, Campos Hermida se movía como pez en el agua con la Policía Federal Argentina. En esa fecha entró a mi casa con 15 tipos, a las tres de la mañana, para ejecutar el secuestro”.
Meloni, en diálogo telefónico con Caras y Caretas, explicó que para ella no está todo perdido ni mucho menos: “¿Qué pasa con los que fueron absueltos? Sencillamente dicen [los italianos] que no hay pruebas para condenarlos por lo que se les acusa”. Y explica: “La desaparición forzada que existe en nuestros países no es una figura jurídica en Italia. El equivalente para los italianos es homicidio. Hay que ponerse en la cabeza de los jueces populares. Necesitan una prueba diferente. No alcanza con que los compañeros de Orletti vengan a decir que Gavazzo torturó y mató, porque hay que demostrarlo. Capaz que el ejecutor fue un soldado cualquiera. Entonces lo que hicieron, lo que comenzaron haciendo, fue ir contra los altos mandos y el reconocimiento del Plan Cóndor. Pero esto sigue. Es sólo la primera instancia. Ahora viene toda la instancia de apelación”.
En la apelación no hay tribunales populares, sino que todos los jueces son profesionales, lo que ayuda a la hora de procesar toda la documentación reunida, que es el fruto de 15 años de investigación ininterrumpida. Durante ese tiempo, el fiscal Capaldo fue a Estados Unidos y estudió los documentos desclasificados de la CIA, recorrió todos los países de América Latina, se entrevistó con las instituciones y los gobiernos (incluido el presidente Tabaré Vázquez, durante su primera presidencia).
Para Meloni fue innegable la desazón, pero su visión es esperanzadora: “Obtuvimos muy poco de la justicia que vinimos a buscar. Pero habrá apelación, y estoy segura de que en esa instancia vamos a lograr más. Lo que pasa es que no estamos familiarizados con este tipo de juicios. Es importante tener claro que esto no queda acá”, concluyó.
Cristina Mihura –otra de las querellantes– también se mostró esperanzada. Consideró que la sentencia es “parcialmente positiva”, porque pese a las absoluciones de los militares y policías uruguayos, se logró la condena de Blanco por su responsabilidad en el Plan Cóndor. “La Corte ha condenado a personas que fueron dictadores o ministros o tuvieron roles de relevancia generales […] Lo lamento por los familiares de las víctimas de Tróccoli”, afirmó Mihura a Caras y Caretas. “Tróccoli no es inocente, ninguno es inocente, pero ellos gozan de garantías que nuestros familiares no tuvieron”, reflexionó.
Más allá de esto, valoró que se debe esperar 90 días, de forma de conocer los argumentos que utilizó el tribunal para dictar su fallo. “Entonces podremos leer por qué la Corte absolvió a Gavazzo y por qué condenó a Blanco, y podremos comparar las dos cosas”. Gavazzo y Blanco eran juzgados por los mismos crímenes. Fue la absolución de Gavazzo la que causó mayor sorpresa, porque había documentos y testimonios que probaban su participación en estos crímenes. “Hace tiempo que estaba previsto que muy probablemente iba a haber algunas absoluciones. Estaba convencida de que peruanos y bolivianos iban a ser absueltos –y fueron condenados–, y, al revés, pensé que la de Gavazzo era una condena segura”, señaló.
Mihura afirmó que, al contrario de lo que muchos dicen, no lloró al escuchar la sentencia, pero que se emocionó con los mensajes que recibió en las horas posteriores. “No hay que perder la calma y seguir luchando y tratando de conseguir que se abran los archivos y saber lo que pasó, y recurriendo a los juzgados para quienes creen en la Justicia. Acá no terminó nada ni empezó nada”, agregó. “Por Bernando tuvimos sentencias en Uruguay, Argentina e Italia, y quienes participaron en su secuestro fueron identificados y tienen sentencia. Lo único que no hemos conseguido es la restitución de sus restos”, expresó.
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Uruguay apelará la decisión
El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, dijo sentirse “defraudado” por el fallo, pero valoró que el tribunal tendrá sus motivos para haber llegado a esta conclusión. “Estamos defraudados por el pronunciamiento pero no estamos en condiciones, ni es nuestra voluntad, cuestionar o criticar al tribunal, porque tendrá sus elementos, sus motivos, para haber llegado a esta conclusión”. Sendic dijo entender “la indignación y el dolor” de los familiares por este fallo, pero recordó que se trata de un fallo apelable. “Habrá que decidir en las próximas semanas el camino a seguir”, expresó. El jerarca aseguró que para esto se coordinará con los familiares que se presentaron como querellantes en la causa.
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De la emoción a la desazón
Cuando el tribunal comenzó a leer su fallo, la esperanza se apoderó de los uruguayos presentes en la sala de audiencia. Luis García Meza, condenado. Luis Arce Gómez, condenado. Francisco Morales Bermúdez, condenado. A ellos les siguieron otros. Hasta que llegó el turno de Juan Carlos Blanco: condenado a cadena perpetua por el homicidio de siete personas. “Se logró”, fue la exclamación general. La emoción fue incontenible y se apoderó de casi todos.
La lectura siguió y las condenas se acumulaban. Pero de repente llegaron las absoluciones. Una sensación extraña, algo que no se entendía. “¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser?”. Todo cambió en un instante. Desconcierto, desazón y algunas lágrimas de rabia e incomprensión tomaron el lugar de la alegría y las lágrimas de emoción. Sentimientos contradictorios invadieron a muchos de los presentes. Sensaciones que se mantuvieron a lo largo de las horas y que serán muy difíciles de cambiar. Aunque nada termina aún.
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Macarena Gelman: “Un juicio complejo”
La diputada Macarena Gelman, víctima del Plan Cóndor y una de las uruguayas que declararon como testigo en la causa, se manifestó “bastante crítica” de lo que pasó durante el juicio en Italia. En diálogo con Caras y Caretas, Gelman dijo que fue “un juicio complejo”, en el que había “muchas expectativas” y donde existía un “compromiso destacable” de los familiares y testigos. La legisladora valoró que “el Estado, verdaderamente, hizo un esfuerzo pero recién en el último tramo”, y que se requería una posición “más organizada” al momento de presentar los hechos y las pruebas.
“Pero personalmente creo que no puedo pretender de la Justicia italiana lo que la Justicia uruguaya no ha hecho o ha obstaculizado. O si lo ha hecho, lo ha hecho tarde”, expresó Gelman. En este sentido, dijo que es necesario “redoblar el esfuerzo de los tres poderes del Estado para tener el sistema de justicia que necesitamos y nos merecemos” para el juzgamiento de los crímenes de la dictadura.
