Alberto Ledo :¡¡Presente !!

Luciano Arruga, 10 años de impunidad

El 31 de enero se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. En esta nota, repasamos solo algunos de los hechos más significativos en la lucha por verdad y justicia impulsada por sus familiares y amigos. Un caso emblemático que ayudó a visibilizar una problemática, aunque (todavía) sin resolución judicial. (Por Rosaura Barletta para La Retaguardia*) 

*Esta nota fue publicada en la edición de enero 2019 de La Retaguardia Papel. Ante las declaraciones de Patricia Bullrich, que consideró el caso de Luciano una construcción de organismos de derechos humanos, publicamos esta nota que es apenas un mínimo repaso por la causa. 

Fotos: Agustina Salinas y Natalia Bernades

Podríamos decir que la historia de la desaparición de Luciano Arruga comenzó hace diez años, y eso tendría sentido. También podríamos decir que comenzó hace doce, cuando el ex intendente de La Matanza fundó el destacamento policial que luego sería su peor pesadilla. Lo cierto es que hay cinco años y ocho meses que deberían -y pudieron- haberse evitado. Es el período en el que el paradero del joven de 16 años fue una incógnita sin sentido. Ni muerto ni vivo, estuvo, al menos para la justicia, que definió su búsqueda hasta el 2013 como averiguación de paradero. En ese año, la Justicia Federal tomó el expediente y cambió la carátula: ahora se habla de una desaparición forzada de persona. Y aunque el delito es de lesa humanidad y la letra es clara -sólo puede ser cometido por el Estado-, en todo este tiempo no declaró ningún efectivo policial, y sí lo hicieron reiteradamente los amigos de Luciano. Amigos que, además de ser señalados implícitamente como quienes deberían (y no pueden) aportar información relevante, son blanco de hostigamientos y persecución hasta el día de hoy.

Ahora podemos ir a los hechos. Luciano Arruga tenía 16 años cuando, el 31 de enero de 2009, fue secuestrado, torturado y desaparecido. Con el hallazgo de su cuerpo, se comprobó que los límites de la tortura exceden ampliamente a los de nuestra imaginación; o peor: la tortura no tiene límites. Sus segundos finales constituyen una escabrosa historia irreproducible en la dimensión que realmente reviste. Corrió por la vía rápida de la General Paz y fue atropellado por un auto. Un accidente. Listo. Fin. NN. Así se expresó, al menos con el cuerpo la versión oficial. Enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, con una autopsia inconducente -e incorrecta- se descompuso al mismo ritmo en que era instalado el tema en la agenda pública: hay un desaparecido por la Policía en democracia. El debate sobre la mesa fue aún más profundo que eso. El fulgor de las expresiones contra la inseguridad devenidas en fascismo en el caso del barrio de Lomas del Mirador, con una organización encabezada por el “vecino” Gabriel Lombardo, hacían varias veces más dificultosa la campaña por la aparición con vida de Luciano, que desde el 31 de enero faltaba de su casa. También ponía obstáculos la fiscal Roxana Castelli, que puso la investigación en manos de la propia Policía denunciada y se negó a recibir a la familia de Luciano durante los 45 días en los que tuvo la causa a su cargo, días en los que se perdieron pruebas fundamentales. 2009 fue un calvario.

Las primeras pericias

Tuvieron que pasar tres meses sin noticias de Luciano para que se realizara el primer peritaje en el entonces destacamento de Lomas del Mirador, el que su familia señalaba con convicción y conocimiento de causa. Lo ordenó la nueva fiscal, Celia Cejas, luego de que Roxana Castelli fuera removida. Los perros reaccionaron de forma positiva en la dependencia policial, reconociendo rastros de Luciano, y también lo hicieron en el Monte Dorrego, un descampado de la zona. También, observando el recorrido del GPS de los patrulleros, se supo que uno estuvo parado en el predio peritado durante dos horas en aquella madrugada. La medida trascendente, sin embargo, llegó dos años después: el peritaje con luminol. Se trata de un líquido que permite detectar ADN y otros elementos pero, dos años después, ningún material genético coincidía con el de Luciano, que pudo haberse deteriorado o “limpiado”.

Hasta mediados de 2012 y con interrupciones reiteradas de la fiscalía y el juzgado, el Grupo Antropológico Arqueológico Memoria e Identidad (GAMI) trabajó en el Monte Dorrego y se utilizó un aparato llamado georadar, que identifica remociones en la tierra. Efectivamente había habido movimientos en la tierra del descampado y del entonces destacamento. Estas medidas de prueba no significan nada en sí mismas, tampoco aisladas, sino como parte de una investigación que se desarrolla con celeridad, en la que una medida conduce a la otra. Pero para llegar a la siguiente, que fue el cambio de carátula de la causa y su traspaso al fuero federal, hubo que esperar hasta 2013. El tiempo relatado transcurre con rapidez, casi a toda velocidad en estas líneas, es que es una enumeración de acciones tan pequeñas -y mayoritariamente inconducentes- que son difíciles de ubicar con el grado de lentitud con que sucedieron.

Primero, como resultado de la reunión que la familia de Luciano había tenido con el entonces gobernador Daniel Scioli en agosto de 2012, y de forma tardía, el ejecutivo de la Provincia tomó la decisión de desplazar a los ocho efectivos sospechados por la desaparición de Luciano. Néstor Díaz, que se desempeñaba como subcomisario en la seccional 1 de Esteban Echeverría; el subcomisario Ariel Herrera, que prestaba servicios en la 4 de Morón; el subteniente Oscar Fecter, de la 1 de Lomas de Zamora; el subteniente Daniel Alberto Vázquez, de la 2 de Lomas de Zamora; el oficial Martín Monte, de un destacamento de Pompeya y Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, de las comisarías 1, 2 y 3 de Morón. El poder judicial, quedó demostrado, tiene una lógica conductista: se impulsa con estímulos. El estallido mediático del pase a disponibilidad de los policías desembocó en el cambio de carátula de la causa: con ocho sospechados fuera de la fuerza, averiguación de paradero sonaba una frase obsoleta. Desaparición forzada, sin embargo, tampoco fue una calificación muy a tono con los avances posteriores, que fueron casi nulos, pero al menos le pone nombre al delito ocurrido.

Esta misma nota, que salió publicada en La Retaguardia Papel Nº9 en enero de 2019

En este contexto, en abril de 2014 la familia presentó el segundo hábeas corpus -el primero fue el 3 de febrero de 2009 y fue rechazado- y fue desestimado en primera y segunda instancia. Es decir, con una causa que no tuvo ningún avance significativo orientado a ubicar el paradero del joven desaparecido, el poder judicial consideró que había razones para confiar en que la investigación lograría, en algún momento, todo lo que no logró hasta entonces. El juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1, el mismo que ahora tenía la causa de desaparición forzada, rechazó el hábeas corpus “por ser el objetivo de la causa 7.722/3 la averiguación del paradero de Luciano Arruga y los motivos de su desaparición”. El rechazo fue confirmado en segunda instancia, también el 25 de abril, por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y con los mismos argumentos. Ante la apelación de Juan Manuel Combi y Maximiliano Medina, entonces abogados por APDH de La Matanza y el CELS, el pedido llegó a la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py, que le dio curso favorable en un fallo histórico para el delito de desaparición forzada en democracia.

Por un lado, los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, plantearon que el entonces juez de la causa, el mismo que rechazó el pedido en primera instancia, no explicó en su respuesta “de qué manera y a través de qué prueba la investigación penal está siendo fructífera en la averiguación del paradero de Luciano”. Gemignani afirma que “Luciano Arruga (…) fue privado ilegalmente de su libertad física y ambulatoria por parte de autoridad pública” y denuncia: “a casi cinco años y seis meses del inicio de la investigación penal, NADA se supo acerca del paradero del menor, sumado a las serias irregularidades advertidas al comienzo de su tramitación”. Otra vez, se dirige a Juan Pablo Salas: “El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón, debe desplegar toda actividad investigativa conducente al esclarecimiento de los (delitos denunciados), removiendo al efecto todo obstáculo, administrativo o judicial, que impida una acabada y efectiva reconstrucción histórica de los hechos”. Gemignani también mencionó al poder ejecutivo de la Provincia y la Nación, expresó la adhesión a dar curso al hábeas corpus por Luciano Arruga, revocar los fallos previos que lo desestimaron y “ORDENAR al Juez del Juzgado Federal (…) Nro. 1 de Morón intimar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y sus representantes administrativos, al Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Casal, y al gobernador (…) Daniel Osvaldo Scioli, así como al Ministro de Justicia de la Nación, doctor Julio César Alak –conforme las previsiones del art. 11 de la ley 23.098-”. La ley 23.098 es la que detalla las características del hábeas corpus como garantía constitucional, y el artículo que evocó Gemignani –el Nro. 11- expresa la responsabilidad de las autoridades jurídicas para responder a un hábeas corpus ante una detención ilegal o desaparición forzada.

En síntesis, un fallo tardío y al que no debió haberse llegado impulsó las medidas que luego desembocaron en el hallazgo del cuerpo de Luciano. El 17 de octubre de 2014, luego de que Juan Pablo Salas ordenara revisar los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009, las huellas de un joven no identificado que había sido atropellado por un auto en la General Paz en esa madrugada coincidieron con las de Luciano. Este cotejo ya se había hecho, pero con fotocopias, así que no había habido coincidencia. El hallazgo destapó una olla de irregularidades obscenas: la autopsia lo describía como una persona de entre 25 y 35 años, cuando tenía 16, como alguien de tez blanca, cuando era muy morocho, y de mentón normal, cuando la dimensión de su mandíbula es lo que sobresale indefectiblemente en la imagen de su cara. Luciano fue atropellado por un auto, según testigos, mientras corría desesperado, como escapando de algo, por la vía rápida de la General Paz, a donde se llega trepando un terraplén empinado, mientras el paso peatonal está a la altura del suelo. También, según testigos, en la colectora del lado provincia había un patrullero de la Bonaerense con las luces bajas al que le hicieron señas luego del incidente, pero siguió su marcha. Luciano fue operado de urgencia en el Hospital Santojanni, donde su familia lo buscó en el mismo momento en que estaba allí, pero la respuesta fue que ningún NN coincidía con la descripción ofrecida. Finalmente, murió a las 8 de la mañana del 1 de febrero y tiempo después fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, donde permaneció cinco años y ocho meses. La familia dejó en claro siempre un planteo: no hay animosidad alguna contra el joven que lo embistió con su auto, que no lo vio hasta tenerlo muy cerca y que no esperaba ver a una persona corriendo en una zona vedada al acceso peatonal, que además cooperó siempre que tuvo la posibilidad y se puso a disposición de la investigación, antes y ahora, que permaneció dos días en una celda y fue liberado luego de que un Policía le dijera “quedás en libertad, mataste a un NN”.

Muchos pibes, pocos policías

Desde aquel momento hasta hoy, en la causa que tramita en el juzgado federal N° 1 de Morón, primero a cargo de Juan Pablo Salas como subrogante y actualmente a cargo de Martín Alejandro Ramos, declararon repetidamente los jóvenes del Barrio 12 de Octubre, amigos de Luciano, pero no los ocho efectivos señalados por la familia, ni todos los demás en funciones esa noche en comisarías cercanas, probablemente involucrados.

En paralelo, y también sometidos a las burocracias del Estado, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga consiguieron algo sin precedentes: la recuperación del destacamento policial donde se sospecha que Luciano estuvo antes de morir atropellado en la General Paz, y su puesta en marcha como un Espacio de Memoria. El primer sitio de torturas recuperado por hechos sucedidos en democracia. Allí funcionan talleres para niños/as y adolescentes, una biblioteca especializada en derechos humanos, una huerta, e infinidad de actividades culturales, sociales y de promoción de derechos. Para lograrlo tuvieron que hacer una vigilia pacífica con permanencia en el lugar, que estaba cerrado y con una medida de no innovar por no haberse realizado en él todos los peritajes correspondientes. Luego de permanecer allí más de 60 días a fines de 2013, consiguieron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizara el rastrillaje que terminó de descartar que allí hubiera más evidencia para recoger y que arrojó resultados negativos en cuanto al paradero de Luciano en ese lugar, previo al hallazgo del cuerpo en Chacarita. Una vez terminado el trabajo del EAAF, la familia pudo acceder al exdestacamento y fundar un sitio de memoria, militancia y encuentro, actualmente una referencia sin igual en La Matanza y el país.

Algo de justicia 

En mayo de 2015, el policía bonaerense Julio Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión por torturas contra Luciano Arruga. Vale aclarar que esta causa no está vinculada jurídicamente a la que investiga su desaparición forzada, aunque sí se ven lazos claros con la historia central. El 22 de de septiembre de 2008, Luciano fue detenido ilegalmente acusado por el supuesto robo de de un reproductor de mp3. Estuvo en el destacamento durante todo el día. El juicio reveló que Torales torturó a Luciano en aquella jornada. Además, dio cuenta de la persecución que el joven venía sufriendo y que tuvo su episodio final apenas cuatro meses después. Si bien la familia no denunció aquella detención ilegal ni las torturas, su hermana Vanesa Orieta lo acompañó esa misma noche a un hospital de San Justo donde se constataron las heridas que Luciano tenía producto de los golpes. Esa prueba, más el relato del sufrimiento de todo el día tanto de Vanesa como de Mónica Alegre, su mamá, fueron esenciales para la condena. Pero el dato más importante fue la voz del propio joven. Luciano les relató a ambas lo que sufrió en su detención ilegal. Ese relato, en la voz de sus mujeres más queridas, terminó condenando a Torales.

Amenazas

La circunstancia de la denuncia misma por la desaparición de Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador fue una amenaza. Vanesa Orieta se presentó en el lugar con una amiga, y ambas se sentaron en una oficina. Quien dialogó con ellas, lo hizo luego de poner su arma reglamentaria sobre la mesa. De allí se desprendieron una cadena de atentados a la seguridad de la familia y de quienes se organizaron con ella. Autos de civil y personas extrañas siguiendo todos sus pasos se hicieron costumbre. El primer episodio con algo de repercusión fue contra dos militantes que acompañaban la causa: mientras una recibía un llamado en el que se reproducía un audio de Vanesa, el otro atendía otro y sonaba, del otro lado, la marcha fúnebre.

Sin embargo, el primer sacudón llegaría meses después. El episodio a partir del que la familia identificó que no se trataba de ‘sustitos’ sino de vidas en riesgo, de enfrentarse a un monstruo y que ese monstruo fuera el Estado: una amiga de Vanesa fue secuestrada y llevada a una comisaría en la jurisdicción contigua a Lomas del Mirador. Fue golpeada y abusada. Años después, ella y su hermano fueron visitados por policías del destacamento de Lomas del Mirador, que les recomendaron que se fueran por un tiempo porque los iban a matar.

También fue atacado Mario, uno de los hermanos de Luciano, por dos policías, uno de civil, que lo increparon desde un auto de civil y sin patente. Se bajaron, lo arrinconaron contra una pared y le pegaron en la calle. Otra vez, alguien metió una madera en brasa por la ventana de la casa en la que Mónica (mamá de Luciano) vivía con Mario y Mauro, su hijo menor. La acomodó cuidadosamente en medio de una pila de frazadas. Los despertó el humo. Los quisieron matar.

A mediados de 2015, incendiaron el auto de Vanesa en la puerta de su casa. Fue un mes después de que la justicia condenara a diez años de prisión a Julio Diego Torales por las torturas cometidas contra Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición definitiva. Estas son algunas de las más graves amenazas que recibió el grupo de Familiares y Amigos de Luciano, pero son incontables las veces que el Estado les mostró su impunidad y sus herramientas para garantizarla.

La historia al cine

Si el caso de Luciano se convirtió en emblemático para dar cuenta de la problemática que sufren los pibes de los barrios populares de parte de las fuerzas del Estado, es lógico pensar que el cine aborde el caso. Algunas obras lo tomaron parcialmente (por ejemplo Nunca Digas Nunca, de producción colectiva, o Antón Pirulero, de Patricio Escobar) pero, en este caso, la cineasta Ana Fraile, junto a Lucas Scavino, da los toques finales a la película ¿Quién mató a mi hermano?, que si bien aborda la problemática general lo hace siempre con el foco en la historia de Luciano Nahuel Arruga. Fraile, realizadora de Un Fueguito -documental sobre su tío abuelo, el científico César Milstein- se vinculó con la familia de Luciano en 2014, a través del periodista Adrián Pérez. A partir de allí, comenzaron a registrar el recorrido de la búsqueda de verdad y justicia. La película promete imágenes del juicio al policía Torales nunca publicadas antes, y datos reveladores para la causa judicial. Se estima que podría estrenarse en los cines antes de mitad de año. Fraile vive ahora en Alemania, y a partir de estar dando los toques finales a la película sobre Luciano, pudo vincularse con familias de regiones tan distantes como diferentes: Pakistán, Colombia o Cachemira. En ellas halló historias gemelas de gente que, al menos por ahora, no se conocen entre sí.

"HÁGANSE CARGO DE LA VIOLENCIA SIN LÍMITES"

El jueves 12 de septiembre, en el marco de un paro por 48 horas de los trabajadores de la educación bonaerenses, una docente del Centro Educativo Complementario 801 del distrito de Moreno, Corina De Bonis, fue secuestrada en pleno día por sujetos que, luego de introducirla por la fuerza en un auto, la golpearon, le metieron una bolsa en la cabeza y la lastimaron escribiéndole dos palabras con un punzón afilado en la piel de su abdomen. 

"OLLAS NO" escribieron los torturadores en la panza de Corina, en alusión a la realización de ollas populares que se vienen realizando en las puertas de muchas escuelas de Moreno, que permanecen cerradas desde aquel siniestro jueves 2 de agosto en el que una explosión mató a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Sandra, vicedirectora de la EP N° 49, había denunciado pérdidas de gas en reiteradas ocasiones, pero no fue atendida porque el Gobierno de María Eugenia Vidal y Gabriel Sánchez Zinny está empeñado en una "guerra contra los docentes".

Desde SUTEBA (gremio al que está afiliada Corina De Bonis) se exigió anoche el repudio categórico por parte de Vidal. La Gobernadora declaró luego que con este secuestro y estas torturas "se ha traspasado un límite". Es una apreciación correcta, pero también debería considerar Vidal que en su empeño por desprestigiar el desempeño de los trabajadores de la educación bonaerenses, la gestión que encabeza no ha respetado límite alguno. Las mentiras que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha propalado en su increíble "guerra contra los docentes" alienta que los violentos que nunca faltan se sientan habilitados a prácticas propias de las dictaduras que seguramente añoran.

Repudiamos el ataque a Corina, y exigimos una profunda investigación, por parte del Ministerio de Seguridad provincial y el Poder Judicial, que lleve a la rápida detención de los torturadores.

 COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 13 de septiembre de 2018.

Caso Daniel Solano: “Vamos a ir por los autores intelectuales”

Lo dijo Sergio Heredia, uno de los abogados que llevó el caso representando a la familia, tras el histórico fallo en el que fueron condenados 7 policías a perpetua por el asesinato del joven salteño de origen guaraní, ocurrido en Río Negro. Heredia habló en el programa radial La Retaguardia, que conducen Fernando Tebele y Eugenia Otero, y celebró la sentencia, pero avisó que ahora van por los responsables empresariales y los encubridores. ¿El actual embajador en EE.UU. Fernando Oris de Roa, debería dar explicaciones en esta causa por haber sido vicepresidente de una de las empresas vinculadas al caso? "A mí interesa Expofrut, que puso un embajador?, respondió Heredia. (Por La Retaguardia)

Foto: Gualberto Solano, papá de Daniel, con Sergio Heredia, su abogado

La desaparición y asesinato de Daniel Solano se produjo el 5 de noviembre de 2011. El joven salteño viajó como trabajador “golondrina” de la empresa Agrocosecha, tercerizadora de Expofrut. Cuando quiso reclamar por la explotación salarial a la que estaban siendo sometidos él y sus compañeros, lo hicieron desaparecer. Fue asesinado y su cuerpo aún no se encontró, aunque según los abogados fue arrojado a un jagüel en Choele Choel, Río Negro. Fueron siete largos años, de lucha, acampes y sacrificios los que tuvo que atravesar su familia para alcanzar algo de justicia. Gualberto Solano, el papá de Daniel, falleció unos pocos meses atrás y no pudo escuchar la condena para los asesinos de su hijo. Tras la emoción del fallo, Sergio Heredia recordó a Gualberto y confirmó que cumplió con su promesa: “A Gualberto lo conocí el 5 de diciembre en Choele Choel. Tuve la terrible tarea de decirle, el día 7 de diciembre de 2011, que su hijo estaba muerto y que había sido asesinado por los policías. Él me creyó. Le prometí que íbamos a sentenciar a los asesinos y que nunca lo iba a abandonar. Lo llevé a él a que muera en Tartagal, (Salta). Llevé su cuerpo desde Salta hasta Tartagal. Voy a cumplir mi otra promesa. Voy a llevar el cuerpo de Daniel y los vamos a enterrar juntos”, aseguró el abogado.

Heredia, junto al otro abogado de la familia Solano, Leandro Aparicio, trabajaron de forma incansable para alcanzar la verdad y la justicia por el asesinato de Daniel. Los 7 policías condenados a cadena perpetua son Sandro Berthe, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello. Ahora, siguen por más: “Pensé en todo lo que sufrimos aquí en Río Negro. Sufrimos mucho. Fueron años de trabajar y dejar a mi familia, de pasar necesidades y yo no era un hombre acostumbrado a eso. Trabajamos con dedicación siempre manejándonos con la verdad. El trabajo dio su fruto, en parte. Tenemos condenados a estos policías y vamos a ir por los autores intelectuales, los encubridores y por el octavo asesino, Tomás Vera. En muchos aspectos del fallo, era como si yo mismo me escuchara. Estamos con fuerzas redobladas. Nos vamos a poner a trabajar para lograr más detenciones y volver a operar en el jagüel para sacar el cuerpo. Está ahí. Si decimos que está ahí es porque está ahí. Todo lo que nosotros dijimos se cumplió. Lo vamos a encontrar. Algunos policías se van a quebrar, van a decir qué pasó y cómo lo mataron” manifestó.

La ausencia del cuerpo de Daniel Solano no es motivo como para postergar la sentencia. Así lo entendió el Tribunal rionegrino presidido por María Evelina García Balduini y así lo explicó el abogado: “El cuerpo de la víctima es una parte del cuerpo del delito. Si vos te robás un sándwich y te lo comés, no quiere decir que haya desaparecido el cuerpo del delito. El cuerpo del delito es robar el sándwich. Eso quedó bien explicado. Hay una confusión de la prensa. El cuerpo del delito no es el cuerpo de la víctima. La Justicia ha tomado nuestra explicación”, contó Heredia y celebró el fallo: “Estamos satisfechos porque este fue un trabajo nuestro, todo nuestro. Todos los testigos fueron aportados por nosotros en una investigación exhaustiva. Ha sido muy satisfactorio saber que hicimos un trabajo correcto a pesar de todas las trabas que se nos pusieron, jueces corruptos y fiscales corruptos. Es una nueva esperanza. Había mucha alegría y mucha emoción en la gente. Trabajé 5 años durante las 24 horas. Sirvió. Lamento que Gualberto no haya estado. Él sabía perfectamente todo. Se murió por las injusticias que vivió”, lamentó.

¿Por qué no desaparición forzada?

Sergio Heredia diferenció el crimen de Solano de una desaparición forzada de persona. Aseguró que a Daniel lo mandaron a matar los dueños de la empresa donde trabajaba e insistió en su deseo de condenar a los responsables intelectuales: “Daniel Solano está muerto. Sabemos que fue asesinado. Queremos su cuerpo y lo buscamos. No pensamos esto de que el Estado se lo llevó con vida. Estos eran sicarios que actuaron para empresarios, no para el Estado. Actuaron para tratantes de personas que el Estado no controla, esa es otra cosa. Estos son delincuentes comunes, policías, que trabajaban para empresarios asesinos tratantes de droga y de cocaína. Si poníamos desaparición forzada como muchos querían desaparecía el tema de la parte empresarial. A mí me interesa Expofrut, que puso un embajador en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa. Esa es otra visión. Las organizaciones (de derechos humanos) supieron respetarla. Nosotros ahora queremos a los que lo mandaron a matar. Son Adrián Lapenta, Gustavo Lapenta y Pablo Mercado. Dueños de Agrocosecha. Traficantes de cocaína. Ya estuvieron presos en otras provincias. Vamos a buscar el cuerpo para recuperarlo, pero lo importante es condenar a los asesinos”, sostuvo el abogado de Solano en Radio La Retaguardia.

Respecto a Fernando Oris de Roa, que era vicepresidente de Expofrut al momento del asesinato de Daniel y actualmente es embajador argentino en Estados Unidos, Heredia dijo que “no se le debería haber aceptado el pliego” y que asumió porque así “son los intereses”. Lo definió como “gente que viene de afuera a explotar a nuestros obreros” y a través de mentiras y promesas de inversiones “vienen a llevarse la plata y a asesinar nuestra gente”. También señaló que los medios comerciales, sobre todo de Buenos Aires, “no lo quieren tocar” y que no publicaron el fallo “porque estamos tocando intereses”.

Heredia no dejó pasar la oportunidad para agradecer a quienes sí estuvieron y transmitieron durante toda la extensa lectura de sentencia, Nadia París y Fermín Martínez, integrantes de Radio Zona Libre: “Los queremos mucho”, les dijo y cerró con una reflexión para estos tiempos. París y Martínez están señalados en el informe del Ministerio de Seguridad acerca de las RAM, y además tienen una grave causa judicial abierta que ahora recaerá en manos del juez Gustavo Villanueva, que ordenó extraditar a Jones Huala a Chile y no investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Heredia cerró con una reflexión que los comprende pero que a la vez es general: “Todo está mal. Todo es una mentira. A los que decimos la verdad nos va mal, pero perseveramos”, cerró.

A 16 años de la Masacre de Avellaneda: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki : ¡Presentes!

Familiares de las víctimas encabezaron la movilización.

Darío Santillán (21 años) y Maximiliano Kosteki (25) militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD), y el 26 de junio de 2006 fueron asesinados por la Policía Bonaerense en el marco de una masiva protesta en el Puente Pueyrredón.

El 26 de junio de 2002 se llevó a cabo una masiva protesta de trabajadores para exigir subsidios al desempleo, entre otros, en el marco de una fuerte crisis económica.

Organizaciones sociales y políticas de Argentina se movilizaron para recordar el 16° aniversario del asesinato los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en manos de la policía bonaerense, en el marco de una represión a una protesta social.

El crimen es conocido con el nombre de Masacre de Avellaneda, y los familiares aún exigen justicia. Si bien los responsables materiales, el ex comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, cumplen cadena perpetua en una cárcel común, los familiares y las organizaciones reclaman enjuiciar a los responsables políticos.

Las organizaciones comenzaron a concentrase a partir de la 09H00 hora local en la estación de trenes que desde el 2013 lleva el nombre de los militantes asesinados, y a partir de las 12H00 iniciaron la marcha hacia el Puente Pueyrredón, que comunica la cuidad de Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires.

 Ahora en Puente Pueyrredón Darío y Maxi presentes! El puente es nuestro la yuta que los parió

Allí realizaron un multitudinario acto en el que habló el padre de Darío, Alberto Santillán, y Vanina, la hermana de Maximiliano.

En video difundido por Barrica Tv, Alberto Santillán expresó que "la justicia no mira para el lado de los políticos, que son los verdaderos responsables de la Masacre de Avellaneda. Uno de ellos es (Felipe) Solá, así como (Eduardo) Duhalde. Pero hoy Solá se está por presentarse como precandidato a presidente (...) el era el gobernador y sin embargo la justicia no lo ha llamado a declarar.

Más tarde se realizó un "pañuelazo" en favor de la legalización del aborto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será debatido en el Senado en agosto.

El prefecto que mató a Rafael Nahuel

El autor del disparo fue identificado pero sigue libre y sin ser indagado

El portal En estos días informó que ya fue identificado el Cabo Primero de Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, como quien realizó el disparo que alcanzó a Rafael Nahuel el pasado 25 de noviembre cuando los prefectos ingresaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. La información se hará oficial recién el viernes y mientras tanto el agente sigue en libertad y sin ser citado a declaración indagatoria.

Según la nota del periodista Santiago Rey, Pintos fue el prefecto que más disparos realizó durante el ataque a los mapuches. Fueron 40 detonaciones con una pistola Beretta y un subfusil MP5 y el agente recargó sus armas al menos en cuatro oportunidades. Una de las balas 9 milímetros del MP5 -identificado con el número de serie B 05-C335508- alcanzó a Rafael Nahuel por la espalda. 

Otros cinco prefectos que ingresaron al territorio tenían sus cargadores incompletos, por lo que también dispararon. Se trata del Marinero Sergio Damián García; el Cabo Segundo Carlos Valentín Sosa; el Cabo Primero Sergio Guillermo Cavia -cuyo proyectil quedó en la recámara-; el Cabo Segundo Juan Ramón Obregón; y el Ayudante Segundo Eric Fabián Blanco. Los prefectos habrían realizado en total 114 disparos, teniendo en cuenta los proyectiles faltantes en los cargadores.

A pesar de esas evidencias, el juez Gustavo Villanueva no resolvió aun avanzar en la citación para que declaren ni accedió a detenerlos para que no entorpezcan la investigación, tal como reclamaron las abogadas Julieta Wallace y Sofía Bordenave. El magistrado sostiene todavía la carátula de la causa como “Jones Huala, Fausto Horacio y otro S/ muerte por causa dudosa, usurpación y atentado agravado por más de tres personas”.

Acto homenaje a los uruguayos detenidos-desaparecidos 20/05/18

Acto por Memoria, Verdad y Justicia.  - Homenaje a  Z. Michelini, H. Gutierrez Ruiz Manuel Liberoff; W. Whitelaw, R. Barredo y todos lxs desaparecidxs de Uruguay

Santiago Maldonado : "Murió por culpa de los testigos mapuches"

La Gendarmería denunció por asociación ilícita y falso testimonio a quienes acompañaban a Santiago Maldonado

La hipótesis de Gendarmería, que realizó un operativo ilegal en la comunidad Pu Lof que terminó con la muerte de Maldonado, es que los testigos se aliaron para incriminar a la fuerza. Para la familia, la denuncia es “intimidatoria”.

Por Irina Hauser

La ministra Patricia Bullrich y la Gendarmería ahora les apuntan a los amigos de Santiago Maldonado.

Igual que en los comienzos de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería  se aferra a la estrategia del Gobierno de acusar a las víctimas. Mientras en la causa se desa- rrollan medidas claves para establecer la posible responsabilidad penal de los agentes en la persecución de un grupo de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen que tuvo como consecuencia la muerte del joven cuando acompañaba una protesta, la fuerza que responde a la ministra Patricia Bullrich presentó ayer una denuncia en la que pide que se investigue lo que considera una presunta asociación ilícita y tres supuestos falsos testimonios (de dos mapuches y un amigo de Maldonado) para generar una versión que la incrimine. El expediente está a cargo de la fiscal Silvina Avila, que también interviene en la causa sobre la muerte, y del juez Guido Otranto, que fue apartado de ese expediente por parcialidad. Desde enero tramitan otra denuncia en sintonía del Ministerio de Seguridad, que pone en duda ocho testimonios y sugiere una suerte de complot. “Es una denuncia claramente intimidatoria”, dijo a PáginaI12 Verónica Heredia, abogada de la querella de la familia.

En la causa que ahora está a cargo del juez Gustavo Lleral, y que debe determinar qué pasó y cómo murió Maldonado, se están llevando a cabo medidas centrales. Una de ellas es el análisis completo del contenido de los celulares de 20 gendarmes que estuvieron más cerca del río Chubut en la zona donde fue encontrado el cuerpo y que participaron de la persecución a los mapuches en el territorio. Se había hecho un análisis parcial de los aparatos, que arrojaba que habían estado apagados. El peritaje se amplió con una apertura total del contenido conocer el contenido y la llamada “georreferenciación”, que establece donde estaba  cada agente. Además faltan imágenes del operativo que la fuerza debería tener y aportar, en especial del lapso entre las 11.30 y las 13 del 1 de agosto, el momento que desaparece Maldonado. Y, está pendiente que el juzgado logre la declaración testimonial de un grupo de personas que el día de la persecución de Gendarmería estaba en la ruta 40, en el ingreso a la comunidad.

A esto se suman medidas en desa- rrollo pedidas por la familia, que todavía guarda grandes dudas sobre qué pasó con Santiago antes de que cayera al río. Se está peritando, por ejemplo, su documento de identidad, que estaba en muy buen estado pese a los 78 días transcurridos desde la desaparición y no estaba en una bolsa, pese a versiones que lo afirmaban. También se peritan billetes que tenía en la ropa. La autopsia indicó muerte por ahogamiento e hipotermia, pero la abogada Heredia señala que “no se determinó cuánto tiempo estuvo en el agua: da un rango, según distintos métodos podrían ser 53 días, más de 60 o 73, por eso nosotros seguimos sospechando solicitando medidas que ayuden a esclarecer, no sabemos si estuvo todo el tiempo en el agua”. “Su mochila nunca apareció –agrega– ¿y si tenía disparos de la Gendarmería?”

Ese es el cuadro de situación de la principal causa, frente al que el Ministerio de Seguridad primero y la Gendarmería ahora introducen sus denuncias. La Gendarmería  pide investigar a quienes, en su óptica, serían responsables de la difusión de lo que llaman una “falsa hipótesis” de que Maldonado había sido “desaparecido por personal” de la fuerza. Habla de rastrear autores intelectuales o materiales, en el ámbito de la comunidad, el judicial y los medios masivos. Y pone el foco en tres testigos: Matías Santana, Claudia Pilquiman y Ariel Garzi. Santana había relatado cómo la Gendarmería ingresó a la comunidad y persiguió a un grupo y que mientras algunos cruzaron el río a Santiago lo subieron a una camioneta de Gendarmería. Pilquiman es la mamá de Lucas, conocido como testigo E, quien dijo haber estado con Maldonado al momento de cruzar el río, pero que Santiago no cruzó. Claudia había estado con él también en la ruta. Garzi es un amigo de Santiago que hizo una llamada a su celular el 2 de agosto, que duró 22 segundos pero sólo hubo silencio. Heredia plantea que si la Gendarmería objeta que se analice posible desaparición forzada “no pueden investigar su denuncia la fiscal Avila y Otranto, porque ella propuso esa carátula para el expediente y él hizo lugar, además que ya fue apartado”. La carátula no cambió. 

La Gendarmería carga las tintas en los testigos y dice que la fuerza no tuvo ninguna responsabilidad. Es que eso es precisamente lo que se investiga y es ostensible que la fuerza ingresó con más de 50 agentes a la comunidad en un allanamiento ilegal y a los tiros. Alegaron un delito en flagrancia: que los mapuches les arrojaban piedras para rechazarlos, pero hasta ahora todo apunta a que las pedradas sucedieron una vez que los gendarmes estaban en el territorio. El único imputado es un gendarme, Emanuel Echazú, que puso defensor cuando se filtraron sus fotos con la cara ensangrentada y se supo que se peritarían las lesiones y su ubicación. Una foto satelital lo mostraba muy cerca del lugar donde fue hallado Maldonado. Una enfermera dijo que lo atendió dentro de la comunidad, no en la ruta como sostenía la fuerza. Pero en el doble juego de ser acusada y convertirse en acusadora, la Gendarmería además de todo querella por el corte de ruta del 31 de julio.

En el expediente sobre la muerte y la desaparición, que tiene el juez Lleral, la Gendarmería también se presentó con la estrategia de acusar y presionar: quieren que declaren los abogados de Naturaleza de Derechos que habían hecho la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que derivó en una advertencia al Estado argentino. Habían presentado relatos. Uno era el “testigo E”, Lucas Pilquiman, que según en ese texto decía que había estado con Santiago en los últimos momentos antes de cruzar el río pero que lo había agarrado la Gendarmería. Lucas, de 19 años, testificó ante Lleral con una citación que no fue notificada a las querellas. Describió la persecución de Gendarmería pero no fue exactamente igual, no dijo que se lo llevaron. Heredia pidió la nulidad y se la negaron. La Gendarmería busca un careo.

Hoy la causa no tiene definiciones. Faltan medias y declaraciones. “Quieren socavar los testimonios, intimidar a los más vulnerables. Quieren impedir que la gente que aún no lo hizo declare. Insisto con que peligra la investigación. Estas denuncias son actos que demuestran que la investigación es atacada por el propio gobierno”, advierte Heredia.

La denuncia del Ministerio de Seguridad también radicada en el juzgado de Otranto también cuestiona testimonios. Los mismos que Gendarmería y otros más, como el de Lucas. Hay otra causa con sentido similar  en Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, contra el constitucionalista Eduardo Barcesat, por acusar al Gobierno. La denuncia es del abogado Denis Pitté Fletcher. La causa la tiene el juzgado de Julián Ercolini. Barcesat hizo, en efecto, una denuncia contra el Poder Ejecutivo y Gendarmería por encubrimiento en la investigación de la desaparición de Maldonado, cuando era ostensible por dichos de la propia Ministra Patricia Bullrich y las intervenciones de sus funcionarios en el expediente, que clamaban por desligar a la fuerza con la causa en pleno trámite y sembraban pistas falsas y ofensivas para la familia de la víctima. Desde decir y plantear que Santiago podía haber herido a un puestero de la estancia de Benetton (algo desmentido luego por el ADN) hasta que estaba en Chile, o escondido. Entre otras anomalías, el defensor Fernando Machado denunció que las camionetas de Gendarmería usadas en el operativo fueron lavadas antes de ser peritadas. Aquella causa por encubrimiento la tuvo el juez porteño Rodolfo Canicoba Corral y en noviembre la Cámara Federal dijo que era incompetente. Debía mandarla a Esquel, pero allí en tribunales informan a este diario que por ahora no está en ninguna parte.

Documento Unificado de Familiares víctimas de la Represión Estatal. Jornada a 9 Años sin Luciano.

APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA·DOMINGO, 28 DE ENERO DE 2018

Las voces de los familiares, se han hecho escuchar como todos los años en esta Jornada que hoy a 9 años sin Luciano, continuamos exigiendo el derecho a saber la verdad frente a la Impunidad.

Nuestras voces mostraron como el encuentro con otras y otros nos facilita compartir el dolor, la bronca, la impotencia, como así también la lucha por justicia y la esperanza de mantener viva la memoria de nuestrxs hijxs, hermanxs, contribuyendo a crear conciencia sobre la represión estatal que recae sobre nuestros niños, niñas y adolescentes en los barrios más humildes. El plenario nos permitió dar visibilidad a lo que está pasando en los barrios a través de nuestra palabra. 

Consideramos que hay tiempos individuales y colectivos para atravesar el dolor, para poder compartirlo. Hoy vimos lo importante que es el respeto mutuo a los tiempos y necesidades individuales de cada unx de nosotros para la unidad y organización colectiva.

Creemos que la impunidad del pasado se relaciona con el accionar de hoy de las fuerzas de seguridad, por esto mismo entendemos que el pedido de Justicia, castigo a todos los responsables y el derecho a saber la verdad no sólo es nuestro derecho como familiares, sino también que es un derecho colectivo como sociedad.

Los distintos casos a lo largo y ancho del país que hoy nos hicimos presentes en esta jornada, dan cuenta de un accionar sistemático como política de Estado. En todas nuestras causas y la de nuestros hijxs y hermanxs hay complicidad de los distintos poderes del Estado, sumado a la criminalización por parte de los medios hegemónicos de comunicación cuando hablan de nosotrxs, de nuestros hijxs y hermanxs. 

La falta de justicia nos convierte a los familiares en verdaderos y únicos investigadores e impulsores de nuestras causas. Frente a esto soportamos el maltrato, las amenazas, la intimidación y hostigamiento. Ante el desamparo que se siente al comprobar que el Estado es Responsable, cuando debiera garantizar los derechos, resulta reparador para nosotrxs el apuntalamiento y apoyo que se genera entre los familiares.

Una vez más nos fortalece la contundencia y el valor de cada uno de los testimonios. Consideramos que tienen un valor indiscutible para seguir adelante en este proceso de crecimiento y empoderamiento en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y castigo a todos los responsables

A 9 Años sin Luciano como familiares víctimas de la represión estatal DECIMOS:

A LUCIANO, LO MATÓ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

BASTA DE FUSILAR A NUESTROS PIBES Y PIBAS.

BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS.

BASTA DE SECUESTRAR A LAS PIBAS DE NUESTROS BARRIOS PARA LAS REDES DE TRATA.

BASTA DE CAUSAS ARMADAS.

NUESTROS PIBES Y PIBAS NO SON PELIGROSOS, ESTÁN EN PELIGRO.

POR EL DERECHO A SABER LA VERDAD.

JUSTICIA POR NUESTROS HIJOS, HIJAS, HERMANOS Y HERMANAS.

EL ESTADO ES RESPONSABLE

FOTOS : Andrea Perez Gonzalo Zapata Jorgelina Araceli Mendez

Cobertura Especial - 9 años sin Luciano

(Por *Medios comunitarios, alternativos y populares)

Es imposible contar aquí todo lo que escuchamos y vimos. Es imposible. Fueron incontables los testimonios en la jornada a 9 años de la desaparición de Luciano Arruga. Cada nuevo evento trae consigo a nuevas familias de nuevos lugares del país, por eso es que el clima se debate entre historias desgarradoras, de dolor y bronca, y lugares de encuentro con una valía inconmensurable. Sergio Maldonado y Mónica Alegre, pero también las madres de víctimas de gatillo fácil haciendo trencito al ritmo de las Kumbia Queers y los niños y niñas prestándose a los juegos de Anda Calabaza. Por eso es una cobertura difícil que llevamos adelante Radio Zona Libre, Radio Presente, Radio Sur, Espantarrejas (FM Riachuelo), La Colectiva, Dtl!, La Tribu, Antena Negra, FM En Tránsito y La Retaguardia. Acá compartimos sólo una mínima parte de los testimonios que se oyeron a lo largo del día, tanto en la transmisión radial de la actividad como en el escenario y las distintas asambleas, y el registro fotográfico de Laki Pérez, y Agustina Salinas y Natalia Bernardes de La Retaguardia.

http://www.laretaguardia.com.ar/2018/01/cobertura-especial-9-anos-sin-luciano.html

Echazú, el único gendarme imputado en el caso de Santiago Maldonado, fue promovido a alférez

Emmanuel Echazú, el único gendarme imputado en el caso de Santiago Maldonado, fue promovido a alférez

Más que un ascenso es una provocación

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que no existe “ninguna restricción legal o reglamentaria” para ascender al uniformado. La familia Maldonado advirtió sobre el carácter provocativo de la decisión y pidió que sea revocada.

Por Adriana Meyer

El gendarme fue uno de los que persiguió a los mapuches y Maldonado hasta el río Chubut y resultó herido en su cara durante la represión.

El gobierno de Cambiemos, máxima autoridad jerárquica del gendarme Emmanuel Echazú, consideró que no existe “ninguna restricción legal o reglamentaria” y lo ascendió al grado inmediato superior de su promoción, es decir alférez. Esto es, la condición de único imputado en la causa penal por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado resultó un detalle irrelevante para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la hora de incluir al gendarme en los ascensos, publicados en el Boletín Oficial. Echazú se presentó en el expediente luego de que PáginaI12 publicara que los investigadores pretendían determinar si acaso la herida en su rostro había sido producida por los piedrazos de los mapuches, como dijo él, o pudo haber sido hecha por Maldonado en su defensa durante la represión a la protesta en Cushamen, el 1 de agosto. La familia del joven exigió que la decisión oficial sea revocada, en un comunicado que tituló “Impunidad en ascenso”. 

Echazú fue fotografiado subiendo una barranca con un arma larga en su mano, a metros del lugar donde Maldonado fue visto por última vez con vida. Podría decirse que está a ambos lados del mostrador porque en otra causa abierta por el corte de ruta pretende ser querellante aduciendo que fue herido por los manifestantes, en tanto la fiscalía federal de Esquel ratificó que en la causa por la desaparición forzada de Santiago está en condición de “imputado” 

En su sitio web los Maldonado indicaron que la decisión es “como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago”. Y agregaron: “El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas”. Por esos motivos expresaron que “la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos”.

Para Gendarmería tampoco hubo ninguna “irregularidad” que impidiera el ascenso de Echazú, quien mintió sobre su ubicación en el escenario represivo de aquella mañana, cuando cuatro escuadrones reprimieron en el territorio recuperado la protesta por la libertad de su lonko, Facundo Jones Huala, con un breve corte de la ruta 40. 

En las declaraciones internas ante Daniel Barberis, secretario de Violencia Institucional del ministerio de Seguridad, el 16 de agosto Echazú asegura haber identificado al cabo Darío Zoilán, pero también divisa a otros que se encontraban en la orilla del río. Sin embargo esos “otros” aseguran, en sus declaraciones ante el juez Guido Otranto, no haber visto a Echazú en el río. Además de las contradicciones en que incurrieron, finalmente fueron desmentidos no solo por las fotos y videos del operativo sino por una de sus pares: La gendarme Yanina Saldaño, encargada de la toma de imágenes, dijo que el sargento Orlando Yucra sacó fotos al herido Echazú “que estaba cerca del río”.

Habla Echazú 

“Si Maldonado se entregaba estaría vivo”, dijo el ascendido gendarme al diario Clarín, que así tituló la entrevista publicada en la edición en papel el 3 de diciembre. Parecía casi una confesión de parte, por lo cual la versión digital fue modificada: “Si lo hubiéramos visto ahogándose lo habríamos ayudado”. Según la nota, “el gendarme detalla que fue impactado por una piedra estando afuera del predio” en Cushamen. Es un dato clave en la causa Maldonado porque su lesión representa uno de elementos de peso para alegar, por parte del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que hubo un ‘delito en flagrancia’”. Sin embargo, del expediente surge que Echazú fue herido cuando ya habían decidido avanzar hacia el predio a cazar a los manifestantes. Lo dice el propio Echazú en el acta de procedimiento que firmó a las 15:30 del 1º de agosto. “En el momento de ingresar al predio, dos (2) efectivos de la fuerza recibieron impactos de piedras”. Echazú era uno de los que lideraba el ingreso. Ya había cesado el corte de ruta, o sea que el operativo que terminó con la muerte de Santiago fue totalmente ilegal. 

El premiado alférez mantuvo un diálogo revelador con su compañero de armas Daniel Gómez, a las 14.09 del 31 de julio:

Gómez: No la llames (a la secretaria del juez). Esperemos el oficio. Yo lo que voy a poner ahora es que hablé con vos, que vos me dijiste que hablaste con la Silvina Salvaré, que manifestó que en breve enviará un oficio “para actuar en consecuencia…

Echazú: …en caso de ser necesario.

Gómez: Exacto. Después yo me cubro con el tema del tiempo que no hice un carajo… Vos conseguime todas las escopetas esas, y las que yo tengo acá y te despejo la ruta, no tengo drama. Cuando forme 50 negros con escopetas atrás, ni bola que van a revolear piedras estos. A la nuca…

Echazú: Listo, listo.

Gendarmería finalmente conseguiría el oficio. Aunque no sería para ingresar al territorio sino sólo para despejar la ruta.

Rafael Nahuel fue asesinado con una bala 9 mm, como las de Prefectura

“El proyectil alojado en el tórax de Rafael Nahuel es una 9 milímetros, y es compatible con las utilizadas por Prefectura”, lo reveló la autopsia practicada por la Justicia.

12. País 28/11/2017 Por Redacción La Nueva Mañana

Rafael Nahuel Política argentina Esta tarde en el cementerio municipal, familiares, amigos, comunidades mapuches y organizaciones sociales despidieron los restos de Rafael Nahuel - Foto: Política Argentina.

La justicia federal  dio a conocer el resultado de la autopsia del joven Rafael Nahuel, y confirmó que fue asesinado por la espalda tras recibir un balazo que le atravesó los intestinos, el hígado, el diafragma y el pulmón, ocasionando una hemorragia interna en el cuerpo del joven.

Rafael era miembro de la comunidad Lafken Winkul Mapu, y falleció el pasado sábado en Villa Mascardi, tras recibir un balazo por la espalda que le afectó órganos vitales. El examen realizado por la justicia de Río Negro, demostró que la bala ingresó por el glúteo izquierdo.

"Ya no quedan dudas: Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Así lo revela la autopsia", informó el medio barilochense "En Estos Días", que además sostuvo que "fuentes con acceso a la causa abierta por el asesinato, confirmaron que el proyectil alojado en el tórax de Rafael es una 9 milímetros, compatible con las utilizadas por Prefectura".

Estas declaraciones, coinciden con las de la comunidad Lafken Winkul Mapu a los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la que denuncian que fueron corridos ladera arriba con disparos de armas de fuego de la fuerza federal, y difiere de la versión del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que en un informe oficial sostuvo que los efectivos sólo realizaron "disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes".

Fuentes con acceso a la causa abierta por el asesinato, confirmaron que el proyectil alojado en el tórax de Rafael es una 9 milímetros, compatible con las utilizadas por Prefectura.

Tras la balacera, Fausto Jones Huala y Alejandro González bajaron hacia la ruta con Rafael cargado y en gravísimo estado. Ambos fueron detenidos y Rafael falleció.

En las próximas horas el cuerpo del joven será entregado a la familia para que puedan despedirlo y acompañarlo en el velatorio.

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN

En un nuevo escenario político ante la profundización de las violaciones a los derechos humanos llevada adelante por el gobierno de Macri y los gobernadores estamos realizando este 2do Encuentro Nacional de DDHH contra la Impunidad y la Represión,  los días 25 y 26 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires.

Planteamos este segundo encuentro como herramienta para articular colectivamente las respuestas ante el avance de la represión y la criminalización de la protesta social.

Los organismos de Derechos Humanos convocantes afirmamos que el Estado es el responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, y el único responsable de las violaciones de todos y cada uno de ellos. Es por ello que quienes lo denunciamos y lo enfrentamos debemos ser independientes de todo gobierno de turno.

Con este segundo Encuentro buscamos construir más lazos de solidaridad, compromiso de acciones comunes, y una respuesta organizada e independiente en materia de Derechos Humanos. Porque entendemos que, así como fue nuestro pueblo con sus luchas históricas quien conquistó sus derechos ,es de nuestro pueblo de donde debe salir la respuesta que impida que nos arrebaten la libertad la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la niñez, la vejez, y una vida digna.

Objetivos:

Generar un espacio de coordinación a nivel nacional de organizaciones para la defensa de las libertades democráticas y denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos

Promover la conformación de espacios de coordinación regional (NOA, Sur, Cuyo, NEA)

Poner en común, analizar y denunciar la situación actual represiva y de impunidad en Argentina

Comisiones de trabajo

1- Niñez y Juventudes. Políticas Públicas Represivas

2- Represión en lugares de encierro: Prácticas Punitivas en cárceles e institutos de menores.

3- Represión /Tierra Pueblos originarios y campesinos/ cuestiones socio-ambientales

4- Represión tierra y vivienda en zonas urbanas

5- Represión a los que luchan

6- Impunidad y genocidio -Juicios

7- Impunidad de hoy/Poder Estado y Corrupción

8- Trata, Género y DDHH

9- Migración

10- Medios y Derechos Humanos

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Francia dirá el 19 de octubre si extradita a Argentina a Mario Sandoval

París, 14 sep  El Tribunal de Apelación de Versalles se pronunciará el próximo 19 de octubre sobre la extradición a Argentina del expolicía Mario Sandoval, reclamado en su país por crímenes contra la humanidad durante la dictadura, anunciaron a Efe fuentes judiciales.

La Fiscalía confirmó en una audiencia para examinar esa demanda su posición en favor de que Sandoval sea entregado a Argentina para que responda allí ante la justicia por la desaparición del estudiante Hernán Abriata, que fue detenido en la casa de sus padres en Buenos Aires el 30 de octubre de 1976, y del que no se tienen noticias desde entonces.

El fiscal hizo hincapié en que se trata de un delito de secuestro continuado en la medida en que no se conoce la suerte de Abriata ni ha aparecido su cadáver, por lo que no cabe alegar la prescripción.

Además, también se refirió a una legislación reciente en Francia sobre los delitos disimulados -que se aplicaría a este caso-, que también tiene implicaciones sobre la prescripción.

La abogada de Argentina, Sophie Thonon, explicó a Efe que presentó esos mismos argumentos en su alegato, en el que insistió en que Argentina da la calificación de crimen contra la humanidad a la desaparición por la que reclama a Sandoval (64 años), que se encuentra en libertad bajo control judicial.

El abogado de la defensa cuestionó que Sandoval sea la persona a la que Argentina busca en el caso de Abriata, pues hay un error en la identidad, y mantuvo que los hechos están cubiertos por la prescripción.

Su cliente no quiso añadir nada a lo dicho por su letrado cuando la presidenta del tribunal le dio la palabra.

Este asunto llegó a la jurisdicción de Versalles después de que el Tribunal Supremo de Francia anulara en febrero de 2015 un dictamen del Tribunal de Apelación de París que un año antes había dado luz verde a la extradición de Sandoval pero únicamente por la desaparición de Abriata, y no por las otras acusaciones por las que también lo reclamaba Argentina.

Una portavoz de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presente en la audiencia de hoy comentó a Efe que espera que los jueces en Versalles se hayan convencido de que esta desaparición es un crimen de carácter continuado al que no se puede aplicar ninguna prescripción.

La portavoz también insistió en que es hora de que Argentina pueda juzgar a Sandoval para determinar su responsabilidad. 

A 15 años de la masacre de Avellaneda: Darío y Maxi PRESENTES

El EMVyJ convoca junto al FPDS al Puente Pueyrredon. El domingo próximo jornada cultural y vigilia toda la noche, el lunes tomamos el puente, hablan Vanina, Alberto y luego leeremos el documento central

A QUINCE AÑOS SEGUIMOS RECLAMANDO JUSTICIA
CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA POLÍTICA REPRESIVA DEL GOBIERNO DE MACRI Y LOS GOBERNADORES
¡DARIO Y MAXI VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO!

QUINCE AÑOS DE IMPUNIDAD: EL ESTADO ES RESPONSABLE
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: EDUARDO DUHALDE – ANÍBAL FERNÁNDEZ -FELIPE SOLÁ-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ-ALFREDO ATANASOFF-LUIS GENOUD-JORGE MATZKIN -OSCAR RODRÍGUEZ.

ASOCIACION DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS