Alberto Ledo :¡¡Presente !!

Genocidas ocupan cargos en el Ministerio de Defensa

Un grupo de militares fueron designados por decreto por Mauricio Macri a cargo de áreas del Ministerio de Defensa que, salvo en la dictadura, ocupan civiles. Justamente, se trata de militares denunciados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Gloria Pagés

Las repudiadas declaraciones de Darío Lopérfido pasaron a ser el discurso con el que se preanunciaban a graves hechos que se conocieron en el día de ayer. Ya no es el relato reconciliador con los genocidas, la vuelta al discurso negacionista del terrorismo de estado a través de la teoría los dos demonios. Se trata en este caso del nombramiento en el Ministerio de Defensa de militares que fueron parte de la dictadura.

Como lo fue César Milani a cargo del Ejército hace hace no mucho, hoy en Defensa circulan genocidas que no hay sido siquiera procesados pero sobre quienes pesan importantes denuncias.

Con el cargo de Director General de Política Internacional de Defensa, se designó, obviamente por decreto, a un coronel retirado, Osvaldo Hipólito Jesús Tosco. Este cargo de conducción, salvo en la dictadura, fue ocupado por personal civil.

Además, dos subsecretarios (cargos que también eran civiles) de esa cartera son también coroneles retirados: Eduardo Thenon, es ahora subsecretario de Formación y Hugo Patricio Pierri asumió al frente de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar.

Hay que señalar que ninguno de estos ascensos y nombramientos pasaron por el Senado y algunos de ellos ya habían sido objetados años atrás.

Tosco está implicado en lo que fue la antesala al genocidio, el Operativo Independencia en Tucumán, y fue destinado en el hoy departamento de Lules, que en 1975 era parte de Famaillá, y donde funcionaba un Centro Clandestino de Detención que es investigado por 25 desapariciones. Años después, Tosco es destinado al GADA 601 (Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea) en Mar del Plata como instructor. La instrucción, justamente, era sobre métodos de tortura, y así fue denunciado por conscriptos.

Con respecto a Hugo Pierri, existen denuncias por las que sus pliegos de ascenso quedaron trabados en el año 2013. Es que se habían recibido denuncias que lo implicaban en 2005 en actos intimidatorios contra fiscales, integrantes de la Comisión de la Memoria de Corrientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense cuando, en la localidad de Paso de los Libres en Corrientes, que se dirigían a realizar una investigación en un predio ocupado por el Ejército, Pierri y sus hombres, con fusiles FAL y las caras pintadas, les impidieron el paso, alertados de antemano sobre la presencia de los organismos. Según Pierri, que en ese momento era, estaban haciendo “ejercicios militares”.

Estos nombramientos, en línea con lo que no nos cansaremos de denunciar como una política clara que pretende reconciliarnos con los genocidas (con antecedentes recientes en nombramientos en el gobierno de Jujuy, en la AFI como también en Defensa) tenemos que enfrentarlos con la movilización y la organización. La apertura de los archivos, tarea pendiente desde el 83 a esta parte, es una demanda urgente para conocer la verdad sobre todos los genocidas y avanzar en el juzgamiento de los miles que quedan impunes y muchísimos de ellos reciclados y en funciones.

Este próximo 24 de marzo, a 40 años años del golpe genocida, marcharemos junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy.

por lo menos, a otros dos coroneles retirados en niveles de subsecretarios. Ambos fueron designados por decretos publicados en el Boletín Oficial, uno como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar y otro como subsecretario de Formación ambos dependientes de la Secretaria de Estrategia y Asuntos militares, actualmente a cargo de Angel Tello, primero funcionario de la Alianza en Defensa, luego viceministro de Horacio Jaunarena durante el duhaldismo, por entonces fervoroso activista de la actuación militar en cuestiones domésticas. Antiguos funcionarios de la cartera sostienen que la designación de militares en estos puestos no sucedía desde la última dictadura militar.

Entre los militares promovidos además de Tosco, está el coronel retirado, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. Y en la última semana fue nombrado Antonio Marcelo Serangeli como subsecretario de investigación, desarrollo y producción para la Defensa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción un área con incidencia en Fabricaciones Militares. Serángeli que también es presentado en el boletín oficial como “licenciado”, revistaba en 2011 como comandante del Batallón de Infantería de Marina 5 en Río Grande.

Milani, acusado por dos sobrevivientes

La Fiscalía federal de La Rioja recibió una querella penal contra el jefe del Ejército, teniente general César Milani, por el supuesto delito de "genocidio". La presentación fue hecha por el abogado Matías Auferi, representante de Plutarco y Oscar Schaller -padre e hijo-, ambos exprisioneros políticos.

Oscar, quien estuvo detenido un mes en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja, denunció que Milani "fue el último de sus captores que ve, pero no sabía de quién se trataba y recién lo identifica cuando es elegido jefe del ejército".

Auferi también pidió la reapertura de los archivos de la represión ilegal porque, dijo, "sabemos que existen en poder del Estado, y pedimos que se desclasifiquen". El abogado afirmó que "todos los caminos de los denunciantes conducen a probar la participación determinante de Milani como pieza del plan genocida que nosotros denunciamos en conjunto".

Explicó asimismo que "nosotros pedimos imputación por el delito de genocidio que, según los tratados internacionales, engloba privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, por ser realizados por funcionarios públicos, y allanamiento ilegal", entre otros delitos.

Por su parte, Alejandra Barry -hija de desaparecidos- advirtió que acompañaba la querella presentada por la familia Schaller para evitar que "sobresean o le otorguen falta de mérito" al actual jefe del Ejército, quien, denunció, tiene la estrategia "presentarse ante casos aislados y decir que él no tiene nada que ver". Recordó que Milani "mintió ante el informe del CELS", cuando dijo desconocer que en la rioja hubiera existido un centro clandestino de detención.

Barry consideró que "la Justicia tiene que avanzar (...) para que Milani vaya a juicio oral y se comprueben las denuncias". "En el caso de Milani las pruebas son tan contundentes que no se explica que hoy esté como jefe del Ejército si no es con un apoyo político y judicial absoluto", acotó.

En tanto, el juez federal Julián Ercolini desestimó la denuncia contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, realizada por los senadores radicales José Cano, Gerardo Morales y Silvia Elías de Pérez, por la presunta protección a Milani, a raíz de que el fiscal riojano Horacio Selman no acusó a Milani en su oportunidad en la causa que investiga el arresto ilegal de Ramón Alfredo Olivera en marzo de 1977, hecho que se suma a la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, quien estaba bajo su órbita en el momento de su detención.

Caso Milani: carta abierta al juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena

Una misiva de un médico y ex integrante de la CPDH
Luego de la gacetilla publicada desde el Ejército, en la que Milani intenta defenderse de las acusaciones.

El médico y ex integrante de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, Jorge Mercado Luna, escribió una carta pública al juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena, a propósito de la causa por delitos de lesa humanidad que involucra al actual jefe del Ejército, César Milani. En la misiva enviada, Mercado Luna reproduce el testimonio de Alfredo Ramón Olivera, llevado por el propio Milani a firmar una declaración que no formuló, mientras era un detenido político. En esta nota, la carta completa. “Respetuosamente me dirijo a usted como un ciudadano que tuvo el honor de integrar la Comisión Provincial de los Derechos Humanos de La Rioja (CPDH). Lo hago impulsado por un imperativo de conciencia ante las numerosas publicaciones en los medios de información provincial y nacional, referente a las denuncias contra el teniente General César Milani, formuladas por Alfredo Ramón Olivera, radicada en el Tribunal Federal de La Rioja.

Hace unos días, el propio Milani en un comunicado inusual del Ejército por medio de una gacetilla; se defiende y cuestiona al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también critica “las graves irregularidades” de la tramitación judicial, en particular la actuación del fiscal Darío Illanes, al que acusa, entre otras cosas, de tener relaciones con el diputado cordobés Luis Juez, con estar muy comprometido con organizaciones de derechos humanos y de haberle impedido ejercer “de manera real y efectiva el derecho de defensa”.

El comunicado militar coincide y usa iguales frases amañadas de su abogado Narmona y del fiscal Horacio Salman para argumentar su inocencia. Este fiscal, en enredada actitud, pretende beneficiar al militar, actuando como si fuera su abogado defensor al afirmar muchas inexactitudes, omitir fehacientes pruebas y esgrimir un conjunto de errados argumentos que contradicen la verdad histórica reconstruida a lo largo de tres décadas en el proceso de memoria, verdad y justicia. Sin ninguna razón válida pone en duda el valor de los testimonios de las víctimas y privilegia las justificaciones del teniente General Milani, más las ideadas por él.

Tanto Milani como Salman parecen unirse para representar “el mundo al revés” (el denunciante, pasa a ser denunciado), aseverando entre inaceptables y tergiversados paliativos “que no existe ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja, que mencionó el apellido Milani”.

A causa de esta falsa afirmación y viendo que el gobierno de La Rioja, por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos se mantiene callado y no sale a aclarar ni allegar pruebas, es el motivo y la misión de esta carta: reafirmar, que si existen comprometidas y fehacientes acusaciones al Militar, efectuadas y firmadas por el señor Ramón Alberto Olivera, DNI 11. 496.732 -presentadas ante la CPDH, receptada, firmada y sellada por el secretario de Actuación, Cipriano Horacio Navazo, el 21 de agosto de 1984, siendo las 18.15, legajo Nº 21 compuesto por trece páginas, asentada en el Tomo 2 Volumen 1 de los Testimonios Recibidos por la CPDH en el año 1984-.

Allí figura desde hace 30 años, verdaderamente nombrado cuatro veces por su grado militar y apellido. Olivera narra de manera patética cuando es interrogado en la cárcel: atado, vendado los ojos, torturado de diversas maneras y obligado a firmar “su exposición” sin leer lo escrito. Cuenta que “al día siguiente por la tarde, iría a declarar ante el juez Federal: ‘me transportan en un auto de la Policía provincial. A mi lado va el teniente Milani, al que reconozco por ser el que realizó el allanamiento y llevar detenido a mi padre... Entro a la sala donde voy a declarar y conmigo lo hace el teniente Milani, el que no se retiraría en ningún momento de la sala. Nos recibe el secretario del Juzgado Armatti. Me invita a sentarme y al lado mío lo hace el teniente, el que inmediatamente entramos, comenzó a increparme... Mientras el secretario escribe, conversa con el teniente Milani, preguntándole de su ascendencia, por este motivo es que sé su apellido, que luego traté de retenerlo... El secretario va leyendo lo que dice que yo declaré anteriormente en la cárcel. Ante todo, lo que hago es mostrarle, levantándome la bocamanga del pantalón, las huellas del intenso castigo que había recibido y le digo que escriba que fui torturado, contestando que no lo va hacer porque cuando vuelva a la cárcel va a ser peor y desde ese momento no me prestó atención a lo que yo podía decir... Leyó todo lo que declaré en la cárcel. El teniente Milani permanecía a mi lado, y en los momentos que Armatti escribió, el podía acusarme de alguna cosa. Recuerdo algo así: ‘nosotros a vos te cortamos la carrera justo’... Se refería, supongo, a la carrera de guerrillero. No recuerdo otras acusaciones, pero si el gran odio con que hablaba”.

Esta declaración de Olivera cuenta: Cuando policías y Milani lo trasladan, que éste no se separa de él en ningún momento, ni siquiera en la sala del Juzgado. Que Milani se inmiscuía en el interrogatorio, refiere las amenazas y hostigamientos, afirma reconocer al teniente cuando secuestró a su padre. Explica por qué se entera de su apellido Milani, deja constancia la negación a escribir las denuncias de torturas en la cárcel, llegando a mostrar las huellas de las mismas y continúa describiendo el desarrollo del interrogatorio clásico: si conoce a un desaparecido Heredia, a una jovencita Matta, a Schaller si viajó al Chaco y las infaltables preguntas sobre qué relación tenía con el obispo Angelelli.

Toda esta historia ocurría hace 30 años; la que está protagonizada en parte por el joven y olvidadizo teniente César Milani.

Es un testimonio que debe llegar a la opinión pública, para conocer un pasado nefasto y que obtenga sus propias conclusiones. En ese testimonio 21, también está acusado el funcional juez de la dictadura Roberto Catalán, y otros cinco represores, revelando nombres y apodos, el accionar de los mismos y hasta indicando los domicilio de cada uno. Además, el vía-crucis por diversas cárceles, la pérdida de su trabajo y de sus estudios de maestro mayor de obras, y analiza desesperanzado la gran defraudación de la justicia de ese tiempo. Deseo que en estos tiempos de democracia, apuntalada por una verdadera justicia independiente, Olivera vuelva creer en ella. Para eso señor juez Herrera Piedrabuena: mucho depende de su delicada y correcta actuación.

El trabajo realizado por la CPDH no fue un juego ni un pasatiempo. Constituyó una desgarradora y patética denuncia pública, para que la justicia como corresponde, procediera con premura.

Toda la labor de la CPDH de La Rioja, esta plasmado en tres grandes tomos titulados “Informe final y documentos elaborados” y “Testimonios recibidos”, en donde figuran 161 legajos con denuncias, los que ya llevan tres décadas y todavía siguen esperando que llegue su majestad la justicia. Es de esperar que no se cierre la causa, propuesta de alguna manera por el señor fiscal Salman al afirmar prematuramente: “No hay nada de nada, porque no hay nada”, sin investigación seria y exhaustiva, habiendo muchas denuncias y ocultando pruebas como la declaración de Olivera realizada hace 30 años y que el fiscal bien las conoce, por haberlas leído en los textos originales de la CPDH, cuando los solicitó prestado a la Biblioteca Mariano Moreno, luego de la sorpresiva presentación de Milani en el Juzgado Federal de La Rioja.

Amparado en las garantías que debe brindar una justicia independiente: Milani debe tener la oportunidad y el derecho de defenderse en juicio “de manera real”, como escribe en la gacetilla militar. Pero también, sin los justificativos incongruentes del fiscal Horacio Salman, que al parecer pretende impedirlo.

Señor juez federal: por la trascendencia de este tema, todos los ojos del país están puestos en su actuación; la que deseo sea un ejemplo de lo que es justo, en salvaguardia de la salud republicana, del honor militar de las Fuerzas Armadas que no merecen tener un jefe sospechado, y del propio gobierno que saldrá fortalecido.

Lo saludo atentamente.

Jorge R. Mercado Luna
Médico, ex integrante de la CPDH.

El general Milani y las pruebas de su infamia

Las fojas que revelan la participación del jefe del Ejército en la dictadura. Miralas acá.

por  Fabián Kovacic

Dos fojas tipeadas a máquina, que sobrevivieron treinta años de injusticia, se transformaron en la prueba de cargo que puede sepultar la carrera del general César Milani. El documento ya está en manos de la justicia federal, pero jamás fue exhibido en los medios de comunicación.

Corría 1984 cuando se conformó por decreto del gobernador Carlos Menem, la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH) en La Rioja para documentar la devastación de la provincia con más desaparecidos y detenidos políticos del país, de acuerdo a su densidad de población.

Se reunieron en condiciones precarias días tras día durante ocho meses, con escaso personal, pocos insumos y un clima político sumamente denso. Los militares presionaban a la democracia, los servicios de inteligencia conspiraba contra el poder electo y el terror heredado de ocho de dictadura transformaba las condiciones de trabajo en una verdadera epopeya.
Treinta años después, dos hojas de papel escritas con métodos ya obsoletos y en condiciones precarias son la prueba contundente de la participación de Milani en la represión ilegal. Allí está plasmado el testimonio del ex detenido desaparecido Alfredo Olivera y te lo presentamos por primera vez en su versión versión original.

ARG Noticias accedió en exclusiva a las fojas en las que el ex detenido Alfredo Olivera –el primero en denunciar a Milani en 2013 por su participación en la represión militar- revela las condiciones en que el entonces teniente Milani lo condujo a prestar declaración ante el juez federal riojano Roberto Catalán, hoy condenado por complicidad con la represión ilegal.

Cristina Fernández recibió en La Rioja el informe de la CPDH y sin embargo en él no aparecía el nombre de Milani acusado por sus víctimas. Con esa explicación la mandataria desacreditó las acusaciones del ex detenido Olivera y de la Madre de Plaza de Mayo, Marcela Ledo, madre del soldado desaparecido bajo responsabilidad de Milani.

ARG Noticias dialogó con Jorge Mercado Luna, uno de los integrantes de la CPDH que tomó testimonios a los ex presos y los familiares de las víctimas. "Usted no se imagina la presión con que trabajábamos. No fuimos amenazados nunca, pero el clima era muy complejo. El gobierno nacional estaba permanente jaqueado por operaciones políticas, militares y de la SIDE (servicios de inteligencia). Nosotros trabajábamos sin herramientas ni personal en un espacio muy reducido por donde desfilaban incesantemente ex presos y familiares tratando de contar todo sus drama y dolores", explicó.

En relación a la omisión del nombre de Milani en los documentos entregados a Cristina Fernández y las copias circulantes abreviadas, recuerda. "El personal que se dedicaba a escribir los informes apenas si podía con tantos nombres, se perdían fojas y a veces hasta hubo que reconstruir declaraciones. La omisión de Milani, probablemente se deba a la desorganización con que trabajamos esos meses de 1984. Pero finalmente en los documentos originales aparece y eso es lo válido. De eso no hay dudas", ratificó.

Las copias a las que accedió ARG Noticias pertenecen a los expedientes sobre violaciones a los derechos humanos que están en custodia del Poder Judicial, el Congreso y la Gobernación de La Rioja. Son pruebas contundentes que, en el futuro cercano, terminarán con la carrera en zig zag de un militar acusado de represor que llegó hasta la cúspide del ejército argentino.

Milani condiciona su salida : no quiere ir preso

El jefe del Ejército, César Milani, se encuentra negociando en este momento, a contrarreloj, su paso al costado, en medio de la polémica que se generó por su presunta participación en la última dictadura militar. Según informaron fuentes de la Armada , Milani estaría dispuesto a dejar su cargo a cambio de que se le garantice que no irá a prisión.
 
Recordemos que el viernes pasado Milani volvió a presentarse ante la Justicia Federal luego de que se lo vinculara con la perpetración de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Luego de asistir al juzgado de La Rioja para negar tal acusación el miércoles, el militar hizo lo mismo en el juzgado federal de Tucumán.
 
Tras ser autorizado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe del Estado Mayor del Ejército se presentó espontáneamente ante el juez Raúl Daniel Bejas, con la finalidad de "ponerse a su total disposición", informaron mediante un comunicado.
 
Milani fue acusado de participar del Operativo Independencia, ocurrido en esa provincia en 1975 con el objetivo de combatir un "foco revolucionario" en el monte tucumano.
 
Además, Milani es mencionado en un testimonio del Informe Final, versión 1984, elaborado por la Comisión Provincial de Derechos Humanos como teniente de inteligencia que participó en el secuestro de Alfredo Olivera y de su hijo Ramón.
 
Los ex detenidos políticos de la dictadura afirman, además, que Alberto Ledo, conscripto desaparecido en 1976, era ayudante de Milani cuando fue trasladado a Tucumán durante el Operativo Independencia y nunca se supo más de él.
 
Familiares de Ledo y ex presos políticos de La Rioja pidieron la reapertura de la causa judicial y que la presidente Cristina Fernández vuelva atrás con su decisión de poner a Milani al frente del Ejército.
 
Hace instantes, se informaba que Cristina Fernández se estaba 'inmolando' políticamente al continuar apoyando a Milani, mientras que el kirchnerismo se divide en respaldos y cuestionamientos. Y que la razón de esta inmolación podría encontrarse en las urnas electorales.
 
Es que la designación de Milani al frente del Ejército desató una interna en el kirchnerismo y todos se preguntan por qué Cristina Fernández -que hizo de los Derechos Humanos la bandera de su gobierno- sigue 'bancando' a quien fue denunciado por su participación en la última dictadura militar.
 
Una respuesta podría encontrarse en que es el Ejército el encargado de custodiar las eleciones y el traslado de las urnas electorales, un tema sensible teniendo en cuenta las denuncias de fraude que vienen surgiendo en los últimos procesos eleccionarios en el país.
 
Es claro que, ante este panorama, quien esté al mando del Ejército debe ser de absoluta confianza de la Presidente. Decíamos más temprano que habría que esperar para ver si Cristina decide definitivamente inmolarse políticamente sosteniendo al polémico Milani, o si da marcha atrás y decide apartarlo de su cargo. En principio, Milani estaría dispuesto a dar el paso al costado. Siempre y cuando le garanticen que no terminará en prisión.