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miércoles, 18 de mayo de 2016

Intercargo: La empresa estatal nombró a dos ex marinos activos en Grupos de Tareas en la dictadura

Represores para Intercargo

Pedro Giromini y Enrique Piaggio son los nuevos gerente y subgerente de prevención y seguridad de la operadora de rampas y servicios de tierra en aeropuertos. Y son dos veteranos de la ESIM de Mar del Plata, un centro de tortura.

 Por Alejandra Dandan

A través de la resolución 53, de 2016, la nueva dirección de Intercargo SA designó a dos marinos retirados de la Armada como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad en la empresa estatal que opera rampas y servicios de tierra de los aeropuertos de todo el país. Son Pedro Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, que ya cumplieron funciones operativas durante la dictadura. Piaggio revistó en la emblemática Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar del Plata entre 1976 y 1978, ubicada en el faro, considerada un centro clandestino de detención y hoy un Sitio de Memoria. Tuvo elogios en su legajo durante ese período y más tarde por “por haber sido voluntario para participar en operaciones contra la subversión sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo”. La fiscalía del Juicio Oral Base Naval II dio su nombre durante los alegatos de 2012 como parte de los nuevos nombres descubiertos entre quienes participaron “directamente” de la represión. A su vez, Giromini estuvo en Puerto Belgrano y la Escuela Naval Militar de Río Santiago en Ensenada, donde se informó que era un suboficial “excelente” para las actividades operativas.

Los nombramientos llevan la firma del nuevo gerente general de Intercargo, Mario Dell’Acqua, ex directivo de Techint y también egresado del liceo naval militar Almirante Guillermo Brown. “Considerando que resulta de imperiosa necesidad contar con el personal idóneo en calidad y capacidad profesional para asegurar el correcto desarrollo del objeto social de Intercargo SAC ocupándose de las cuestiones que le sean encomendadas. Que la incorporación del nuevo personal permitirá profundizar el desarrollo y la eficiencia de la actuación de esta sociedad en el mercado 1) Desígnase a partir del 4 de abril de 2016 como gerente de Prevención, Protección y Seguridad al señor Pedro Eduardo Giromini”. Y a través del artículo 2, “como subgerente al señor Enrique Mauricio Piaggio” (ver imagen).
Intercargo es una empresa que atiende los servicios en tierra de los aviones en aeropuertos de todo el país y está integrada en un 80 por ciento por el Ministerio de Economía y en un 20 por el de Defensa, según la descripción de la página web oficial. Hasta 1994, cuando pasó a manos del Estado, perteneció al empresario Alfredo Yabrán.

Los nombres de los nuevos funcionarios surgieron en los últimos años en las investigaciones de las causas de lesa humanidad. El legajo de Giromini fue remitido al juzgado 1 de Bahía Blanca en 2008, pero su apellido en todo caso es el más conocido debido a los alucinados lazos de parentesco con los Vildoza, parte de otra historia.

Un instructor en el Faro

De acuerdo a su legajo, Piaggio nació el 24 de mayo de 1952. En diciembre de 1973 egresó del Comando de Infantería de Marina. Y en 1976, 1977 y 1978 estuvo en la ESIM, primero como jefe de Sección Marineros y luego como oficial instructor. La ESIM es comparada al centro de exterminio de la Escuela de Mécanica de la Armada. Mercedes Soiza Reilly, fiscal del Juicio en Mar del Plata y actualmente del Juicio ESMA Unificado, definió que institucionalmente era una escuela de formación para infantes de marina, pero al mismo tiempo era un centro operativo y de torturas. “Una de las tareas del ESIM fue abastecer a los Grupos de Tareas de pelotones destinados a patrullar espacios urbanos y rurales. Eran hombres calificados para operar en el territorio que recibieron entrenamientos de parte de ‘instructores’”. La instrucción fue uno de los puestos de Piaggio. Las calificaciones que él mismo hizo durante ese período, permiten ver “un rol activo que no sólo queda demostrado porque fue calificado sino porque también dirigió calificaciones de subordinados que eran los muchachos destinados a ‘reventar’ las casas. Nombres que están ligados a lo que llamaron ‘lucha contra la subversión’”.

Durante ese juicio declaró un ex estudiante de la Marina, que ya había declarado durante la Conadep: Héctor Grumblat. Estudió en 1978. Durante el debate habló de dos espacios de detención: la “sala de comunicaciones” ubicada en el Chalet del Faro, hoy Sitio de Memoria, y una especie de pozo subterráneo con celdas, cerca de la playa. Y también contó que la escuela tenía una “batallón de alumnos” de Infantería de Marina a quienes adoctrinaban sobre la “realidad argentina” en cursos de lucha antisubversiva. Los profesores, dijo, “permanentemente bajaban línea sobre el gobierno militar y explicaban por qué los hombres de esa generación habían decidido tomar el poder, afirmando que los que estaban en contra eran ‘elementos subversivos’ a quienes debían combatir”. A los alumnos les enseñaron cómo proceder en un grupo operativo. Y que existían dos tipos de patrullas, la patrulla “fantasma” donde se salía de civil con armas largas, a secuestrar gente y combatirla, usándolas en zonas urbanas y rurales, y la patrulla “resorte”, a disposición de las necesidades de cualquier comando perteneciente a las tres fuerzas.

Piaggio, que estuvo destinado a la formación de los pelotones, obtuvo una calificación en su legajo de quien fue director del ESIM, Mario José Osvaldo Fórbice, condenado en 2013 a prisión perpetua. Así como Rubén Jacinto Chamorro era director de la ESMA, Fórbice lo fue de la ESI entre 1976 y 1979. Condenado a perpetua en 2013, dos años más tarde le subió la presión al ingresar a la sala de audiencias cuando estaba por comenzar el tercer juicio. Fue el año pasado cuando reconoció finalmente lo que se había negado a admitir, que efectivamente había un desdoblamiento de todas las unidades de la Armada como unidades de “combate”. El juicio de Mar del Plata probó de hecho su doble función: como director de la Escuela y como jefe de un Grupo de Tareas que operó dentro de la Fuerza de Tareas 6. El dato quedó reflejado en su legajo cuando un supervisor destacó su desempeño en el período del 7/09/76 al 26/12/76 como comandante de un GT y ocasionalmente como comandante de la FT 6.

“Los documentos de defensa analizados en ese juicio nos permitieron dejar al descubierto varios nombres de militares que intervinieron directamente en la represión”, dijo la fiscal en aquel momento a este diario. “Un ejemplo fue Oscar Ramón Gronda, que como subdirector de la ESIM era a la vez segundo comandante del Grupo de Tareas y jefe del batallón de alumnos (...) Y el otro caso fue Enrique Mauricio Piaggio que durante los años 1976 y 1977 se desempeñó en el ESIM como jefe de orientación de Infantería de II año, como jefe de la sección marineros primeros (1976) y como oficial instructor de primer año (año 1977). Fue calificado por Fórbice por sus actividades operativas, siempre intensas y sumamente exigentes; por su espíritu agresivo y por haber demostrado aplomo en las operaciones reales en que intervino. Además, repasando la totalidad de su legajo, es elogiado por haber sido voluntario para participar en operaciones contra la subversión, sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo.” El mismo elogio figura con la firma de un teniente de fragata, Alejandro Giromini, hermano del recién nombrado en Intercargo. Un testigo de identidad reservada declaró en un expediente de la Secretaría de Derechos Humanos sobre calabozos escondidos en un médano. El testigo estuvo en la ESIM entre 1978 y 1979. Dijo que “Giromini era un Teniente de Navío que iba y venía muy seguido al calabozo. Era flaco y alto, y muy burdo. Era jefe de primer año. Hacía mucho hincapié en que todo el mundo era malo, de no juntarse con los civiles que eran todos subversivos”.

Piaggio siguió hacia otros destinos a partir de 1979. Pasó por el Batallón de Seguridad del Estado Mayor de la Armada (BISA), un Grupos de Tareas de la Fuerza de Tareas 3 o Agrupación Buenos Aires, como la ESMA. Pasó por el Batallón de Infantería de Marina (BIM) y por la Escuela de Oficiales de la Armada (ESOA). Por estos antecedentes, la fiscalía cree que es importante hacer una investigación sobre todo su recorrido. Piaggio se retiró oficialmente de la Armada en 1995 con el grado de capitán de fragata. Años más tarde, la Ciudad de Buenos le denegó la incorporación al registro de Héroes de Malvinas, el diploma y el subsidio.

Río Santiago

Pedro Eduardo Giromini nació en 1953. Ingresó a la Armada el 2 de marzo de 1970. Y se retiró con un retiro voluntario el primero de enero de 1999, con grado de capitán de fragata y luego de haber pasado por Estados Unidos como agregado naval durante el gobierno de Carlos Menem. En la dictadura, pasó de teniente de corbeta a teniente de fragata entre 1976 y 1979. Y de acuerdo con su legajo tuvo entre sus destinos la Escuela Naval Militar de Río Santiago entre el 16 de enero de 1977 y el 27 de enero de 1978. Allí estuvo en la Compañía de Vigilancia y Seguridad, una estructura que contenía a los grupos operativos, como sucedió en la ESMA.

En 1977, su nombre aparece calificando a un suboficial infante de marina de la escuela, operativo de la Fuerza de Tareas 5. El suboficial cumplía tareas de Encargado de la Compañía Vigilancia y Seguridad con rol de combate encargado de Compañía. En esa ocasión, el hombre fue calificado por su jefe inmediato, el teniente de corbeta Bengoechea: “Hombre sumamente colaborador, se transformó en un elemento valioso en la faz operativa de la Escuela. Sin descuidar sus funciones de encargado de Compañía, también cumplió funciones operativas en la F.T. 5 donde mostró, seriedad, aplomo, iniciativa y extrema responsabilidad, en situaciones de extremo peligro frente al enemigo”. El mismo legajo tiene una nota firmada por el teniente de corbeta Pedro Giromini, de Vigilancia y Seguridad. Giromini informa que al suboficial no se le va a confeccionar una foja de conceptos para el periodo del 15/11/1977 al 14/03/1978 por no haber variado su concepto.

La escuela fue comandada para la época por el contralmirante Juan Carlos Herzberg, condenado a perpetua por el Tribunal Oral Federal de La Plata en el primer juicio a la Armada que concluyó el año pasado en esa ciudad. Otro oficio que hay en el legajo de ese mismo suboficial durante la misma época está firmado por Herzberg, y lleva el sello de la FT5. “En el desempeño de tareas asignadas en la Fuerza, ha merecido el siguiente concepto: Suboficial, que por su gran espíritu de colaboración, sus convicciones, su excelente predisposición para la ejecución de tareas operativas, ha tenido un excelente desempeño, enfrentando reiteradamente situaciones de riesgo personal”.

Pedro Eduardo y Alejandro son hermanos de Rodolfo Fernando Giromini, piloto del Ejército entre 1978 y 1983 con paso por Campo de Mayo, según datos del Ministerio de Defensa. Rodolfo se casó con Mónica Vildoza, hija de Jorge Vildoza, segundo de la ESMA. Rodolfo Giromini y Jorge, hijo de Vildoza, son o fueron socios en American Data, una empresa de juegos a la que la justicia le congeló los bienes cuando buscaba al marino prófugo para juzgarlo por la apropiación de Javier Penino Viñas

domingo, 7 de febrero de 2016

Genocidas ocupan cargos en el Ministerio de Defensa

Un grupo de militares fueron designados por decreto por Mauricio Macri a cargo de áreas del Ministerio de Defensa que, salvo en la dictadura, ocupan civiles. Justamente, se trata de militares denunciados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Gloria Pagés


Las repudiadas declaraciones de Darío Lopérfido pasaron a ser el discurso con el que se preanunciaban a graves hechos que se conocieron en el día de ayer. Ya no es el relato reconciliador con los genocidas, la vuelta al discurso negacionista del terrorismo de estado a través de la teoría los dos demonios. Se trata en este caso del nombramiento en el Ministerio de Defensa de militares que fueron parte de la dictadura.

Como lo fue César Milani a cargo del Ejército hace hace no mucho, hoy en Defensa circulan genocidas que no hay sido siquiera procesados pero sobre quienes pesan importantes denuncias.

Con el cargo de Director General de Política Internacional de Defensa, se designó, obviamente por decreto, a un coronel retirado, Osvaldo Hipólito Jesús Tosco. Este cargo de conducción, salvo en la dictadura, fue ocupado por personal civil.

Además, dos subsecretarios (cargos que también eran civiles) de esa cartera son también coroneles retirados: Eduardo Thenon, es ahora subsecretario de Formación y Hugo Patricio Pierri asumió al frente de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar.

Hay que señalar que ninguno de estos ascensos y nombramientos pasaron por el Senado y algunos de ellos ya habían sido objetados años atrás.

Tosco está implicado en lo que fue la antesala al genocidio, el Operativo Independencia en Tucumán, y fue destinado en el hoy departamento de Lules, que en 1975 era parte de Famaillá, y donde funcionaba un Centro Clandestino de Detención que es investigado por 25 desapariciones. Años después, Tosco es destinado al GADA 601 (Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea) en Mar del Plata como instructor. La instrucción, justamente, era sobre métodos de tortura, y así fue denunciado por conscriptos.

Con respecto a Hugo Pierri, existen denuncias por las que sus pliegos de ascenso quedaron trabados en el año 2013. Es que se habían recibido denuncias que lo implicaban en 2005 en actos intimidatorios contra fiscales, integrantes de la Comisión de la Memoria de Corrientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense cuando, en la localidad de Paso de los Libres en Corrientes, que se dirigían a realizar una investigación en un predio ocupado por el Ejército, Pierri y sus hombres, con fusiles FAL y las caras pintadas, les impidieron el paso, alertados de antemano sobre la presencia de los organismos. Según Pierri, que en ese momento era, estaban haciendo “ejercicios militares”.

Estos nombramientos, en línea con lo que no nos cansaremos de denunciar como una política clara que pretende reconciliarnos con los genocidas (con antecedentes recientes en nombramientos en el gobierno de Jujuy, en la AFI como también en Defensa) tenemos que enfrentarlos con la movilización y la organización. La apertura de los archivos, tarea pendiente desde el 83 a esta parte, es una demanda urgente para conocer la verdad sobre todos los genocidas y avanzar en el juzgamiento de los miles que quedan impunes y muchísimos de ellos reciclados y en funciones.

Este próximo 24 de marzo, a 40 años años del golpe genocida, marcharemos junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy.

por lo menos, a otros dos coroneles retirados en niveles de subsecretarios. Ambos fueron designados por decretos publicados en el Boletín Oficial, uno como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar y otro como subsecretario de Formación ambos dependientes de la Secretaria de Estrategia y Asuntos militares, actualmente a cargo de Angel Tello, primero funcionario de la Alianza en Defensa, luego viceministro de Horacio Jaunarena durante el duhaldismo, por entonces fervoroso activista de la actuación militar en cuestiones domésticas. Antiguos funcionarios de la cartera sostienen que la designación de militares en estos puestos no sucedía desde la última dictadura militar.

Entre los militares promovidos además de Tosco, está el coronel retirado, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. Y en la última semana fue nombrado Antonio Marcelo Serangeli como subsecretario de investigación, desarrollo y producción para la Defensa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción un área con incidencia en Fabricaciones Militares. Serángeli que también es presentado en el boletín oficial como “licenciado”, revistaba en 2011 como comandante del Batallón de Infantería de Marina 5 en Río Grande.

martes, 5 de noviembre de 2013

Escalada represiva en Uruguay instrumentada por Pepe Mújica

 Casa por casa, están tratando de detener a conocidos e históricos militantes populares,   críticos al gobierno de Pepe Mujica y a su poder judicial
 
Jorge Zabalza, es uno de los buscados por la represión

    La justicia del gobierno de Pepe Mujica ha desatado una verdadera escalada represiva contra militantes populares. Nos informan en carácter urgente desde Montevideo, que han comenzado las detenciones de varios militantes (muchos de ellos históricos en la lucha de resistencia anti dictatoria de Uruguay) debido a que se los acusa de haber participado en un acto masivo de defensa de una jueza (Mariana Motta) que en su momento fue despromovida por la Corte Suprema, debido a su insistencia en juzgar a los militares genocidas. No sólo se avaló de esta manera la impunidad, sino que ahora pretenden encarcelar a los luchadores antifascistas uruguayos, entre los que se encuentran quien fueran integrante de la dirección de los Tupamaros, Jorge Zabalza, la dirigente de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites (también ex prisionera tupamara), los hermanos Jaume, Patricia Borda y otros militantes.

    Damos a conocer el comunicado enviado a nuestra redacción por el Colectivo de Noticias Uruguayas, dando detalles de este nuevo ataque represivo por parte de un gobierno que no sólo se entrega atado de pies y manos a las trasnacionales, pacta acuerdos militares con EEUU, sino que ahora avala este tipo de comportamiento de una Corte Suprema integrada por conocidos jueces ligados a posiciones ultra reaccionarias.

    LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY !! -
A COMBATIR EL FASCISMO !!
    La Policía esta deteniendo a los siete rehenes elegidos por el Ministerio del Interior, es decir por el Gobierno de Mujica, como represalia por el apoyo a la Jueza Mariana Mota asi como el rechazo a su traslado hecho este condenado internacionalmente y aún por el Observador de la ONU. Los siete rehenes son todos militantes sociales, sindicales y de los DDHH. No hay equívocos: el Gobierno pretende aplastar al movimiento de los DDHH con el fin de aplicar la promesa de Mujica cuando asumió la Presidencia, liberar a "los viejitos", es decir a los criminales de lesa humanidad ya condenados.

    Sacaron a la Jueza Mota para frenar el que se dieran nuevas sentencias entre los 55 casos que ya estaban listos. En todas las instancias internacionales se entendió lo de Mota como una agresión a los DDHH para mantener la impunidad. Acto seguido la Suprema Corte de Injusticia decreta el que los crimenes de lesa humanidad son "delitos comunes" y que por lo tanto prescriben, lo que se enfrenta abiertamente a toda la legislación internacional en la materia, asi como también se enfrenta a diversas Convenciones Internacionales de la ONU como ser la contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas.

    Uruguay vuelve a tener PRESOS POLITICOS ya que los "elegidos" por el Ministerio de Interior irán presos por razones POLÍTICAS, no politiqueras SINO POLÍTICAS como lo es el reclamo de Verdad y Justicia y castigo a los criminales de lesa humanidad. El que Uruguay tenga hoy en día presos políticos será una mancha más, que permanecerá indeleble sobre todos los responsables en primer lugar el Gobierno y por lo tanto el Frente Amplio.

    Las tareas de la hora implican:

    - SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS,
    - RECLAMO INTERNACIONAL POR SU INMEDIATA LIBERACION - DENUNCIA DEL CONTUBERNIO SINIESTRO PARA VIOLAR LA LEGALIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DDHH llevada adelante tanto por la Suprema Corte como por el Gobierno.

    LA SOLIDARIDAD DEBE DE COMENZAR DIVULGANDO AL MAXIMO, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE LA EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS EN URUGUAY, solicitando pronunciamientos y protestas. Las manifestaciones solidarias en el país deberían de ser coordinadas al nivel mas amplio posible. Las organizaciones sindicales, populares, sociales,solidarias,estudiantes,ecologistas, etc deberían cada uno por su lado expresar su solidaridad concreta, difundir al máximo esta situación y coordinar con el resto del movimiento popular.
    EL FASCISMO NO PASARA !

martes, 23 de julio de 2013

Milani condiciona su salida : no quiere ir preso


El jefe del Ejército, César Milani, se encuentra negociando en este momento, a contrarreloj, su paso al costado, en medio de la polémica que se generó por su presunta participación en la última dictadura militar. Según informaron fuentes de la Armada , Milani estaría dispuesto a dejar su cargo a cambio de que se le garantice que no irá a prisión.
 
Recordemos que el viernes pasado Milani volvió a presentarse ante la Justicia Federal luego de que se lo vinculara con la perpetración de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Luego de asistir al juzgado de La Rioja para negar tal acusación el miércoles, el militar hizo lo mismo en el juzgado federal de Tucumán.
 
Tras ser autorizado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe del Estado Mayor del Ejército se presentó espontáneamente ante el juez Raúl Daniel Bejas, con la finalidad de "ponerse a su total disposición", informaron mediante un comunicado.
 
Milani fue acusado de participar del Operativo Independencia, ocurrido en esa provincia en 1975 con el objetivo de combatir un "foco revolucionario" en el monte tucumano.
 
Además, Milani es mencionado en un testimonio del Informe Final, versión 1984, elaborado por la Comisión Provincial de Derechos Humanos como teniente de inteligencia que participó en el secuestro de Alfredo Olivera y de su hijo Ramón.
 
Los ex detenidos políticos de la dictadura afirman, además, que Alberto Ledo, conscripto desaparecido en 1976, era ayudante de Milani cuando fue trasladado a Tucumán durante el Operativo Independencia y nunca se supo más de él.
 
Familiares de Ledo y ex presos políticos de La Rioja pidieron la reapertura de la causa judicial y que la presidente Cristina Fernández vuelva atrás con su decisión de poner a Milani al frente del Ejército.
 
Hace instantes, se informaba que Cristina Fernández se estaba 'inmolando' políticamente al continuar apoyando a Milani, mientras que el kirchnerismo se divide en respaldos y cuestionamientos. Y que la razón de esta inmolación podría encontrarse en las urnas electorales.
 
Es que la designación de Milani al frente del Ejército desató una interna en el kirchnerismo y todos se preguntan por qué Cristina Fernández -que hizo de los Derechos Humanos la bandera de su gobierno- sigue 'bancando' a quien fue denunciado por su participación en la última dictadura militar.
 
Una respuesta podría encontrarse en que es el Ejército el encargado de custodiar las eleciones y el traslado de las urnas electorales, un tema sensible teniendo en cuenta las denuncias de fraude que vienen surgiendo en los últimos procesos eleccionarios en el país.
 
Es claro que, ante este panorama, quien esté al mando del Ejército debe ser de absoluta confianza de la Presidente. Decíamos más temprano que habría que esperar para ver si Cristina decide definitivamente inmolarse políticamente sosteniendo al polémico Milani, o si da marcha atrás y decide apartarlo de su cargo. En principio, Milani estaría dispuesto a dar el paso al costado. Siempre y cuando le garanticen que no terminará en prisión.

jueves, 30 de mayo de 2013

Justicia para nuestros pibes asesinados por el gatillo fácil!

El 3 de junio se cumplen tres meses del asesinato de David Vivas (21) y Javier Alarcón (15)
a manos del capitán Alfredo Alberto Veysandaz, de la Comisaria 1° de Quilmes. En el hecho, también resultaba herido Marcelo Luque (23), hermano de Javier.
Ocurría así otro episodio de gatillo fácil, esos que se llevan a un pibe de barrio cada 28 hs.

Todo ocurrió el domingo 3 de marzo por la mañana. Un grupo de 15 chicos (en su mayoría mujeres) volvía de bailar caminando por la calle cuando se cruzó con el policía, que retornaba en auto de terminar su turno. La impaciencia de Veysandaz por querer pasarlos desató un mero intercambio de insultos entre ellos, que terminó con el asesinato a quemarropa de los dos chicos y la herida al tercero que también fue baleado y afortunadamente sobrevivió.

La policía quilmeña encubrió al asesino desde el primer momento, limpiando la escena del crimen y los elementos intervinientes; dando una falsa versión a los medios de comunicación; presionando a los testigos y a los medios que se acercaron a difundir la historia; intentando negociar para que el hecho no tome visibilidad, instando a la familia a negociar la muerte de sus seres queridos. Algunos cómplices de estos hechos son el subcomisario Godoy y el jefe de cuadrilla Adrián “Facha” Scalice.

Otro caso similar tuvo resolución recientemente el 21 de mayo. Es el caso de Jonathan Luna, asesinado el 17 de enero de 2009 en un pub de Berazategui. Tenía 20 años cuando fue asesinado por Carlos Néstor Rodríguez, ex efectivo de la Bonaerense, a raíz de una discusión. La movilización popular impulsada por la familia de manera independiente y la presión en la calle tuvieron sus frutos, con la condena a perpetua del asesino, victoria conseguida con la lucha. Los encubridores del asesino, como Gallardo y Viza, siguen en impune libertad.

Este 3 de Junio además de recordar los casos quilmeños la memoria nos lleva a Villa Fiorito (Lomas de Zamora), donde hace justo 10 años el Bonaerense José Antonio Peloso, conocido en el barrio como “El mataguachos”, asesinaba a Matías Barzola con un disparo en la nuca.

No son casos excepcionales sino parte de una práctica sistemática de la policía como institución. Las torturas en cárceles o comisarías y los casos de gatillo fácil son prácticas represivas propias del Estado, que tienen por objetivo el control social. Más que abuso de autoridad es la autoridad del abuso, la violencia hecha ley. Se busca por esos medios disciplinar y aleccionar a la gente de los barrios, imponiendo una cultura del terror y de la represión, evitando que aquellos que no están organizados se organicen. Estas prácticas van de la mano de la criminalización de la juventud y de la pobreza. La excusa de delincuencia es el pretexto policial siempre a mano a la hora de justificarse socialmente, argumento esgrimido impunemente por la policía y acríticamente por los medios de comunicación. La estigmatización de los sectores más pobres es otra herramienta que sostiene la fragmentación del tejido social.

Hoy la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) representa a las familias en la querella. Resaltamos la importancia de estar organizados ante estas situaciones, entendiendo que sólo la unidad de los de abajo combate el atropello de las instituciones y el Estado. No sólo luchamos por David, Javier y Jonathan, sino para que estos hechos no se repitan más. La movilización popular es nuestra herramienta para evitar que estos casos de gatillo fácil se resuelvan como quiere el sistema: causas trabadas y/o cajoneadas; policías asesinos y sus cómplices encubridores, impunes.

A tres meses del caso de David y Javier, seguimos sin conocer la cara del asesino que mató a nuestros pibes. Exigimos conocerla, para que la conozca también la sociedad. Si bien la detención preventiva de Veysandaz habla de una victoria parcial de la lucha popular, seguiremos movilizados hasta que el policía asesino y todos los cómplices sean condenados y continuaremos la lucha por la conciencia para que se deje de naturalizar en los barrios la violencia del estado; buscando que los casos no se olviden y se haga justicia real y popular.

3/6 12hs Concentración y radio abierta en la plaza de la estación de Quilmes
13.30hs Intervención artística del puente 14 de Agosto (Humberto 1º e Irigoyen)

Cárcel común y efectiva para Veysandaz!
Exigimos conocer la cara del asesino!
Esclarecimiento y cárcel a los cómplices de los casos Alarcón, Vivas y Luna!
Basta de gatillo fácil!
Basta de criminalizar a la juventud!
DAVID, JAVIER, JONATHAN PRESENTES!

martes, 28 de mayo de 2013

Desalojan el Patio del Indio Froilán al grito de "indios de mierda"

Al grito de “indios de mierda” desalojan el Patio del Indio Froilán, en Santiago del Estero. En la madrugada del 24 de mayo, en un operativo tipo comando, cientos de policías salieron de los distintos lados del monte y se arrojaron sobre las viviendas de los comuneros tonocotes para desalojarlos.

La policía del Gobierno de Santiago del Estero, reprime a familias del norte de la Ciudad Capital en la zona conocida como Boca del Tigre y Mal Paso.

El viernes 24 de mayo a las 5:30 de la mañana un fuerte operativo policial sorprendió a algunas familias Tonocotés que viven desde hace 200 años en inmediaciones del Patio del Indio Froilán exigiéndoles que se retiren, bajo orden de desalojo firmada por el Juez Tarchini Saavedra. Sin mediar palabras cientos de policías con itacas, látigos, perros y caballos iniciaron la represión maltratando a todos, derrumbando casas e instalaciones. “Han venido cuando estaba todo oscuro, nos han disparado perdigones y balas de goma, 3 de mis nietos tienen heridas en la cabecita y uno en el labio, a mi hija que está embarazada, le han dado en la pierna” cuenta entre llantos doña Reina, sin encontrar explicación a tanta violencia contra ellos. Además de los heridos, apresaron a un miembro de la comunidad y a un compañero que es de INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), indignada refiere otra vecina: “los han pegado por todos lados, todo lastimados están los que han llevado presos, ellos ni se habían resistido, y los han rodeado y a patadas los tenían, no los soltaron, se los han llevado a la comisaría 49”.

Desde hace tres semanas la zona está sitiada por efectivos de la policía, que incluso impiden la circulación de vecinos por determinados sectores públicos. Custodian el trabajo de topadoras y retroescabadoras de la empresa Conorvial y Crisar, que llevan adelante el proyecto de urbanización del Gobierno de la provincia. Hoy luego de la represión y desmantelamiento de algunas instalaciones, continuaron con los trabajos de desmonte en alrededores de viviendas de la comunidad. Con toda impunidad algunos policías insultan a vecinos diciéndoles “indios de mierda” y registran con filmaciones a los que arriban al lugar.

En medio de tanta indignación van llegando a solidarizarse con el pueblo Tonocoté jóvenes estudiantes, artistas, comunicadores y santiagueños preocupados. Así la palabra, el abrazo, el compartir da fuerza a quienes continuarán resistiendo en este lugar de nuestro Santiago, provincia con larga historia de lucha que agita esperanza.

Fuente: Colectivo La Voz de la Pacha, en la Unión de Asambleas Ciudadanas. Publicado por Río Bravo el 25 de mayo de 2013. - por  La Voz de la Pacha Sábado, 25 de Mayo de 2013

jueves, 6 de diciembre de 2012

Ex empleado de Unión Mercosur, declaró en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

La Unión Ferroviaria y los tercerizados

El testimonio aportó datos sobre el comportamiento de la cúpula sindical en la represión del 20 de octubre de 2010.

 Por Ailín Bullentini

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados”, aseveró Pablo Villalba, ex empleado de la cooperativa Unión Mercosur, militante por su efectivización y la de sus compañeros en la empresa Ugofe y partícipe de la movilización del 20 de octubre de 2010 en la que fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y fueron gravemente heridas otras tres personas. Su testimonio fue el último que aportó, en el marco del juicio por esos hechos, datos sobre la responsabilidad de la cúpula sindical en los crímenes. De aquí al comienzo de los alegatos, planificados para mediados de febrero, terminarán de desmenuzarse las responsabilidades policiales, expondrán los peritos que actuaron en la instrucción y se reconstruirán los hechos en el escenario en el que ocurrieron.

Ante una sala repleta de público como hacía varias audiencias no sucedía –el secretario de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, Roberto Pianelli, y algunos otros metrodelegados ocuparon las primeras filas de la sala AMIA de Comodoro Py–, Villalba recordó que ingresó a trabajar a la cooperativa Unión Mercosur en abril de 2009, que de allí lo echaron en marzo de 2010 junto a otros 150 tercerizados y que en enero de este año se convirtió en uno de los once de ese grupo que logró la efectivización en la línea de ferrocarriles General Belgrano, administrada por Ugofe.

Según contó ante el Tribunal Oral, había ingresado a Unión Mercosur por medio de su hermano, que le había contado que “la Unión Ferroviaria había creado una cooperativa de trabajo para que los familiares de los efectivos pudieran tener un ingreso al ferrocarril”. Comenzó a trabajar en los talleres de Tolosa, en donde compartía tareas con personal efectivo de Ugofe. “Los efectivos hacían mantenimiento igual que nosotros; la diferencia más concreta estaba en el sueldo. Por la misma tarea cobrábamos los tercerizados en muchos casos menos de la mitad del sueldo”, expresó.

El ferroviario apuntó que durante su permanencia como tercerizado participó de algunos reclamos, pero situó su fase más contundente de militancia cuando fue despedido. “Me despidieron por haber reclamado la cobertura de ART. El telegrama que me mandaron decía que me despedían por reestructuración”, especificó. En marzo recibió el telegrama. En abril se sumó al “reclamo por el pase a planta con compañeros de la agrupación Bordó del ferrocarril”, opuesta a la Verde de Pedraza. El objetivo era generalizar la protesta: “Queríamos reflejar el inconveniente que había en el tren: la existencia de 22 empresas que tercerizaban a 1500 trabajadores que hacían la misma tarea que hacían los trabajadores de planta”, puntualizó. Llevaron el reclamo al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Transporte. “No nos dieron respuesta”, aseguró.

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados. Siempre trataron de organizar gente para que, cuando intentábamos hacer un acto de reclamo, llegara una patota agresiva para frenarlo”, reflexionó. El testigo consideró que el gremio actuaba de esa manera porque “tenía que garantizar que la cooperativa siguiera funcionando porque (el ex titular de la UF y uno de los acusados en el juicio) José Pedraza era el dueño y en ella trabajaban muchos de sus familiares”.

El 20 de octubre llegaron a la mañana a la estación Avellaneda, pero vieron mucha policía y “gente en los andenes que no eran pasajeros, sino ferroviarios”, mencionó. Recordó que la patota de la UF los despidió al grito de “zurdos de mierda” y a los piedrazos. “Nos estábamos yendo. Había quedado demostrado que la Unión Ferroviaria estaba pensando en cualquier cosa para defender sus negociados y evitar que nosotros hiciéramos nuestros reclamos” cuando Mariano Ferreyra resultó herido de muerte.

El testigo aportó más ejemplos que permiten graficar el comportamiento de la Unión Ferroviaria hacia quienes se animaban a criticar a la dirigencia. “Cuando me despiden fui a hablar con Pablo Díaz, todos los ferroviarios saben que responde a Pedraza. Como era afiliado al gremio, consideré pertinente ir a hablar con alguien para que interviniera sobre mi despido, que para mí era totalmente injusto. Díaz puso sobre su escritorio el legajo de mi hermano, que como yo había estado enfermo varios días como deslizando suspicacias en cuanto a que a ninguno de los dos nos gustaba trabajar”, recordó. También aseguró que Díaz y Claudio Alcorcel, ambos acusados en el juicio, amenazaron de muerte a un grupo de tercerizados de Unión Mercosur: “Les dijo que les iban a pegar un tiro si no se dejaban de joder con el pase a planta”, remarcó.

martes, 11 de septiembre de 2012

José Pedraza acusado junto a un ex juez y a un ex agente de la SIDE

Procesados por intento de coima judicial
Con el objetivo de conseguir su excarcelación, Pedraza habilitó a Aráoz de Lamadrid y al ex agente Juan José Riquelme para que evitaran su prisión por el asesinato de Mariano Ferreyra. Ayer fueron procesados junto al prosecretario de Casación, Luis Ameghino Escobar.

 Por Irina Hauser

En el verano de 2011, tres meses después del asesinato de Mariano Ferreyra, el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, debatía por teléfono con el contador del gremio y vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, cuánto iban pagar. Les pedían 75 mil. Regateaban. Dudaban cuál era la moneda. Ofrecían 50 mil, la cifra que al final llevaron en dólares al estudio del ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. ¿Para qué? Apostaban a que la Cámara de Casación Penal, donde Aráoz ofrecía contactos, dejara en libertad a los siete integrantes de la patota detenidos hasta entonces por el homicidio del militante del Partido Obrero (PO). En el fondo era un “plan de salvataje de Pedraza”, que aunque seguía en libertad sabía que podía caer preso, como ocurrió. Así lo sostuvo el juez Luis Rodríguez en una resolución de ayer en la que procesó por cohecho (coimas) y tráfico de influencias, con embargos de 200 mil pesos, al líder ferroviario, a Stafforini, a Aráoz, al intermediario y agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y al prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar, a quien le pagarían por asignar el expediente a ciertos jueces. Rodríguez desvinculó a los camaristas que estaban bajo sospecha, a pesar de que uno de ellos, Eduardo Riggi, tenía trato con Riquelme y en días clave se comunicó con él.

La maniobra fue descubierta por la jueza Wilma López mientras investigaba el asesinato de Ferreyra, y Pedraza estaba en la mira. Había ordenado escuchas y así fue que se topó con los diálogos que revelaron la planificación del pago de sobornos, hizo la denuncia y se abrió una causa aparte. Con el seguimiento de las charlas telefónicas, los investigadores detectaron el momento justo en que Stafforini llegaba al estudio de Aráoz de Lamadrid con 50 mil dólares recién sacados de una caja de seguridad de la sucursal Montserrat del Banco Galicia el 1º de febrero, donde había ido con custodia. Un rato después, era Riquelme el que pasaba por la oficina del abogado, quien hasta dos meses antes ejercía la defensa de Guillermo Uño, uno de los detenidos de la patota. La Policía Federal allanó el lugar e incautó el dinero (cinco fajos de cien billetes de cien dólares), que estaba en un sobre marrón rotulado “Octavio”. Riquelme tenía consigo una copia de la carátula del expediente que dejaba constancia de que había quedado asignado a la Sala III de la Casación Penal, donde el principal nexo de Aráoz de Lamadrid era el juez Eduardo Riggi, con quien había trabajado durante diez años. El fiscal Sandro Abraldes pidió detenciones e indagatorias en mayo del año pasado.

Según el juez Rodríguez –quien tiene audiencia pública la semana próxima en el Senado con miras a ser juez federal– “quedó demostrado que Pedraza junto a Stafforini ofreció dinero para que Luis Escobar direccionara el sorteo” de la causa. “Juan José Riquelme” era “el enlace entre ellos y Aráoz de Lamadrid, quien contactó personalmente al prosecretario administrativo”, su amigo. También se comprobó, dice la resolución, que “Pedraza y Stafforini ofrecieron y entregaron dinero” a Riquelme (quien recibió al menos 3500 pesos de la UF) y a Aráoz “para que hicieran valer indebidamente influencia ante el juez de la Sala III” de Casación, Riggi, y a través de él, sobre otros dos jueces. “Actuaron sobre un verdadero acuerdo –dice el texto– un hecho concreto y futuro que tendría su debida retribución.” “Valiéndose de relaciones y conocimientos preexistentes, cada uno de los actores se posicionó en un lugar estratégico para lograr el resultado aludido que, seguramente, de forma mediata le garantizaría impunidad a Pedraza, u otros”, afirma.

Las conversaciones de los cinco hombres ahora procesados fueron reveladas por Página/12 en junio del año pasado. Su existencia, ya desde que la Justicia las detectó, se convirtió en un factor que dificultó los intentos de Pedraza y sus laderos por recuperar su libertad, al sumarse a otros obstáculos en la investigación, como las amenazas a testigos y la participación de un perito de parte de la UF que alteró como elemento de prueba, tras golpearla, la bala extraída del cuerpo de Ferreyra.

Riquelme era viejo conocido de Pedraza y famoso por sus visitas a la Casación. Justo ayer, en el juicio oral por el homicidio, una agente de Asuntos Internos mencionó que en seguimientos se lo vio entrar dos veces a la UF. A Pedraza, podía advertirse en las escuchas, Riquelme lo mantenía al tanto de la negociación. El procesamiento lo describe “como un profesional del lobby, un vehemente relacionista público que permanentemente está en acción”. Mientras discutían el monto del presunto soborno, dejó el ya célebre mensaje en el contestador de Pedraza: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, para aclarar que debía pagar dólares, no pesos. Y mientras esperaban el sorteo en Casación, para calmarle la ansiedad a Pedraza le decía, según le contó a Aráoz: “Te lo dije ayer... si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poné el champán en la heladera, te lo re-tomás y te vas a acostar, punto y aparte”. “El amigo de la calle Viamonte” era Aráoz de Lamadrid, por la dirección de su estudio. A Ameghino Escobar lo apodaba “el señor de las teclas”, porque los sorteos se hacen con computadora. Al juez Riggi se refería como “el amigo Eduardo”.

La sala se sorteó el 26 de enero. Ameghino mandó la noticia por mensaje de texto a Aráoz, que estaba en Brasil. Aráoz, desde ahí, le avisó a Riquelme, quien a la vez “lo comunicó a Stafforini” y “a Pedraza de manera personal”. “Es la sala de nuestro amigo”, celebró Aráoz de Lamadrid, en referencia a Riggi. En los intercambios siguientes señalaban el 2 de febrero como clave: era el día siguiente a la entrega del dinero en el estudio de Aráoz. Según el juez Rodríguez, ahí empezaban “la segunda parte de la trama”, la de persuadir a los jueces, que se supone que quedó trunca. Riquelme hacía gala de su relación con Riggi, con quien efectivamente habló, y de encuentros con Gustavo Mitchell (quien renunció el año pasado). Aráoz alegaba buena “onda” con el entonces subrogante Mariano González Palazzo. A pesar de que el fiscal Abraldes advirtió sobre el posible compromiso de los magistrados, Rodríguez dijo que no había pruebas que los implicaran: sostuvo que no se probaron encuentros, ni que hablaran del caso. A Pedraza y los otros cuatro imputados les atribuyó cohecho y tráfico de influencias. A Stafforini le agregó tenencia ilegal de armas, por un revólver hallado en la caja de seguridad, que carece de autorización.
Policías, responsables

Un policía que fue director general de Seguridad e Investigación de Medios de Transporte de la Federal, Eduardo Carlos Innamorato, testigo en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, declaró que quien tomaba las decisiones durante el operativo en Barracas era el ex comisario Hugo Lompizano, quien estaba a cargo de la Dirección General de Operaciones y es uno de los siete policías que se encuentran en el banquillo. También dejó entrever que no se adoptó la acción disuasiva habitual de la fuerza cuando hay grupos antagónicos, que es interponer al personal policial entre ellos.

n Alberto Bovino, uno de los abogados que representa a la mamá de Mariano Ferreyra, dijo ayer que el caso debe encuadrarse como uno de violación a los derechos humanos cometido por particulares con consentimiento y colaboración de agentes estatales.

domingo, 9 de septiembre de 2012

Son ya 195 los desaparecidos en democracia

(AW) En un artículo publicado en su boletín de informaciones, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), da cuenta de que son ya 195 las personas que cantabilizadas como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Es muy probable que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos, informa la organización antirepresiva.

El 30 de agosto se conmemoró internacionalmente el día del detenido -desaparecido. El gobierno nacional lo celebró reprimiendo trabajadores con la gendarmería en Panamericana, para luego llevarlos detenidos ilegalmente a Campo de Mayo, y en los múltiples actos y discursos que se escucharon ese día poco se dijo de quienes el Estado desapareció desde 1983 hasta esta parte.

Pareciera que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó con la dictadura del '76 se equivoca: son 195 las personas que los gobiernos democráticos detuvieron, torturaron y desaparecieron bajo la cortina de la ‘democracia'.

La restauración democrática anunciaba que, en 1983, la organización del pueblo estaba aplastada. Sin embargo, ningún gobierno jamás dejo de reprimir las movilizaciones y protestas populares, lo que nos costó, hasta hoy, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus intereses, sino que también necesita evitar esa organización. Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas y las detenciones arbitrarias, se despliegan en todos los barrios del país contra la juventud de los sectores más explotados.

Las fuerzas represivas del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas de la represión "preventiva" o "selectiva", sino que optan, cuando hay que dar alguna explicación, por hablar de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos o presos ahorcados.

Pero lo cierto es que, aun sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente, el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que tiene a mano. Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente. Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos también son frecuentes, o los entierros clandestinos. En estos casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente encontrado, pero hay veces que el aparto estatal es por demás eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el paradero de la víctima.

Son 195 las personas que contabilizamos como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos.

El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos.

La represión a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura y también la desaparición de personas siguen siendo política de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre ricos y pobres.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

Caso Daniel Solano: Trabajador golondrina desaparecido en Choele Choel

Un especial que recorre paso a paso el contexto de la desaparición del joven norteño. La reconstrucción de aquella noche en el boliche en el que fue visto por última vez, testimonios de su entorno, la palabra de los familiares de los imputados y una serie de notas que lo ayudarán a entender mejor el caso.

http://www.rionegro.com.ar/diario/caso-daniel-solano-trabajador-golondrina-desaparecido-en-choele-choel-955211-9521-nota_multimedia.aspx

martes, 4 de septiembre de 2012

Otro testigo que vio disparar a Favale

El testimonio de un ferroviario en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

Alejandro Benítez, testigo protegido, contó que escuchó al barrabrava decir “a ese zurdo gil le agujereé la panza”. También comprometió al número dos de la UF, Juan Carlos Fernández, y al delegado Pablo Díaz.

 Por Irina Hauser

“A ese zurdo gil, al de la gomera, le agujereé la panza.” Según Alejandro Benítez, el primer testigo protegido que declara en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, esa frase salió de la boca de Cristian Favale poco después de que el militante del PO quedara tendido en el suelo por el balazo que recibió en el abdomen. Benítez, un ferroviario que había ido a Barracas junto con la patota, dijo ayer ante el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC 21) que no sólo escuchó al barrabrava de Defensa y Justicia jactarse de haber gatillado, sino que él mismo lo vio hacerlo, con una rodilla apoyada en la tierra, empuñando un arma de tambor negro, que le pareció un revólver. A la vez, su relato comprometió al número dos de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos “Gallego” Fernández: lo señaló como quien dio por teléfono la orden de irse del lugar después de los disparos. El testimonio, que duró cerca de cinco horas, abarcó otros aspectos que confirmarían que los matones no fueron en forma espontánea a confrontar con los trabajadores tercerizados, sino que lo hicieron convocados por delegados y con licencias laborales otorgadas por la Ugofe. La Policía Federal –dijo el testigo– no intentó detener a los agresores.

La audiencia comenzó cerca de las 11 y terminó a las 16. Estuvo estrictamente cerrada al público y la prensa. El tribunal, además, ordenó a todos los abogados mantener sus celulares y computadoras apagados. Los acusados pudieron presenciar el relato, pero lo hicieron sentados detrás del vidrio donde habitualmente van quienes quieren presenciar las audiencias. Benítez fue un testigo fundamental durante la instrucción de la investigación y también lo es en el juicio. Tiene el máximo grado de protección que ofrece el programa oficial de protección de testigos. Ayer tenía anteojos, barba y una gorra, según pudo reconstruir este diario, y dijo que es trabajador ferroviario desde 1995, fue guarda y trabajó en los talleres de Constitución, donde hay un gimnasio de boxeo. Los abogados defensores insistieron en preguntarle cómo había llegado a declarar en la causa, ya que es historia conocida –incluso destacada por la Presidenta el día en que se inició el juicio– que quien lo acercó fue el ministro de Justicia, Julio Alak.

Benítez explicó que, después de los sucesos, habló con un amigo, Rodolfo Deviago, que lo fue a ver a su casa a raíz de que lo había visto en imágenes del canal C5N. Le contó que había ido a la estación Avellaneda junto con la patota de la UF para evitar que los tercerizados (que reclamaban su regularización) cortaran las vías y que había presenciado los hechos de violencia que terminaron en la muerte de Mariano y donde también fueron heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, militantes del PO. Su amigo le dijo “tenés que declarar” y ofreció contactarlo con el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez. A su vez, Gutiérrez ofició de nexo con el Ministerio de Justicia.

Benítez dijo que quien lo había llamado para ir junto con el grupo de choque fue el delegado Alberto Carnovale, a su vez convocado por el delegado Pablo Díaz, acusado de haber sido quien daba las órdenes en el escenario del ataque. Pero Benítez también explicó que asistir a este tipo de manifestaciones le podía servir para conseguir trabajo para su hermana y su cuñada, ya que la UF –señaló– influye en las contrataciones. La posibilidad de asistir, además, dijo que estaba dada por las licencias facilitadas por Ugofe, la empresa que administra el ferrocarril Roca bajo tutela estatal.

Las defensas intentaron cuestionar el testimonio, entre otras cosas porque Benítez en su primera declaración durante la instrucción dijo que el tirador al que vio tenía remera roja; luego, cuando vio las imágenes de TV, sostuvo que era azul, algo que reiteró ayer. Incluso cuando le mostraron las filmaciones durante la audiencia señaló a Harry Favale como a quien vio disparar. Ya son varios los testigos que lo comprometen, con descripciones coincidentes. Benítez, además, reconoció (a través de imágenes) la presencia ese 20 de octubre de 2010 en Barracas de otros ferroviarios que están en el banquillo: Gabriel Sánchez (el otro acusado de disparar), Juan Carlos Pérez, Salvador Pipitó, Guillermo Uño, Jorge González y Díaz, pero también recordó que junto con Favale había más “extraferroviarios”. Para las querellas, la participación de personas ajenas al gremio es un elemento que desacredita la teoría de las defensas de que los ferroviarios aparecieron en las vías autoconvocados y refuerza la existencia de un “plan criminal”, como lo describió la Justicia en primera instancia.

La avanzada de la patota, con cascotes y disparos, se produjo –reconoció Benítez– cuando los tercerizados y las organizaciones que los apoyaban se estaban desconcentrando. Los ferroviarios llevaron y tiraron piedras, dijo. “Vamos a correr a estos zurdos”, escuchó que Favale le decía a Díaz, quien enseguida ordenó ir “tras ellos” y “sacar los fierros”. El testigo describió el papel del delegado Díaz como quien impartía las directivas a la patota. También oyó al barrabrava vanagloriarse de haber disparado. El, de hecho, lo había visto accionar el arma y quejarse porque se le había trabado. Luego vio a Díaz hablar por handy y, tras concluir la comunicación, avisar: “Dijo el Gallego que nos vayamos”. El Gallego es Fernández, segundo de José Pedraza, quien –según demostró la investigación inicial– habló por teléfono a lo largo de toda la mañana con Díaz. Mientras transcurría la gresca, Fernández y Pedraza estaban juntos en la sede de la UF.

Ante una pregunta del abogado del CELS, Maximiliano Medina, representante de la mamá de Ferreyra, Benítez dijo que cuando él se fue junto a otros hombres de la patota, la Policía Federal no estaba, nadie intentó detenerlos ni interrogarlos ni nada.

El intento de soborno

El titular de la UF, José Pedraza, será indagado hoy por el juez Luis Rodríguez en la causa en la que está sospechado de orquestar un intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal para que liberaran a la patota acusada del asesinato de Ferreyra y, de ese modo, se beneficiara él mismo en momentos en que todo indicaba que también quedaría detenido. La voz de Pedraza es una de las que aparece en un entramado de conversaciones telefónicas que fueron detectadas por la jueza de primera instancia, Wilma López, durante la investigación del homicidio del militante del PO y que revelan el armado de un plan para conseguir que Casación desarticulara la causa.

Día 11: Por la ruta de la unión del Mercosur

Pedraza y Fernández no concurrieron a la audiencia de hoy. Declararon tres policías y la fiscal propuso incorporar “por lectura” las declaraciones de varios más -es decir, dar por incorporadas al debate las declaraciones que realizaron durante la investigación sin que tengan que comparecer. Freeland pidió la anulación del allanamiento a la Cooperativa “Unión del Mercosur”. Entre el público, concurrió una importante delegación de Bahía Blanca y de estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA.

La causa de las coimas

Pedraza no concurrió a Comodoro Py. Hoy debía prestar declaración indagatoria en la causa de las coimas pero pidió la postergarla justamente con la excusa de su concurrencia a las audiencias de este juicio. No hizo ni una cosa ni la otra pero, sin embargo, logró que su indagatoria se postergara para el día 5 de septiembre. Es la enésima postergación que logra en esa causa. El fiscal había pedido en mayo del año pasado que fuera indagado. El juez Luis Rodríguez demoró meses en fijar fecha. Cuando lo hizo, comenzó la retahíla de recusaciones, impugnaciones y chicanas del ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, que dilató las cosas durante otros ocho meses más.  La lentitud del juez Rodríguez trajo como consecuencia –entre otras cosas- que los mensajes de texto intercambiados entre los imputados (Pedraza, Aráoz de Lamadrid, el vicepresidente del Belgrano Cargas Ángel Stafforini, el ex agente de la Side José Riquelme y el prosecretario de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar hijo) se perdieran definitivamente, ya que las compañías de telefonía los guardan por solamente 90 días. Rodríguez es uno de los jueces cuyo pliego espera el acuerdo del Senado para ser promovido al fuero penal. Pedraza está acusado de intentar sobornar a la Sala III de la Cámara de Casación para obtener la libertad de los primeros siete detenidos de la patota. Su objetivo era evadir su propia prisión preventiva. Las escuchas judiciales lo comprometen en forma directa con la operación, negociando montos y reclamando resultados a sus cómplices y operadores.

Policías

La fiscal Jalbert propuso incorporar “por lectura” el testimonio de unos diez policías citados a comparecer ante el tribunal. La cuestión no suscitó demasiado debate ya que muchos de ellos se presentan para reconocer su firma en algún acta y responden con muchos “no sé” y “no me acuerdo”  a la mayoría de las preguntas. En general, se trata de diligencias vinculadas al primer tramo de la investigación. Sin embargo, algunos de ellos podrían ser convocados más adelante si surgiera del debate.

Hoy primero declaró el policía Víctor Apazza, quien participó del allanamiento a las oficinas de la cooperativa “Unión del Mercosur”, una terecerizada regenteada por la burocracia de la Unión Ferroviaria que prestaba servicios a Ugofe, SOE S.A. y All America Latina Logística. Allí se decomisó documentación y se copiaron los discos rígidos de algunas computadoras. El consejo directivo de la cooperativa estaba integrado por miembros de la cúpula de la UF y la cuñada de Pedraza. En el Roca, “Unión del Mercosur” percibió –entre julio y diciembre de 2010, en tan sólo seis meses- unos diez millones de pesos para pagar los sueldos de 117 obreros que cobraban salarios de 2500 pesos por realizar tareas de limpieza. Un ingreso limpio a las arcas de la burocracia de un millón mensual aproximadamente. En las escuchas de la causa, El Gallego Fernández discute y da directivas a los gerentes de Ugofe –entre ellos, Héctor Messineo-  sobre el destino de estos trabajadores. De las escuchas también surge que ninguna decisión se toma al margen de José Pedraza. Justamente el abogado de Fernández –el doctor Freeland- pidió la anulación del allanamiento. Invocó algunas excusas formales pero no pudo explicar el perjuicio que esto produce a su cliente. Tampoco podría haberlo hecho. La razón de fondo de Freeland es que incrimina enormemente a Pedraza y Fernández en la trama económica tejida entre burócratas, empresarios y funcionarios a partir de los subsidios estatales, y que en defensa de ese negociado fue que entre ambos ordenaron la brutal represalia contra los obreros tercerizados.

El policía Apazza además participó de la detención de Pedraza en su piso de un millón de dólares en Puerto Madero. La agencia oficial Télam titula su cable de hoy que “Pedraza no ofreció resistencia” durante su arresto. Puestos a elegir entre las chicanas encubridoras de Freeland y el allanamiento a “Unión del Mercosur”, y la supuesta docilidad de Pedraza, los gerentes de la agencia estatal de noticias optaron por lo segundo.

Luego declaró una policía que retiró del  Argerich las historias clínicas de los compañeros heridos (una tarea de rutina) y participó de la detención de Gustavo Alcorcel, algo que dijo que ni siquiera recordaba.

El último testimonio fue el del gendarme Jorge Tejada, quien realizó tareas de inteligencia sobre los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. Tejada relató –no sin cierta ayuda de la lectura de la testimonial que volcó durante la investigación, porque todos los policías vienen muy flojitos de memoria- que mantuvo un diálogo con Juan Carlos Pérez, otro de los detenidos, que trabajaba de portero en el taller. Pérez le pidió a Tejada verse fuera del taller. “Me dijo que no podía hablar mucho porque trabajaba ahí hacía poco y que tenía miedo de tener inconvenientes. Lo esperé fuera del predio, a cuatro o cinco cuadras. Me dijo que había participado de la manifestación y me pasó los nombres del personal que estaba a cargo de los distintos sectores. Me explicó que no tenía listado de todas las personas, que había un encargado general”. Tejada reconoció a Pérez en uno de los videos que le exhibieron en la fiscalía y poco después lo detuvieron. La declaración de Pérez en la causa destruyó (conscientemente o no) varias de las coartadas que habían tejido los ahora detenidos, en especial Pablo Díaz y Gustavo Alcorcel, quienes negaban toda relación previa con Cristian Favale y Pérez los deschavó.

La sala estuvo repleta nuevamente. Concurrió una importante delegación de Bahía Blanca, integrada por militantes del Partido Obrero, periodistas y familiares de Juan Cruz Manfredini, un joven obrero tercerizado que falleció a raíz de la explosión de un laboratorio clandestino. También participó un nutrido grupo de universitarios de la Facultad de Psicología de la UBA con su centro de estudiantes.

En los próximos días, seguramente habrá nuevas y vibrantes novedades.

lunes, 27 de agosto de 2012

Testimonio de María Villalba

María  Wenceslada Villalba caminaba junto a Elsa Rodríguez y la vio caer herida de bala. Muy cerca encontró tirado a Mariano Ferreyra. Ella pensó que Elsa no iba a sobrevivir. Contó cómo actuó la patota ferroviaria.

La audiencia de hoy se compuso de tres partes: en primer lugar, las defensas anunciaron que volverán al ruedo con los pedidos de excarcelación de los imputados; en segundo lugar, testificó María, militante del Partido Obrero de Varela, que describió un cuadro desgarrador; finalmente, empezaron a declarar los policías afectados a la investigación de los hechos.

María

El primer testimonio que se escuchó en la audiencia fue el de María, y fue desgarrador.

En la sala había muchos jóvenes, sobre todo militantes de la UJS y amigos. Sus rostros reflejaban conmovidos el horror del relato de María. Fue la voz de todos en ese momento, de Mariano, de Elsa, de los obreros tercerizados, de los centenares de miles que acompañan activamente esta lucha.

Fue un alegato en sí mismo, aunque se tratara ni más ni menos que de un relato cronológico de los hechos. El tribunal dispuso un cuarto intermedio de cinco minutos a mitad de su testimonio. María, que sollozaba, dijo que no hacía falta, que quería seguir atestiguando. El tribunal insistió. No era el estado anímico de ella (firme, fuerte, convincente hasta el más mínimo detalle) lo que imponía una pausa: era la tensión que surcaba toda la sala de audiencias. Los procedimientos judiciales son en general muy impersonales, el ritual es extremadamente burocrático. Ahora se caían todas las defensas, se quemaban todos los papeles. Ahí estaba María de Varela, de casi 60 años, que crió cuatro hijos, que fue obrera en el ex Frigorífico Regional Santa Elena en su Entre Ríos natal, que militó en el Partido Comunista hasta poco después del Cordobazo, que se vino a Buenos Aires en el año 79, que se incorporó al Polo Obrero y al Partido Obrero en el 2001; ahí estaba para hablar, recién salida del trabajo, para decir la verdad, y la dijo. ¡Vaya si la dijo!

“Teníamos una cita a las nueve y media en el local de Avellaneda para acompañar a los ferroviarios despedidos a un corte de vías por su reincorporación y por el pase a planta permanente. Tardamos en salir. En la esquina del local, había 3 personas mirando insistentemente, después llegaron 2 patrulleros. Una compañera de Varela vino en tren y contó que había muchos policías, que el clima no era bueno. Otros compañeros dijeron que no íbamos a ir para ese lado, y salimos para el otro. Adelante la bandera, los tercerizados, los chicos que cantaban. Yo llevaba un banderín junto a otro compañero. Dimos la vuelta manzana porque estaban provocando. Empezamos a caminar por la calle a lo largo del terraplén. La policía nos seguía al costado, encolumnada; arriba, los ferroviarios agitaban banderas verdes y nos gritaban. Nosotros cantábamos. Se veía que no íbamos a poder hacer el corte”.

“Pasamos un puentecito y había un espacio para subir al terraplén. Los compañeros se mandaron. Traté de subir pero sentí como una jauría de perros que venía a los gritos por la vía y tirando piedras. Era una lluvia de piedras, era imposible subir”.  María relató que alcanzó a ver a un Policía Federal con el arma desenfundada junto a la patota ferroviaria y contó de la represión con balas de goma de la infantería policial contra la columna. A María la alcanzó un piedrazo en el estómago. Otras compañeras también resultaron heridas en esa primera agresión, entre ellas, Elsa.

Agrupados en torno a la parrilla de Luján y Santa Elena, mientras se desarrollaba la asamblea que daría por concluida la movilización, María se dedicó a atender a los heridos y le hizo el cabestrillo a Elsa para resguardar su brazo. María tiene conocimientos básicos de enfermería y primeros auxilios –lo dijo frente al tribunal- que luego resultarían fundamentales para salvar la vida de Elsa.

La columna comenzó a retirarse. Habían recorrido cien metros cuando desde el fondo comenzaron a llegar gritos de alerta porque la patota se venía a la carrera.

María: “yo seguí para adelante. Iba conversando con Nancy y Elsa. Atrás se sentía bullicio. Hicimos una cuadra marchando medio desordenados. Yo no miraba para atrás porque lo que quería era que nos fuéramos, así no distraía a los demás, pero se sentía un griterío, mucho lío”.

“Iba conversando con Elsa. En la esquina había agua y barro. Yo salté y seguí caminando. Elsa se quedó atrás. En eso, un compañero me dice ´se resbaló Elsa´. Me di vuelta y la vi en el piso. Pensé que no era nada, pero le di la mano y no respondía, tenía los ojos cerrados. Creí que estaba desmayada. La agarré de la pera para darle una bofetada y le veo en la sien un pedazo de carne desprendido. Cuando miré bien, veo que es hondo, que era una bala de verdad. La dejé despacito”. Elsa perdía “un hilito de sangre”; María dejó la cabeza de Elsa en cierta posición para que la sangre fluyera, evitando que se le formara coágulo.

“Grité ´escóndanse, nos quieren matar´. Yo pensaba que nos tiraban de arriba de los árboles, de las paredes. Tratamos de parar un auto pero se fue. Empecé a correr por el medio de la calle gritando que habían matado a Elsa, que tenía un tiro de verdad”. Pedía desesperadamente un celular para pedir ayuda. En la esquina, María se encontró con un grupo de compañeros muy agitados y lo vio a Mariano, tirado contra la pared. “Ya está, no supe ni los números que quería llamar”. Fue hasta Mariano. Le subió la remera y encontró el orificio del disparo. “Tenía una pierna doblada, se había hecho pis, tenía los ojos abiertos, la nuez no se le movía, no reaccionaba”. Lo trataron de acomodar. Un compañero la ayudó a sacarle la mochila y acostarlo. “Yo le decía a Mariano que ya habían pedido ayuda, que estaba viniendo, pero era mentira. Le estaba mintiendo”, relató con la voz quebrada.

Luego llegó la ambulancia. Elsa y Nelson ya estaban arriba. “Sentía como que era un sueño, que no estaba pasando”. Caminaron hacia una avenida. Todos los compañeros estaban muy conmocionados. No apareció ningún policía. Se subieron a un colectivo. En el viaje supo que a Elsa la iban a operar. Algunos  chicos de la UJS dijeron que iban al hospital y les dio la mochila de Mariano. Antes de llegar, Lisandro Martínez les dio la noticia de que Mariano había muerto. “Ahí fue un descontrol”. En Corrientes y Callao, María y un puñado de compañeras y compañeros cortaron el tránsito, el punto de partida de una movilización que todavía no acaba.

Uno de los defensores, el doctor Laporta –una de las personas más insignificantes que alberga la sala de audiencias de este juicio- pidió que le explicara que era la bandera de arrastre y que significaba. “Es una bandera que llevamos con las manos y que expresa las consignas que habíamos ido a apoyar ese día: somos todos ferroviarios, reincorporación de los despedidos, pase a planta permanente”. Algún otro defensor balbuceó algo más. Estos abogados de grandes estudios se quedaron acobardados frente a esta mujer de Florencio Varela, frente a esta militante de casi 60 años que apenas había hecho tiempo de salir del trabajo y llegar puntual a declarar. “Grandes estudios”: la nada misma.

Nulidades

Al comienzo de cada audiencia, antes de la comparecencia de los testigos, se plantean cuestiones preliminares al debate. Las defensas venían de un duro revés: el día viernes, el tribunal rechazó el enésimo pedido de excarcelación de Pedraza y sus matones. La solicitud ya recorrió varias instancias sin encontrar eco. Era de esperar que los defensores volvieran sobre el punto y así ocurrió. Plantearon adelantar la citación de los testigos que denunciaron amenazas (“amenazas inventadas”, según dichos del inefable doctor Froment, abogado defensor de José Pedraza, a los medios) para despejar lo que las defensas entienden como el único obstáculo para la libertad de sus clientes. Esto es falso. Pedraza se encuentra además acusado en una causa paralela por intentar sobornar al tribunal de la sala III de la Cámara de Casación Penal. Su objetivo era comprar la excarcelación de los primeros detenidos y evitar, de ese modo, su propia detención (´sin autores materiales presos, no le dictarían la prisión preventiva al supuesto instigador´ era el razonamiento). Además, un “perito de parte” introducido por los defensores (en este caso, por el doctor Igounet) se encuentra procesado por golpear contra una mesa la bala que mató a Mariano delante de varios testigos. Su objetivo –cumplido a medias- era anular el proyectil como elemento de prueba. Numerosas amenazas, intimidaciones a los trabajadores ferroviarios (incluso con el concurso de la empresa Ugofe) intentos de soborno y destrucción de pruebas: Pedraza no debe ser excarcelado bajo ningún concepto, ya que todo acusa su intención de entorpecer la investigación para lograr su impunidad. De paso, recordemos que los abogados defensores han apelado a todos los recursos posibles por retrasar la realización del juicio y anular la investigación realizada durante la instrucción.

El tribunal señaló que estudiaría la cuestión del orden de los testigos, pero añadió que -en principio- no sería modificada.

Policías

Luego de María, comenzaron a desfilar algunos policías que participaron de la investigación. La defensa de Cristian Favale hizo un exhaustivo interrogatorio. Su objetivo era encontrar alguna irregularidad formal para anular el procedimiento. Los policías se remitieron a las actas de procedimiento. La defensora pidió citar a más uniformados, que hasta ahora no formaban parte de la nómina de testigos. La fiscal y las querellas se opusieron. La abogada Verdú –que tiene una larga experiencia en casos de ´gatillo fácil´ y que, junto a Claudia Ferrero, representan a los militantes del Partido Obrero heridos el 20 de octubre de 2010- argumentó que esos testimonios eran innecesarios “porque la policía nunca se acuerda de nada, o no sabe, y se remiten a lo que dicen las actas”.

La audiencia terminó temprano. Afuera brillaba el sol. Mañana continuarán testificando más policías.

Reprimen a los trabajadores del Ingenio Tabacal en Salta


La policía salteña reprimió a los manifestantes que se encontraban reclamando la reincorporación de los 57 trabajadores despedidos del Ingenio Tabacal, en el kilómetro 6,5 de la ruta 50.

La represión comenzó minutos después de las 18 cuando la policía arrojó los primeros gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra el centenar de personas que se encontraban en las inmediaciones del ingenio ubicado en el pueblo de Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Orán, a 260 kilómetros de la capital salteña.

El violento desalojo provocó que varios manifestantes fueran heridos y hayan tenido que ser trasladados al hospital local, informaron los trabajadores que encabezan la protesta.

El desalojo se produce a instancias de una orden firmada por el juez de la Cámara Civil y Comercial de Cuarta Nominación, José Ruiz, quien recibió el pedido del fiscal de Estado Ramiro Simón Padrós.

El fiscal de Estado pidió, en representación del Gobierno Provincial, "que se ordene la apertura de los caminos internos del Ingenio San Martín de Tabacal a los efectos de garantizar la libre circulación de personas y bienes, desde y hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán".

El ingenio Tabacal fue fundado en 1918 y es propiedad de la estadounidense Seaboard Corporation desde 1996.

Se trata de una de las firmas agroindustriales más importantes del noroeste argentino, y desde hace algunos años viene recibiendo denuncias por parte de distintos sectores, entre otras cosas por la falta de negociaciones paritarias y el desconocimiento a los integrantes del Sindicato del Azúcar.