Jornada Político Cultural a 13 años de la Masacre de Avellaneda

25 y 26 de junio TODOS POR DARIO Y MAXI

Jornada Político Cultural a 13 años de la Masacre de Avellaneda:

15 a 17 hs. - Actividades Lúdicas para niños y niñas.
Presentaciones: murga Los zapasucias del FPDS y los chicxs de Che Pibe

17,30hs: Panel de debate: " Territorios en disputa. Los cuerpos, la vida, la tierra, en pie de resistencia".

Panelistas:
Monica Mexicano – Asamblea de mexicanos en Argentina

Gabriela Rios de CAPOMA - Centro De Acción Popular Olga Marquez De Aredes ( Ledesma / Blaquier)

José Luis Calegari abogado del Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli

Clauda Korol - Equipo de educación popular Pañuelos en rebeldía

Guillermo Amador – integrante de la resistencia hondureña al golpe de estado

Carlos Vicente.

19 hs. Acto político: familiares de Darío y Maxi estarán acompañados por voces de las luchas de ayer y de hoy

Alberto y Leo Santillan, Vanina Kosteki
Nora Cortiñas
Vanesa Orieta
Carlos El Perro Santillan
Eduardo Diaz
Lucia Iglesias y Rocio Girat
Delegados Gremiales de Aceiteros.
Vicente Zito Lema.
Mensaje de Raul Boli Lezcano

Música: Besadores enjaulados, Raly Barrionuevo, Bruno Arias y la Delio Valdez.

23.00hs: Marcha de antorchas: Los tambores no callan

Vigilia: radio abierta, proyecciones, talleres.

26 de junio 10hs: concentración. Todxs al Puente Pueyrredón.

CONVOCAN: Frente Popular Dario Santillan - CTD Anibal Veron - Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional - M.T.D. Anibal Veron / FOL - APDH Matanza - Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos - Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos, Autogestivos y Precarizados (AGTCAP) - Agrupación Los Invisibles - Anarkumbia Tirapiedras - Autoconvocados por los DDHH de los enfermos de H.I.V. - Barricada TV - Cátedra Libre de Estudios Americanistas - Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) - Centro de Estudiantes del ISTLyR, Lokodrilo Lokorrentino - Cine Libre Parque Abierto - Colectivo Fin de un Mundo - Colectivo Por la Igualdad - Confederación de Trabajadores de la Economía Popular - Coordinadora de Organizaciones de Base La Brecha - Corriente Juana Azurduy - Corriente Nuestra América de Trabajadores 19 de Diciembre - El Avispero/Bartolina Sisa - Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía - Frente Nacional Pueblo Unido - Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible - Fundacion Che Pibe - Grupo de Estudios sobre América Latina y El Caribe - HIJOS Zona Oeste - Izquierda Revolucionaria - Juventud Insurgente - La Poderosa - Liga Por Los Derechos Humanos del Hombre - La Dignidad por Asalto (MPLD-MTK) - MPR Quebracho - Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) - Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social - Movimiento Popular Patria Grande - MTD Anibal Veron (Esteban Echeverria) - Muralismo nómade en resistencia - Olla Popular de Troilo y Corrientes - Organización Social y Política El Hormiguero - Organizacion Social y Politica Los Pibes - Red Nacional de Medios Alternativos - TIERRHA - Wirahjkocha Grupo de Reflexion Rural

Neuquén: reprimen con balas de plomo, de goma y gases la marcha en contra del acuerdo YPF-Crevrón

La policía desalojó a quienes se movilizaban hacia la Legislatura, después de que un grupo pasara el vallado. Las y los estudiantes secundarios y universitarios se trasladaron al playón de la UNCo mientras el otro sector continúa frente a la legislatura y la represión se repite cada vez que intentan avanzar. Hay dos personas detenidas y dos heridas. Por 8300 / Imágenes: Castillo Oo / Cecilia Medina. Actualización 16.45hs: El director del Hospital Castro Rendón de Neuquén confirmó que el docente Rodrigo Barreiro ingresó con una herida de bala de plomo en el tórax, por lo cual tuvo que ser intervenido de urgencia, estando ahora fuera de gravedad. Diversos bloques políticos pidieron levantar la sesión dados los hechos represivos, pero por mayoría se decidió continuar el debate del proyecto. En estos momentos hay una manifestación frente a la sede porteña de la Casa de Neuquén en repudio a los hechos.

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

Actualización 16.45hs Gabriel Pillado de ATEN confirmó en una entrevista realizada en Radio La Retaguardia (RNMA) que está confirmado que fue herido de bala de plomo en el tórax el docente Rodrigo Barreiro, del CPEM 72, hijo del conocido decano de la Facultad de Humanidades de la UNCo, Pedro Barreiro. Además, el referente del gremio indicó que el docente fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y ahora se encuentra fuera de peligro. Esta información también fue confirmada a través de un parte oficial por el director del Hospital Rendón. El diputado provincial por el partido Unión Popular, Raúl Dobrusin justificó la violencia policial contra los manifestantes sosteniendo que la bala con la que fue herido de gravedad el docente es "una bala especial, ni de goma ni de plomo", según aseguró en el medio de las deliberaciones por el debate del proyecto en la legislatura neuquina. Esto choca contra la versión que fue difundida de manera oficial desde el hospital donde fue intervenido y donde se encuentra internado el docente. Asimismo, desde FOPEA se denunció la detención durante los hechos del fotógrafo Paulo Tejeda, del medio 8300web, y que el fotógrafo Luis García, del diario Río Negro, recibió un escopetazo en la cabeza y perdigonazos, por lo cual perdió la conciencia y ahora se encuentra internado. La asociación de periodistas también denunció que otro fotógrafo del Diario Río Negro, Leonardo Petricio, fue hospitalizado con problemas respiratorios por los gases lacrimógenos lanzados por la policía. En estos momentos se encuentra transmitiendo en vivo la sesión Radio La Retaguardia Denuncian que un docente fue herido con plomo Gabriel Pillado y Patricia Jure hace denunciaron en las afueras de la legislatura neuquina, donde continúa la manifestación, que un hombre recibió el impacto de una munición de plomo. El diputado del FIT, Raúl Godoy, y el diputado de Libres del Sur, Jesús Escobar, por su parte, denunciaron que lo que el joven recibió fue un balazo de plomo. Los referentes de Aten denunciaron hace algunos momentos que un hombre fue agredido con una munición de plomo durante una de las represiones a la movilización. El impacto fue en el pecho, bajo una de las tetillas, y el elemento ya habría sido retirado en el hospital, encontrándose la víctima fuera de peligro. El diputado por el Frente de Izquierda y de los trabajadores brindó la información, a través de un comunicado, de que se trató de una bala de plomo y de que la víctima es un docente de 33 años, coincidiendo en que está fuera de peligro tras haber sido intervenido. “Esto es un escándalo nacional, y no puede sesionar la Legislatura así blindada como está, y ahora con un herido con una bala policial. Exigimos el cese inmediato de la represión, que se retire la policía del lugar y que la vicegobernadora Ana Pechén, presidenta de la Legislatura, suspenda inmediatamente esta sesión”, remarcó. El referente de Libres del Sur, Jesús Escobar, manifestó que “A los heridos ya existentes se suma un herido con bala de plomo. Es responsabilidad del gobierno detener esta brutal represión. No puede haber un herido más”. Actualización 14.30hs Interpusieron un habeas corpus por las dos personas detenidas Fue presentado este mediodía por los abogados defensores Fernando Diez y Nicolás García ante la jueza Mara Suste. Paulo Tejeda y Soledad Martínez habían sido vistos por última vez cuando eran detenidos por la policía en medio de la represión desatada esta mañana en las afueras de la legislatura provincial. En estos momentos se encuentran en la Comisaría Primera aguardando que la jueza los vea. De ninguna de las dos personas detenidas durante la manifestación en contra del acuerdo entre YPF y la provincia se supo nada más hasta hace unos momentos, cuando se informó que se encontraban en la Comisaría Primera. El habeas corpus fue interpuesto por los abogados defensores Fernando Diez y Nicolás García ante la jueza Mara Suste exigiendo información sobre las razones de sus detenciones, sus parederos y sus estados de salud. Los manifestantes criminalizados fueron trasladados a la Comisaría Primera. La marcha en contra del acuerdo YPF-Neuquén, que partió desde el playón de la Universidad Nacional del Comahue a las 10:50 rumbo a la Legislatura donde está el acampe de la “Multisectorial contra la Hidrofractura”, fue reprimida por la policía de Neuquén con gases y balas de goma. En estos momentos continúa la tensión. La movilización fue numerosa, estimandose una participación de cinco mil personas aproximadamente. Hasta el momento, dos personas resultaron heridas. Una mujer fue lastimada en la cabeza, cerca del ojo. El otro es un joven de 19 años que fue trasladado al hospital con heridas de bala de goma en la frente. El grueso de las y los manifestantes se replegaron a las calles Leloir y Castro Rendon, apartándose estudiantes para resguardarse en el playón de la Universidad Nacional del Comahue. En estos momentos, la movilización volvió a concentrarse en las afueras de la legislatura, aunque cada vez que intentan avanzar la respuesta policial es represiva. Habría tres personas detenidas. Según informaron desde la multisectorial se trata de Paulo Tejeda, integrante de la cooperativa 8300, Soledad Martínez, docente, y Ana Moreno, del PTS. Telefonos de contacto. Integrantes CTA Neuquén Daniel Aquino 0299 154 010 976 Jorge Borgognono 0299 155 177 520 Imágenes de Cecilia Medina: Info relacionada:

Día 16: La solidaridad con “los buenos”

En la audiencia del día 16 tuvieron lugar testimonios muy fuertes. La sala estuvo colmada de obreros, maestros y estudiantes en cuyo recuerdo quedarán grabados para siempre.

Declaró un trabajador, compañero de Mariano, quien identificó a Favale y relató de forma pormenorizada el ataque en retirada.

Más tarde declaró un albañil que, cuando la patota atacó, estaba comiendo de parado en una parrilla. No estaba al tanto de nada, pero cuando vio a la patota atacar, no tuvo dudas sobre de qué lado estar, “del lado de los buenos”, según sus propias palabras. Minutos después, a pocos metros, “los malos”, asesinaban a Mariano y herían de gravedad a Elsa y dos compañeros más. A pesar de amenazas y hasta balazos que hirieron a uno de sus hijos, se mantuvo firme en su declaración, y hasta  identificó al testigo “aportado por el gobierno” como uno de los que encabezaba la patota con algo que posiblemente fuera un arma.

Otro policía bonaerense, también de fuertes lazos con Favale y los barras brava de Defensa y Justicia, fue el último testimonio.

“Se nos venían encima como malón”

Primero declaró Néstor M., militante del Polo Obrero de Esteban Echeverría. Es un hombre de unos 60 años, que repara equipos de refrigeración y que para octubre de 2010, hacía muy pocos meses que había comenzado a participar de las movilizaciones del Polo. Su testimonio fue sólido como una montaña. Hizo un relato muy pormenorizado de los hechos y señaló con absoluta seguridad a Cristian Favale como uno de los tiradores.

“El 20 de octubre, a eso de las 10 de la mañana, fui a Avellaneda participar de una protesta por los tercerizados del ferrocarril Roca. Esperamos hasta las 11:30. Cuando nos encolumnamos, los compañeros nos advirtieron que en las vías estaba la patota de la Unión Ferroviaria y nos llamaron a no responder agresiones ni insultos  y que solamente marcharíamos”.

“Fuimos costeando las vías. Desde abajo, veíamos en el terraplén a un montón de personas que gesticulaban y soltaban amenazas hacia nosotros, que íbamos cantando por la calle. Un pelotón de policías -que creo que eran de la Policía Federal pero tengo dudas-, con escopetas y escudos se nos adelantó. Yo iba a mitad de la columna. Cruzamos el Riachuelo y habremos avanzado unos 100 metros cuando escuché un griterío, disparos y empezó a caer una lluvia de piedras. Primero me escondí en una esquina, detrás de un cartel de publicidad. Algunas piedras que rebotaron en el pavimento me pegaron en las piernas y me alejé todavía más. Vi compañeros con golpes, con la cabeza sangrando, que eran los que habían intentado subir a las vías”.

“Nos alejamos otros 200 metros. Había dos patrulleros enfrentados, como cortando la calle. Llegamos a una parrilla al paso y nos distendimos. A esa altura, lo que había pasado era una anécdota. Algunos compañeros se refrescaron, otros comieron algo. Estuvimos ahí como una hora y pico. Se hizo una asamblea: unos querían ir al hall de Constitución a protestar por la agresión, otros decíamos que la protesta ya había sido hecha y finalmente se decidió irnos”.

“La gente se empieza a ir, al menos la gran mayoría, caminando hacia la avenida Vélez Sársfield. Había muchas mujeres y chicos. Yo me había quedado al lado de la parrilla, apoyado de espaldas a las vías sobre el baúl de un Falcon viejo. Escucho que alguien grita ´guarda que bajan´, me doy vuelta y veo que vienen corriendo hacia nosotros. Corrí en dirección contraria, pasé por la puerta de Chevallier y en la otra esquina escucho que uno grita ´un cordón acá´. Como no podía correr más, me quedo en el cordón. Se nos vinieron encima, era un malón que metía miedo. Agarré unas piedras para defenderme. Se frenan a unos 40 metros y ahí empieza el pedrerío. Tiré dos o tres piedras, pero como pegaban en las ramas de los árboles, me corrí al medio de la calle. Escuché tres disparos seguidos pero no les presté atención porque pensé que era de nuevo la policía. Entonces veo a un individuo con un arma que hace dos disparos desde unos 30 o 35 metros en línea recta hacia nosotros. Vi los dos fogonazos. Entonces este hombre baja el arma y con la otra mano veo que la manipula con el caño para abajo. No sé qué quería hacer, supongo que abrirla para recargarla. Como no pudo, salió corriendo y se metió en un grupo que es como que se abre para recibirlo y después se cierra”. Este detalle confirma (por enésima vez) que había una organización previa, que todo estaba pautado: la llegada y salida de los tiradores, la distribución de las armas, su ocultamiento. Afirmó haber escuchado ocho disparos en total, de diferentes calibres, que pudo reconocer porque su padre era cazador y además hizo el servicio militar. Describió al tirador que pudo visualizar como de 1,75 de altura, robusto, de pelo corto y barba candado, vestido con una remera azul y pantalón de jean o de trabajo. Cuando vio su cara en los noticieros no tuvo dudas de que se trataba de Cristian Favale.

Néstor no conocía a Mariano. Lo vio por primera vez tirado en el piso, con la remera levantada y un orificio a la altura del hígado. Cuando le preguntaron qué hizo la policía, dijo: “Nada”.

Cuando terminó de hablar, parecía que a las defensas les había pasado por encima una aplanadora. Uno de los jueces poco menos le ordenó que tomara un trago de agua. Este compañero reveló una memoria implacable y además habló con una seguridad que dejó sin aliento hasta el más verborrágico de los abogados defensores. Cuando éstos intentaron ponerlo en contradicción con su primera declaración, sus respuestas fueron tan contundentes que no dieron lugar a réplicas.

A esta altura, el partido ya estaba ganado. Lo que vino después se podría decir que fue directamente humillante para Pedraza y su patota.

Los buenos y los malos

El siguiente testigo fue Alberto Esteche, que el 20 de octubre de 2010 estaba almorzando (“de parado, yo en la parrilla como siempre de parado”) en un puestito ubicado en la esquina de Luján y Perdriel junto a su hijo, a pocos metros de donde caería Mariano. Esteche vive en Barracas desde hace 26 años. En ese momento, tenía una changa de albañil ahí en el barrio. Ahora es empleado en una distribuidora de gaseosas. Le habían dado permiso para salir al mediodía, y como la cosa venía más rápido que lo previsto, el tribunal tuvo que adelantar el receso del almuerzo hasta que finalmente llegó.

Esteche ingresó a la sala con paso firme. Los detenidos estaban todos presentes. Cada vez que declaran testigos presenciales de los hechos, vienen todos. Deben pensar que intimidan o algo por el estilo pero hasta ahora ningún testigo se mosqueó porque estuvieran ahí. Esteche no iba a ser la excepción, para nada.

Ocurre que las pasó todas: la noche anterior a su declaración en la fiscalía, allá en el 2010, le balearon la casa. Treinta y seis tiros. Uno le produjo heridas muy graves a uno de sus pibes. Además, a sus dos sobrinos que trabajaban en el ferrocarril, en los talleres del kilómetro 4, los despidieron justo después de que declaró. Si pasó todo eso y vino hoy, no se iba a achicar delante de ellos.

Apenas se sentó en el estrado, descargó un relato breve pero brutal.

“Estaba comiendo en la parrilla. Los del Partido Obrero estaban con las banderas rojas yéndose, no eran más de 50. Había mujeres embarazadas, chicos. Unos chicos de los que se estaban yendo se ponen con unos palos tapando Luján. Armaron una valla al ver a los otros venían. ´Que se vayan las mujeres, nosotros nos quedamos´, habrán pensado. Los otros eran un montón, por lo menos 80. Venían gritando, putendo, ´les vamos a pegar, son unos muertos de hambre, los vamos a matar´”.

“¿Qué hacían estas personas?”, quiso saber la fiscal. “¿Los buenos o los malos?” pidió Esteche que le aclarara. “No vamos a usar calificativos. Me refiero a los que venían corriendo desde el lado de las vías”, repuso la Dra Jalbert. “Sí, los malos”, concluyó Esteche. Se notaba que no venía a perder tiempo. No hubo manera de moverlo de ahí. Los defensores tuvieron que adaptarse para poder hacer interrogarlo. Estaban los buenos y estaban los malos, y se acabó. No se iba a poner a discutir ahora eso.

“Primero les empezaron a tirar piedras, después empezaron los tiros. Lo metí a mi hijo debajo de un camión y le dije al parrillero que escondiera las cosas, a ver si le robaban. Las mujeres corrían. Veo que un muchacho agarra a otro pibe que estaba haciéndose pis. Lo llevan para la pared de la esquina. Estaba meándose y defecándose. Pensé que tenía un ataque de epilepsia, pero cuando le levantan la remera, le ven el tiro”. Esteche ayudó a subir a Mariano a la ambulancia.

“Yo agarré un palo y lo corrí a ese”, dijo Esteche señalando con el dedo índice al ´Payaso´Sánchez. “Mucho no iba a hacer, pero bueno”. Un defensor le preguntó para qué había agarrado el palo. “Porque quería pelear del lado de los buenos”, contestó Esteche, dejando definitivamente aclarado el punto. Señaló a González -el que aparece en los videos de C5N con cuello ortopédico- como uno de los más exaltados, que puteaba y amenazaba a todo el mundo. “Cuando se iban, se quisieron hacer los malos con unos choferes de Chevallier que estaban ahí”.

Esteche dijo que vio a dos personas haciendo ademanes de ocultar en la cintura lo que cree que eran armas. Uno de ellos, “una persona medio norteña”; al otro, que lo señaló en un video que le mostraron en la audiencia, era Benítez, el testigo protegido que llegó a la causa de la mano del intendente de Quilmes y del gobierno. Esteche no tiene la certeza de que se tratara de un arma, pero lo que contó es lo que vio. “Era uno de los capitos, porque le decía al del cuello ´ya está, ya está, vámonos´”.

Escuchó un disparo, aunque no pudo visualizar al tirador. “Era un calibre chico, como de 32 o de 22″, afirmó. A Mariano y a Elsa le dieron con una 38. La patota tenía muchas armas.

“La policía llegó como a los diez o quince minutos. Había un patrullero antes de llegar al puente con dos policías. No hacían nada”. Esteche dijo que levantó tres plomos deformados del piso y que se los dio al cree que era el comisario o subcomisario, que estaba de traje. Esa misma tarde declaró en la comisaría. Allí pidió ver videos pero no le mostraron nada. Reconoció a los tipos en la televisión.

Los patoteros lo miraban con odio. Terminó de declarar y salió de la sala tan seguro como había entrado. “Gracias, gente”, se despidió, como dando el mazazo final.

Un policía y las últimas chicanas

El último en declarar fue el subcomisario Romero, de Florencio Varela. Al igual que su jefe, el comisario González, tenía trato fluido con Favale, que integraba la barrabrava de Defensa y Justicia y participaba de las reuniones con la policía en las que se coordinaban los movimientos de la hinchada en los partidos.

El 20 de octubre de 2010, Romero redactó un informe muy particular. Los cómplices de Favale se desplazaban hacia Avellaneda y fueron demorados por un control policial. Eran nueve personas arriba de un auto. Favale llamó entonces a Romero para pedirle explicaciones sobre ese percance “porque los muchachos iban para un acto político”. Insólitamente  (o no), el subcomisario hizo las averiguaciones a pedido de Favale, que finalmente se arrimó al lugar en un segundo automóvil y pudieron seguir viaje. La fuerza de choque reclutada por Pedraza se dirigía a cometer la emboscada que tenían prevista pasando por las narices de la policía. Barrabravas, punteros, canas y burócratas sindicales se manejan en la misma esfera de relaciones y negocios cruzados. Este juicio pone eso de manifiesto en cada audiencia.

En el último acto, finalizadas las declaraciones, el abogado Freeland hizo un confuso pedido basado en recortes periodísticos sobre un paro en el Sarmiento y sobre un posteo de la ex fiscal del caso, Cristina Caamaño. En parte era difícil de entender qué pretendía. Pasado en limpio, apunta a anular la investigación, o parte de ella. O al menos, hacerse ver como alguien activo delante de sus defendidos. En definitiva, son abogados que cobran una pequeña fortuna por cada audiencia.  Y no tienen mucho más que ofrecer que un poco de teatro. Cada prueba, cada recoveco que sigue el juicio, acercan a Pedraza y los suyos a la condena a perpetuidad.

El juicio se reanuda el próximo lunes. La semana que viene declaran más compañeros de Mariano.
http://po.org.ar/mariano-ferreyra/2012/09/14/dia-16-la-solidaridad-con-los-buenos/

Día 11: Por la ruta de la unión del Mercosur

Pedraza y Fernández no concurrieron a la audiencia de hoy. Declararon tres policías y la fiscal propuso incorporar “por lectura” las declaraciones de varios más -es decir, dar por incorporadas al debate las declaraciones que realizaron durante la investigación sin que tengan que comparecer. Freeland pidió la anulación del allanamiento a la Cooperativa “Unión del Mercosur”. Entre el público, concurrió una importante delegación de Bahía Blanca y de estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA.

La causa de las coimas

Pedraza no concurrió a Comodoro Py. Hoy debía prestar declaración indagatoria en la causa de las coimas pero pidió la postergarla justamente con la excusa de su concurrencia a las audiencias de este juicio. No hizo ni una cosa ni la otra pero, sin embargo, logró que su indagatoria se postergara para el día 5 de septiembre. Es la enésima postergación que logra en esa causa. El fiscal había pedido en mayo del año pasado que fuera indagado. El juez Luis Rodríguez demoró meses en fijar fecha. Cuando lo hizo, comenzó la retahíla de recusaciones, impugnaciones y chicanas del ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, que dilató las cosas durante otros ocho meses más.  La lentitud del juez Rodríguez trajo como consecuencia –entre otras cosas- que los mensajes de texto intercambiados entre los imputados (Pedraza, Aráoz de Lamadrid, el vicepresidente del Belgrano Cargas Ángel Stafforini, el ex agente de la Side José Riquelme y el prosecretario de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar hijo) se perdieran definitivamente, ya que las compañías de telefonía los guardan por solamente 90 días. Rodríguez es uno de los jueces cuyo pliego espera el acuerdo del Senado para ser promovido al fuero penal. Pedraza está acusado de intentar sobornar a la Sala III de la Cámara de Casación para obtener la libertad de los primeros siete detenidos de la patota. Su objetivo era evadir su propia prisión preventiva. Las escuchas judiciales lo comprometen en forma directa con la operación, negociando montos y reclamando resultados a sus cómplices y operadores.

Policías

La fiscal Jalbert propuso incorporar “por lectura” el testimonio de unos diez policías citados a comparecer ante el tribunal. La cuestión no suscitó demasiado debate ya que muchos de ellos se presentan para reconocer su firma en algún acta y responden con muchos “no sé” y “no me acuerdo”  a la mayoría de las preguntas. En general, se trata de diligencias vinculadas al primer tramo de la investigación. Sin embargo, algunos de ellos podrían ser convocados más adelante si surgiera del debate.

Hoy primero declaró el policía Víctor Apazza, quien participó del allanamiento a las oficinas de la cooperativa “Unión del Mercosur”, una terecerizada regenteada por la burocracia de la Unión Ferroviaria que prestaba servicios a Ugofe, SOE S.A. y All America Latina Logística. Allí se decomisó documentación y se copiaron los discos rígidos de algunas computadoras. El consejo directivo de la cooperativa estaba integrado por miembros de la cúpula de la UF y la cuñada de Pedraza. En el Roca, “Unión del Mercosur” percibió –entre julio y diciembre de 2010, en tan sólo seis meses- unos diez millones de pesos para pagar los sueldos de 117 obreros que cobraban salarios de 2500 pesos por realizar tareas de limpieza. Un ingreso limpio a las arcas de la burocracia de un millón mensual aproximadamente. En las escuchas de la causa, El Gallego Fernández discute y da directivas a los gerentes de Ugofe –entre ellos, Héctor Messineo-  sobre el destino de estos trabajadores. De las escuchas también surge que ninguna decisión se toma al margen de José Pedraza. Justamente el abogado de Fernández –el doctor Freeland- pidió la anulación del allanamiento. Invocó algunas excusas formales pero no pudo explicar el perjuicio que esto produce a su cliente. Tampoco podría haberlo hecho. La razón de fondo de Freeland es que incrimina enormemente a Pedraza y Fernández en la trama económica tejida entre burócratas, empresarios y funcionarios a partir de los subsidios estatales, y que en defensa de ese negociado fue que entre ambos ordenaron la brutal represalia contra los obreros tercerizados.

El policía Apazza además participó de la detención de Pedraza en su piso de un millón de dólares en Puerto Madero. La agencia oficial Télam titula su cable de hoy que “Pedraza no ofreció resistencia” durante su arresto. Puestos a elegir entre las chicanas encubridoras de Freeland y el allanamiento a “Unión del Mercosur”, y la supuesta docilidad de Pedraza, los gerentes de la agencia estatal de noticias optaron por lo segundo.

Luego declaró una policía que retiró del  Argerich las historias clínicas de los compañeros heridos (una tarea de rutina) y participó de la detención de Gustavo Alcorcel, algo que dijo que ni siquiera recordaba.

El último testimonio fue el del gendarme Jorge Tejada, quien realizó tareas de inteligencia sobre los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. Tejada relató –no sin cierta ayuda de la lectura de la testimonial que volcó durante la investigación, porque todos los policías vienen muy flojitos de memoria- que mantuvo un diálogo con Juan Carlos Pérez, otro de los detenidos, que trabajaba de portero en el taller. Pérez le pidió a Tejada verse fuera del taller. “Me dijo que no podía hablar mucho porque trabajaba ahí hacía poco y que tenía miedo de tener inconvenientes. Lo esperé fuera del predio, a cuatro o cinco cuadras. Me dijo que había participado de la manifestación y me pasó los nombres del personal que estaba a cargo de los distintos sectores. Me explicó que no tenía listado de todas las personas, que había un encargado general”. Tejada reconoció a Pérez en uno de los videos que le exhibieron en la fiscalía y poco después lo detuvieron. La declaración de Pérez en la causa destruyó (conscientemente o no) varias de las coartadas que habían tejido los ahora detenidos, en especial Pablo Díaz y Gustavo Alcorcel, quienes negaban toda relación previa con Cristian Favale y Pérez los deschavó.

La sala estuvo repleta nuevamente. Concurrió una importante delegación de Bahía Blanca, integrada por militantes del Partido Obrero, periodistas y familiares de Juan Cruz Manfredini, un joven obrero tercerizado que falleció a raíz de la explosión de un laboratorio clandestino. También participó un nutrido grupo de universitarios de la Facultad de Psicología de la UBA con su centro de estudiantes.

En los próximos días, seguramente habrá nuevas y vibrantes novedades.

http://po.org.ar/mariano-ferreyra/2012/09/04/dia-11-por-la-ruta-de-la-union-del-mercosur/

Favale, más complicado en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra

Otro revés para Favale

Un policía bonaerense complicó la situación del detenido Cristian Favale, uno de los principales acusados por el crimen del militante del Partido Obrero, al afirmar que tras el asesinato lo llamó por teléfono en "reiteradas" ocasiones para pedirle ayuda porque había estado "en el problema de Capital", cuando todavía la Justicia no había dictado su orden de captura.

El testigo, sargento Alejandro Tocalino, explicó que conocía a Favale desde hacía poco más de un año antes del crimen de Ferreyra, que se lo había presentado otro efectivo al que llamó "Mauricio". El policía contó que en los días posteriores al 20 de octubre, cuando la patota de la Unión Ferroviaria atacó la marcha de trabajadores tercerizados del exferrocarril Roca, Favale lo llamó a su Nextel y le dijo que "había estado en el problema de Capital, que si sabía algo que le avise. Me llamó reiteradas veces y a Mauricio también".

En un breve testimonio, donde casi no hubo preguntas de las partes -salvo unas pocas de la fiscalía y una de la defensa oficial de Favale- Tocalino explicó que entonces era sargento en la DDI de Quilmes, aunque ahora está "sin actividad". Además, señaló conocía a Favale, que sabía que tenía un vehículo Corsa, que trabajaba como remisero en Florencio Varela y que era "simpatizante" de Defensa y Justicia.

Al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal 21 --que también juzga al titular de la UF, José Pedraza, y a otros detenidos por el asesinato--, el oficial aseguró que "no sabía el apellido, le decía Cristian". Además, explicó que en un primer momento no supo a qué se refería con el "problema de Capital", pero que después se enteró y comunicó las llamadas a su superior directo, Pablo Barberis.

Tocalino relató que su jefe le dijo que "lo siguiera atendiendo y que si teníamos que dar una mano para detenerlo lo íbamos a hacer. No sabía si tenía orden de captura pero sí que si estaba metido en un problema íbamos a hacer lo que teníamos que hacer". Ante una pregunta de la defensa oficial, Tocalino aceptó haberse contactado con la DDI de Lomas de Zamora, que realizaba tareas de inteligencia para localizar el domicilio de Favale, para ofrecerse como "mediador".

Asesinato de Mariano Ferreyra: Policía complicó a policía

El sargento José Ortigoza, en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

Un suboficial de la Policía Federal que declaró ayer describió la escena de actuación de la patota ferroviaria dejando en claro que la fuerza de seguridad habilitó una virtual zona liberada. No hubo órdenes para prevenir la violencia.

 Por Irina Hauser

Un sargento de la Policía Federal que declaró ayer como testigo en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra dejó mal parados a los policías que están acusados de haber liberado la zona. Confirmó que la patota de la Unión Ferroviaria (UF) atacó a los manifestantes que protestaban contra la tercerización laboral en el momento en que se retiraban de Barracas –lo que desacredita la teoría de un enfrentamiento– y afirmó que los patrulleros de la Comisaría 30ª, que en un comienzo cortaban el tránsito trompa contra trompa, se habían movido a 45 grados para abrir el paso a “los masculinos”, en la jerga de la fuerza, que “venían corriendo”. Otros dos agentes ofrecieron relatos imprecisos y con omisiones, pero de ellos se desprende que no hubo ninguna instrucción para evitar el despliegue de violencia ni resguardar a los tercerizados y las agrupaciones que los apoyaban. Sólo había indicación de que observaran y se resguardaran a sí mismos.

Los tres policías que declararon reportaban al subcomisario Rolando César Garay, de la seccional 30ª. El sargento José Alberto Ortigoza, un joven de contextura menuda y ropa clara, contó que había ido vestido de civil y que debía informarle a Garay qué decisiones iban tomando los tercerizados, a quienes consultaba. Confirmó que tenía a Eduardo Belliboni como referente del Partido Obrero, ya que lo conoce de otras protestas. Belliboni ya declaró en el juicio y dijo que habló con un policía de civil. Ortigoza explicó que primero vio que hacían una asamblea, luego debatieron y decidieron que se iban. “Veo gente que venía corriendo desde el lado de las vías”, dijo. “Iban en persecución detrás de los manifestantes (...) caían piedras grandes”, relató. A los periodistas de C5N que estaban allí les gritó “córranse” como resguardo, explicó. Cerca suyo, recordó, había otros policías de la División Roca, también de civil. Los ferroviarios que se abalanzaban gritaron, señalándolos, “¡Estos están con ellos, vamos a darles!”. “Pará que somos polis”, intentó frenarlos uno de ellos, quien logró que fueran reconocidos.

María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, que representa a la querella de los heridos del Partido Obrero, señaló que Ortigoza es el primer policía que declara que al llegar los patrulleros cruzaban la calle impidiendo el paso, “mientras que a la hora de los incidentes los móviles estaban a 45 grados”, lo que facilitó el paso de la patota. Destacó que su descripción fue coincidente con la de los manifestantes y afirmó que había una diferencia de fuerzas entre los dos grupos, porque el de los tercerizados y agrupaciones “estaba lleno de mujeres, ancianos y niños”. El sargento afirmó también que vio a Garay comunicarse por Nextel, que sería uno de los teléfonos llamados POC, que impiden registrar el contenido las conversaciones. Escuchó modulaciones que aludían a una persona herida. En una empresa de la zona le dieron un video “donde se ve una femenina cayendo al suelo”.

El sector reservado para el público estaba más lleno de lo habitual ayer, con muchos jóvenes compañeros de militancia de Ferreyra. Otro de los testigos de la tarde, el suboficial escribiente Luis Humberto Coronel, terminó por sacar de las casillas a los propios jueces. Cambiaba su descripción de un minuto a otro acerca de quiénes tiraban piedras, en qué dirección iban y a qué distancia estaba él. “Diez, veinte metros, pongamos veinte, bueno, lo que usted quiera”, llegó a contestarle al juez Horacio Días, que le imploraba precisiones. En otro momento dijo que en realidad no vio si un grupo alcanzó al otro. El juez Diego Barroetaveña le dijo, enfurecido: “Es que dice cosas distintas según quién le pregunta”. La situación desató exclamaciones del público y el reto en respuesta de los prefectos que custodian la sala. También se desencajó el defensor Alejandro Freeland –quien lleva la batuta entre los abogados de la UF–. Mientras discutía con la fiscal, insistía con preguntas al testigo: “Discúlpeme, soy medio tarado y no entiendo”.

Una de las pocas cuestiones en las que Coronel no vaciló fue en decir que no tenía instrucciones para buscar una negociación y evitar los hechos de violencia. La patota, dijo, los “desbordó”. Tampoco le indicaron, después de saber que había heridos de bala, que había que rastrear las armas. Algo similar había dicho por la mañana el inspector Sergio Domínguez, quien también explicó que no pudieron “impedir” que pasara la patota. El había llegado en un patrullero, pero no recordaba –dijo– ni dónde ni cómo lo habían estacionado. La orden que recibió del subcomisario, sostuvo, era cuidar de que a ellos mismos no les pasara nada. De hecho, en algunas de las modulaciones incorporadas a la causa se escucha la instrucción de replegarse, “no sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros”.

Los siete policías que están en juicio, junto con José Pedraza y la patota, fueron acusados por abandono de persona por la fiscalía, pero las querellas los consideran partícipes del homicidio.

Reprimen a los trabajadores del Ingenio Tabacal en Salta

La policía salteña reprimió a los manifestantes que se encontraban reclamando la reincorporación de los 57 trabajadores despedidos del Ingenio Tabacal, en el kilómetro 6,5 de la ruta 50.

La represión comenzó minutos después de las 18 cuando la policía arrojó los primeros gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra el centenar de personas que se encontraban en las inmediaciones del ingenio ubicado en el pueblo de Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Orán, a 260 kilómetros de la capital salteña.

El violento desalojo provocó que varios manifestantes fueran heridos y hayan tenido que ser trasladados al hospital local, informaron los trabajadores que encabezan la protesta.

El desalojo se produce a instancias de una orden firmada por el juez de la Cámara Civil y Comercial de Cuarta Nominación, José Ruiz, quien recibió el pedido del fiscal de Estado Ramiro Simón Padrós.

El fiscal de Estado pidió, en representación del Gobierno Provincial, "que se ordene la apertura de los caminos internos del Ingenio San Martín de Tabacal a los efectos de garantizar la libre circulación de personas y bienes, desde y hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán".

El ingenio Tabacal fue fundado en 1918 y es propiedad de la estadounidense Seaboard Corporation desde 1996.

Se trata de una de las firmas agroindustriales más importantes del noroeste argentino, y desde hace algunos años viene recibiendo denuncias por parte de distintos sectores, entre otras cosas por la falta de negociaciones paritarias y el desconocimiento a los integrantes del Sindicato del Azúcar.

Duras críticas de la madre de Miguel Bru al fiscal del caso

Rosa Schonfel advierte que si el fiscal Fernando Cartasegna no investiga pedirá su recusación. Proyectaron el documental "¿Dónde está Miguel?" y disertaron Cristian Alarcón, Estela de Carlotto y el juez Eugenio Zaffaroni.

Belén Bártoli - @mbbartoli

Rosa Schonfeld, la mamá de Miguel Bru, el estudiante de Periodismo asesinado por policías de La Bonaerense, criticó con dureza al fiscal que lleva adelante la investigación para dar con los restos de la víctima, desaparecido hace 19 años. “Si el fiscal Cartasegna no investiga como corresponde pediré la recusación”, advirtió la mujer.

Las críticas fueron vertidas en el marco de un homenaje realizado en la facultad de Periodismo, donde se presentó el video “Dónde está Miguel” y disertaron el juez Eugenio Zaffaroni y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.

“Hace ya más de un año que tengo un dato que puede ser muy importante y el fiscal no dio un solo paso para investigarlo. Vino una persona el 24 de marzo del año pasado y me dio ese dato. Nunca le prestó atención. Esa misma persona volvió a verme el 24 de marzo de este año y me preguntó por qué no le hacía caso. Le expliqué que es el fiscal el que no se mueve. Por todo esto, a veces empiezo a sentir un poco de desaliento”, dijo Rosa Schonfeld a Diagonales durante el acto.
Entre los ejes temáticos que se debatieron estuvieron “La construcción del relato periodístico en el ámbito de un proceso colectivo de búsqueda de justicia”; “La Violencia Institucional: aspectos y normativas para propiciar un nuevo marco de políticas de seguridad”; “El rol de los familiares de las víctimas en la búsqueda de justicia” y “Debates y desafíos actuales en torno a la causa de Miguel”.

Por su parte, Estela de Carlotto señaló: “Entiendo el dolor y la búsqueda de justicia de Rosa, porque las dos somos madres de hijos desaparecidos. En su caso, la sensación es más grave porque fue en democracia. Pero el dolor es el mismo y es diario. No se termina nunca. A una la asaltan las preguntas sobre qué harían hoy nuestros hijos, cuáles serían sus proyectos, si tendrían hijos para darnos nietos. Tantas cosas que a una se le cruzan por la cabeza y nos activan el dolor. Por suerte tenemos este tipo de manifestaciones que nos sirven para seguir adelante y que nos reconfortan”.

El juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni destacó a su turno que estas organizaciones “cambian a la sociedad. Y este cambio de tradiciones modifica y mejora el Estado de Derecho que es la coraza que tiene la Policía, ese enano rebelde del Estado de Derecho. Por eso, estas manifestaciones me ponen muy contento, muy feliz”.

El acto, que tuvo lugar en el aula anfiteatro del “Edificio Néstor Kirchner" y al que asistieron unas 500 personas, es parte de una serie de manifestaciones en reclamo de justicia que se realizará este año y que tiene como corolario la vigilia del viernes a la noche, frente a la comisaría Novena, donde Bru fue torturado antes de su asesinato.

El 17 de agosto de 1993 Miguel fue secuestrado cerca de Bavio. Gracias a las declaraciones de varios detenidos en la comisaría Novena y del registro en el libro de guardia se comprobó que fue ingresado en esa seccional, entre las 19 y las 20 de ese mismo día, donde fue visto por última vez mientras era torturado.

Por el hecho fueron condenados a prisión perpetua los ex policías Walter Abrigo y Justo López, el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Ceressetto.

Los acusados en el juicio por Mariano Ferreyra no quieren declarar

Nadie quiere declarar

 Por Irina Hauser

Ninguno de los acusados en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra quiso prestar declaración indagatoria, aunque todos amagan con que quizá lo hagan más adelante. El Tribunal Oral Criminal Nº 21 (TOC21) comenzó a convocarlos uno a uno al banquillo la semana pasada, empezando por el líder la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y la ronda continuó ayer con su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, los ocho integrantes de la patota y dos comisarios. El resto de los policías federales implicados anticiparon que tampoco hablarán por ahora, excepto uno que duda. Ante esta situación, lo que hace el tribunal es leer lo que declararon en la etapa de instrucción del caso. Si bien hay relatos contrapuestos, aparecen datos relevantes, como la confirmación, entre otros, del barrabrava Cristian Favale, acusado de dispararle a Ferreyra, de que habían sido convocados especialmente para frenar una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca y agrupaciones políticas. El jueves comienzan a desfilar testigos del PO, entre ellos uno de los heridos de bala, Nelson Aguirre.

Pedraza no fue ayer al juicio. “Está resfriado”, lo excusó su abogado. Fernández, su amigo, secretario administrativo de la UF, de pelo blanco, fue el primer convocado del día a pasar ante el tribunal. Igual que Pedraza, dijo que gana 25 mil pesos. Al negarse a declarar, se leyó su declaración ante la jueza de instrucción Wilma López, que apuntaba a la teoría de que el grupo de matones del gremio había ido por iniciativa propia a evitar un corte de vías de los tercerizados. “En ningún momento nosotros ordenamos esto, no es un ejército, no hay obediencia debida”, decía Fernández. Alegaba que se había enterado por televisión de que habían matado a Ferreyra y que había heridos de bala, a pesar de que su teléfono celular delataba comunicaciones con el delegado Pablo Díaz, acusado de reclutar a la patota y coordinarla en el lugar, durante toda la mañana. Díaz, quien tampoco quiso declarar ayer, le dijo al presidente del tribunal –Horacio Días– que no iba a dar datos de su familia porque tiene “temor por la seguridad” de su esposa y sus hijas. Dijo ganar 10 mil pesos y su indagatoria incorporada a la causa también aludía a la presencia “espontánea” de los ferroviarios, y acusaba a los tercerizados de agredirlos con tuercas, piedras y bulones.

Favale, alias “Harry”, fue detenido a fines de octubre de 2010, unos días después del asesinato de Mariano. Ayer vestía camisa y corbata. Hubo por lo menos trece testigos que lo incriminaron en la causa y su presencia, sin ser ferroviario sino barrabrava de Defensa y Justicia, fue considerada por la Justicia como un dato relevante al momento de mostrar la planificación del ataque. El propio Favale en su indagatoria decía que Díaz le había pedido que fuera y era quien le prometía hacerlo ingresar como empleado ferroviario. Para defenderse, acusó a Gabriel Sánchez, guarda de Constitución, de haber sido quien efectuó disparos. Sánchez también quedó comprometido por otros testigos. Ayer se leyó el careo entre ambos. “Te vi matar con mis propios ojos”, decía Favale. “Vos no sos ferroviario. Yo no le saqué la vida a ningún pibe”, replicaba Sánchez.

Jorge González, Salvador Pipitó, Guillermo Uño, Claudio Alcorcel y Juan Carlos Pérez tampoco quisieron responder preguntas de los jueces. Pérez, acusado de recoger las armas para ocultarlas, fue otro de los que había dicho ante la jueza de instrucción que lo habían convocado para impedir la protesta de los tercerizados. También había señalado a Favale como tirador y sostuvo que estaba con otros “muchachos que no parecían ferroviarios”. Dijo que “se comentaba que Harry decía ‘le di, le di’” y que se fue con Alcorcel. Este, en la declaración leída, negaba su relación con Favale, pese a que tenía 40 llamados telefónicos con él.

A diferencia de otros acusados, Luis Osvaldo Mansilla, uno de los comisarios procesados por haber liberado la zona, en lugar de negarse a declarar se remitió a su declaración durante la instrucción, pero no aceptó preguntas. Dijo que estaba en disponibilidad, pero sigue cobrando 16 mil pesos. Igual que Hugo Lompizano, quien cobra 18 mil pesos. La extensa lectura de sus declaraciones hizo cabecear incluso a uno de los jueces.

Exigen trasladar de "inmediato" al asesino del docente Carlos Fuentealba a una cárcel federal

Las organizaciones CTERA, ATEN y APDH Neuquén realizarán este lunes una conferencia de prensa para exigir el "inmediato traslado" a una cárcel federal del asesino del docente Carlos Fuentealba, el ex cabo José Darío Poblete, luego de que se conociera que violaba su condición carcelaria.

La conferencia se llevará a cabo a las 11 en la sede de ATEN, ubicada en la capital neuquina, en la calle Alcorta 863.

El objetivo es que se concrete el traslado de Poblete y se reactiven las causas por la zona liberada en la Plaza Huincul en 2006 y la denominada Fuentealba II, que "tienen como principal responsable al ex gobernador Jorge Sobisch", informaron en un comunicado.

Un año sin ningún imputado

LA CAUSA POR EL DESALOJO Y LA REPRESION EN EL TRIANGULO EN 2011

Cuatro muertos y decenas de heridos fue el saldo de la ocupación de las quince hectáreas linderas al Ingenio Ledesma. Las 700 familias lograron la expropiación de las tierras, pero no se construyeron las viviendas. La causa por la represión está paralizada.

 Por Adriana Meyer

El Triángulo es un pedazo de tierra pegado al Ingenio Ledesma, 15 hectáreas de las poquísimas que quedaron sin plantaciones de caña de esa empresa. Hace un año fueron reprimidas allí unas 700 familias que lo habían ocupado y hubo cuatro muertos. A los pocos días las tomas de tierras comenzaron a sucederse en todas las localidades de la provincia. Mientras la causa que investigó aquel sangriento procedimiento policial carece de imputados y detenidos, y la empresa insiste en acusar a los ocupantes por usurpación, el terreno fue expropiado y ahora las familias pelean para poder construir sus casas. “La decisión es que todo quede en la impunidad”, dice sin vueltas la abogada querellante Mariana Vargas.

En la última década el Ingenio de los Blaquier amplió sus negocios y ocupó casi todas las tierras disponibles en Libertador General San Martín. Uno de esos terrenos, llamado El Triángulo por su forma, había sido cedido para la construcción de viviendas que el gobierno jujeño nunca concretó. El miércoles 20 de julio del año pasado un grupo de pobladores decidió tomarlo, con el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa. Ocho días después, cuando parecía que las negociaciones estaban encaminadas, despertaron en sus precarias carpas con los gases y las balas de plomo de la policía. Cuatro muertos –Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan José Velázquez y el policía Alejandro Farán–, 60 heridos y 20 detenidos fue el saldo del brutal desalojo que la policía local ejecutó a pesar de que la Justicia lo había suspendido.

Mientras la noticia ganaba titulares a nivel nacional, quedaba expuesto el déficit de vivienda no sólo de Libertador, sino de toda la provincia, y comenzaron a multiplicarse las tomas en Perico, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Los Lapachos, La Mendieta y Caimancito, entre otras localidades. “Era impresionante, si había un pedazo verde al costado de un camino ya veías que instalaban carpas”, recuerda la letrada de la CCC (Corriente Clasista y Combativa), que representa a heridos de El Triángulo. En este aspecto, su balance es positivo porque las familias consiguieron la expropiación de la tierra y ahora están peleando para construir sus viviendas. “En todas partes hubo tomas y sólo se produjeron dos desalojos más, algo se resolvió”, dice. De hecho, el ex gobernador Walter Barrionuevo apuró varios proyectos de expropiación. El de Libertador data de la época en que el desaparecido ex intendente Luis Arédez exigió al Ingenio el pago de impuestos y el traspaso de tierras a la municipalidad, porque consideraba que no podía ser dueña de todo el valle de San Francisco.

En cambio, la evaluación sobre la investigación judicial resulta negativa para los familiares de las víctimas: no hay policías imputados, menos aún responsables políticos o ideológicos. Los jefes policiales de Libertador, de la provincia y el ex ministro de Gobierno Pablo Lavilla siguen ausentes en el expediente. “La jueza Carolina Pérez Rojas nos hace lugar a nuestros pedidos, pero el fiscal Carlos Parentis tiene la firme decisión de no avanzar, ni siquiera por lo mínimo que está acreditado: esta misma jueza ordenó la suspensión del desalojo a las 9.30 y los jefes policiales desobedecieron, se lo dije cuando hicimos la inspección ocular, pero ni siquiera se bajó del auto”, afirma Vargas. “Cuando pedimos copia de los documentos secuestrados en el allanamiento a Ledesma nos respondieron que nos darían un informe. Ni siquiera hemos logrado que identifiquen al batallón que combatía a las 12.30 en la puerta de la comisaría de donde salieron la balas que mataron a tres de los cuatro muertos”, describe la abogada. Se refiere al destacamento que luego fue incendiado y ahora está vacío, sobre una calle donde los ocupantes se habían replegado. Los únicos imputados de la causa están acusados por el asesinato del policía Farfán.

Para Vargas, el “colmo” es que la empresa Ledesma, en su rol de querellante, haya logrado que en la causa por las muertes también se investigue a los ocupantes por el delito de usurpación, algo que ya tramitaba en el expediente de donde surgió la orden de desalojo. La abogada recordó que “citaron a nuestro dirigente, Quique Mosquera, y aunque no lo acusaron fue interrogado durante horas en una audiencia en la cual había más abogados que empleados, y Ledesma lo presionaba para que hablara de la usurpación, pero la jueza los paró y se fueron ofendidos”.

Julio Gutiérrez, de Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez) había relatado a este diario que la empresa abrió un camino interno para que pasara la policía durante el desalojo. Sin embargo, la causa parece encaminada en otro sentido. Y la comisión investigadora que armó la Legislatura tampoco alumbró esclarecimiento alguno: se disolvió una semana después de creada.

Torturado por intentar huir del campo de concentración N° 11

(AW) 

Alexis Retamal Jara, quien se encontraba detenido en el Pabellón 3 de la Unidad de Detención Nro. 11, fue brutalmente torturado a raíz de que habría intentado huir de ese campo de concentración, el pasado 19 por la madrugada

 

Las imágenes son más que elocuentes. A raíz de estos hechos, intervinieron los defensores penales Fernando Diez y Nicolás García, quienes efectuaron una denuncia penal por el caso de Alexis y por la brutal represión que se desató contra sus compañeros de pabellón, ya que luego de este supuesto intento de fuga, el grupo de requisa ingresó al pabellón 3 con máscaras de gas, "ingresando a cada una de las celdas, obligando a los detenidos a tirarse al piso boca abajo, golpeándolos con palos y con las tonfas, con patadas y con golpes de puño a cada uno.....•" (citado de la denuncia penal de los defensores). Los policías de la requisa además arrojaron latas de gas lacrimógeno, dispararon balas de goma y después tuvieron a los internos hasta las 7 de la mañana en el patio.

 
De igual manera actuó la policía el Martes por la mañana, cuando "recapturaron" a Pedro Maniqueo y Víctor Campos, dos de los seis presos que se fugaron de la U11 recientemente. Ambos fueron salvajemente golpeados, con el agravante de que Víctor sufre de una trombosis en uno de sus pies, por lo que su familia está muy preocupada por las consecuencias que le pueda implicar.

 
Según el gobierno neuquino, "la culpa es del hábeas corpus", como titula Guillermo Berto, periodista del Diario Rio Negro, en su blog Fuera del Expediente (ver aquí publicación). Tanto el Ministro de Seguridad Gabriel Gastaminza, como el Subjefe de Policía Raúl Liria, sostienen que la reciente resolución del hábeas corpus por parte de las cámaras criminales neuquinas que obligan a respetar mínimamente la dignidad de los familiares de los reclusos en las requisas, sería lo que les permite a los presos ingresar los elementos que utilizan para fugarse.
Nosotros quisiéramos hacer una pregunta. Si fuera así, si los presos se dieran toda esa planificación para huir del penal, ¿Cómo puede ser que a Víctor Campos, que tiene una discapacidad en una de sus piernas, lo encuentren caminando por el medio de la barda a las 9 de la mañana?

 
Esa pregunta tiene una respuesta muy simple: quienes les proporcionan esos elementos (al igual que ingresan las drogas, las facas, etc.) y quienes facilitan la fuga de los detenidos, son los mismos policías de la Unidad. ¿Y quién podría culpar a los presos de aprovechar esa chance, y huir de ese campo de concentración, donde los torturan todos los días?
Sin embargo, en los medios los presos "son tapa cuando se fugan pero no cuando los matan", como acertadamente señala también Berto en su blog (ver aquí publicación).
Desde Zainuco denunciamos que la policía y el gobierno neuquino están operando para marcarle la cancha al poder judicial. No es ninguna casualidad que estas "fugas" se están produciendo a pocas semanas del hábeas corpus de las cámaras criminales, y ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que el 3 de agosto determinará si condena o no a los 27 policías en el juicio por torturas cometidas en el año 2004.
La policía vuelve a dar testimonio de su accionar corporativo. Así también lo hicieron la veintena de veces que dejaron salir a su compañero Poblete, que debía estar cumpliendo su condena por asesinar a Fuentealba en el penal de Zapala. O cuando amenazaron al hijo de Cristian Ibazeta, diciéndole que si su familia seguía denunciando, a él le iba a pasar lo mismo que al padre.
Este operar de esa corporación mafiosa policial, continuará si el 3 de agosto el TSJ no condena a los 27 policías por torturas, y en la medida que el asesinato de Cristian Ibazeta continúe impune, porque reiteramos: a Cristian lo mató la policía.
POR ESO EXIGIMOS:

INVESTIGACIÓN Y CONDENA A LOS RESPONSABLES DE ESTA BRUTAL TORTURA CONTRA ALEXIS RETAMAL
RENUNCIA DEL MINISTRO DE SEGURIDAD GABRIEL GASTAMINZA, DEL JEFE DE POLICÍA RAÚL LASERNA Y DEL SUBJEFE DE POLICÍA JORGE LASERNA
DESMILITARIZACIÓN DE LAS CÁRCELES. FUERA LA POLICÍA DE LAS CÁRCELES NEUQUINAS
IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DEL MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

HACEMOS RESPONSABLES DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUGADOS DE LA UNIDAD 11, DE ALEXIS RETAMAL Y DE TODOS LOS DEMÁS INTERNOS, AL GOBIERNO NEUQUINO DE SAPAG.
ZAINUCO

Los policías torturan como siempre

La denuncia surgió a raíz de un video que muestra las agresiones a los internos

 Cinco policías de la localidad salteña de General Güemes fueron detenidos luego de ser denunciados por el ministro de Seguridad de la provincia, Eduardo Sylvester, acusados de apremios ilegales en contra de dos detenidos.

Así lo confirmó ayer el ministro, quien dijo a la prensa que "tras una rápida investigación" se presentaron ante el juez de Instrucción Formal de Tercera Nominación, Pablo Farah, para denunciar "la existencia de un delito cometido por parte de personal policial". Una vez formulada la denuncia penal, el magistrado ordenó la detención de los cinco policías involucrados, que se concretó antenoche, alrededor de las 22, tras lo cual quedaron a disposición de la investigación judicial.

Fuentes judiciales indicaron que la existencia de un video en el que se puede observar perfectamente las agresiones físicas de los policías, cometidas en perjuicio de dos detenidos, fue lo que alertó a las autoridades gubernamentales y al jefe de la Policía de Salta, comisario Marcelo Lami, sobre la existencia del hecho.

Las imágenes son impactantes. En un patio, se ve a dos hombres casi desnudos, esposados, uno está de rodillas y lo sostienen de los brazos mientras le tiran baldazos de agua en la cabeza. Al otro le ponen una bolsa de nailon en la cabeza, le empiezan a hacer preguntas y como no responde, le cierran la bolsa al cuello, le tapan la boca con la mano y le repreguntan hasta que cae al piso. Recién ahí le sacan la bolsa.

Sylvester indicó que fue el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, quien les ordenó hacer la denuncia penal, una vez informado de la comisión del delito por parte del personal policial.

Trabas en las causas por el asesinato de Ferreyra y el intento de sobornar jueces

¡¡qué fotito!!

¡¡ que escrache !!

Una máquina de poner obstáculos

Pese a que hace casi ocho meses la Justicia citó a indagatoria a Pedraza, al ex juez Aráoz de Lamadrid y otros, sólo declaró uno de los sospechosos de cohecho y la investigación quedó detenida. Ahora, desde Unión Ferroviaria se intenta frenar el juicio por el crimen.

 Por Irina Hauser

A mitad de noviembre del año pasado, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria al titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza; al contador del gremio, Angel Stafforini; al agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme; al ex juez subrogante, Octavio Aráoz de Lamadrid, y al secretario de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar (h). Todos estaban involucrados en un intento de soborno a jueces de Casación con el que pretendían conseguir la libertad de los integrantes de la patota acusada de matar a Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010. Los habían delatado las escuchas telefónicas ordenadas por otra jueza que investigaba el asesinato. Los diálogos los mostraban por momentos exultantes, anticipando el alivio que –con la compra de voluntades– conseguiría el propio Pedraza, por entonces muy cerca de ir preso también. “Poné el champán en la heladera, te lo re-tomás y te vas a acostar, punto y aparte”, llegó a decirle Riquelme, uno de los intermediarios. Pasó un año y medio desde que tuvieron lugar esas conversaciones y cerca de ocho meses desde la citación como sospechosos de todos sus protagonistas. Sin embargo, hasta ahora sólo Riquelme fue indagado, aunque no respondió preguntas, y la investigación quedó en franca parálisis. A este escenario ahora se sumó un intento de la UF por frenar el juicio oral acerca del homicidio, que debería comenzar el 6 de agosto.

La trama revelada por las escuchas dejó en evidencia hasta dónde eran capaces de llegar los hombres de la UF para limpiar su impronta en el crimen. En lo que atañe a las presuntas coimas, la Justicia (parte el juzgado, parte la Cámara del Crimen) actuó con parsimonia, pese a estar frente a una pintura viva de la maniobra. “Informan del otro lado que son verdes”, advertía Riquelme en el contestador automático de Pedraza. Una frase memorable que le avisaba que debía pagar dólares, no pesos. Las grabaciones están plagadas de evidencias de ese tenor. Aun así, los artilugios legales desplegados por Aráoz de Lamadrid, con presentación de nulidades y recusaciones a granel, cumplieron su objetivo de poner un parate en combinación con un aparato judicial que respondió con todo su potencial burocrático. Además, llamativamente el procurador general transitorio, Luis González Warcalde, corrió del caso al fiscal Sandro Abraldes, quien impulsaba medidas y reclamaba las indagatorias por cohecho ya desde mayo del año pasado, y había puesto el dedo en la llaga al orientar la pesquisa hacia la Cámara de Casación.

Se suponía que, después de las primeras indagatorias que tomaría el juez Rodríguez en diciembre pasado, llegaría la etapa de investigar a fondo y definir la suerte de los camaristas de Casación, que no sólo aparecían mencionados en las escuchas sino que uno de ellos, Eduardo Riggi, hablaba por línea directa con el agente Riquelme. Las indagatorias aún esperan. Sobre los jueces se tomaron medidas menores. Pasó el tiempo y uno de ellos (Gustavo Mitchell) renunció, otro que era subrogante (Mariano González Palazzo) volvió a su tribunal de origen, y sólo quedó Riggi, de quien Aráoz de Lamadrid había sido secretario durante años, hasta que en 2005 consiguió subrogar el juzgado del ex juez Juan José Galeano.

Alejado (o no tanto) de su vieja función en tribunales, Aráoz asumió la defensa del picaboletos Guillermo Uño, uno de los detenidos por el asesinato de Ferreyra, pero además asesoraba a Stafforini, vicepresidente del Belgrano Cargas. Gracias a los expresivos intercambios telefónicos de Pedraza y compañía en el verano de 2011, la Policía Federal pudo llegar al estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid cuando Stafforini acababa de dejarle 50 mil dólares con los que pagaría, según las conversaciones, la manipulación del sorteo que asignaría los pedidos de excarcelación de la UF y les tocaran a sus conocidos en Casación.

Cuando pasó al papel de sospechoso, Aráoz de Lamadrid hizo todo por frenar la causa: pidió la nulidad del llamado a indagatoria, recusó al juez, planteó su incompetencia, recusó al fiscal, recusó a los jueces de la Sala VI de la Cámara del Crimen, llegó hasta Casación y, además, avaló un insólito pedido de su hermano para que le devuelvan los 50 mil dólares, alegando que le pertenecían. Frente a la andanada, el juez Rodríguez suspendió las indagatorias. Cuando finalmente fue confirmado en la causa, decidió que antes de concretar las indagatorias que había citado en noviembre quería analizar las escuchas posteriores al asesinato de Ferreyra y agregarlas a las que comenzaban en diciembre de 2010 y que, según el fiscal Abraldes, ofrecían sobradas pruebas. El CELS, que representa la querella de la mamá de Ferreyra, consideró que suspender las indagatorias era innecesario y que la dilación se podía haber evitado con otro tipo de respuestas judiciales, como rechazos in limine o imposición de costas. Fue uno de los motivos por los que el organismo impugnó a Rodríguez como candidato ternado para ocupar un juzgado federal porteño.

Al ferroviario Uño ahora lo defiende Oscar Igounet, el mismo abogado que en estos días realizó nuevos intentos por demorar, esta vez, el juicio oral por el asesinato del militante del PO, por el que deben responder Pedraza, su número dos, Juan Carlos Fernández, y un grupo de ocho matones y siete policías. Como es evidente, el expediente del crimen avanzó con más agilidad que el de los sobornos. El juicio debería comenzar en algo más de un mes, pero Igounet recusó a todos los integrantes del Tribunal Oral Criminal Nº 21 que realizará las audiencias y, además, les pidió el juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Dijo que habían sido arbitrarios al rechazar la libertad de su cliente y omitir responder 15 planteos suyos. En el Consejo vaticinan que nada de esto prosperará y que las presentaciones no tienen por qué afectar el juicio. La recusación es analizada por otro Tribunal, el Nº 12, y requiere un proceso de varios días. Igounet también es el abogado que había contratado al perito Roberto Locles (con respaldo de los acusados de la UF), quien golpeó la bala que había sido extraída del cuerpo de Mariano en medio de una junta de expertos y le provocó alteraciones.

El Partido Obrero (que acompaña la querella de militantes heridos en la protesta de los tercerizados, donde mataron a Ferreyra) sostiene que Pedraza está batallando por llegar libre al juicio, tomando como parámetro al bancario Juan José Zanola, que al cumplir los dos años sin sentencia fue excarcelado, porque así lo dispone la ley, en la causa de los medicamentos. Pedraza fue detenido en febrero de 2011. En el CELS ponen énfasis en que un gran abanico de circunstancias que rodearon la investigación, incluido el intento actual por demorar el juicio oral, han seguido la misma lógica de demorar y obstaculizar: se refieren a las amenazas a testigos, la actitud del perito Locles y las sospechas de sobornos, con el agregado en este último caso de una tendencia a diluir el esclarecimiento de la participación del Poder Judicial.