Santiago VIVE EN LA LUCHA

Scilingo: la impunidad de un genocida. Reclamo para que Soto del Real declare persona "non grata" al represor argentino.

Patética actuación de Scilingo durante el juicio

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Scilingo, quien fuera condenado por genocidio, ha sido protagonista de una entrevista el 21de octubre en el medio “El Salto”, (https://www.elsaltodiario.com/argentina/exclusiva-habla-el-exrepresor-scilingo-estar-preso-es-muy-llevadero), generando gran indignación en las asociaciones de derechos humanos y en las víctimas y familiares.

Haciendo gala de su catadura moral y desprecio a las víctimas, no sólo niega cualquier participación en los crímenes de la dictadura, sino que incluso se permite rechazar la existencia misma de los vuelos de la muerte en los que él participó y por los que fue condenado.

La entrevista termina significativamente con su deseo de vivir en el pueblo del Soto del Real, que él mismo considera un “semi-paraíso”

El pasado 26 de mayo de 2018 se celebró en el municipio de Soto del Real (Comunidad de Madrid) un acto convocado por Podemos, EQUO, y vecinas/os indignados por la presencia de un genocida argentino Adolfo Scilingo, condenado por la Audiencia Nacional en abril de 2005, en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional el marino fue juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión, y en Julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español  elevó la condena a 1.084 años.

Las organizaciones políticas y de derechos humanos plantearon que al igual que en varias ciudades y ámbitos diversos como otros genocidas, Scilingo sea declarada persona non grata en la localidad de Soto del Real.  “Así como repudiamos la libertad y las consideraciones de las que goza un torturador del franquismo, Billy el Niño, porque los delitos cometidos por ambos criminal nos compele a toda las sociedades, ya que han sido demasiadas las aberraciones soportadas por gobiernos con prácticas genocidas, que han implantado una herida persistente en toda la humanidad. Un dato que para algunas personas puede tener un grado de importancia, es que Scilingo no ha pedido perdón nunca“. Nos parece incomprensible que un genocida emponzoñe las calles de Soto del Real, donde nos  consta que hay vecinxs que condenan a conciencia la impunidad de los criminales genocidas, sean estos de Argentina, Chile, el Estado español….”  

Tras la realización del acto, Scilingo remitió una carta a Podemos Soto del Real en la que exigía una rectificación de las acusaciones vertidas en su contra (¿?) y proclamaba su inocencia de todos los delitos por los que cumple condena en la cárcel.

Sin embargo, los datos aportados como incluso sus propias declaraciones tanto en la televisión argentina como en la española, como lo hiciera en el Juzgado nro.5 de la Audiencia Nacional, Scilingo participó en el desarrollo y ejecución de un "plan criminal de eliminación sistemática de personas", el genocidio implementado en Argentina, dejando un saldo irreparable de 30.000 detenidos desaparecidos, y, 400 menores robados o nacidos en cautiverio aún por recuperar.

Se acompañó la cronología del recorrido jurídico desarrollado en reclamo de justicia por los crímenes cometidos por los genocidas en Argentina:

1)    Marzo, 1996. Presentación de denuncia contra la dictadura argentina, por parte del fiscal Carlos Castresana en representación de la Unión Progresista de Fiscales, La denuncia, presentada en la Audiencia. Nacional, con sede en Madrid, ha sido admitida a trámite por el magistrado Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5. La acción de la UPF ha sido impulsada por el interés de que no queden impunes las acciones de las juntas militares que ocuparon por la fuerza el Gobierno de Argentina desde hasta 1983 y la falta de explicaciones sobre las 30.000 personas desaparecidas, la interposición de la denuncia paraliza la prescripción de los delitos, en tanto y cuanto las leyes de obediencia debida y punto final imposibilitaban medidas contra los ejecutores y responsables del genocidio.

2)    Octubre de 1997. Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. Scilingo se presentó ante el juez Garzón, como un militar arrepentido, pero quedó detenido por orden del Juez Garzón, después que admitiese en su declaración que él mismo había participado en los denominados vuelos de la muerte, en lxs que ciudadanxs eran lanzados vivos desde aviones al mar. Scilingo admitió haber arrojado sedados con un medicamento llamado Pentonaval, similar al Pentotal, pero vivos al mar desde aviones en vuelo,  a un total de 30 personas.

3)  Noviembre de 1999 - Garzón procesa a Scilingo por el delito de genocidio junto a más de 120 militares y civiles argentinos entre los que figuran los máximos jerarcas militares de la dictadura. Scilingo vuelve a declarar ante ese magistrado y se retracta de sus confesiones anteriores.

4) Diciembre de 2000 - Garzón pide el arresto y extradición de 48 militares argentinos involucrados en la represión.

5) Julio de 2001 - El juez Garzón decreta prisión incondicional para Adolfo Francisco Scilingo en la cárcel de Alcalá-Meco, 30 km al este de Madrid, para evitar el riesgo de fuga.

6) Octubre 2001.- El magistrado español cierra la investigación sobre Scilingo, y las actuaciones pasan a la Sala Penal correspondiente

7) Mayo de 2002 - Scilingo recusa a siete jueces de la Audiencia Nacional que participaron en la decisión de octubre de 1998, que avala la jurisdicción universal de la justicia española para juzgar crímenes cometidos fuera de España.

8) Julio 2002 - una sala judicial especial española rechaza la recusación interpuesta por Scilingo. En reiteradas ocasiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en que la justicia española no tiene jurisdicción para investigar crímenes cometidos por ciudadanos extranjeros fuera de España.

9)  Junio de 2003 - La Audiencia Nacional decreta la apertura de juicio oral y público contra el ex marino por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura durante la dictadura.

10) Agosto - la Sala I de la cámara del Crimen de Argentina reconoce la competencia de Garzón para enjuiciar a Scilingo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pues en Argentina no hay causas abiertas contra el ex militar.

11)  En abril de 2005, en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional el marino fue juzgado por delitos de lesa humanidad  cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión.

12)  Julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español  elevó la condena a 1.084 años.

13)  Septiembre - El Tribunal Supremo español desestima y archiva una denuncia presentada por Scilingo contra el Estado español por supuesta violación de tratados internacionales.

El Tribunal Supremo destaca que Scilingo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría en la ESMA y explica cómo el propio Scilingo había participado en la reunión con 900 oficiales de la Armada, en el cine de Puerto Belgrano, donde el almirante Luis María Mendía expuso el plan para acabar con los subversivos. El almirante destacó que el objetivo era combatir todo lo que fuera "contrario a la ideología occidental y cristiana", y para ello se contaba con el beneplácito de la jerarquía católica castrense. Las líneas generales del plan vienen recogidas en la sentencia: "Se actuaría con ropa de civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física mediante vuelos sin destino, si bien la muerte así producida sería cristiana puesto que la gente sería previamente narcotizada". Scilingo respaldó punto por punto ese plan.

A pesar de su milenaria condena, el límite máximo de cumplimiento en prisión para Scilingo  se fijó en 25 años por lo que no termina de cumplir su pena hasta el 20 de abril de 2026

Como se desprende del listado de actuaciones judiciales, con la participación de gran variedad y cantidad de actores implicados, jueces, abogados, fiscales, sobrevivientes, documentación escrita y fílmica, testimonios ampliatorios… no se sostiene la declaración de inocencia a la que Scilingo recurre con la pretensión de cuestionar y desconocer la competencia de la justicia española, determinada esta por la aplicación de la justicia universal, y otros argumentos a los acude de forma recurrente y esperpéntica.

Los hechos, el procedimiento ajustado a derecho, han demostrado que Scilingo participó en crímenes aberrantes parte del plan genocida instaurado en Argentina de 1976 a 1983. Ninguna de las personas que Scilingo eliminó, tuvieron ni una sola garantía judicial de la que sí gozó ampliamente el ex militar.

Asimismo consta en los informes públicos realizados por psicólogos en Alcalá-Meco que consideran que el exmilitar argentino sufre una tendencia psicopática. El psicólogo penitenciario refleja que Scilingo muestra frialdad hacia los hechos por los que fue condenado y subraya su ausencia de empatía con las víctimas y el hecho de que no se muestre arrepentido. Además, concluye que el riesgo de que vuelva a reincidir es medio-alto, a pesar de que sea más que improbable que se repitan las circunstancias en las que el preso cometió sus crímenes.

La mencionada petición de declaración de persona non-grata fue respaldada por una serie de organizaciones y personas a título individual, tanto del Estado español como de Argentina, y que esperan una respuesta del Ayuntamiento de Soto del Real.

Firman :

Organizaciones :  Casapueblos (Madrid) - Sindicato Solidaridad Obrera -Asociación Nuestra Memoria (Sevilla)- Corriente Revolucionaria de Trabajadores

Personas

1.    Carlos Gregorio Lordkipanidse. Sobreviviente de la ESMA. DNI 10400491

2.    Carlos Óscar Loza. Sobreviviente de la ESMA. DNI 10754303.

3.    Blanca Firpo. Sobreviviente de la ESMA. DNI 6.553253

4.    Carlos Zaidman Ex detenido desaparecido Circuito Camps. DNI 10.075.984

5.    Andrea Benites Dumont.  Sobreviviente SSF; .DNI 05415445A

6.    Adriana Fernández. Querellante en la causa por los crímenes del franquismo

7.    Alejandro Clara

8.    Alejandro Gil. Escritor. Tucumán (Argentina)

9.    Carolina Meloni González. Profesora universitaria (Madrid)

10. Diana Silvia Gallardo. DNI: 11. 265.613

11. Lidia Beatriz Frank. DNI 11370526

12. Luis Zamora. Autodeterminación y Libertad

13. Pepe Mejías. Periodista y militante de Anticapitalistas

14. Raúl Pascual Prieto. Casapueblos. DNI: 50444866R

15. Clara Redal Montané

16. Fernando Rocha Sánchez. DNI: 42915296X.Casapueblos

17. Familia Abriata (Argentina).

18. Pablo Arturo Odriozola. DNI 24128587

19. Silvia Traverso

20. Oscar Alberto Repossi

21. Pablo Stofblat. DNI 21478331

22. Pablo Adrián Sainz Rodríguez   DNI: 50354583Q

23. Michelle Andrée Aslanides. DNI 20231125

24. Aurora Tumanischwili, DNI: 10120870, FeTERA FLORES en CTAA

25. Guillermo López, DNI: 464259. FeTERA FLORES en CTAA

26. Maria José Moleon Martínez

27. José Valentín Ramírez Castanedo (Getafe-Madrid). DNI 51846838P

28. Silvia Basteiro Tejedor 

29.    José Manuel Martín Medem – DNI : 51054227T

30. Carlos Castresana Fernández – Jurista - Fiscal

31. Aixa García Avellaneda – Comunicadora Social

32.  Martine Horowitz Silber – Periodista

33. Liliana Martin –DNI: 10400725

34. María Adela Antokpletz – DNI 6481240

35.  Soledad Mariana Benites – DNI : 23176346

36.  Pasqualina Marrosu – Ppte.I : YB2832869

37. Alesio Raimondi -  Ppte.: YB0348247

CONTINÚAN LAS FIRMAS .....

"HÁGANSE CARGO DE LA VIOLENCIA SIN LÍMITES"

El jueves 12 de septiembre, en el marco de un paro por 48 horas de los trabajadores de la educación bonaerenses, una docente del Centro Educativo Complementario 801 del distrito de Moreno, Corina De Bonis, fue secuestrada en pleno día por sujetos que, luego de introducirla por la fuerza en un auto, la golpearon, le metieron una bolsa en la cabeza y la lastimaron escribiéndole dos palabras con un punzón afilado en la piel de su abdomen. 

"OLLAS NO" escribieron los torturadores en la panza de Corina, en alusión a la realización de ollas populares que se vienen realizando en las puertas de muchas escuelas de Moreno, que permanecen cerradas desde aquel siniestro jueves 2 de agosto en el que una explosión mató a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Sandra, vicedirectora de la EP N° 49, había denunciado pérdidas de gas en reiteradas ocasiones, pero no fue atendida porque el Gobierno de María Eugenia Vidal y Gabriel Sánchez Zinny está empeñado en una "guerra contra los docentes".

Desde SUTEBA (gremio al que está afiliada Corina De Bonis) se exigió anoche el repudio categórico por parte de Vidal. La Gobernadora declaró luego que con este secuestro y estas torturas "se ha traspasado un límite". Es una apreciación correcta, pero también debería considerar Vidal que en su empeño por desprestigiar el desempeño de los trabajadores de la educación bonaerenses, la gestión que encabeza no ha respetado límite alguno. Las mentiras que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha propalado en su increíble "guerra contra los docentes" alienta que los violentos que nunca faltan se sientan habilitados a prácticas propias de las dictaduras que seguramente añoran.

Repudiamos el ataque a Corina, y exigimos una profunda investigación, por parte del Ministerio de Seguridad provincial y el Poder Judicial, que lleve a la rápida detención de los torturadores.

 COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 13 de septiembre de 2018.

Caso Daniel Solano: “Vamos a ir por los autores intelectuales”

Lo dijo Sergio Heredia, uno de los abogados que llevó el caso representando a la familia, tras el histórico fallo en el que fueron condenados 7 policías a perpetua por el asesinato del joven salteño de origen guaraní, ocurrido en Río Negro. Heredia habló en el programa radial La Retaguardia, que conducen Fernando Tebele y Eugenia Otero, y celebró la sentencia, pero avisó que ahora van por los responsables empresariales y los encubridores. ¿El actual embajador en EE.UU. Fernando Oris de Roa, debería dar explicaciones en esta causa por haber sido vicepresidente de una de las empresas vinculadas al caso? "A mí interesa Expofrut, que puso un embajador?, respondió Heredia. (Por La Retaguardia)

Foto: Gualberto Solano, papá de Daniel, con Sergio Heredia, su abogado

La desaparición y asesinato de Daniel Solano se produjo el 5 de noviembre de 2011. El joven salteño viajó como trabajador “golondrina” de la empresa Agrocosecha, tercerizadora de Expofrut. Cuando quiso reclamar por la explotación salarial a la que estaban siendo sometidos él y sus compañeros, lo hicieron desaparecer. Fue asesinado y su cuerpo aún no se encontró, aunque según los abogados fue arrojado a un jagüel en Choele Choel, Río Negro. Fueron siete largos años, de lucha, acampes y sacrificios los que tuvo que atravesar su familia para alcanzar algo de justicia. Gualberto Solano, el papá de Daniel, falleció unos pocos meses atrás y no pudo escuchar la condena para los asesinos de su hijo. Tras la emoción del fallo, Sergio Heredia recordó a Gualberto y confirmó que cumplió con su promesa: “A Gualberto lo conocí el 5 de diciembre en Choele Choel. Tuve la terrible tarea de decirle, el día 7 de diciembre de 2011, que su hijo estaba muerto y que había sido asesinado por los policías. Él me creyó. Le prometí que íbamos a sentenciar a los asesinos y que nunca lo iba a abandonar. Lo llevé a él a que muera en Tartagal, (Salta). Llevé su cuerpo desde Salta hasta Tartagal. Voy a cumplir mi otra promesa. Voy a llevar el cuerpo de Daniel y los vamos a enterrar juntos”, aseguró el abogado.

Heredia, junto al otro abogado de la familia Solano, Leandro Aparicio, trabajaron de forma incansable para alcanzar la verdad y la justicia por el asesinato de Daniel. Los 7 policías condenados a cadena perpetua son Sandro Berthe, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello. Ahora, siguen por más: “Pensé en todo lo que sufrimos aquí en Río Negro. Sufrimos mucho. Fueron años de trabajar y dejar a mi familia, de pasar necesidades y yo no era un hombre acostumbrado a eso. Trabajamos con dedicación siempre manejándonos con la verdad. El trabajo dio su fruto, en parte. Tenemos condenados a estos policías y vamos a ir por los autores intelectuales, los encubridores y por el octavo asesino, Tomás Vera. En muchos aspectos del fallo, era como si yo mismo me escuchara. Estamos con fuerzas redobladas. Nos vamos a poner a trabajar para lograr más detenciones y volver a operar en el jagüel para sacar el cuerpo. Está ahí. Si decimos que está ahí es porque está ahí. Todo lo que nosotros dijimos se cumplió. Lo vamos a encontrar. Algunos policías se van a quebrar, van a decir qué pasó y cómo lo mataron” manifestó.

La ausencia del cuerpo de Daniel Solano no es motivo como para postergar la sentencia. Así lo entendió el Tribunal rionegrino presidido por María Evelina García Balduini y así lo explicó el abogado: “El cuerpo de la víctima es una parte del cuerpo del delito. Si vos te robás un sándwich y te lo comés, no quiere decir que haya desaparecido el cuerpo del delito. El cuerpo del delito es robar el sándwich. Eso quedó bien explicado. Hay una confusión de la prensa. El cuerpo del delito no es el cuerpo de la víctima. La Justicia ha tomado nuestra explicación”, contó Heredia y celebró el fallo: “Estamos satisfechos porque este fue un trabajo nuestro, todo nuestro. Todos los testigos fueron aportados por nosotros en una investigación exhaustiva. Ha sido muy satisfactorio saber que hicimos un trabajo correcto a pesar de todas las trabas que se nos pusieron, jueces corruptos y fiscales corruptos. Es una nueva esperanza. Había mucha alegría y mucha emoción en la gente. Trabajé 5 años durante las 24 horas. Sirvió. Lamento que Gualberto no haya estado. Él sabía perfectamente todo. Se murió por las injusticias que vivió”, lamentó.

¿Por qué no desaparición forzada?

Sergio Heredia diferenció el crimen de Solano de una desaparición forzada de persona. Aseguró que a Daniel lo mandaron a matar los dueños de la empresa donde trabajaba e insistió en su deseo de condenar a los responsables intelectuales: “Daniel Solano está muerto. Sabemos que fue asesinado. Queremos su cuerpo y lo buscamos. No pensamos esto de que el Estado se lo llevó con vida. Estos eran sicarios que actuaron para empresarios, no para el Estado. Actuaron para tratantes de personas que el Estado no controla, esa es otra cosa. Estos son delincuentes comunes, policías, que trabajaban para empresarios asesinos tratantes de droga y de cocaína. Si poníamos desaparición forzada como muchos querían desaparecía el tema de la parte empresarial. A mí me interesa Expofrut, que puso un embajador en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa. Esa es otra visión. Las organizaciones (de derechos humanos) supieron respetarla. Nosotros ahora queremos a los que lo mandaron a matar. Son Adrián Lapenta, Gustavo Lapenta y Pablo Mercado. Dueños de Agrocosecha. Traficantes de cocaína. Ya estuvieron presos en otras provincias. Vamos a buscar el cuerpo para recuperarlo, pero lo importante es condenar a los asesinos”, sostuvo el abogado de Solano en Radio La Retaguardia.

Respecto a Fernando Oris de Roa, que era vicepresidente de Expofrut al momento del asesinato de Daniel y actualmente es embajador argentino en Estados Unidos, Heredia dijo que “no se le debería haber aceptado el pliego” y que asumió porque así “son los intereses”. Lo definió como “gente que viene de afuera a explotar a nuestros obreros” y a través de mentiras y promesas de inversiones “vienen a llevarse la plata y a asesinar nuestra gente”. También señaló que los medios comerciales, sobre todo de Buenos Aires, “no lo quieren tocar” y que no publicaron el fallo “porque estamos tocando intereses”.

Heredia no dejó pasar la oportunidad para agradecer a quienes sí estuvieron y transmitieron durante toda la extensa lectura de sentencia, Nadia París y Fermín Martínez, integrantes de Radio Zona Libre: “Los queremos mucho”, les dijo y cerró con una reflexión para estos tiempos. París y Martínez están señalados en el informe del Ministerio de Seguridad acerca de las RAM, y además tienen una grave causa judicial abierta que ahora recaerá en manos del juez Gustavo Villanueva, que ordenó extraditar a Jones Huala a Chile y no investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Heredia cerró con una reflexión que los comprende pero que a la vez es general: “Todo está mal. Todo es una mentira. A los que decimos la verdad nos va mal, pero perseveramos”, cerró.

Uruguay : El silencio se hizo oír

Miles de personas participaron en la 23° Marcha del Silencio.

Millares de personas colmaron 18 de Julio e la 23° Marcha del Silencio, que se llevó a cabo bajo la consigna “Impunidad: Responsabilidad del Estado, ayer y hoy”. La marcha se realizó también en varias localidades del país y el exterior.

La marcha comenzó a las 19 horas en Montevideo, con una amplia respuesta.

“Seguimos el camino iniciado hace más de 40 años por nuestras queridas madres, marcado a fuego por el compromiso con sus seres queridos, por su perseverancia, por lo que es su auténtico aporte y legado: Caminar juntos, expandir esta fuerza contra el olvido, hacerlo colectivo. Sumar. Que nuestro reclamo sea el reclamo de todos. Y que todas las luchas cuenten con nosotros”, indica parte de la convocatoria.

La marcha, promovida por la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se realiza cada 20 de mayo desde hace 23 años para conmemorar a los detenidos desaparecidos. La fecha recuerda la aparición sin vida de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw

fotos 

Marys Yic

Acto homenaje a los uruguayos detenidos-desaparecidos 20/05/18

Acto por Memoria, Verdad y Justicia.  - Homenaje a  Z. Michelini, H. Gutierrez Ruiz Manuel Liberoff; W. Whitelaw, R. Barredo y todos lxs desaparecidxs de Uruguay

Santiago Maldonado : "Murió por culpa de los testigos mapuches"

La Gendarmería denunció por asociación ilícita y falso testimonio a quienes acompañaban a Santiago Maldonado

La hipótesis de Gendarmería, que realizó un operativo ilegal en la comunidad Pu Lof que terminó con la muerte de Maldonado, es que los testigos se aliaron para incriminar a la fuerza. Para la familia, la denuncia es “intimidatoria”.

Por Irina Hauser

La ministra Patricia Bullrich y la Gendarmería ahora les apuntan a los amigos de Santiago Maldonado.

Igual que en los comienzos de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería  se aferra a la estrategia del Gobierno de acusar a las víctimas. Mientras en la causa se desa- rrollan medidas claves para establecer la posible responsabilidad penal de los agentes en la persecución de un grupo de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen que tuvo como consecuencia la muerte del joven cuando acompañaba una protesta, la fuerza que responde a la ministra Patricia Bullrich presentó ayer una denuncia en la que pide que se investigue lo que considera una presunta asociación ilícita y tres supuestos falsos testimonios (de dos mapuches y un amigo de Maldonado) para generar una versión que la incrimine. El expediente está a cargo de la fiscal Silvina Avila, que también interviene en la causa sobre la muerte, y del juez Guido Otranto, que fue apartado de ese expediente por parcialidad. Desde enero tramitan otra denuncia en sintonía del Ministerio de Seguridad, que pone en duda ocho testimonios y sugiere una suerte de complot. “Es una denuncia claramente intimidatoria”, dijo a PáginaI12 Verónica Heredia, abogada de la querella de la familia.

En la causa que ahora está a cargo del juez Gustavo Lleral, y que debe determinar qué pasó y cómo murió Maldonado, se están llevando a cabo medidas centrales. Una de ellas es el análisis completo del contenido de los celulares de 20 gendarmes que estuvieron más cerca del río Chubut en la zona donde fue encontrado el cuerpo y que participaron de la persecución a los mapuches en el territorio. Se había hecho un análisis parcial de los aparatos, que arrojaba que habían estado apagados. El peritaje se amplió con una apertura total del contenido conocer el contenido y la llamada “georreferenciación”, que establece donde estaba  cada agente. Además faltan imágenes del operativo que la fuerza debería tener y aportar, en especial del lapso entre las 11.30 y las 13 del 1 de agosto, el momento que desaparece Maldonado. Y, está pendiente que el juzgado logre la declaración testimonial de un grupo de personas que el día de la persecución de Gendarmería estaba en la ruta 40, en el ingreso a la comunidad.

A esto se suman medidas en desa- rrollo pedidas por la familia, que todavía guarda grandes dudas sobre qué pasó con Santiago antes de que cayera al río. Se está peritando, por ejemplo, su documento de identidad, que estaba en muy buen estado pese a los 78 días transcurridos desde la desaparición y no estaba en una bolsa, pese a versiones que lo afirmaban. También se peritan billetes que tenía en la ropa. La autopsia indicó muerte por ahogamiento e hipotermia, pero la abogada Heredia señala que “no se determinó cuánto tiempo estuvo en el agua: da un rango, según distintos métodos podrían ser 53 días, más de 60 o 73, por eso nosotros seguimos sospechando solicitando medidas que ayuden a esclarecer, no sabemos si estuvo todo el tiempo en el agua”. “Su mochila nunca apareció –agrega– ¿y si tenía disparos de la Gendarmería?”

Ese es el cuadro de situación de la principal causa, frente al que el Ministerio de Seguridad primero y la Gendarmería ahora introducen sus denuncias. La Gendarmería  pide investigar a quienes, en su óptica, serían responsables de la difusión de lo que llaman una “falsa hipótesis” de que Maldonado había sido “desaparecido por personal” de la fuerza. Habla de rastrear autores intelectuales o materiales, en el ámbito de la comunidad, el judicial y los medios masivos. Y pone el foco en tres testigos: Matías Santana, Claudia Pilquiman y Ariel Garzi. Santana había relatado cómo la Gendarmería ingresó a la comunidad y persiguió a un grupo y que mientras algunos cruzaron el río a Santiago lo subieron a una camioneta de Gendarmería. Pilquiman es la mamá de Lucas, conocido como testigo E, quien dijo haber estado con Maldonado al momento de cruzar el río, pero que Santiago no cruzó. Claudia había estado con él también en la ruta. Garzi es un amigo de Santiago que hizo una llamada a su celular el 2 de agosto, que duró 22 segundos pero sólo hubo silencio. Heredia plantea que si la Gendarmería objeta que se analice posible desaparición forzada “no pueden investigar su denuncia la fiscal Avila y Otranto, porque ella propuso esa carátula para el expediente y él hizo lugar, además que ya fue apartado”. La carátula no cambió. 

La Gendarmería carga las tintas en los testigos y dice que la fuerza no tuvo ninguna responsabilidad. Es que eso es precisamente lo que se investiga y es ostensible que la fuerza ingresó con más de 50 agentes a la comunidad en un allanamiento ilegal y a los tiros. Alegaron un delito en flagrancia: que los mapuches les arrojaban piedras para rechazarlos, pero hasta ahora todo apunta a que las pedradas sucedieron una vez que los gendarmes estaban en el territorio. El único imputado es un gendarme, Emanuel Echazú, que puso defensor cuando se filtraron sus fotos con la cara ensangrentada y se supo que se peritarían las lesiones y su ubicación. Una foto satelital lo mostraba muy cerca del lugar donde fue hallado Maldonado. Una enfermera dijo que lo atendió dentro de la comunidad, no en la ruta como sostenía la fuerza. Pero en el doble juego de ser acusada y convertirse en acusadora, la Gendarmería además de todo querella por el corte de ruta del 31 de julio.

En el expediente sobre la muerte y la desaparición, que tiene el juez Lleral, la Gendarmería también se presentó con la estrategia de acusar y presionar: quieren que declaren los abogados de Naturaleza de Derechos que habían hecho la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que derivó en una advertencia al Estado argentino. Habían presentado relatos. Uno era el “testigo E”, Lucas Pilquiman, que según en ese texto decía que había estado con Santiago en los últimos momentos antes de cruzar el río pero que lo había agarrado la Gendarmería. Lucas, de 19 años, testificó ante Lleral con una citación que no fue notificada a las querellas. Describió la persecución de Gendarmería pero no fue exactamente igual, no dijo que se lo llevaron. Heredia pidió la nulidad y se la negaron. La Gendarmería busca un careo.

Hoy la causa no tiene definiciones. Faltan medias y declaraciones. “Quieren socavar los testimonios, intimidar a los más vulnerables. Quieren impedir que la gente que aún no lo hizo declare. Insisto con que peligra la investigación. Estas denuncias son actos que demuestran que la investigación es atacada por el propio gobierno”, advierte Heredia.

La denuncia del Ministerio de Seguridad también radicada en el juzgado de Otranto también cuestiona testimonios. Los mismos que Gendarmería y otros más, como el de Lucas. Hay otra causa con sentido similar  en Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, contra el constitucionalista Eduardo Barcesat, por acusar al Gobierno. La denuncia es del abogado Denis Pitté Fletcher. La causa la tiene el juzgado de Julián Ercolini. Barcesat hizo, en efecto, una denuncia contra el Poder Ejecutivo y Gendarmería por encubrimiento en la investigación de la desaparición de Maldonado, cuando era ostensible por dichos de la propia Ministra Patricia Bullrich y las intervenciones de sus funcionarios en el expediente, que clamaban por desligar a la fuerza con la causa en pleno trámite y sembraban pistas falsas y ofensivas para la familia de la víctima. Desde decir y plantear que Santiago podía haber herido a un puestero de la estancia de Benetton (algo desmentido luego por el ADN) hasta que estaba en Chile, o escondido. Entre otras anomalías, el defensor Fernando Machado denunció que las camionetas de Gendarmería usadas en el operativo fueron lavadas antes de ser peritadas. Aquella causa por encubrimiento la tuvo el juez porteño Rodolfo Canicoba Corral y en noviembre la Cámara Federal dijo que era incompetente. Debía mandarla a Esquel, pero allí en tribunales informan a este diario que por ahora no está en ninguna parte.

Documento Unificado de Familiares víctimas de la Represión Estatal. Jornada a 9 Años sin Luciano.

APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA·DOMINGO, 28 DE ENERO DE 2018

Las voces de los familiares, se han hecho escuchar como todos los años en esta Jornada que hoy a 9 años sin Luciano, continuamos exigiendo el derecho a saber la verdad frente a la Impunidad.

Nuestras voces mostraron como el encuentro con otras y otros nos facilita compartir el dolor, la bronca, la impotencia, como así también la lucha por justicia y la esperanza de mantener viva la memoria de nuestrxs hijxs, hermanxs, contribuyendo a crear conciencia sobre la represión estatal que recae sobre nuestros niños, niñas y adolescentes en los barrios más humildes. El plenario nos permitió dar visibilidad a lo que está pasando en los barrios a través de nuestra palabra. 

Consideramos que hay tiempos individuales y colectivos para atravesar el dolor, para poder compartirlo. Hoy vimos lo importante que es el respeto mutuo a los tiempos y necesidades individuales de cada unx de nosotros para la unidad y organización colectiva.

Creemos que la impunidad del pasado se relaciona con el accionar de hoy de las fuerzas de seguridad, por esto mismo entendemos que el pedido de Justicia, castigo a todos los responsables y el derecho a saber la verdad no sólo es nuestro derecho como familiares, sino también que es un derecho colectivo como sociedad.

Los distintos casos a lo largo y ancho del país que hoy nos hicimos presentes en esta jornada, dan cuenta de un accionar sistemático como política de Estado. En todas nuestras causas y la de nuestros hijxs y hermanxs hay complicidad de los distintos poderes del Estado, sumado a la criminalización por parte de los medios hegemónicos de comunicación cuando hablan de nosotrxs, de nuestros hijxs y hermanxs. 

La falta de justicia nos convierte a los familiares en verdaderos y únicos investigadores e impulsores de nuestras causas. Frente a esto soportamos el maltrato, las amenazas, la intimidación y hostigamiento. Ante el desamparo que se siente al comprobar que el Estado es Responsable, cuando debiera garantizar los derechos, resulta reparador para nosotrxs el apuntalamiento y apoyo que se genera entre los familiares.

Una vez más nos fortalece la contundencia y el valor de cada uno de los testimonios. Consideramos que tienen un valor indiscutible para seguir adelante en este proceso de crecimiento y empoderamiento en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y castigo a todos los responsables

A 9 Años sin Luciano como familiares víctimas de la represión estatal DECIMOS:

A LUCIANO, LO MATÓ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

BASTA DE FUSILAR A NUESTROS PIBES Y PIBAS.

BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS.

BASTA DE SECUESTRAR A LAS PIBAS DE NUESTROS BARRIOS PARA LAS REDES DE TRATA.

BASTA DE CAUSAS ARMADAS.

NUESTROS PIBES Y PIBAS NO SON PELIGROSOS, ESTÁN EN PELIGRO.

POR EL DERECHO A SABER LA VERDAD.

JUSTICIA POR NUESTROS HIJOS, HIJAS, HERMANOS Y HERMANAS.

EL ESTADO ES RESPONSABLE

FOTOS : Andrea Perez Gonzalo Zapata Jorgelina Araceli Mendez

Cobertura Especial - 9 años sin Luciano

(Por *Medios comunitarios, alternativos y populares)

Es imposible contar aquí todo lo que escuchamos y vimos. Es imposible. Fueron incontables los testimonios en la jornada a 9 años de la desaparición de Luciano Arruga. Cada nuevo evento trae consigo a nuevas familias de nuevos lugares del país, por eso es que el clima se debate entre historias desgarradoras, de dolor y bronca, y lugares de encuentro con una valía inconmensurable. Sergio Maldonado y Mónica Alegre, pero también las madres de víctimas de gatillo fácil haciendo trencito al ritmo de las Kumbia Queers y los niños y niñas prestándose a los juegos de Anda Calabaza. Por eso es una cobertura difícil que llevamos adelante Radio Zona Libre, Radio Presente, Radio Sur, Espantarrejas (FM Riachuelo), La Colectiva, Dtl!, La Tribu, Antena Negra, FM En Tránsito y La Retaguardia. Acá compartimos sólo una mínima parte de los testimonios que se oyeron a lo largo del día, tanto en la transmisión radial de la actividad como en el escenario y las distintas asambleas, y el registro fotográfico de Laki Pérez, y Agustina Salinas y Natalia Bernardes de La Retaguardia.

http://www.laretaguardia.com.ar/2018/01/cobertura-especial-9-anos-sin-luciano.html

Rafael Nahuel fue asesinado con una bala 9 mm, como las de Prefectura

“El proyectil alojado en el tórax de Rafael Nahuel es una 9 milímetros, y es compatible con las utilizadas por Prefectura”, lo reveló la autopsia practicada por la Justicia.

12. País 28/11/2017 Por Redacción La Nueva Mañana

Rafael Nahuel Política argentina Esta tarde en el cementerio municipal, familiares, amigos, comunidades mapuches y organizaciones sociales despidieron los restos de Rafael Nahuel - Foto: Política Argentina.

La justicia federal  dio a conocer el resultado de la autopsia del joven Rafael Nahuel, y confirmó que fue asesinado por la espalda tras recibir un balazo que le atravesó los intestinos, el hígado, el diafragma y el pulmón, ocasionando una hemorragia interna en el cuerpo del joven.

Rafael era miembro de la comunidad Lafken Winkul Mapu, y falleció el pasado sábado en Villa Mascardi, tras recibir un balazo por la espalda que le afectó órganos vitales. El examen realizado por la justicia de Río Negro, demostró que la bala ingresó por el glúteo izquierdo.

"Ya no quedan dudas: Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Así lo revela la autopsia", informó el medio barilochense "En Estos Días", que además sostuvo que "fuentes con acceso a la causa abierta por el asesinato, confirmaron que el proyectil alojado en el tórax de Rafael es una 9 milímetros, compatible con las utilizadas por Prefectura".

Estas declaraciones, coinciden con las de la comunidad Lafken Winkul Mapu a los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la que denuncian que fueron corridos ladera arriba con disparos de armas de fuego de la fuerza federal, y difiere de la versión del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que en un informe oficial sostuvo que los efectivos sólo realizaron "disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes".

Fuentes con acceso a la causa abierta por el asesinato, confirmaron que el proyectil alojado en el tórax de Rafael es una 9 milímetros, compatible con las utilizadas por Prefectura.

Tras la balacera, Fausto Jones Huala y Alejandro González bajaron hacia la ruta con Rafael cargado y en gravísimo estado. Ambos fueron detenidos y Rafael falleció.

En las próximas horas el cuerpo del joven será entregado a la familia para que puedan despedirlo y acompañarlo en el velatorio.

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN

En un nuevo escenario político ante la profundización de las violaciones a los derechos humanos llevada adelante por el gobierno de Macri y los gobernadores estamos realizando este 2do Encuentro Nacional de DDHH contra la Impunidad y la Represión,  los días 25 y 26 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires.

Planteamos este segundo encuentro como herramienta para articular colectivamente las respuestas ante el avance de la represión y la criminalización de la protesta social.

Los organismos de Derechos Humanos convocantes afirmamos que el Estado es el responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, y el único responsable de las violaciones de todos y cada uno de ellos. Es por ello que quienes lo denunciamos y lo enfrentamos debemos ser independientes de todo gobierno de turno.

Con este segundo Encuentro buscamos construir más lazos de solidaridad, compromiso de acciones comunes, y una respuesta organizada e independiente en materia de Derechos Humanos. Porque entendemos que, así como fue nuestro pueblo con sus luchas históricas quien conquistó sus derechos ,es de nuestro pueblo de donde debe salir la respuesta que impida que nos arrebaten la libertad la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la niñez, la vejez, y una vida digna.

Objetivos:

Generar un espacio de coordinación a nivel nacional de organizaciones para la defensa de las libertades democráticas y denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos

Promover la conformación de espacios de coordinación regional (NOA, Sur, Cuyo, NEA)

Poner en común, analizar y denunciar la situación actual represiva y de impunidad en Argentina

Comisiones de trabajo

1- Niñez y Juventudes. Políticas Públicas Represivas

2- Represión en lugares de encierro: Prácticas Punitivas en cárceles e institutos de menores.

3- Represión /Tierra Pueblos originarios y campesinos/ cuestiones socio-ambientales

4- Represión tierra y vivienda en zonas urbanas

5- Represión a los que luchan

6- Impunidad y genocidio -Juicios

7- Impunidad de hoy/Poder Estado y Corrupción

8- Trata, Género y DDHH

9- Migración

10- Medios y Derechos Humanos

Por consultas, sugerencias y aportes podés escribirnos a encuentronacionaldeddhh@gmail. com

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Comisión Organizadora

AEDD

Colectivo Memoria Militante

CORREPI

EATIP

Familiares y Amigos de Luciano Arruga

Hijos Oeste

Liberpueblo