SANTIAGO MALDONADO, CRIMEN DE ESTADO

Buenos Aires, 1 de agosto de 2019.

A dos años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado estamos convocados nuevamente a juntar gargantas y puños apretados, exigiendo la justicia esquiva por parte de las instituciones y de las personas que articulan el hostigamiento y  la represión a los reclamos populares y a las cadenas de solidaridad que empecinadamente se tejen a pesar de los hachazos que dejan  heridas que no cierran.  

Con el  cuerpo de Santiago plantado en un recodo del río a casi tres meses de su desaparición,  quisieron sembrar dudas de los hechos sobre los que el pueblo siempre supo las respuestas: Santiago fue asesinado a manos de la gendarmería, que como brazo armado del gobierno, perpetró un crimen de Estado.

A dos años de la desaparición forzada de Santiago, el poder judicial,  plagado de mercenarios al servicio de los poderosos tanto nacionales como de las multinacionales, desvió la mirada del cuerpo de Santiago,  eludió responsabilidades y se amparó en los medios de comunicación que operaron  no sólo como altavoces gubernamentales, también crearon noticias falsas y pérfidas que pretendieron destilar como verdades inexorables

A dos años de la desaparición forzada de Santiago, se han sumado más atropellos y muerte, ha seguido siendo atacado el pueblo mapuche y en el balance en estos dos años, quedan comunidades asaltadas, heridos, detenidos y el asesinato de Rafael Nahuel, por parte de los mismos verdugos del gobierno.

A dos años de la desaparición forzada de Santiago han lanzado injurias y difamaciones contra Santiago y su familia, y pretenden dejar cerrada para siempre la causa judicial, plagada de omisiones y alteraciones de pruebas y testigos. 

A dos años del crimen de Estado, los poderes  políticos, económicos y mediáticos, han utilizado el mecanismo terrorífico de la dictadura genocida con el objetivo de instalar el olvido. 

Y así como hace dos años las calles y plazas se desbordaron reclamando por Santiago, volvemos a las mismas huellas para romper la impunidad.  Y lo conseguiremos, más temprano que tarde.

JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO

BASTA DE IMPUNIDAD

NO AL CIERRE DE LA CAUSA

ENCUENTRO MILITANTE CACHITO FUKMAN

Scilingo: la impunidad de un genocida. Reclamo para que Soto del Real declare persona "non grata" al represor argentino.

Patética actuación de Scilingo durante el juicio

 SUMÁ TU FIRMA Y EL Nº DE TU DNI. 

Enviálo a casapueblos@nodo50.org

Scilingo, quien fuera condenado por genocidio, ha sido protagonista de una entrevista el 21de octubre en el medio “El Salto”, (https://www.elsaltodiario.com/argentina/exclusiva-habla-el-exrepresor-scilingo-estar-preso-es-muy-llevadero), generando gran indignación en las asociaciones de derechos humanos y en las víctimas y familiares.

Haciendo gala de su catadura moral y desprecio a las víctimas, no sólo niega cualquier participación en los crímenes de la dictadura, sino que incluso se permite rechazar la existencia misma de los vuelos de la muerte en los que él participó y por los que fue condenado.

La entrevista termina significativamente con su deseo de vivir en el pueblo del Soto del Real, que él mismo considera un “semi-paraíso”

El pasado 26 de mayo de 2018 se celebró en el municipio de Soto del Real (Comunidad de Madrid) un acto convocado por Podemos, EQUO, y vecinas/os indignados por la presencia de un genocida argentino Adolfo Scilingo, condenado por la Audiencia Nacional en abril de 2005, en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional el marino fue juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión, y en Julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español  elevó la condena a 1.084 años.

Las organizaciones políticas y de derechos humanos plantearon que al igual que en varias ciudades y ámbitos diversos como otros genocidas, Scilingo sea declarada persona non grata en la localidad de Soto del Real.  “Así como repudiamos la libertad y las consideraciones de las que goza un torturador del franquismo, Billy el Niño, porque los delitos cometidos por ambos criminal nos compele a toda las sociedades, ya que han sido demasiadas las aberraciones soportadas por gobiernos con prácticas genocidas, que han implantado una herida persistente en toda la humanidad. Un dato que para algunas personas puede tener un grado de importancia, es que Scilingo no ha pedido perdón nunca“. Nos parece incomprensible que un genocida emponzoñe las calles de Soto del Real, donde nos  consta que hay vecinxs que condenan a conciencia la impunidad de los criminales genocidas, sean estos de Argentina, Chile, el Estado español….”  

Tras la realización del acto, Scilingo remitió una carta a Podemos Soto del Real en la que exigía una rectificación de las acusaciones vertidas en su contra (¿?) y proclamaba su inocencia de todos los delitos por los que cumple condena en la cárcel.

Sin embargo, los datos aportados como incluso sus propias declaraciones tanto en la televisión argentina como en la española, como lo hiciera en el Juzgado nro.5 de la Audiencia Nacional, Scilingo participó en el desarrollo y ejecución de un "plan criminal de eliminación sistemática de personas", el genocidio implementado en Argentina, dejando un saldo irreparable de 30.000 detenidos desaparecidos, y, 400 menores robados o nacidos en cautiverio aún por recuperar.

Se acompañó la cronología del recorrido jurídico desarrollado en reclamo de justicia por los crímenes cometidos por los genocidas en Argentina:

1)    Marzo, 1996. Presentación de denuncia contra la dictadura argentina, por parte del fiscal Carlos Castresana en representación de la Unión Progresista de Fiscales, La denuncia, presentada en la Audiencia. Nacional, con sede en Madrid, ha sido admitida a trámite por el magistrado Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5. La acción de la UPF ha sido impulsada por el interés de que no queden impunes las acciones de las juntas militares que ocuparon por la fuerza el Gobierno de Argentina desde hasta 1983 y la falta de explicaciones sobre las 30.000 personas desaparecidas, la interposición de la denuncia paraliza la prescripción de los delitos, en tanto y cuanto las leyes de obediencia debida y punto final imposibilitaban medidas contra los ejecutores y responsables del genocidio.

2)    Octubre de 1997. Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. Scilingo se presentó ante el juez Garzón, como un militar arrepentido, pero quedó detenido por orden del Juez Garzón, después que admitiese en su declaración que él mismo había participado en los denominados vuelos de la muerte, en lxs que ciudadanxs eran lanzados vivos desde aviones al mar. Scilingo admitió haber arrojado sedados con un medicamento llamado Pentonaval, similar al Pentotal, pero vivos al mar desde aviones en vuelo,  a un total de 30 personas.

3)  Noviembre de 1999 - Garzón procesa a Scilingo por el delito de genocidio junto a más de 120 militares y civiles argentinos entre los que figuran los máximos jerarcas militares de la dictadura. Scilingo vuelve a declarar ante ese magistrado y se retracta de sus confesiones anteriores.

4) Diciembre de 2000 - Garzón pide el arresto y extradición de 48 militares argentinos involucrados en la represión.

5) Julio de 2001 - El juez Garzón decreta prisión incondicional para Adolfo Francisco Scilingo en la cárcel de Alcalá-Meco, 30 km al este de Madrid, para evitar el riesgo de fuga.

6) Octubre 2001.- El magistrado español cierra la investigación sobre Scilingo, y las actuaciones pasan a la Sala Penal correspondiente

7) Mayo de 2002 - Scilingo recusa a siete jueces de la Audiencia Nacional que participaron en la decisión de octubre de 1998, que avala la jurisdicción universal de la justicia española para juzgar crímenes cometidos fuera de España.

8) Julio 2002 - una sala judicial especial española rechaza la recusación interpuesta por Scilingo. En reiteradas ocasiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en que la justicia española no tiene jurisdicción para investigar crímenes cometidos por ciudadanos extranjeros fuera de España.

9)  Junio de 2003 - La Audiencia Nacional decreta la apertura de juicio oral y público contra el ex marino por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura durante la dictadura.

10) Agosto - la Sala I de la cámara del Crimen de Argentina reconoce la competencia de Garzón para enjuiciar a Scilingo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pues en Argentina no hay causas abiertas contra el ex militar.

11)  En abril de 2005, en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional el marino fue juzgado por delitos de lesa humanidad  cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión.

12)  Julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español  elevó la condena a 1.084 años.

13)  Septiembre - El Tribunal Supremo español desestima y archiva una denuncia presentada por Scilingo contra el Estado español por supuesta violación de tratados internacionales.

El Tribunal Supremo destaca que Scilingo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría en la ESMA y explica cómo el propio Scilingo había participado en la reunión con 900 oficiales de la Armada, en el cine de Puerto Belgrano, donde el almirante Luis María Mendía expuso el plan para acabar con los subversivos. El almirante destacó que el objetivo era combatir todo lo que fuera "contrario a la ideología occidental y cristiana", y para ello se contaba con el beneplácito de la jerarquía católica castrense. Las líneas generales del plan vienen recogidas en la sentencia: "Se actuaría con ropa de civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física mediante vuelos sin destino, si bien la muerte así producida sería cristiana puesto que la gente sería previamente narcotizada". Scilingo respaldó punto por punto ese plan.

A pesar de su milenaria condena, el límite máximo de cumplimiento en prisión para Scilingo  se fijó en 25 años por lo que no termina de cumplir su pena hasta el 20 de abril de 2026

Como se desprende del listado de actuaciones judiciales, con la participación de gran variedad y cantidad de actores implicados, jueces, abogados, fiscales, sobrevivientes, documentación escrita y fílmica, testimonios ampliatorios… no se sostiene la declaración de inocencia a la que Scilingo recurre con la pretensión de cuestionar y desconocer la competencia de la justicia española, determinada esta por la aplicación de la justicia universal, y otros argumentos a los acude de forma recurrente y esperpéntica.

Los hechos, el procedimiento ajustado a derecho, han demostrado que Scilingo participó en crímenes aberrantes parte del plan genocida instaurado en Argentina de 1976 a 1983. Ninguna de las personas que Scilingo eliminó, tuvieron ni una sola garantía judicial de la que sí gozó ampliamente el ex militar.

Asimismo consta en los informes públicos realizados por psicólogos en Alcalá-Meco que consideran que el exmilitar argentino sufre una tendencia psicopática. El psicólogo penitenciario refleja que Scilingo muestra frialdad hacia los hechos por los que fue condenado y subraya su ausencia de empatía con las víctimas y el hecho de que no se muestre arrepentido. Además, concluye que el riesgo de que vuelva a reincidir es medio-alto, a pesar de que sea más que improbable que se repitan las circunstancias en las que el preso cometió sus crímenes.

La mencionada petición de declaración de persona non-grata fue respaldada por una serie de organizaciones y personas a título individual, tanto del Estado español como de Argentina, y que esperan una respuesta del Ayuntamiento de Soto del Real.

Firman :

Organizaciones :  Casapueblos (Madrid) - Sindicato Solidaridad Obrera -Asociación Nuestra Memoria (Sevilla)- Corriente Revolucionaria de Trabajadores

Personas

1.    Carlos Gregorio Lordkipanidse. Sobreviviente de la ESMA. DNI 10400491

2.    Carlos Óscar Loza. Sobreviviente de la ESMA. DNI 10754303.

3.    Blanca Firpo. Sobreviviente de la ESMA. DNI 6.553253

4.    Carlos Zaidman Ex detenido desaparecido Circuito Camps. DNI 10.075.984

5.    Andrea Benites Dumont.  Sobreviviente SSF; .DNI 05415445A

6.    Adriana Fernández. Querellante en la causa por los crímenes del franquismo

7.    Alejandro Clara

8.    Alejandro Gil. Escritor. Tucumán (Argentina)

9.    Carolina Meloni González. Profesora universitaria (Madrid)

10. Diana Silvia Gallardo. DNI: 11. 265.613

11. Lidia Beatriz Frank. DNI 11370526

12. Luis Zamora. Autodeterminación y Libertad

13. Pepe Mejías. Periodista y militante de Anticapitalistas

14. Raúl Pascual Prieto. Casapueblos. DNI: 50444866R

15. Clara Redal Montané

16. Fernando Rocha Sánchez. DNI: 42915296X.Casapueblos

17. Familia Abriata (Argentina).

18. Pablo Arturo Odriozola. DNI 24128587

19. Silvia Traverso

20. Oscar Alberto Repossi

21. Pablo Stofblat. DNI 21478331

22. Pablo Adrián Sainz Rodríguez   DNI: 50354583Q

23. Michelle Andrée Aslanides. DNI 20231125

24. Aurora Tumanischwili, DNI: 10120870, FeTERA FLORES en CTAA

25. Guillermo López, DNI: 464259. FeTERA FLORES en CTAA

26. Maria José Moleon Martínez

27. José Valentín Ramírez Castanedo (Getafe-Madrid). DNI 51846838P

28. Silvia Basteiro Tejedor 

29.    José Manuel Martín Medem – DNI : 51054227T

30. Carlos Castresana Fernández – Jurista - Fiscal

31. Aixa García Avellaneda – Comunicadora Social

32.  Martine Horowitz Silber – Periodista

33. Liliana Martin –DNI: 10400725

34. María Adela Antokpletz – DNI 6481240

35.  Soledad Mariana Benites – DNI : 23176346

36.  Pasqualina Marrosu – Ppte.I : YB2832869

37. Alesio Raimondi -  Ppte.: YB0348247

CONTINÚAN LAS FIRMAS .....

Documento Unificado de Familiares víctimas de la Represión Estatal. Jornada a 9 Años sin Luciano.

APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA·DOMINGO, 28 DE ENERO DE 2018

Las voces de los familiares, se han hecho escuchar como todos los años en esta Jornada que hoy a 9 años sin Luciano, continuamos exigiendo el derecho a saber la verdad frente a la Impunidad.

Nuestras voces mostraron como el encuentro con otras y otros nos facilita compartir el dolor, la bronca, la impotencia, como así también la lucha por justicia y la esperanza de mantener viva la memoria de nuestrxs hijxs, hermanxs, contribuyendo a crear conciencia sobre la represión estatal que recae sobre nuestros niños, niñas y adolescentes en los barrios más humildes. El plenario nos permitió dar visibilidad a lo que está pasando en los barrios a través de nuestra palabra. 

Consideramos que hay tiempos individuales y colectivos para atravesar el dolor, para poder compartirlo. Hoy vimos lo importante que es el respeto mutuo a los tiempos y necesidades individuales de cada unx de nosotros para la unidad y organización colectiva.

Creemos que la impunidad del pasado se relaciona con el accionar de hoy de las fuerzas de seguridad, por esto mismo entendemos que el pedido de Justicia, castigo a todos los responsables y el derecho a saber la verdad no sólo es nuestro derecho como familiares, sino también que es un derecho colectivo como sociedad.

Los distintos casos a lo largo y ancho del país que hoy nos hicimos presentes en esta jornada, dan cuenta de un accionar sistemático como política de Estado. En todas nuestras causas y la de nuestros hijxs y hermanxs hay complicidad de los distintos poderes del Estado, sumado a la criminalización por parte de los medios hegemónicos de comunicación cuando hablan de nosotrxs, de nuestros hijxs y hermanxs. 

La falta de justicia nos convierte a los familiares en verdaderos y únicos investigadores e impulsores de nuestras causas. Frente a esto soportamos el maltrato, las amenazas, la intimidación y hostigamiento. Ante el desamparo que se siente al comprobar que el Estado es Responsable, cuando debiera garantizar los derechos, resulta reparador para nosotrxs el apuntalamiento y apoyo que se genera entre los familiares.

Una vez más nos fortalece la contundencia y el valor de cada uno de los testimonios. Consideramos que tienen un valor indiscutible para seguir adelante en este proceso de crecimiento y empoderamiento en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y castigo a todos los responsables

A 9 Años sin Luciano como familiares víctimas de la represión estatal DECIMOS:

A LUCIANO, LO MATÓ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

BASTA DE FUSILAR A NUESTROS PIBES Y PIBAS.

BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS.

BASTA DE SECUESTRAR A LAS PIBAS DE NUESTROS BARRIOS PARA LAS REDES DE TRATA.

BASTA DE CAUSAS ARMADAS.

NUESTROS PIBES Y PIBAS NO SON PELIGROSOS, ESTÁN EN PELIGRO.

POR EL DERECHO A SABER LA VERDAD.

JUSTICIA POR NUESTROS HIJOS, HIJAS, HERMANOS Y HERMANAS.

EL ESTADO ES RESPONSABLE

FOTOS : Andrea Perez Gonzalo Zapata Jorgelina Araceli Mendez

Cobertura Especial - 9 años sin Luciano

(Por *Medios comunitarios, alternativos y populares)

Es imposible contar aquí todo lo que escuchamos y vimos. Es imposible. Fueron incontables los testimonios en la jornada a 9 años de la desaparición de Luciano Arruga. Cada nuevo evento trae consigo a nuevas familias de nuevos lugares del país, por eso es que el clima se debate entre historias desgarradoras, de dolor y bronca, y lugares de encuentro con una valía inconmensurable. Sergio Maldonado y Mónica Alegre, pero también las madres de víctimas de gatillo fácil haciendo trencito al ritmo de las Kumbia Queers y los niños y niñas prestándose a los juegos de Anda Calabaza. Por eso es una cobertura difícil que llevamos adelante Radio Zona Libre, Radio Presente, Radio Sur, Espantarrejas (FM Riachuelo), La Colectiva, Dtl!, La Tribu, Antena Negra, FM En Tránsito y La Retaguardia. Acá compartimos sólo una mínima parte de los testimonios que se oyeron a lo largo del día, tanto en la transmisión radial de la actividad como en el escenario y las distintas asambleas, y el registro fotográfico de Laki Pérez, y Agustina Salinas y Natalia Bernardes de La Retaguardia.

http://www.laretaguardia.com.ar/2018/01/cobertura-especial-9-anos-sin-luciano.html

GENOCIDA CON RAZÓN HUMANITARIA Domiciliaria a Etchecolatz

El pasado 22 de julio el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco de dos de las causas en donde fue sentenciado. Si bien la medida no se hará efectiva porque el represor está condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, este tipo de fallos sólo generan mayor impunidad a la vista de los sobrevivientes, familiares, organismos de Derechos Humanos y todos los que luchamos tantos años por cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas.

En su fallo, con votos favorables de los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli y disidencia de Roberto Lemos Arias, el TOF 1 decidió hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria de Miguel Osvaldo Etchecolatz efectuadas por la defensa oficial en las causas “La Cacha” (91003389/2012) y “Favero/Alvarez” (91133453/2013). La decisión, de concretarse, incluye la supervisión quincenal y presencial del beneficio de parte del Patronato de Liberados, más un sistema de vigilancia electrónica y con pedido al gobierno nacional de medidas necesarias para preservar la integridad física del represor y de terceros.
Para que no queden dudas de quién estamos hablando, se trata del ex Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante el mandato de Ramón Camps, coordinador de las patotas de los más de 30 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en dictadura en el conurbano bonaerense, hoy condenado a 3 cadenas perpetuas, más una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como el secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña apropiada por los represores.
La defensa del genocida había pedido la domiciliaria apelando al artículo 32 inciso a) de la ley 24.660, que habilita el beneficio “al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”.
Desde comienzo de año dos informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, venían sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias pero en la cárcel. El único hecho nuevo fue una supuesta pérdida repentina y pasajera del conocimiento en el traslado de Ezeiza al CMF de la Corte en CABA, donde se lo derivó a la guardia del Hospital Ramos Mejía, y cuyo parte determino “buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución” aún padeciendo “patologías crónicas compensadas y tratadas adecuadamente”. A mayor abundancia, el informe del CMF de la Corte determinó en abril pasado que el caso no encuadra en lo previsto en la ley para habilitar la domiciliaria y que “puede seguir cumpliendo su detención en el lugar donde se halla alojado”.
En mayo un nuevo informe del órgano médico penitenciario detalló nuevos episodios de descompensación y apuntó “el elevado riesgo que presente dichos episodios agudos y muerte súbita”. Ante esto el TOF 1 citó a declarar a los médicos del HPC, doctores José Francos y Nelsy Medina, quienes afirmaron que si bien podían darle una adecuada atención desde el punto de vista médico, sugerían la domiciliaria “considerando la situación desde una óptica humanitaria, la salud integral de un paciente con las características del caso, involucra la necesidad de un adecuado soporte social”, no sin afirmar que tiene la inestabilidad típica de la edad y “puede tener una descompensación tanto en una dependencia del Servicio Penitenciario como en su casa”. Ante esto, el CMF volvió a opinar que “el detenido se halla asistido de manera adecuada en su lugar de alojamiento actual”. Lo mismo hizo la fiscalía, y agregó que “un mayor ámbito de libertad podría importar serios riesgos procesales, tomando como parámetro el modo de comisión de los hechos y el rol central que cupo a Etchecolatz en los mismos”. Despejando que la justificación del pedido de domiciliaria fuera de orden médico, se instala así la discusión sobre el carácter humanitario de la detención. De allí solo restó el informe ambiental del reo realizado por el SPF, que indicó que su mujer Graciela Carballo lo visita en Ezeiza y que tienen contratada una prepaga que podría llevarlo en 15 minutos en una unidad de terapia intensiva desde su chalet del Bosque Peralta Ramos en Mar Del Plata al hospital más cercano.

Más allá de tediosas disquisiciones jurídicas, que no son nuestra tarea, como organización de Derechos Humanos venimos advirtiendo sobre el retardo que vienen sufriendo los juicios por delitos de lesa humanidad, y que producto de ese retardo impera lo que denominamos “impunidad biológica”: la muerte impune de casi 400 connotados represores en todo el país.
Además hemos criticado varias decisiones de beneficiar a los genocidas con domiciliarias por entender no sólo que el requisito de la edad no es una causal de aplicación automática para la concesión de la domiciliaria, sino que crímenes gravísimos como los que se están juzgando deberían quedar excluidos de beneficios mitigantes de la pena. En 2008 el Congreso tuvo oportunidad de debatir la cuestión con un proyecto del diputado Vargas Aignasse y no lo hizo.
Entendemos también que el Estado debe ofrecer todas las garantías de atención médica a represores procesados con prisión preventiva o condenados por este tipo de delitos. Pero en un país con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a los miles de pobres diablos que superpueblan las cárceles provinciales y federales, y que se cansan de superar el límite legal para quien no tiene acusación o condena firme.
En particular sobre Etchecolatz, no podemos dejar de señalar que atravesó los distintos juicios que le tocaron con una conducta coherente: amenazó al tribunal, desacreditó a los testigos, provocó a los familiares de las víctimas y defendió el genocidio y a las instituciones que lo perpetraron. No hace falta recordar que esta señalado como virtual responsable de la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez, de la que se cumplirán próximamente 10 años de derrotero de impunidad y complicidad.
Precisamente en el juicio de 2006, donde Lopez señaló a Etchecolatz como responsable de su secuestro y torturas y de una matanza de prisioneros indefensos en uno de los CCD de Arana, el abogado querellante Alejo Ramos Padilla logró que se le retirara el beneficio de la domiciliaria con que había llegado al juicio porque tenía un arma de fuego en su casa. En la misma casa donde ahora pretende volver. El TOF1 de entonces, integrado por el trio Rozansky-Lorenzo-Insaurralde le quitó el beneficio y lo consideró como “peligroso para sí y para terceros”. En aquella oportunidad, hace 10 años, su abogado defensor Luis Boffi Carri Pérez había pedido que conservara el arresto domiciliario porque “sufre una enfermedad terminal”. El TOF1 de hoy no tuvo en cuenta este antecedente.
Pero además, el represor se ha encargado en estos años de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenía peluquero ni pedicuro y argumentó que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”. El incidente resulta nada frente a lo que hemos denominado el “efecto Etchecolatz”: la campaña de amenazas e intimidaciones contra el presidente del TOF1 y sus colaboradores con, según el propio magistrado, “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. La consecuencia de esa campaña fue que Rozansky se excusara de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. Primera pulseada que ganó el comisario, que termina por elegir indirectamente quién lo juzga y quién no. El “efecto Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, si tenemos en cuenta que luego del juicio por la causa Favero, el represor está imputado en todas las causas grandes elevadas o a elevar, como las referidas a los Pozos de Banfield y de Quilmes, a la Brigada de Investigaciones de San Justo y a la residual de Comisaría 5ta-Arana-Brigada de La Plata. Sólo está excluido en las causas por los crímenes de la CNU y por el CCD de Infantería de 1 y 60. Así, el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando a Etchecolatz por Genocidio en 2006, comienza a desdibujarse en el rol de nuevos magistrados como Castelli y Michelli, más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas y más preocupados por la razón humanitaria de las penas en delitos graves que por la responsabilidad del propio Estado de mantener a estos gerontes genocidas atendidos pero presos.
Desde HIJOS La Plata hemos escrachado en varias oportunidades al represor mientras estaba amparado en las leyes de impunidad o recibía beneficios disfrutando de su chalet de Mar Del Plata.

Volveremos al ruedo si tamaña afrenta a la lucha de todo un pueblo devuelve al símbolo de la represión en la provincia de Buenos Aires a un cómodo e impune final de sus días.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
BASTA DE BENEFICIOS PARA LOS ASESINOS DE NUESTRO PUEBLO.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

HIJOS La Plata

En Piriápolis: Plenaria Memoria y Justicia realizará escrache al represor Ernesto Ramas

Escrache al coronel Ramas en Piriápolis. Plenaria Memoria y Justicia informó que este sábado 4 de junio realizará un escrache al coronel represor Ernesto Ramas que, en arresto domiciliario, reside en Piriápolis.

La caravana de ómnibus y automóviles partirá del obelisco de Montevideo para llegar sobre las 14:00 al balneario. Se concentrarán en Rambla y Av. Piria para dirigirse posteriormente al domicilio de Ramas, ubicado en calle Talcahuano entre Urquiza y Sarmiento, chalet Rosemar, donde se concretará el escrache.

Nació en el año 1936 

C.I. 707.695-5 

Entró al Ejército el 1 de marzo de 1955 y comenzó a prestar su servicio en la Infantería.

En 1962, se matriculó en la Escuela de las Américas. 

En  1963 estuvo en el Batallón de Infantería 11 (Minas). 

En 1964 fue ascendido a capitán y posteriormente fue

al Servicio de Material y Armamento hasta 1972. 

Fue reconocido en secciones de tortura  en 1972 en el Cuartel de Infantería de Colonia.

En 1972 se trasladó al Batallón de Infantería Nº 1. 

Desde 1975, actuó como comandante en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en el “300 Carlos” y, más tarde, en las operaciones de la cárcel de La Tablada. Poco después, sirvió en el Comando General del Ejército. Sus alias fueron: Tordillo, Oscar 1, "El Gallego", "Puñales" (Dagger) Reconocido en Orletti Argentina.

Estuvo en el Cuartel de Trinidad Flores 1977

Fue arrestado el 8 de mayo de 2006 El 8 de mayo de 2006, la jueza Aida Vera Barreto ordenó la detención preventiva de Ernesto Ramas Pereira, junto a la de Jose Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentin Vázquez Bisio y Ricardo José Medina Blanco, basándose en una solicitud de extradición procedente del juez argentino Daniel Rafecas, quien indaga el caso de  María Claudia García Irureta Goyena. Traída a la Base Valparaíso. 

Condenado el 26 de marzo de 2009 a 25 años de cárcel. Cometió crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas. Privación de la libertad

Tiene  solicitud de extradición a Argentina desde mayo de 2006.

  

En 2011 se condena  por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al Estado uruguayo,  a esclarecer lo ocurrido. La Corte también declaró el Estado uruguayo responsable de la desaparición de María Claudia, y ordenó indemnizar a los demandantes con la suma de US$ 513.000. Según el organismo, la ley de Caducidad "carece de efectos", y el Estado Uruguayo "incumplió su obligación de adecuar su derecho a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas". 

Pero Ramas no está procesado por desaparición forzada. El juez rechazo la calificación de desaparición forzada. Gavazzo, Arab y Vázquez están igualmente procesados en este caso. 

El 27 de octubre de 2011, fue procesado por el homicidio particularmente agravado de María Claudia García y por sustracción de menor y supresión de estado civil en el caso de Macarena. En 2012 Mujica “reconoce” la responsabilidad del Estado. 

Operó como terrorista de Estado. Vinculado a Junta Militar en Argentina, bajo el terrorismo de Estado del Goyo. Sostenía que estaba en cruzadas santas contra el  “pensamientos subversivo”, se define en contra de  “cualquier individuo que difunda ideas contrarias a la civilización cristiana occidental”

Fue parte de los grupos que generaron una cifra de desaparecidos y asesinados aún sin un número preciso en el área que operó el Plan Cóndor: Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay Brasil y Uruguay. Se habla de más de 30000 solo en Argentina, más de 200 uruguayos.

Operó en la casa de torturas de Punta Gorda el Infierno Chico.

Está involucrado en la desaparición de Simón. 

El sostuvo que por “asuntos menores” viajó durante la dictadura a Argentina. Pese a estar identificado negó. 

Fue parte de los que determinaron más 500.000 exiliados. Está implicado en la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, ambos secuestrados en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976.

Se apropiaron del dinero de las organizaciones a las que pertenecían los que secuestraban. Negó ser parte de los que negociaron con dinero la vida de los desaparecidos. Vinculado a los vuelos de la muerte. El ex  Comandante ENRIQUE BONELLI –otro impune- relató su participación en el vuelo de 24 de julio, en el que viajaron las personas detenidas que se hallaban en ORLETTI y que después fueron sometidas a la justicia militar y están con vida. También mencionan un vuelo de la muerte el 5 de octubre de 1976. ¿Queda claro porque Ramas calla y porque hay demasiados que lo amparan? 

El intrincado camino de la impunidad, se expresa en lo jurídico. 

El 11 de septiembre de 2006 en Montevideo, el juez penal uruguayo Luis Charles acusó a Ernesto Ramas Pereira, junto a Vázquez Bisio, Silveira Quesada, Gavazzo, Arab Fernández, Luis Alfredo Maurente Mata y Jose Felipe Sande Lima, con los cargos de “privación de libertad” y de “asociación para cometer delitos” por la desaparición en septiembre de 1976 de los activistas de izquierda Alberto Waldemar Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti y León Duarte…

El 26 de marzo de 2009 quedó sentenciado a 25 años en la cárcel por 28 delitos de homicidio particularmente agravados principalmente en contra de miembros del PVP. El juez condenó igualmente Vázquez Bisio y Silveira Quesada a 25 años y Maurente Mata, Medina Blanco y Sande Lima a 20 años en la cárcel. El 1 de julio de 2010, el Tribunal de Apelaciones Penales 2 confirmo la sentencia de primera instancia. El 6 de mayo de 2011, la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a un recurso interpuesto por Arab y Gavazzo, consideró que no se les podían inculpar por desaparición forzada ya que en el momento de los hechos este delito no existía, solo apareció en octubre 2006 en la legislación uruguaya.

Ramas también esta investigado en Argentina, en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor, en la causa caratulada “Videla Jorge Rafael y otros sobre privación ilegal de libertad”.

El 8 de mayo de 2006, un juez argentino pidió la extradición de Ramas Pereira, Medina Blanco, Vázquez Bissio, Arab Fernández, Gavazzo y Silveira Quesada. La justicia uruguaya aceptó la solicitud el 7 de diciembre de 2006, ordenando que sean extraditados hacia Argentina en cuanto hayan cumplido su condena en Uruguay. Esta decisión fue confirmada por el tribunal de apelaciones en septiembre de 2008 y por la corte suprema de justicia el 3 de noviembre de 2008, la decisión quedó entonces definitiva.  Es la primera vez que Uruguay autoriza la extradición de militares por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

El 24 de diciembre de 2015 el juez Gesto le otorga la prisión domiciliaria. Ramas fija su domicilio en Piriápolis.

Este torturador impune tiene de abogado al abogado del Centro Militar, Miguel Fernández, designado especialmente para este caso. Junto al abogado Gastón Chávez, quien defiende a Armando Méndez, también indagado por esta misma causa.

Junto a Eduardo Ferro, serían los oficiales que presuntamente dispusieron del cuerpo de María Claudia García de Gelman, y quienes en última instancia determinaron dónde sepultarlo. El pedido de extradición, proveniente del juez federal argentino Guillermo Montenegro, requiere a los ex militares, además de Ernesto Rama, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, José Arab, Ricardo Medina, y el fallecido Julio Vadora.

Aún detenta el grado y los privilegios de su rango militar, en el mismo momento en que salían para sus domicilios, continuaban cometiendo el delito de desaparición. 

El coronel dejó huellas de sus hazañas:

“Un memorando de Inteligencia militar firmado por el coronel (r) Ernesto Rama, que describe en detalle a una de las columnas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, constituiría una de las pruebas que analiza la Justicia en las causas de la desaparición de Washington Barrios y el asesinato de Silvia Reyes. 

El documento describe minuciosamente la situación de varias personas y establece su condición de militantes tupamaros, de modo que especifica quien estaba detenido, quien prófugo, quien en el país, quien no, etc. 

La conexión de Rama, firmante de ese memorando, con esta investigación es producto de que en dicha lista figuran los nombres de Washington Barrios, desaparecido en Córdoba (Argentina) en 1974; de Silvia Reyes, su esposa, asesinada el 21 de abril de 1974 junto a Diana Maidanick y Laura Raggio; y de Estela Reyes, hermana de Silvia, testigo en ambos expedientes. 

Ernesto Rama asumió su participación en los Organismos de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), y en cuyo nombre firmó el mencionado memorando, pero negó su participación en los crímenes y dijo que no recordaba ese documento…”

Added by Semanario La Prensa Redacción on mayo 30, 2016.  http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2016/05/afiche-escrache-piriapolis-junio-portada.jpg

Genocidas ocupan cargos en el Ministerio de Defensa

Un grupo de militares fueron designados por decreto por Mauricio Macri a cargo de áreas del Ministerio de Defensa que, salvo en la dictadura, ocupan civiles. Justamente, se trata de militares denunciados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Gloria Pagés

Las repudiadas declaraciones de Darío Lopérfido pasaron a ser el discurso con el que se preanunciaban a graves hechos que se conocieron en el día de ayer. Ya no es el relato reconciliador con los genocidas, la vuelta al discurso negacionista del terrorismo de estado a través de la teoría los dos demonios. Se trata en este caso del nombramiento en el Ministerio de Defensa de militares que fueron parte de la dictadura.

Como lo fue César Milani a cargo del Ejército hace hace no mucho, hoy en Defensa circulan genocidas que no hay sido siquiera procesados pero sobre quienes pesan importantes denuncias.

Con el cargo de Director General de Política Internacional de Defensa, se designó, obviamente por decreto, a un coronel retirado, Osvaldo Hipólito Jesús Tosco. Este cargo de conducción, salvo en la dictadura, fue ocupado por personal civil.

Además, dos subsecretarios (cargos que también eran civiles) de esa cartera son también coroneles retirados: Eduardo Thenon, es ahora subsecretario de Formación y Hugo Patricio Pierri asumió al frente de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar.

Hay que señalar que ninguno de estos ascensos y nombramientos pasaron por el Senado y algunos de ellos ya habían sido objetados años atrás.

Tosco está implicado en lo que fue la antesala al genocidio, el Operativo Independencia en Tucumán, y fue destinado en el hoy departamento de Lules, que en 1975 era parte de Famaillá, y donde funcionaba un Centro Clandestino de Detención que es investigado por 25 desapariciones. Años después, Tosco es destinado al GADA 601 (Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea) en Mar del Plata como instructor. La instrucción, justamente, era sobre métodos de tortura, y así fue denunciado por conscriptos.

Con respecto a Hugo Pierri, existen denuncias por las que sus pliegos de ascenso quedaron trabados en el año 2013. Es que se habían recibido denuncias que lo implicaban en 2005 en actos intimidatorios contra fiscales, integrantes de la Comisión de la Memoria de Corrientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense cuando, en la localidad de Paso de los Libres en Corrientes, que se dirigían a realizar una investigación en un predio ocupado por el Ejército, Pierri y sus hombres, con fusiles FAL y las caras pintadas, les impidieron el paso, alertados de antemano sobre la presencia de los organismos. Según Pierri, que en ese momento era, estaban haciendo “ejercicios militares”.

Estos nombramientos, en línea con lo que no nos cansaremos de denunciar como una política clara que pretende reconciliarnos con los genocidas (con antecedentes recientes en nombramientos en el gobierno de Jujuy, en la AFI como también en Defensa) tenemos que enfrentarlos con la movilización y la organización. La apertura de los archivos, tarea pendiente desde el 83 a esta parte, es una demanda urgente para conocer la verdad sobre todos los genocidas y avanzar en el juzgamiento de los miles que quedan impunes y muchísimos de ellos reciclados y en funciones.

Este próximo 24 de marzo, a 40 años años del golpe genocida, marcharemos junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy.

por lo menos, a otros dos coroneles retirados en niveles de subsecretarios. Ambos fueron designados por decretos publicados en el Boletín Oficial, uno como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar y otro como subsecretario de Formación ambos dependientes de la Secretaria de Estrategia y Asuntos militares, actualmente a cargo de Angel Tello, primero funcionario de la Alianza en Defensa, luego viceministro de Horacio Jaunarena durante el duhaldismo, por entonces fervoroso activista de la actuación militar en cuestiones domésticas. Antiguos funcionarios de la cartera sostienen que la designación de militares en estos puestos no sucedía desde la última dictadura militar.

Entre los militares promovidos además de Tosco, está el coronel retirado, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. Y en la última semana fue nombrado Antonio Marcelo Serangeli como subsecretario de investigación, desarrollo y producción para la Defensa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción un área con incidencia en Fabricaciones Militares. Serángeli que también es presentado en el boletín oficial como “licenciado”, revistaba en 2011 como comandante del Batallón de Infantería de Marina 5 en Río Grande.