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lunes, 21 de noviembre de 2016

Mariano Ferreyra: detuvieron a los comisarios implicados en el crimen

Tienen condenas de 10 años y 8 meses de prisión. La Corte ratificó las condenas.

Los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra  se encuentran detenidos a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N°21.

Luis Osvaldo Mansilla se presentó voluntariamente ante el Tribunal criminal oral  N 21 el día jueves y quedó detenido y alojado en la Delegación Nacional de Investigación Administrativa que depende de la prefectura naval Argentina.                      

Jorge Ferreyra fue detenido por orden del Tribunal en su casa y está alojado en el CPF 2 de Marcos Paz.

Ambos jefes de la División Roca de la Policía Federal fueron condenados a 10 años y 8 meses de prisión junto a José Pedraza y su patota en calidad de coautores de homicidio y tentativa de homicidio.

El tribunal los halló culpables de haber liberado la zona en Barracas para que se consumara el ataque criminal que le costó la vida a Mariano  Ferreyra y graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros. Ambos permanecían libres desde entonces, pero hace pocas semanas la Corte Suprema dejó firme la sentencia, agotando todas las instancias de apelación.

viernes, 5 de abril de 2013

La sentencia por el crimen de Mariano Ferreyra se prevé para el 19 de abril

El Tribunal Oral 21 confirmó para esa fecha la audiencia en que los 17 imputados por el asesinato del militante del PO pronunciarán sus últimas palabras, un paso previo a la lectura del veredicto. La Fiscalía solicitó prisión perpetua para José Pedraza y otros cinco acusados, y penas no mayores a 10 años para el resto.

El anuncio fue hecho por los jueces Horacio Diaz, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi al inicio de la audiencia que esta mañana tuvo lugar en los tribunales de Retiro y en la que se escucharon las denominadas "duplicas" de las defensas a las "réplicas" que fiscalía y querellas hicieron de sus alegatos finales.

El TOC 21 citaron a las partes el 19 de abril, a las 10, y precisaron que en primer lugar darán la palabra a los detenidos como instigadores, Pedraza y su segundo en la Unión Ferroviaria, Juan Carlos "Gallego" Fernández. Luego a quienes están procesados como miembros de la "patota" que atacó a los manifestantes.

Posteriormente, tendrán ocasión de decir sus últimas palabras los policías federales juzgados por haber supuestamente liberado la zona del barrio porteño de Barracas donde los ferroviarios atacaron a balazos a trabajadores tercerizados del exferrocarril Roca que pedían su pase a planta permanente y habían intentado un corte de vías, apoyados por grupos de izquierda.

El pedido de la Fiscalía sostiene que tanto Pedraza como su mano derecha Carlos Fernández fueron "instigadores del homicidio" del joven militante del Partido Obrero y de la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

La pena pidió para Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernando Sánchez y Pablo Marcelo Díaz, pero como "coautores" de esos delitos. Para Gustavo Alcorcel, acusado de ser "cómplice secundario", pidió 10 años y 9 para Daniel González y Salvador Pipitó, a los que consideró "cómplices primarios de homicidio simple".

Con respecto al personal policial, pidió las siguientes penas: 10 años para Hugo Lompizano y Luis Mansilla, 9 años para Jorge Ferreyra, 8 años para Luis Echavarría, 7 años para Rolando Garay y Gastón Conti. En todos los casos se les imputó el abandono de persona. En tanto que solicitó la absolución de David Villalaba, según precisó el Centro de Información Judicial.

lunes, 1 de abril de 2013

Estreno: ¿Quién Mató a Mariano Ferreyra?

Motivo: La Idea de la Película Documental, es que la realización del mismo, sirva para ayudar en la lucha por el Juicio y Castigo a todos los responsables del crimen de Mariano y la Perpetua a cada uno de los 17 Imputados!

Reseña: El próximo jueves 4 de abril se estrenará "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?", un largometraje basado en el libro homónimo de Diego Rojas. La película relata la investigación del asesinato del joven militante, ocurrido en octubre de 2010. El periodista Andrés Oviedo -interpretado por Martín Caparrós en su debut protagónico en cine- debe escribir sobre el asesinato de Mariano Ferreyra para la revista en la que trabaja. A lo largo de la historia Oviedo realiza una serie de entrevistas y dialoga con distintos familiares y amigos de Ferreyra. La búsqueda de la verdad y de las razones profundas del crimen lo llevan a enfrentarse con sus editores, que lo desplazan del caso. Ante las complicaciones que se le presentan Andrés duda en seguir adelante con la investigación, pero el impulso de su hija, de la misma generación que Mariano, lo ayuda a continuar. La película, dirigida porJulián Morcillo y Alejandro Rath, está protagonizada por Martín Caparrós en el papel de Andrés Oviedo y cuenta con las participaciones de Enrique Piñeyro (actor y director de Whisky Romeo Zulu y El Rati Horror Show, entre otras), Leonor Manso, Soledad Villamil e Iván Moschner, entre otros. El film se estrena a la par de la resolución de la justicia sobre el caso Ferreyra. Los jueces del Tribunal Oral que juzga el homicidio deberán expedirse sobre la culpabilidad de José Pedraza, máximo dirigente de la Unión Ferroviaria, cuya voz es expuesta en la película, que exhibe la única entrevista que el sindicalista otorgó luego del asesinato de Mariano Ferreyra.

Dirección: Julián Morcillo, Alejandro Rath .
Guión: Alberto Romero, Julián Morcillo, Alejandro Rath.
Producción: Alberto Romero, Emilce Díaz, Juan Morcillo.
Fotografía y cámara: Santiago Bonavena, Martín Turnes.
Banda sonora original: Rigo Quesada y Matías Ceppi.
Arte: Florencia Blumen.
Montaje: Alejandro Rath.
Elenco: Martín Caparrós, Lucía Romano, Enrique Piñeyro, Iván Moschner, Leonor Manso, Soledad Villamil, Bárbara Mastronardi.
Trailer de la película: http://vimeo.com/62738407
Para ver fotos, notas de prensa, ficha técnica completa: www.filmarianoferreyra.com

La película se podrá ver en los cines Cosmos y Monumental y espacios dependientes del INCAA en La Plata y Rosario mientras cierran acuerdos con salas comerciales. Jueves, 4 de abril de 2013, 21 hs, Cine Arteón Rosario, Sarmiento 778. En Rosario los horarios son los siguientes: Jueves 4/4 21hs ; Martes 9/4 19hs y 21hs ; Jueves 11/4 19hs.

jueves, 28 de febrero de 2013

Justicia para Mariano : Rechazo al alegato de la fiscalía

El Partido Obrero expresa su rechazo al alegato de la Fiscalía realizado durante la jornada de ayer. El pedido de perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Favale y Sánchez no puede disimular que la presentación hecha por los representantes del Ministerio Público debilita fuertemente la acusación de que el asesinato de Mariano Ferreyra y las heridas contra los otros compañeros fue el resultado de un plan criminal elaborado con el propósito de aleccionar a los trabajadores tercerizados, que ponían en riesgo tanto fuertes negocios como el dominio político de la burocracia sobre la Unión Ferroviaria. El pedido de absolución para Juan Carlos Perez y Guillermo Uño contradice la tesis del plan criminal y abona el camino para reflotar la tesis que adjudica a la Policía un muy retaceado "abandono de persona".

Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño quedaron en libertad en ese mismo acto, a pesar de que ambos habían sido señalados por un testigo imposible de ser caratulado como parcial (José Sotelo) como quienes retiraron las armas del lugar del hecho, luego de la agresión que culminó con el homicidio de Mariano y las heridas sufridas por Elsa Rodríguez y otros compañeros. Por otra parte, Pérez fue denunciado por los periodistas de C5N que lo señalaron en el juicio como uno de los matones que los redujeron para que evitar que registraran con su cámara el momento de la agresión. Sin embargo, la fiscalía consideró “insuficiente” el testimonio de Sotelo y denunció que las amenazas a los periodistas de C5N no habían sido parte de la requisitoria de elevación a juicio contra Pérez.

El intento de desarmar la acusación del plan criminal llevó a la Fiscalía a desglosar la acusación a los 7 policías de la Federal para la jornada del viernes. La carátula de “abandono de persona” que se usaría para tal fin permitirá presentar a quienes fueron partícipes necesarios del crimen de nuestro compañero como responsables de un accionar negligente.

La fiscalía subestimó las motivaciones e intereses que llevaron a la patota de Pedraza y a la Federal a organizar un plan criminal contra los tercerizados. La denuncia de la tercerización del trabajo, de las cooperativas truchas –como la de Unión del Mercosur de propiedad del propio Pedraza-, de la vinculación de la Unión Ferroviaria con las empresas concesionarias del ferrocarril Roca (UGOFE), el papel de dirección de estos negociados de la propia Secretaría de Transporte, la complicidad del Ministro de Trabajo, en síntesis, pasó por alto, a pesar de las pruebas acumuladas, de todo aquello que involucraba al poder político y a los empresarios que al día de hoy siguen manejando el sistema ferroviario. A diferencia de lo realizado por nuestra querella, el pedido de investigación a los funcionarios estuvo por completo ausente. De más está decir que de este modo se debilita la acusación contra el propio Pedraza, aunque la solicitud de condena haya sido la perpetua.

Durante el transcurso del propio juicio la Procuradora General Gils Carbó decidió “robustecer” la fiscalía haciendo ingresar a dos nuevos fiscales. A juzgar por los resultados está clara la intención que el gobierno persiguió con esas incorporaciones.

El Partido Obrero reclama el castigo a TODOS los responsables por el crimen de Mariano Ferreyra, y rechaza todas las especulaciones y maniobras que buscan la impunidad para parte de los responsables.

martes, 26 de febrero de 2013

La Fiscalia alegó en el juicio por Mariano Ferreyra

Pedraza como instigador

 Por Ailín Bullentini

La fiscalía expuso durante más de diez horas los fundamentos por los cuales considera que el ex secretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza y su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, instigaron el homicidio de Mariano Ferreyra y el intento de asesinato de otros tres manifestantes, el 20 de octubre de 2010. Al delegado Pablo Díaz y a los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez los acusó de coautores de los delitos, en tanto que al delegado Claudio Alcorcel de partícipe secundario. Para los ferroviarios Daniel González y Salvador Pipito pidió la imputación de partícipes necesarios de homicidio simple, mientras que para Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, la absolución –consideró que las pruebas en su contra fueron “insuficientes”–. Si bien las penas serán formuladas formalmente el viernes, junto con el análisis de las responsabilidades policiales, la fiscal María Luz Jalbert adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para la ex cúpula de la UF, Díaz, Favale y Sánchez.

Para los fiscales Jalbert y sus adjuntos Carlos Gamallo, Hugo Bogetti y Mariano Domínguez quedó “plenamente acreditada” la responsabilidad de ocho de los diez ferroviarios acusados en el juicio. Con las bases ubicadas en testimonios aportados en el juicio y en las escuchas telefónicas aportadas durante la instrucción de la causa, pero también en documentos secuestrados en las oficinas de la UF, de la cooperativa Unión del Mercosur y en los informes de los peritos que actuaron en el caso, aseguraron que “Pedraza ordenó a Fernández que el 20 de octubre de 2010 se convocara a trabajadores de la ex línea Roca para que se hicieran presentes en la estación Avellaneda y echaran, con la utilización de armas de fuego, a tercerizados y manifestantes” que querían cortar las vías y que “esa orden se cumplió con la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas a Elsa Rodríguez, Nelson Rodríguez y Ariel Pintos”. En función de aquello, “Fernández ordenó y determinó a Díaz para que cumpliera con la orden quedando a su cargo los detalles del plan”.

En función de tales acciones, los acusaron de la instigación del homicidio y tres tentativas calificadas. “Sabían del poder que tenían. Eran quienes contaban con la dominabilidad plena de los hechos”, certificó Gamallo. En el desarrollo de los fundamentos, Jalbert mencionó brevemente el móvil político y económico del ataque ordenado: “No pueden minimizarse las consecuencias que una ampliación de las bases de trabajadores podía tener para el poder de Pedraza y Fernández”.

Fernández “convocó a ferroviarios, para que concurrieran con armas, y los determinó a disparar hacia el grupo de manifestantes”, describió Jalbert. “T ambién grita ‘bajen, cagones’ a los ferroviarios que no se animaban a bajar de las vías para iniciar la corrida” a los manifestantes que acabó en la muerte de Ferreyra, apuntó Gamallo.

domingo, 24 de febrero de 2013

Los abogados de los heridos pidieron 25 años de prisión para los acusados en el juicio por Mriano Ferreyra

“Un crimen contra la clase obrera”

La querella que representa a tres manifestantes que sufrieron heridas el 20 de octubre de 2010 dijo que el ataque de la Unión Ferroviaria contra los tercerizados fue para “defender los negocios de la burocracia sindical”. Señaló responsabilidades políticas.

 Por Ailín Bullentini

La querella que representa a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, heridos durante el ataque de una patota de ferroviarios a un conjunto de empleados tercerizados de la ex línea Roca de trenes hace poco más de dos años, exigió que el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 de la Ciudad de Buenos Aires condene con 25 años de prisión a todos los acusados por sus heridas, que además cargan con la muerte de Mariano Ferreyra. Para Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, las abogadas que expusieron los alegatos, los dirigentes de la Unión Ferroviaria (UF), los barrabravas y los policías implicados en la causa que acabó con los dirigentes de más poder en ese gremio –José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández– tras las rejas son responsables de “un crimen político contra la clase obrera” que se llevó a cabo para “defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios”. En ese marco, exigieron la “prosecusión de la causa contra los que permanecen en la impunidad” y pidieron que se investigue al actual senador y ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a los ex funcionarios de la Secretaría de Transporte Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna; a dirigentes de la administradora de la ex Roca y a otros miembros de la Unión Ferroviaria.

El delito que le endilgaron a los 17 acusados es el de homicidio calificado por el concurso de dos o más personas en grado de tentativa, “acción que resulta ajena a la voluntad de los autores”, remarcó Ferrero, para dejar en claro que la querella que integra considera “un azar” que los militantes por ella representados “no hayan muerto” y no a una elección de los acusados. Tanto al comienzo como al final de sus conclusiones, las abogadas de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) destacaron que consideran que es “la prisión perpetua la condena que debería caberles a los acusados por la muerte de Mariano Ferreyra”, a pesar de que no puedan solicitarla. Sus representados sobrevivieron.
Tres pilares

“La UF, Ugofe y el Estado son los tres pilares en el plan criminal” que mató a Ferreyra e hirió a otros manifestantes, sostuvieron desde la querella de Correpi-Apel, ya que “los tres comían de la misma torta del negocio”. Similar a lo que propuso la querella de la familia Ferreyra –el martes solicitó la prisión perpetua a la mayoría de los acusados–, pero con otras palabras, las abogadas de Rodríguez y Aguirre definieron al “negocio de la hiperexplotación de la tercerización laboral” como el móvil principal del hecho que tuvo lugar en Barracas, hace poco más de dos años, y que originó el juicio oral que transita su etapa final. A partir de las escuchas telefónicas, los testimonios ofrecidos en el debate y las declaraciones realizadas a los medios (en el caso de Fernández), la querella exigió que se investigue la participación de Schiavi, Luna y el ex jefe de Gabinete en los hechos.

“La UF, además, debía garantizar su supremacía política en el ámbito ferroviario”, puesto en peligro por la organización de los tercerizados que exigían, sobre todo, su pase a planta permanente. Aquel 20 de octubre de 2010, “los beneficiarios del sistema de explotación decidieron aleccionar de una vez y para siempre a ese grupo de díscolos que no acordaba con las reglas de juego impuestas por la tríada UF-Ugofe-Estado. Y ese aleccionamiento debía ir a fondo”, apuntó Verdú, para enmarcar el ataque sufrido por un grupo de tercerizados de la ex Roca que, esa mañana, había decidido cortar las vías de esa línea para realizar reclamos laborales. Según la querella, la “tercerización de la represión” fue la “metodología elegida para escarmentar a los tercerizados del Roca”. Según Verdú, ese método es el que utiliza “el gobierno nacional para mantener la fachada de ‘no represor de la protesta social’”: “El Gobierno no reprime con sus fuerzas de seguridad si puede recurrir a otros medios que no lo comprometan, como la patota”.
Varios roles, todos responsables

En el plan criminal que derivó en la muerte de Ferreyra y las heridas de otros manifestantes –graves en el caso de Rodríguez– quienes ocupan un asiento en el sector de los acusados en el juicio cumplieron diferentes roles, según la querella que alegó ayer. Pedraza y Fernández fueron los instigadores: “Detrás del escritorio, dieron la orden de aleccionar a los obreros”.

El delegado Pablo Díaz y los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez fueron coautores del hecho. “La orden de Pedraza y Fernández bajó a Díaz, quien puso en marcha su ejecución concreta a través del reclutamiento de la patota y la convocatoria a más ferroviarios que sirvieron de pantalla y cobertura” a aquélla. Favale y Sánchez fueron los “ejecutores de los disparos” que mataron e hirieron. Los roles cumplidos por los ferroviarios Claudio Alcorcel, Daniel González, Salvador Pipito, Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez los convirtieron en partícipes necesarios del plan.

Verdú dijo que los siete policías acusados son “los únicos funcionarios públicos responsables en el plan criminal que están en la sala” y remarcó que son “un grupo privilegiado, ya que están libres”. La letrada sostuvo que “la patota no actuó sola, necesitaba contar con el aparato estatal: la policía aseguró la libertad para el ataque y para que, luego, pudieran irse con las armas, ya que frenaron a los manifestantes que casi los estaban alcanzando”. Para despejar dudas al respecto, citó no solo las modulaciones policiales, sino también el testimonio de varios testigos que participaron del debate.

Intervención de Claudia Ferrero y Maria Carmen Verdú


lunes, 18 de febrero de 2013

Se entregó comisario del caso Ferreyra

Se entregó espontáneamente ayer ante la Policía Federal el comisario Hugo Ernesto Lompizano, uno de los siete policías acusados en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, luego de que la Gendarmería no pudiera encontrarlo en su domicilio. Los jueces del Tribunal Oral Criminal 21 emitieron el viernes una orden de captura en su contra “para que comparezca en calidad de detenido”.

El comisario se presentó en el mediodía de ayer junto a la abogada defensora en la central de la Policía Federal del barrio de Congreso, donde llegó en automóvil desde la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes. Lompizano permanecerá detenido en una cárcel local hasta el martes, cuando se reanudará la audiencia en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Su defensora justificó la ausencia afirmando que su asistido “estaba de vacaciones” en San Martín de los Andes y que “no consiguió pasaje” para regresar a tiempo.

El comisario no se había presentado a declarar en el tribunal, obligando los jueces a suspender la audiencia y a postergar los alegatos para el martes.

Comisario de vacaciones mientras se le esperaba para los alegatos

La conexión político policial: ¿por qué suspendieron el juicio de M. Ferreyra
El tribunal que investiga el asesinato del militante del Partido Obrero pasó la sesión al martes. La sospechosa ausencia de un comisario acusado.


La conmoción recorrió el aire de los tribunales de Comodoro Py. Adentro del edificio y afuera. Dentro de la sala, todos los abogados de las querellas y de las defensas discutían una situación que nadie había previsto: el comisario Hugo Lompizano, uno de los policías acusados en el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra, no se encontraba en la sala aunque, por ley, era su deber estar allí. Norma Bouysson, su abogada defensora, había dicho que Lompizano se encontraba desde el sábado en San Martín de los Andes, en Neuquén, tan cerca de Chile. Que ella se había enterado recién el martes por la noche. Que había sido un imponderable, que no había podido volver, que el juicio, entonces, siguiera. Pero las cosas no eran tan fáciles y la tensión ganó la sala y, cuando se extendió la información y llegó afuera, también cubrió las mentes de los manifestantes que esperaban acompañar el primer alegato acusatorio que, según estaba planificado, iban a realizar los abogados del CELS. La tensión aumentó: las querellas iban a pedir la suspensión del juicio y la detención del comisario.

“No podíamos permitir que la sesión siguiera –explica a plazademayo.com María del Carmen Verdú, abogada querellante y miembro de Correpi–. Es decir, podríamos haberlo hecho, pero bajo un riesgo grandísimo. En un proceso hay dos instancias en las que los acusados deben obligatoriamente estar presentes: durante el requerimiento de elevación a juicio y durante el alegato. Estas dos partes son las que fundamentan la acusación. Es por eso que el juez Horacio Días dijo que en todo proceso hay derechos y garantías y que a los derechos se puede renunciar, pero que a las garantías no”.

–En su intervención usted señaló que no descartaba un intento de fuga por parte de Lompizano.
–Es que la experiencia en juicios con policías nos indica que la norma es que se fuguen.
–Sin embargo, Lompizano está acusado sólo por abandono de persona, no le cabrían grandes penas, ¿por qué se fugaría?
–La fiscalía lo imputa por ese delito. Nuestra querella y la del CELS lo acusamos, junto al resto de los policías, como partícipes necesarios en la ejecución del plan criminal. No son bajas esas penas.

En los alrededores del tribunal se había montado un escenario a cuyos pies la manifestación seguía los sucesos de la sala. Allí el público había copado todos los espacios. Se encontraban testigos que habían participado de la movilización aquel 20 de octubre en el que una patota organizada por la Unión Ferroviaria le había quitado la vida al militante del Partido Obrero, dirigentes de su organización como Gabriel Solano, Néstor Pitrola o Vanina Biasi y del Frente de Izquierda, como Christian “Chipi” Castillo (del PTS), o Juan Carlos Giordano y José Castillo (de Izquierda Socialista), dirigentes sindicales como Roberto Pianelli (de los Metrodelegados), Roberto Baradel y Eduardo López (de CTERA), Santiago Gándara (de AGD-docentes universitarios), trabajadores ferroviarios, amigos y amigas y camaradas de Mariano Ferreyra. Y su familia. Entre el público estaba toda su familia: sus hermanas Rocío y Paula, su hermano Pablo, sus cuñados, su papá Ricardo. Dentro del tribunal, en el banquillo de los acusadores, Beatriz, su madre, conocida como Betty, firme como desde que comenzara este juicio el 6 de agosto del año pasado. Firme en este comienzo de la etapa final del litigio, que se mostraba accidentado.

“Es la consecuencia final de una política que buscó la impunidad de los policías que estuvieron ese día en Barracas –afirma Gabriel Solano–. Por eso la fiscalía los acusó sólo por abandono de persona, cuando tuvieron una participación activa en la acción, dejando que la patota actuara al liberar la zona. El principal implicado es Lompizano, que al ser el policía con mayor gradación era el nexo con el poder político. Lompizano es un pesado de la Federal que, tras el crimen de Mariano, fue ascendido y que dirigió la represión en el parque Indoamericano. Su ausencia podría ser interpretada, también, como un apriete al tribunal en este tramo final del juicio: es un policía y conoce al dedillo los procedimientos judiciales y la obligatoriedad de su presencia en la sala. Ya otro comisario en este juicio admitió que este tipo de manifestaciones contaban con un monitoreo y eran dirigidas desde centros políticos. En octubre de 2010, las órdenes eran impartidas desde el ministerio del Interior, que estaba bajo el control de Aníbal Fernández. Él debe ser investigado”.

Las querellas habían pedido que se suspendiera el juicio y que se detuviera a Lompizano para garantizar su presencia en la reanudación del proceso. El tribunal se había retirado para deliberar. Una tensión surcaba el aire en el amplio salón donde se lleva adelante el proceso.
Tensión que se interrumpió por un momento. Una mujer en silla de ruedas ingresó en la sala. Era Elsa Rodríguez, también del PO, que ese día de octubre de 2010 recibió una bala en la cabeza que la había dejado en un coma profundo. Empujada la silla por su hija, Elsa ingresó con el puño izquierdo en alto. La militante aún se recupera de las graves heridas que le causó el ataque y todavía no ha recuperado el habla ni la capacidad motriz autónoma. Se instaló junto a sus abogadas para aguardar la decisión de los jueces.

Los miembros del tribunal reingresaron en la sala. Determinaron que la sesión no podía continuar y decidieron que Lompizano debía ser detenido. El dictamen también señaló que el ministerio de Seguridad debería hacerse cargo de los demás policías para cumplir con su presencia en la próxima audiencia, que se realizará el próximo martes 19.

Ese día comenzará el alegato el alegato que debía haber comenzado hoy. Ese día también está convocada una movilización y tomarán la palabra los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino. Ese día, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y sus cómplices escucharán cómo se pide cadena perpetua por sus delitos y por qué se pide que permanezcan en la cárcel el tiempo que resta de sus vidas.

jueves, 14 de febrero de 2013

Alegatos en el juicio por Mariano Ferreyra

El principio del fin

 Por Ailín Bullentini

Dos años y cuatro meses después del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y tras seis meses de debate oral y público para determinar las responsabilidades sobre su muerte, los abogados Maximiliano Medina, Marcos Kotlik y Alberto Bovino, que dirigen la querella de su familia, inaugurarán hoy la etapa de alegatos en el juicio. En su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 21 de la Ciudad de Buenos Aires, los letrados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fundamentarán por qué consideran que la hipótesis que plantearon al momento de elevar la causa fue probada y, por lo tanto, la responsabilidad del ex secretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza, su ex número dos en la cadena de mandos gremial, Juan Carlos “Gallego” Fernández, los delegados y trabajadores ferroviarios, y los barrabravas que ocupan el banquillo de los acusados, así como también los policías que actuaron –o, mejor dicho, no actuaron– en los hechos sucedidos aquel 20 de octubre de 2010, confirmada.

Con el alegato de la querella que representa a la mamá de Ferreyra, Beatriz Rial, el juicio por el asesinato del joven y las heridas graves sufridas por otros tres militantes durante un ataque por parte de un grupo de ferroviarios ingresa en su tramo final: el de las acusaciones. Durante esta última etapa, que probablemente se extienda hasta mediados de abril, los magistrados Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi deberán sopesar las conclusiones de 17 equipos de abogados, además de las de la fiscalía, para luego deliberar y sentenciar. De cómo cada una de las partes relacione, utilice y valorice los elementos exhibidos sobre la mesa del juicio variarán las acusaciones o liberaciones de cargo, según se trate de querellas o defensas.

El juicio intenta resolver las responsabilidades que le caben a una veintena de personas –hombres del mundo gremial ferroviario y policías– por el asesinato de Ferreyra y las heridas de bala que sufrieron sus compañeros de militancia Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre.

La investigación de los hechos fue para la Justicia una posibilidad de sondear en los manejos de poder que atraviesan la cotidianidad sindical en el país.

Aquel mediodía del 20 de octubre de 2010, un grupo de empleados y ex empleados tercerizados de la ex línea Roca de ferrocarriles intentó, sin éxito, cortar las vías de esa línea que une el sur del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires para realizar reclamos laborales ante la administradora de ese ramal, Ugofe. Agrupaciones políticas de izquierda participarían activamente de la protesta. Ante la imposibilidad de realizar la medida, se estaban retirando de la zona cuando, entre las estaciones Hipólito Yrigoyen y Avellaneda, un grupo de empleados ferroviarios –los mismos que los habían “corrido” de las vías– comenzaron a perseguirlos por la calle. El ataque tuvo el desenlace fatal, núcleo del juicio.

La etapa de instrucción culminó con la acusación de varias personas ligadas a la Unión Ferroviaria. En base a lo investigado y a las conclusiones de la fiscalía y las querellas, la magistrada Wilma López consideró inviable que el asesinato de Ferreyra y las heridas sufridas por los otros tres militantes se haya producido en el marco de un enfrentamiento y los ligó a una situación específica: “un plan criminal” en el que un grupo de ferroviarios, incluida la cúpula del gremio compuesta por Pedraza y Fernández, cumplieron roles determinados.
Etapa de definiciones

La hipótesis con la que la querella que representa a Rial llegó a juicio plantea, a grandes rasgos, la misma situación que definió López. Y es esa acusación basada en esa teoría de sucesión de hechos la que, según el equipo jurídico del CELS, fue confirmada por los elementos probatorios puestos en juego durante las 57 audiencias que tuvieron lugar en el medio año de debate. Al momento de emitir su propia elevación a juicio, en abril de 2011, los abogados del CELS apuntaron a Pedraza y al Gallego Fernández como los “instigadores” del asesinato de Ferreyra y las heridas de las otras tres víctimas. ¿Por qué? Porque fueron los responsables de que un grupo de empleados ferroviarios se ocupara de evitar el corte de vías y “aleccionara a los manifestantes con el fin de resguardar sus verdaderos intereses”.

Entonces, el crimen tenía un trasfondo político: la necesidad de resguardar la existencia de empleo tercerizado. “Con el control sobre la incorporación de trabajadores víctimas del proceso de precarización laboral, por un lado se protegía el poder político del gremio, y además se mantenía el poder económico derivado de las empresas y cooperativas vinculadas al caudillo ferroviario” (como en el pedido de elevación a juicio calificaron a Pedraza), sostienen los abogados del CELS. Para la querella, son las escuchas telefónicas y la documentación obtenida de las oficinas administrativas del gremio las pruebas más contundentes que evidenciaron la hipótesis planteada al finalizar la etapa de instrucción. Durante una quincena de horas, las grabaciones revelan comprometedoras charlas entre los acusados y familiares, compañeros de trabajo, entre ellos mismos e incluso funcionarios del gobierno nacional.

Los ferroviarios Pablo Díaz, Daniel González, Salvador Pipito, Claudio Alcorcel y Juan Carlos Pérez integraron, según los abogados representantes de Rial, la “patota” que puso en práctica la instigación: actuaron “en acuerdo previo”, con intención de lastimar, según figura en el escrito de la querella. “Homicidio doloso en concurso premeditado de dos o más personas”, fue el delito que le adjudicaron a todos. El barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale y el guardabarrera Gabriel “Payaso” Sánchez fueron, en tanto, los miembros de esa patota que dispararon armas de fuego “con clara intencionalidad de matar a uno o varios integrantes del grupo de manifestantes”. Los testimonios de los más de 200 testigos que participaron del debate y las imágenes que ofreció desde el primer momento el video obtenido por el equipo periodístico de C5N, cuyos integrantes fueron agredidos por los ferroviarios, habrían confirmado, según la querella, los cargos de la patota.

Por último, en la elevación consideraron a los siete policías federales que actuaron el día de los hechos –el comisario inspector Luis Mansilla, el comisario mayor Hugo Lompizano, el comisario Jorge Ferreyra, los subcomisarios Rolando Garay y Luis Echavarría, el principal Ezequiel Conti y el camarógrafo David Villalba– partícipes necesarios de los hechos. Las modulaciones aportadas como elementos de prueba en el debate oral y público no dejarían dudas acerca de los cargos a los efectivos.

A partir de las 10 de hoy, la querella será la primera parte participante del juicio en exponer la manera en la que enlazó la totalidad de los elementos de prueba que integran los 70 cuerpos del expediente del caso. Los abogados del CELS podrían llegar a pedir entre 8 años de cárcel y prisión perpetua como condenas para los acusados.

martes, 12 de febrero de 2013

La fiscalía aún discute si Pedraza merece perpetua

Desacuerdo en el equipo de María Luz Jalbert sobre qué pena solicitar para el ex líder de la UF. Depende de que calificación le asignen.
 
El equipo de fiscales que debe llevar adelante la acusación pública en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra aún no ha llegado a un acuerdo en torno a la pena que solicitarán contra el ex líder de la Unión Ferroviaria José Pedraza.

La fiscal titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº21, María Luz Jalbert, por estas horas no se inclina por pedir que el gremialista sea condenado a prisión perpetua, con lo que existe la posibilidad de que una sola querella solicite la pena máxima al principal acusado de instigar el crimen del joven militante. Si este criterio se mantiene, Pedraza llegaría en una mejor posición a la sentencia que el TOC Nº 21 estima emitir a mediados de abril. La discusión gira en torno a la calificación que la fiscalía le asigne a Pedraza. Hasta el momento, Jalbert no considera que se hayan reunido los agravantes necesarios para acusarlo por haber instigado un homicidio calificado. En cambio, el pedido del Ministerio Público rondaría la figura de instigación a homicidio simple, por lo que automáticamente el pedido de prisión quedaría acotado entre 8 y 25 años, como máximo. Según pudo saber Tiempo Argentino, Jalbert defiende esta postura en soledad. Tanto el fiscal coadyudante Hugo Bogetti como los fiscales ad hoc incorporados durante el juicio, Mariano Domínguez y Carlos Gamallo, se inclinan por solicitar la pena más elevada, en sintonía con la opinión de la querella del CELS, que representa a Beatriz Rial, la madre del joven, y que este viernes iniciará la ronda de alegatos. A pesar de que el resto de su equipo considera demostrado que el homicidio se constituyó bajo la forma de un "concurso premeditado", la última palabra la tiene Jalbert.

La discusión llegó a oídos de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que observa con preocupación los tironeos previos al alegato. De todas maneras, la orden que bajó desde la jefatura de los fiscales fue de no intervenir en la controversia, dado que sentaría un mal precedente, con lo que se aguardará a que entre todos los fiscales puedan consensuar la pena que se solicitarán en la audiencia prevista para el 22 de febrero.
Gils Carbó ya había enviado una señal a fines de septiembre, con la designación de Gamallo y Domínguez para "robustecer y garantizar la adecuada representación del Ministerio Público Fiscal". Luego de los  sucesivos cruces entre los jueces y Jalbert, la Procuradora tomó nota de que la situación podía llegar a repercutir en el desarrollo del juicio.

Con este escenario, una sola de las querellas podrá pedir reclusión perpetua para el ex líder de la UF. La parte acusadora que representa a Elsa Rodríguez y al resto de los heridos –encabezada por el Partido Obrero y la CORREPI– no podrá hacerlo ya que son querellantes por intento de homicidio. Otro capítulo de desencuentro de seguro será el pedido a los siete policías involucrados, a los que la querella acusará de ser partícipes del homicidio, mientras que la fiscalía los considerará por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. «

La clave : Simple o calificado
Si a Pedraza se le asigna el homicidio calificado, cabe la prisión perpetua. Si es simple, 8 a 25 años.

Por: Gabriel A. Morini

jueves, 6 de diciembre de 2012

Ex empleado de Unión Mercosur, declaró en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

La Unión Ferroviaria y los tercerizados

El testimonio aportó datos sobre el comportamiento de la cúpula sindical en la represión del 20 de octubre de 2010.

 Por Ailín Bullentini

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados”, aseveró Pablo Villalba, ex empleado de la cooperativa Unión Mercosur, militante por su efectivización y la de sus compañeros en la empresa Ugofe y partícipe de la movilización del 20 de octubre de 2010 en la que fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y fueron gravemente heridas otras tres personas. Su testimonio fue el último que aportó, en el marco del juicio por esos hechos, datos sobre la responsabilidad de la cúpula sindical en los crímenes. De aquí al comienzo de los alegatos, planificados para mediados de febrero, terminarán de desmenuzarse las responsabilidades policiales, expondrán los peritos que actuaron en la instrucción y se reconstruirán los hechos en el escenario en el que ocurrieron.

Ante una sala repleta de público como hacía varias audiencias no sucedía –el secretario de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, Roberto Pianelli, y algunos otros metrodelegados ocuparon las primeras filas de la sala AMIA de Comodoro Py–, Villalba recordó que ingresó a trabajar a la cooperativa Unión Mercosur en abril de 2009, que de allí lo echaron en marzo de 2010 junto a otros 150 tercerizados y que en enero de este año se convirtió en uno de los once de ese grupo que logró la efectivización en la línea de ferrocarriles General Belgrano, administrada por Ugofe.

Según contó ante el Tribunal Oral, había ingresado a Unión Mercosur por medio de su hermano, que le había contado que “la Unión Ferroviaria había creado una cooperativa de trabajo para que los familiares de los efectivos pudieran tener un ingreso al ferrocarril”. Comenzó a trabajar en los talleres de Tolosa, en donde compartía tareas con personal efectivo de Ugofe. “Los efectivos hacían mantenimiento igual que nosotros; la diferencia más concreta estaba en el sueldo. Por la misma tarea cobrábamos los tercerizados en muchos casos menos de la mitad del sueldo”, expresó.

El ferroviario apuntó que durante su permanencia como tercerizado participó de algunos reclamos, pero situó su fase más contundente de militancia cuando fue despedido. “Me despidieron por haber reclamado la cobertura de ART. El telegrama que me mandaron decía que me despedían por reestructuración”, especificó. En marzo recibió el telegrama. En abril se sumó al “reclamo por el pase a planta con compañeros de la agrupación Bordó del ferrocarril”, opuesta a la Verde de Pedraza. El objetivo era generalizar la protesta: “Queríamos reflejar el inconveniente que había en el tren: la existencia de 22 empresas que tercerizaban a 1500 trabajadores que hacían la misma tarea que hacían los trabajadores de planta”, puntualizó. Llevaron el reclamo al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Transporte. “No nos dieron respuesta”, aseguró.

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados. Siempre trataron de organizar gente para que, cuando intentábamos hacer un acto de reclamo, llegara una patota agresiva para frenarlo”, reflexionó. El testigo consideró que el gremio actuaba de esa manera porque “tenía que garantizar que la cooperativa siguiera funcionando porque (el ex titular de la UF y uno de los acusados en el juicio) José Pedraza era el dueño y en ella trabajaban muchos de sus familiares”.

El 20 de octubre llegaron a la mañana a la estación Avellaneda, pero vieron mucha policía y “gente en los andenes que no eran pasajeros, sino ferroviarios”, mencionó. Recordó que la patota de la UF los despidió al grito de “zurdos de mierda” y a los piedrazos. “Nos estábamos yendo. Había quedado demostrado que la Unión Ferroviaria estaba pensando en cualquier cosa para defender sus negociados y evitar que nosotros hiciéramos nuestros reclamos” cuando Mariano Ferreyra resultó herido de muerte.

El testigo aportó más ejemplos que permiten graficar el comportamiento de la Unión Ferroviaria hacia quienes se animaban a criticar a la dirigencia. “Cuando me despiden fui a hablar con Pablo Díaz, todos los ferroviarios saben que responde a Pedraza. Como era afiliado al gremio, consideré pertinente ir a hablar con alguien para que interviniera sobre mi despido, que para mí era totalmente injusto. Díaz puso sobre su escritorio el legajo de mi hermano, que como yo había estado enfermo varios días como deslizando suspicacias en cuanto a que a ninguno de los dos nos gustaba trabajar”, recordó. También aseguró que Díaz y Claudio Alcorcel, ambos acusados en el juicio, amenazaron de muerte a un grupo de tercerizados de Unión Mercosur: “Les dijo que les iban a pegar un tiro si no se dejaban de joder con el pase a planta”, remarcó.

martes, 20 de noviembre de 2012

Procesamiento a Pedraza por cohecho al intentar pagar para ser excarcelado

“Una maniobra orquestada para la impunidad”

La Sala VI de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento del dirigente por haber pergeñado un intento de soborno para ser liberado mientras lo juzgaban por el asesinato de Mariano Ferreyra.

 Por Irina Hauser

El dirigente ferroviario José Pedraza está más cerca de un nuevo juicio oral por haber pergeñado y movido los hilos en un intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal para que dejaran en libertad a miembros de una patota de su gremio, la Unión Ferroviaria (UF), acusados de haber matado a Mariano Ferreyra, y evitar en su propio caso terminar en prisión por el homicidio. La situación del sindicalista queda así planteada en función de un fallo de la Sala VI de la Cámara del Crimen, que confirmó su procesamiento por cohecho y tráfico de influencias, junto con los de otros cuatro personajes que colaboraron, desde funciones diferentes, “posicionados en lugares estratégicos”, “con sus relaciones y conocimientos preexistentes”, con una “maniobra orquestada” para “lograr impunidad”. Se trata del contador del sindicado Angel Stafforini, el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar.

Pedraza está siendo juzgado en la actualidad por el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) como posible instigador del homicidio de Ferreyra, quien recibió un disparo en el abdomen cuando se desconcentraba una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca de la que participaba como militante del Partido Obrero (PO). Junto con él están en el banquillo su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, ocho matones y siete policías. La trama del intento de coima fue descubierta en los primeros meses de la investigación, en el verano posterior al asesinato del chico, que había sido en octubre de 2010. Fue cuando la jueza Wilma López tenía varios teléfonos intervenidos, entre ellos el del propio Pedraza, y se topó con conversaciones que dejaban a la vista cómo el líder sindical organizaba en contacto con los otros cuatro implicados, una estrategia para darle un golpe la investigación de primera instancia, conseguir la libertad de los integrantes de la patota, que estaba apelada en Casación, y de esa manera evitar que la pesquisa llegara hasta él.
“Reitero, son verdes”

“Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, es la frase –ya célebre– que Riquelme le dejó a Pedraza en su contestador automático el 24 de enero de 2011, cuando estaban en plenas negociaciones. El ex espía, en efecto, intentaba evacuarle una duda: si lo que debían pagar, de acuerdo a lo conversado con el intermediario Aráoz de Lamadrid, eran pesos o dólares. Porque habían hablado de “85 mil”, pero no de la moneda pactada. Aráoz había actuado en el caso Ferreyra como defensor del picaboletos Guillermo Uño, pero al llegar el final del año se corrió de ese papel y, según la imputación en su contra, fue para ofrecer sus contactos en Casación, donde había sido secretario por una década del camarista Eduardo Riggi y donde conservaba a su amigo, también ex secretario de Riggi, Luis Ameghino Escobar, quien manejaba en el tribunal el sorteo de asignación del expedientes entre las cuatro salas que lo componen. El objetivo, surgía de los comentarios elocuentes del Riquelme, era que fuera “elegida” la sala III, por entonces encabezada precisamente por Riggi, a quien mencionaba como “el amigo Eduardo”. Como si quisiera nombrarlos en clave, a Aráoz de Lamadrid lo llamaba “el amigo de la calle Viamonte”, por la ubicación de su estudio jurídico, y a Ameghino Escobar “el señor de las teclas”, lo que describía su función de manejar la computadora para realizar los sorteos informáticos que definen qué jueces tratan un caso.

“Las constancias de la causa, analizadas y articuladas en forma armónica, permiten demostrar, por lo menos a esta altura del trámite, la presencia de los pactos venales acordados para lograr objetivos ilícitos”, dice el fallo de 64 páginas firmado por los camaristas Mario Filozof, Julio Marcelo Lucini y Ricardo Matías Pinto. Al sentar posición, los jueces dicen que abonan la hipótesis que sostuvo en su momento el fiscal Sandro Abraldes y luego también el juez Luis Rodríguez al dictar los procesamientos: “Hubo una maniobra orquestada entre los imputados que, valiéndose de relaciones y conocimientos preexistentes, se posicionaron en lugares estratégicos para lograr la impunidad de Pedraza y de otras personas más”.

Las escuchas telefónicas que sostienen buena parte de la causa muestran que Riquelme, al hablar, revelaba un vínculo de confianza con Pedraza, y lo iba manteniendo al tanto de sus gestiones, que incluían contactos especialmente con dos camaristas de Casación: con Riggi, con quien tuvo llamados telefónicos en la etapa investigada; y con el ex juez Gustavo Mitchell, a quien decía frecuentar y visitar. También aludía a Mariano González Palazzo, que era subrogante, aunque decía que el lazo con él lo manejaba Aráoz de Lamadrid. Riquelme también negociaba con Aráoz y hacía de puente con Stafforini, vicepresidente de la empresa Belgrano Cargas además de contador de la UF. Aráoz hablaba con Ameghino.
Sorteo y soborno

El fallo de la Cámara describe que “el plan ideado” tenía “dos etapas”: “la primera, radicaba en lograr que fuera sorteada la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la que se desempeñaba el Juez Riggi” para que resolviera los planteos de excarcelación de siete miembros del grupo de choque; “la segunda, cuyo éxito dependía en gran medida de la anterior” “consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi y, directa o indirectamente a través de él sobre los restantes integrantes de la Sala III, para obtener un fallo favorable a los intereses”. Este tramo del plan habría quedado trunco (hasta donde se sabe) porque a raíz de los seguimientos telefónicos y en la calle que se hicieron a los sospechosos se logró establecer el momento exacto en que Stafforini le llevaba 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid a su estudio jurídico, que fue allanado instantes después de la visita. El dinero, en billetes, fue hallado en un sobre rotulado “Octavio” e incautado por personal policial.

A lo largo de enero de 2011, Riquelme y Aráoz hablaban todo el tiempo del “día dos de febrero” como la fecha clave en que debían haber concretado el pago del direccionamiento del sorteo de Casación. El 26 de enero, todavía sin novedades, Riquelme se empieza a poner nervioso y le dice a Aráoz de Lamadrid: “El amigo José está terriblemente ansioso, hoy tuve doce llamados de él”, y le cuenta cómo trató de calmarlo a Pedraza: “José, mirá te lo dije ayer... si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poné el champán en la heladera, te lo retomás y te vas a acostar, punto y aparte, no te hagas el chinchorrito donde no existe”.

Ese mismo día “el señor de las teclas” hizo su “tarea”, anunciaría después Riquelme. Salió sorteada “la sala de nuestro amigo”, le diría Aráoz de Lamadrid, en alusión a Riggi, después de haber intercambiado ocho mensajes de texto con Ameghino Escobar sobre “el éxito de la tarea encomendada”. “Fue a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, le transmitiría también Riquelme a Stafforini. La Cámara entre sus conclusiones señala que quienes operan el sistema informático de sorteos pueden hacer alguna maniobra o especulación, como esperar a que estuviera sólo disponible en el bolillero virtual la Sala III.

Aráoz, que estaba en Brasil, adelantó el regreso de sus vacaciones. El 1O de febrero esperaba en su estudio a Stafforini, que fue acompañado por Susana Planas, de Belgrano Cargas. Con el avance de la investigación se estableció que antes de ir allí habían pasado por la caja de seguridad de Stafforini en la sucursal Monserrat del Banco de Galicia, de donde se llevó el dinero en un maletín. Había ido incluso escoltado por Marcelo Daniel Pérez el jefe de seguridad de Belgrano Cargas, para tener protección, algo que Pérez reconoció y relató en detalle cuando fue citado para dar testimonio en tribunales. Los informes de inteligencia dicen que Stafforini entró al edificio de la calle Viamonte con el maletín lleno, y al salir se notaba que estaba vacío. Después del procedimiento, Aráoz lo llamó: “Escuchame, me están allanando por el tema este, corten todos los teléfonos”.
Lo que viene

La Cámara, que confirmó los embargos que llegan a 200 mil pesos, sostiene que está “acreditada” la relación que tuvo Aráoz de Lamadrid con el Juez Riggi que, al igual que Escobar, superó una década de desempeño conjunto (...) tampoco puede soslayarse el conocimiento que tenía Riquelme de ese magistrado y, muestra de esa circunstancia, son las dos conversaciones que tuvieron en el período que interesa a la investigación. Ahí dan cuenta de la confianza y el grado de intimidad que se dispensaban mutuamente. El vínculo entre ambos está comprobado y se puede concluir que la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”. El juez de primera instancia, Rodríguez, (ahora juez federal), despegó a Riggi de sospechas. La Cámara no lo modifica. Habrá que ver qué hace el juez actual del caso, Guillermo Rongo. El Centro de Estudios legales y Sociales, que representa a la mamá de Ferreyra como querellante, pedirá que se profundice la investigación sobre las relaciones de los funcionarios judiciales, dirigentes sindicales y lobbistas. Riggi es el único de los cuestionados por esta causa que sigue en Casación, aunque tiene pedido de juicio político.