La conexión político policial: ¿por qué suspendieron el juicio de M. Ferreyra
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El tribunal que investiga el asesinato del militante del Partido
Obrero pasó la sesión al martes. La sospechosa ausencia de un comisario
acusado.
La conmoción recorrió el aire de los tribunales de Comodoro Py.
Adentro del edificio y afuera. Dentro de la sala, todos los abogados de
las querellas y de las defensas discutían una situación que nadie había
previsto: el comisario Hugo Lompizano, uno de los policías acusados en
el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra, no se
encontraba en la sala aunque, por ley, era su deber estar allí. Norma
Bouysson, su abogada defensora, había dicho que Lompizano se encontraba
desde el sábado en San Martín de los Andes, en Neuquén, tan cerca de
Chile. Que ella se había enterado recién el martes por la noche. Que
había sido un imponderable, que no había podido volver, que el juicio,
entonces, siguiera. Pero las cosas no eran tan fáciles y la tensión ganó
la sala y, cuando se extendió la información y llegó afuera, también
cubrió las mentes de los manifestantes que esperaban acompañar el primer
alegato acusatorio que, según estaba planificado, iban a realizar los
abogados del CELS. La tensión aumentó: las querellas iban a pedir la
suspensión del juicio y la detención del comisario.
“No podíamos permitir que la sesión siguiera –explica a
plazademayo.com María del Carmen Verdú, abogada querellante y miembro de
Correpi–. Es decir, podríamos haberlo hecho, pero bajo un riesgo
grandísimo. En un proceso hay dos instancias en las que los acusados
deben obligatoriamente estar presentes: durante el requerimiento de
elevación a juicio y durante el alegato. Estas dos partes son las que
fundamentan la acusación. Es por eso que el juez Horacio Días dijo que
en todo proceso hay derechos y garantías y que a los derechos se puede
renunciar, pero que a las garantías no”.
–En su intervención usted señaló que no descartaba un intento de fuga por parte de Lompizano.
–Es que la experiencia en juicios con policías nos indica que la norma es que se fuguen. –Sin embargo, Lompizano está acusado sólo por abandono de persona, no le cabrían grandes penas, ¿por qué se fugaría?
–La fiscalía lo imputa por ese delito. Nuestra querella y la del CELS lo acusamos, junto al resto de los policías, como partícipes necesarios en la ejecución del plan criminal. No son bajas esas penas.
En los alrededores del tribunal se había montado un escenario a cuyos
pies la manifestación seguía los sucesos de la sala. Allí el público
había copado todos los espacios. Se encontraban testigos que habían
participado de la movilización aquel 20 de octubre en el que una patota
organizada por la Unión Ferroviaria le había quitado la vida al
militante del Partido Obrero, dirigentes de su organización como Gabriel
Solano, Néstor Pitrola o Vanina Biasi y del Frente de Izquierda, como
Christian “Chipi” Castillo (del PTS), o Juan Carlos Giordano y José
Castillo (de Izquierda Socialista), dirigentes sindicales como Roberto
Pianelli (de los Metrodelegados), Roberto Baradel y Eduardo López (de
CTERA), Santiago Gándara (de AGD-docentes universitarios), trabajadores
ferroviarios, amigos y amigas y camaradas de Mariano Ferreyra. Y su
familia. Entre el público estaba toda su familia: sus hermanas Rocío y
Paula, su hermano Pablo, sus cuñados, su papá Ricardo. Dentro del
tribunal, en el banquillo de los acusadores, Beatriz, su madre, conocida
como Betty, firme como desde que comenzara este juicio el 6 de agosto
del año pasado. Firme en este comienzo de la etapa final del litigio,
que se mostraba accidentado.
“Es la consecuencia final de una política que buscó la impunidad de
los policías que estuvieron ese día en Barracas –afirma Gabriel Solano–.
Por eso la fiscalía los acusó sólo por abandono de persona, cuando
tuvieron una participación activa en la acción, dejando que la patota
actuara al liberar la zona. El principal implicado es Lompizano, que al
ser el policía con mayor gradación era el nexo con el poder político.
Lompizano es un pesado de la Federal que, tras el crimen de Mariano, fue
ascendido y que dirigió la represión en el parque Indoamericano. Su
ausencia podría ser interpretada, también, como un apriete al tribunal
en este tramo final del juicio: es un policía y conoce al dedillo los
procedimientos judiciales y la obligatoriedad de su presencia en la
sala. Ya otro comisario en este juicio admitió que este tipo de
manifestaciones contaban con un monitoreo y eran dirigidas desde centros
políticos. En octubre de 2010, las órdenes eran impartidas desde el
ministerio del Interior, que estaba bajo el control de Aníbal Fernández.
Él debe ser investigado”.
Las querellas habían pedido que se suspendiera el juicio y que se
detuviera a Lompizano para garantizar su presencia en la reanudación del
proceso. El tribunal se había retirado para deliberar. Una tensión
surcaba el aire en el amplio salón donde se lleva adelante el proceso.
Tensión que se interrumpió por un momento. Una mujer en silla de
ruedas ingresó en la sala. Era Elsa Rodríguez, también del PO, que ese
día de octubre de 2010 recibió una bala en la cabeza que la había dejado
en un coma profundo. Empujada la silla por su hija, Elsa ingresó con el
puño izquierdo en alto. La militante aún se recupera de las graves
heridas que le causó el ataque y todavía no ha recuperado el habla ni la
capacidad motriz autónoma. Se instaló junto a sus abogadas para
aguardar la decisión de los jueces.
Los miembros del tribunal reingresaron en la sala. Determinaron que
la sesión no podía continuar y decidieron que Lompizano debía ser
detenido. El dictamen también señaló que el ministerio de Seguridad
debería hacerse cargo de los demás policías para cumplir con su
presencia en la próxima audiencia, que se realizará el próximo martes
19.
Ese día comenzará el alegato el alegato que debía haber comenzado
hoy. Ese día también está convocada una movilización y tomarán la
palabra los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino. Ese día, José
Pedraza, Juan Carlos Fernández y sus cómplices escucharán cómo se pide
cadena perpetua por sus delitos y por qué se pide que permanezcan en la
cárcel el tiempo que resta de sus vidas.
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