martes, 7 de agosto de 2012

Proyección de las filmaciones del ataque de la patota ferroviaria

Las defensas están en la misma sintonía
Los abogados de varios acusados, tanto de ferroviarios como de policías, actuaron en coincidencia para pedir que se exhiban filmaciones del día del crimen. La defensa corporativa de la UF también quedó plasmada en la designación de abogados sustitutos.

 Por Irina Hauser

El presidente del Tribunal Oral Criminal 21, Horacio Días, estaba anunciando el comienzo de las indagatorias y el público se preparaba para ver a José Pedraza en el banquillo, cuando varios defensores lo interrumpieron. Querían que antes de interrogar a los acusados se les exhibieran ahí, en la pantalla gigante de la sala, todos los registros fílmicos de los sucesos en los que la patota de la Unión Ferroviaria (UF) mató a Mariano Ferreyra y otras imágenes que son pruebas del juicio. En el pedido confluyeron abogados tanto de los ferroviarios como de los policías implicados. La sintonía entre varias defensas, que han adherido mutuamente a los pedidos de nulidad del juicio, se vio desde la primera audiencia. Pero ayer la defensa corporativa de los ferroviarios en particular quedó plasmada en los papeles: Juan Carlos “Gallego” Fernández, segundo de la UF, nombró como abogados sustitutos al defensor del líder gremial José Pedraza, a su socia y al letrado de Juan Carlos Pérez, el portero de los talleres de Remedios de Escalada acusado de recolectar las armas después del ataque a los tercerizados para hacerlas desaparecer. Por la exhibición de las grabaciones, las declaraciones de los acusados se pasaron para el jueves.

El nombramiento de defensores sustitutos fue un pedido del TOC 21 para aquellos acusados que tienen menos de cuatro letrados. Quieren evitar que la ausencia de abogados pueda poner en riesgo la realización de audiencias que demoren el juicio. Los representantes de la mayoría de los ferroviarios vienen manteniendo reuniones reservadas para diseñar una estrategia común o coordinada. Algunos, como Pedraza y Fernández, acusados de ser instigadores del homicidio, ya oficializaron esa alianza, también junto con uno de los acusados de la patota. Al primero lo defiende Carlos Froment, que ahora también es suplente para defender a Fernández, junto con su socia Daniela Paula Grisetti, quien defiende al delegado Jorge González, y con Mario Laporta, letrado de Pérez. El abogado de Gabriel Sánchez, acusado de haber disparado, está intentando tentar a otro abogado del juicio. Los jueces postergaron para el final de las audiencias expedirse sobre las nulidades.

Al planteo de proyección de las imágenes televisivas, policiales y privadas (con teléfonos) se sumó con ímpetu la fiscal María Luz Jalbert, que consideró “medular” que los acusados las vieran. El juez Días aclaró que hacía tiempo estaban a disposición de las partes y ofreció copias, pero finalmente aceptó la proyección y de ahí en más la sala quedó en penumbras. En las filmaciones de la policía se veía arriba de las vías y en el terraplén a los hombres de la UF escoltados por personal policial, mientras que los tercerizados, el Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones quedaban abajo, en la calle lindera, sin poder concretar un corte con reclamos laborales, mientras la patota los seguía.

Las querellas del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la mamá de Mariano, y de los heridos del PO, estiman que las filmaciones favorecen su acusación. “Se ve claro el momento en que empieza el ataque de la patota y la situación previa a los disparos cuando amenazan a los periodistas para que no filmen, e incluso el momento en que llega Cristian Favale (otro de los tiradores) con un grupo numeroso de gente y se une a los que ya estaban, diez minutos antes de los disparos”, señala Maximiliano Medina, del CELS. “Cuando llega Favale es evidente que lo conocen (aunque no es ferroviario) porque le dicen ‘eh, llegaste tarde’. El ataque, en el momento de la desconcentración, es evidente”, añade Claudia Ferrero, del PO. También se proyectó la filmación policial, que se corta en el momento del ataque.

En cambio, los defensores creen que las imágenes los ayudan porque “se aprecia que los manifestantes llevaban palos y honderas”, dice el abogado de Sánchez, Gustavo D’Elía, “y eso desacredita la teoría de que fue una emboscada, porque –a su entender– fue una gresca”. Si el homicidio fuera en riña, la pena sería mucho menor a la del homicidio calificado, que llegó a juicio. También se exhibieron fotos del Congreso de Latinrieles, donde estaban Pedraza y Fernández mientras actuaba la patota. Lo que intentarían usar las defensas es que no se los ve juntos todo el tiempo y marcar la presencia allí del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.

Entre las proyecciones se vio a Mariano Ferreyra herido, primero tendido en el suelo, luego adentro de la ambulancia particular que lo llevó al Hospital Argerich, al que llegó sin vida. Su mamá, Beatriz Rial, presente en la sala, no soportó el dolor y bajó la mirada. Pedraza, por momentos, se adormecía en su asiento. Cuando la ambulancia ya había partido se ve llegar un micro de la Policía Federal y se oye a alguien gritar con furia: “¿Ahora llega la cana?”.

Segunda jornada del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra

LA PATOTA Y SU JEFE
El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y otros 16 acusados volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados por el asesinato del joven militante del Partido Obrero. En Comodoro Py, los jueces del TOC 21 terminarán de resolver los cuestionamientos de nulidad presentados por los abogados defensores y luego empezarán las indagatorias.

En la audiencia de ayer se les leyeron a todos los acusados los cargos, que prevén hasta prisión perpetua. Aunque la mayor parte del tiempo estuvo dedicada a la discusión sobre una primera tanda de planteos de nulidad. Algunos intentaron instalar la idea de que la investigación durante la instrucción inicial fue parcial y sesgada. Pero el TOC 21 los rechazó y se espera que hoy haga lo mismo.

La lectura de las acusaciones aportó un repaso de aquel día en que un grupo de trabajadores tercerizados del Roca, junto con el PO y otras organizaciones, fue a protestar a la estación Avellaneda. Iban a cortar las vías, pero la presencia de la patota los disuadió. El ataque se produjo cuando se retiraban.

El barrabrava Cristian “Harry” Favale, ajeno a la UF, y el guarda Gabriel Sánchez están acusados de haber disparado. El portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el picaboletos Guillermo Uño, de recoger las armas para ocultarlas.

Al delegado Jorge González y a Salvador Pipitó se los acusa de amenazar al equipo de C5N para evitar que filmara. Claudio Alcorcel, otro delegado, aparece como reclutador, y Pablo Díaz, secretario de Reclamos del gremio, como el coordinador de la fuerza de choque, que además mantenía contacto con el Gallego Fernández, segundo del gremio, quien estaba en la sede de la UF con Pedraza.

La acusación concluye que hubo un “plan criminal” para “aleccionar” a los tercerizados. Atribuye a Pedraza y Fernández una motivación política, ya que el ingreso de esa masa de trabajadores amenazaba su hegemonía en la UF, que a su vez les permitía mantener sus negocios. Las imputaciones por homicidio calificado pueden derivar en condenas a prisión perpetua.

Además, se acusa a siete policías, entre ellos tres comisarios, de haber liberado la zona para que actuara la patota. La acusación hasta menciona el llamado de un cabo al 911 pidiendo refuerzos por la falta de acción de los otros policías que estaban en Barracas. La fiscalía los acusó por abandono de persona seguido de muerte, pero las querellas como partícipes del homicidio, lo que generó un fuerte debate.

lunes, 6 de agosto de 2012

“Justicia para Mariano”

 MANIFESTACION FRENTE A LOS TRIBUNALES

 Por Ailín Bullentini

La calle Comodoro Py volvió a cubrirse de pies militantes ayer a la mañana, cuando agrupaciones políticas, de trabajadores y de estudiantes de izquierda llegaron hasta la puerta de los tribunales para acompañar el inicio del juicio por el asesinato del estudiante Mariano Ferreyra. A la columna principal y su enorme cartel que pedía “Justicia por Mariano Ferreyra”, que pasadas las 9.30 se ubicó frente al camión escenario, se les fueron sumando diferentes grupos a lo largo de la mañana. El mismo desfile se percibió sobre ese camión, que ofrecía micrófonos para que los referentes de cada agrupación concretaran sus reclamos: todos coincidieron en repudiar a “la burocracia sindical”, en criticar al gobierno nacional y en confiar en que “la lucha traerá justicia para Mariano”.

Entre banderas que mezclaron en un mismo espacio a agrupaciones como el PO, el MST, nuevo MAS y el PTS, entre otras, la cara de Mariano Ferreyra –el militante del PO asesinado en 2010 cuando se retiraba de una movilización de empleados tercerizados del ferrocarril Roca– aparecía en carteles, remeras, banderas y hasta prendedores. Curiosamente estuvo ausente en consignas y cantos debido a que, en realidad, no los hubo en el acto de ayer, que fue llamativamente silencioso.

Los militantes comenzaron a reunirse en Comodoro Py a partir de las 8 de ayer, aunque la juventud del PO aguardó la jornada con una vigilia cultural desde la noche del domingo en la que shows musicales, de teatro y danza ayudaron a vencer el frío. “Llegamos ayer para esperar con el cuerpo este juicio”, comentó Julieta, una de las jóvenes que el domingo estiró la bolsa de dormir sobre el asfalto y la levantó ayer, poco antes de que la calle comenzara a llenarse de gente. “Es algo histórico y no podemos dejar de hacer fuerza para que la muerte de Mariano tenga justicia y para que la organización de los trabajadores tenga una esperanza frente a la burocracia sindical.”

Julieta no fue la única que mencionó a la “burocracia sindical” entre las razones para acompañar el inicio del juicio. El principal referente del PO, Jorge Altamira, consideró que es “muy importante” que “los sindicatos dejen de estar en manos de las burocracias sindicales” como la que “mató a Mariano”, cuyo “responsable político es (José) Pedraza”. Altamira fue el primer dirigente en hablar de cara a la vigilia, bastante antes de que la audiencia comenzara. Calificó al juicio como “el resultado de la lucha de movilizaciones y piquetes” y deseó que “contribuya a un desarrollo de la conciencia ciudadana y, en particular, de la justicia de los trabajadores”. Además de Pedraza, señaló que también existe “una responsabilidad de los concesionarios (Ugofe, que en la actualidad regentea al Roca y a las líneas Sarmiento y Mitre) y de la policía”.

Los trabajadores ferroviarios de la línea Sarmiento, encabezados por el dirigente gremial de la Unión Ferroviaria de ese ramal, Rubén “Pollo” Sobrero, se unieron a la vigilia una hora antes de que comenzara la audiencia. Ellos y la totalidad de los pasajeros de ese ramal pudieron llegar gratis ayer a la Ciudad de Buenos Aires, por decisión de esa dirección gremial. Los vagones de la línea Roca –bastión de Pedraza y de la mayoría de los acusados de la muerte del militante del PO– amanecieron con un mensaje en sus paredes de “los ferroviarios”: “Creemos en la Justicia. Libertad a nuestros compañeros injustamente detenidos”.

“El inicio del juicio es muy importante porque pone frente a la Justicia el rol que cumplen las patotas sindicales en el interior de los gremios”, consideró Sobrero. Cauteloso, advirtió que la posibilidad de que los acusados sean condenados “puede significar una bisagra en la vida política de esos gremios” porque “se murió Mariano, pero las cosas no han cambiado mucho puertas adentro de los gremios ferroviarios”.

Si bien no hubo manifestantes a favor de Pedraza y el resto de los ferroviarios sentados en el banquillo, la amenaza sobrevoló el acto. “Desistieron de venir”, aseguró Jorge Hospital, referente de la agrupación Causa Ferroviaria del Roca, que nuclea a trabajadores tercerizados de ese ramal. Hospital festejó el inicio del juicio, aunque aseguró que “los cómplices necesarios del crimen están cerca del gobierno nacional y eso es síntoma de la continuidad de la mafia que mató a Mariano. La confirmación de (Antonio) Luna en la Secretaría de Transporte (como subsecretario), que le hayan dado las líneas Mitre y Sarmiento a la Ugofe o que el gobierno confíe en la CGT Balcarce, en la que se alineó Pedraza, no da esperanzas”.

Crimen de Mariano Ferreyra: el tribunal rechazó planteos para suspender el juicio oral

El Tribunal Oral en lo Criminal 21 rechazó suspender el juicio por el homicidio de Mariano Ferreyra y las lesiones a otros militantes del Partido Obrero, como lo había solicitado la defensa de uno de los 17 procesados por el hecho, entre ellos José Pedraza.
Tras concluir con las lecturas de los requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía y las querellas, el TOC 21 desestimó varios planteos de nulidad, entre ellos los presentados por el abogado Oscar Igounet, defensor del empleado ferroviario Guillermo Uño.

Igounet formuló distintos planteos de nulidad bajo el argumento de que no pudo ejercer el derecho de defensa porque no se le permitió ofrecer prueba y, en la cuestión más reciente, por la falta de definición de un pedido de recusación contra los miembros del tribunal oral.

El TOC 21, presidido por Horacio Días, e integrado por Diego Barroetaveña y Carlos Bossi reconoció que la recusación aún sigue discutiéndose en otra instancia, pero decidió “avanzar con el juicio” porque caso contrario cualquier planteo similar provocaría la suspensión del debate oral y público.

Antes que terminara la lectura de los pedidos de elevación de la causa a juicio, Elsa Rodríguez, una de querellantes, quien asistía al debate sentada en silla de ruedas, pidió retirarse de la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002 de esta capital, porque “se sentía mal”.

Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos fueron heridos durante los hechos registrados el 20 de octubre de 2010 en el barrio porteño de Barracas, cuando durante una protesta de índole laboral para la incorporación de “tercerizados” al plantel de ferroviarios, fue muerto Ferreyra.

La Sala de audiencias, la más grande del edificio dedicada a juicios orales, estuvo colmada de público, entre familiares y amigos de las víctimas y, en el piso superior los de los procesados.

Mientras dentro del edificio se desarrollaba el debate, en las afueras centenares de manifestantes que portaron gran cantidad de banderas y pancartas con los colores rojo y amarillo del PO, valiéndose de altavoces, pedían “justicia para Mariano Ferreyra y “perpetua” para Pedraza.

“No se buscó esclarecer la causa” sino que “se trató de un proceso ‘direccionado’ contra Pedraza”, expuso su defensor Carlos Froment, en otro planteo de nulidad.

Entre los asistentes al juicio se verificó la presencia de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el dirigente del PO Néstor Pitrola, los diputados Claudio Lozano y Martín Sabbatella, la ex legisladora Vilma Ripoll y el periodista y dirigente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky.

La concentración frente al acceso principal a los tribunales federales de Retiro provocó el “cierre” total de la avenida Comodoro Py a esa altura y congestionamiento del tránsito vehicular en zonas aledañas.

La audiencia se inició pasadas las 11.30, luego de una larga espera por demoras en el traslado de los detenidos y su llegada a la sala de audiencias en el subsuelo de los tribunales federales de Retiro en Comodoro Py 2002.

Previo al inicio formal del debate oral se permitió el ingreso de reporteros gráficos, sin hacer lugar a un pedido para que un acusado se retirase de la sala y a lo sumo se lo dejó bajar la cabeza para evitar los flashes.

Tanto la fiscalía como las querellas coincidieron en acusar a los procesados por el delito de “homicidio agravado”, consumado en el caso de Ferreyra y en grado de tentativa con relación a Rodríguez, Aguirre y Pintos.

Sobre algunos de los procesados pesan, además, acusaciones por presunta coacción a un grupo de periodistas que intentaban filmar imágenes de los hechos, en tanto que a uno de los policías sometidos a juicio se le atribuyó haber dejado de filmar el episodio.

“Todos estaban conectados y coordinados cuando los acontecimientos se desarrollaban”, consignó en su momento en un dictamen el fiscal de instrucción de primera instancia Fernando Fizser.

“La finalidad era aleccionar a los (trabajadores) tercerizados para que no cortaran las vías y mantener en sus cargos a Pedraza y Fernández”, quienes habrían dirigido todo desde la sede de la UF, a través de comunicaciones telefónicas con Díaz.

Pedraza, su segundo, Juan Carlos Fernández y el delegado gremial Pablo Díaz están procesados como supuestos instigadores de homicidio agravado y tres tentativas de homicidio agravado además de coacción.

Como autores materiales de los disparos aparecen Cristian Favale y Gabriel Sánchez quienes llegaron procesados como autores del homicidio y otros delitos.

Los otros procesados son Uño, Francisco Pipito, Claudio Arcorcel, Juan Carlos Pérez, Gabriel Sánchez, Jorge González y siete policías, entre ellos Hugo Lompizano y Luis Mansilla, máximos responsables del operativo de seguridad montado ese día quien, según las querellas “liberaron la zona”.

Justicia por Mariano

domingo, 5 de agosto de 2012

Mariano Ferreyra, la hora de la justicia

EL COMIENZO DEL JUICIO POR EL CRIMEN DEL MILITANTE

Los acusados son 17, entre ellos el jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Cuáles son las pruebas sobre su participación en los hechos del 20 de octubre de 2010. Cómo será el juicio oral.

 Por Irina Hauser

Mariano Ferreyra pasó los últimos minutos de su vida tendido en una ambulancia particular que pasaba de casualidad por Barracas, sin médico ni equipamiento, y que ofreció la mínima ayuda que hasta ese momento no llegaba. Viajaba apoyado sobre Elsa Rodríguez, herida con un disparo en la cabeza, y lo sostenía su amigo Damián, quien le imploraba con palmadas en la cara que no cerrara los ojos, que aguantara. Una bala de arma calibre 38 había perforado su remera y también su abdomen. Mientras lo llevaban hacia el hospital Argerich, el escenario de los disparos y las pedradas –en las calles Luján y Pedriel– iba quedando vacío ante la mirada impasible de la Policía Federal, que dejó ir a los agresores, una patota de la Unión Ferroviaria (UF) para la que un rato antes había liberado el terreno con el fin de que actuara. Mariano, Elsa y un centenar de personas, muchas del Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, protestaban ese día para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos del ferrocarril Roca y la regularización de los “tercerizados”. Querían cortar las vías, pero ni lo intentaron, ya que se toparon con los matones del gremio, quienes al recibir barrabravas de refuerzo se les abalanzaron con un despliegue de máxima violencia en el momento en que se retiraban. El ataque, definiría la Justicia después, pretendía “aleccionar” a los “tercerizados” para que dejaran de insistir con su reclamo. La fuerza de choque actuaba con un “plan criminal”, cuyo resultado sólo podía interesar a los líderes sindicales, empezando por José Pedraza, que veía su poder amenazado. El cariz político de este crimen se vio desde el primer día. Las pruebas quedarán a la vista en el juicio oral que hoy comienza.

Las audiencias –a cargo del Tribunal Oral Criminal 21– podrían durar más de seis meses y prometen mostrar cómo se entrelazaron los papeles de los diecisiete acusados: Pedraza, su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, siete ferroviarios más un barrabrava que componían la patota y siete policías, tres de ellos comisarios. Todos corren el riesgo de recibir condenas por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua, el peor de los castigos. Los únicos que no están presos son los uniformados. La fiscal será María Luz Jalbert.

Los testimonios recogidos apenas ocurrieron los hechos fueron claves en la investigación penal y lo serán durante el juicio. Habrá más de 380 testigos. Pero también serán determinantes los entrecruzamientos telefónicos, las escuchas, los videos registrados, las comunicaciones policiales y la documentación que relaciona el ataque de la patota con los intereses del sindicalismo empresario. Las querellas, que representan a la familia de Mariano y a los heridos, intentarán probar que hubo un móvil político y económico detrás del ataque que terminó en el asesinato del militante del PO, de 23 años: el ingreso a planta de los tercerizados, plantean, amenazaba la hegemonía de Pedraza en el gremio, un poderío que a la vez le permitía mantener sus negocios, que incluyen la explotación del tren Belgrano Cargas (cedido a la UF en los noventa) y su propio manejo de empresas tercerizadas, contratadas y subsidiadas a través de la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa), operadora de algunos ramales por cuenta y orden del Estado. Las tercerizadas se caracterizan por pagar a sus trabajadores salarios muy inferiores a los de planta y dejarlos fuera de convenio, sin derechos básicos, como indemnización por despido y vacaciones.

En la investigación inicial, la jueza Wilma López y los fiscales Cristina Caamaño (ahora funcionaria del Ministerio de Seguridad) y Fernando Fiszer dieron por probado que dos personas dispararon armas de fuego: Gabriel Sánchez, guarda de Constitución, y Cristian “Harry” Favale, un barrabrava de Defensa y Justicia que no era ferroviario y fue llevado por Claudio Alcorcel. Actuaron en coordinación con un grupo, donde cada cual tenía una función. El portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, fue señalado como quien juntó las armas, para su ocultamiento, que le entregaron el picaboletos Guillermo Uño, Sánchez y Favale. Jorge González y Salvador Pipitó amedrentaron al equipo de C5N para que no filmara la agresión. El delegado Pablo Díaz, secretario de la comisión de reclamos de la UF, organizaba al grupo y daba instrucciones.

A pesar de que no se hallaron las armas utilizadas, se sabe –por los proyectiles hallados y extraídos a Mariano y los heridos– que eran por lo menos cuatro: dos calibre 38, una 22 y una escopeta. Queda el enigma sobre quiénes serían los dos tiradores restantes.

La presencia en el banquillo de los jefes gremiales, de quienes fueron su brazo armado y de la policía, habla de lo que este juicio también pone en discusión un modelo económico, los métodos del sindicalismo y hasta el papel de las fuerzas de seguridad en esa trama. Tratándose de un caso donde se han denunciado intentos de obstaculización durante la investigación de parte de Pedraza y la UF, que van desde un intento de soborno en la Cámara de Casación, la alteración de pruebas y amenazas a testigos, también será un puesta a prueba para la Justicia.

A COMPLICIDAD UNIFORMADA
Pasividad policial

 Por Irina Hauser

Si la policía hubiese interpuesto un cordón entre la patota y los tercerizados, Mariano estaría vivo, dicen las querellas. Eso convierte a la pasividad policial en un factor necesario para que ocurriera el crimen, sostienen. Había noventa efectivos en el lugar, pero no resguardaron a los manifestantes, como quedó en evidencia en la imputación del fiscal Fernando Fiszer. Otros indicios hacen suponer algo más que la falta de acción policial: algunos utilizaron teléfonos POC (que impiden registrar el contenido de las llamadas), no dieron intervención inmediata a la Justicia; interrumpieron su filmación al comenzar los disparos; hay testimonios de que cuando los tercerizados intentaron acercarse a la patota la policía los frenó, pero a los atacantes los dejaron ir, sin formar un cerco perimetral. Desde la Dirección General de Operaciones (DGO), que impartía instrucciones a la distancia, la orden fue no meterse, replegarse. “No sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros”, se escucha en la radio policial.

Los jefes del operativo que serán juzgados son los comisarios Jorge Ferreyra, que pertenecía a la División Roca, y Luis Mansilla, de Control de Líneas. En la sala de situación estaban el comisario mayor Hugo Lompizano (quien luego fue jefe de comisarías), el principal Gastón Conti y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. El subcomisario César Garay, de la comisaría 30ª, fue el que mandó a resguardar a la patota. El camarógrafo policial era David Villalba. Llegaron al juicio por abandono de persona seguido de muerte. Pero las querellas pedirán que se los considere partícipes del homicidio.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRIGENTES
Pedraza y afines

 Por Irina Hauser

El asesinato de Mariano Ferreyra ocurrió el 20 de octubre de 2010. En el ataque quedaron heridos de bala Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. José Pedraza y Juan Carlos Fernández, a quienes unía una amistad, sabían de la protesta desde el día anterior. El propio Pedraza explicó que lo había hablado con el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y le dijo una frase que no lo ayuda en el expediente: “Mis muchachos no se van a meter”. La afirmación, que asumía conocimiento y capacidad de control de la situación, fue resaltada por la jueza López al procesarlo.

Aquel día, Pedraza y Fernández estuvieron desde la mañana en la sede de la UF, en Independencia 2880, en un congreso llamado “Latin Rieles”. El análisis del celular de Fernández volverá a ser una prueba fundamental de su seguimiento de lo que pasaba en las vías del Roca, ya que desde las 7.46 de la mañana se contactó por lo menos seis veces con el delegado Pablo Díaz, a cargo de la patota en el lugar de los hechos. Una comunicación entre Fernández y Díaz se produce a las 13.23, horario que coincide con el relato de un testigo clave –el ferroviario Alejandro Benítez–, que lo escucha ordenar “saquen los fierros” tras hablar por handy. Al instante le disparan a Mariano. El patrón de comunicaciones entre Fernández y Díaz se había producido un mes y medio antes, en otra protesta de tercerizados en Constitución, donde asistió la misma patota. Un dato adicional fue el hallazgo en el escritorio de Fernández de los papeles que pedían la contratación de Favale.

Será importante la declaración de Karina Benemérito, estrecha colaboradora de Pedraza, quien lo vio junto a Fernández casi toda la mañana. La acusación sostiene que ambos daban directivas desde la UF. Aun cuando se separaron siguieron en contacto telefónico. Horas después, Pedraza llamó a su estudio jurídico de confianza, como quien anticipa problemas legales. Su defensa luego fue asumida por el abogado Carlos Fromet, quien fogonea en sus visitas al gremio la postulación de Pedraza a la reelección, aunque esté preso, porque especula que podría mejorar su situación judicial. La votación será entre este mes y el que viene. Entre sus íntimos, el abogado se muestra pesimista por el juicio. Consultado por este diario, comentó que no cree que haya pruebas directas y que no decidió si declarará o mantendrá silencio.

Según la acusación que lo llevó a juicio, Pedraza tenía una motivación para “aleccionar” a los tercerizados, verbo que introdujo una de las abogadas de la querella de los heridos, María del Carmen Verdú (de la Correpi), luego fue recogido por la Sala I de la Cámara del Crimen y se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza para las defensas. ¿Por qué aleccionarlos? Por empezar, eran un potencial grupo de oposición capaz de disputar el reinado de Pedraza, construido desde que asumió al frente del gremio en 1994, y basado en su administración de cuáles trabajadores pueden ingresar a empresas del sector y cuáles no. La condición de trabajador tercerizado impide la afiliación. La preocupación por ese tema aparece clara en escuchas telefónicas posteriores al asesinato de Ferreyra en las que negocia el ingreso de tercerizados con funcionarios del Gobierno (ingresaron más de 1500 tras el asesinato) y otras donde sus allegados hablan de distintas formas de castigo a esos trabajadores precarizados.

El dominio político le permitía a Pedraza sostener sus ganancias empresariales. En el Belgrano Cargas, su esposa Graciela Coria integra el directorio y el vicepresidente es el contador del gremio, Angel Stafforini. En el campo de las tercerizadas, la investigación judicial mostró su “incidencia decisiva” al menos en la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, instalada en un inmueble de su esposa y dirigida por cuadros de la UF. Tenía 200 trabajadores, algunos presentes en la protesta en Barracas, y era la tercerizada más subsidiada. Según el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (que representa a la familia de Mariano), “Pedraza y sus allegados, en connivencia con la Ugofe, obtenían una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los tercerizados”. Por ese posible desvío de fondos hay una causa penal.

Los acusados

- José Pedraza: acusado como instigador del homicidio de Mariano Ferreyra. Es secretario general de la Unión Ferroviaria desde 1994; desde 1984 fue secretario administrativo del gremio. Favoreció las privatizaciones y el desguace de los ferrocarriles en los noventa.

- Juan Carlos “Gallego” Fernández: acusado como instigador del homicidio. Amigo de Pedraza y secretario administrativo de la UF desde 2005.

- Los tiradores: Cristian Favale, remisero, barrabrava de Defensa y Justicia, aspiraba a un empleo ferroviario. Gabriel “Payaso” Sánchez, guarda de Constitución, de la barra de Racing. Ambos están acusados como autores del homicidio.

- El organizador: Pablo Díaz, delegado, secretario de la comisión de reclamos de la UF, muy cercano a Pedraza y Fernández. Va a juicio acusado como instigador del homicidio.

- Otros hombres de la patota: el portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, y el picaboletos Guillermo Uño están acusados como partícipes necesarios, al participar en la recolección y ocultamiento de las armas. También va a juicio como partícipe Claudio Alcorcel, el delegado que llevó a Favale. Los ferroviarios Salvador Pipitó y Jorge González (delegado) buscaron evitar que C5N filmara y están acusados como partícipes secundarios.

- Los jefes policiales del operativo: los comisarios Jorge Ferreyra, que pertenecía a la División Roca, y Luis Mansilla, de Control de Líneas. El comisario mayor Hugo Lompizano, el principal Gastón Conti y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. Ellos daban indicaciones desde la Dirección de Operaciones. El subcomisario César Garay, de la comisaría 30, estaba en el lugar de los hechos. Están acusados de abandono de persona seguido de muerte, con una pena máxima de 15 años. El camarógrafo policial era David Villalba y dejó de filmar al iniciarse los disparos. Está acusado de omisión de deberes. Las querellas creen que todos ellos son partícipes del homicidio, y así lo plantearán.

Vigilia antes del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra


Organizaciones sociales y políticas se concentrarán este domingo frente a los tribunales de Comodoro Py. El lunes arranca el proceso que tiene al secretario general de la Unión Ferroviaria entre los acusados.

Organizaciones sociales y políticas de izquierda realizarán desde este domingo una vigilia frente a los tribunales de Comodoro Py, en la víspera del juicio por el crimen del militante Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical.

Según se informó a través de un comunicado, las actividades culturales comenzarán a las 20.30, aguardando el juicio que se iniciará este lunes y que tendrá al secretario General de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, entre los principales acusados.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal 21 también deberán responder el segundo del gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, los miembros de la patota que atacaron a los manifestantes de izquierda en el barrio porteño de Barracas y un grupo de policías acusados de "liberar la zona" donde se perpetró el asesinato