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Ahora Estudiantes de La Plata... Vamos muchachos, griten todos por Mariano!!!!!!!!!!!!

Justicia para Mariano: sigue sumando

“La diferencia entre las muertes de Kosteki y Santillan, ejecutados por asesinos profesionales de la federal, y la de Mariano Ferreyra,
consiste en que a éste ultimo lo asesina un traidor.
Traidor a los intereses de su gremio, traidor a su clase social originaria, traidor al patrimonio de estado y a los intereses de la nación,
y traidor a su propia historia de sindicalista de izquierda.

Los traidores múltiples son tan letales como los experimentados asesinos de la derecha argentina.”
Carlos Nine

La justicia jujeña confirmó la acusación por el crimen de Condori

Tres imputados en Humahuaca

Son tres integrantes de la agrupación Titi Guerra que participaron de una violenta ocupación de tierras donde murió de un balazo el joven Luis Condorí. Milagro Sala desmintió que esta agrupación le responda, como aseguran algunos.

La Justicia jujeña confirmó la imputación a tres integrantes de la organización social Titi Guerra por el asesinato del joven Luis Darío Condorí en medio de un violento intento de ocupación de tierras en la localidad de Humahuaca, mientras que otras veinte personas arrestadas que prestaban declaración indagatoria podrían recuperar su libertad, aunque seguirían procesadas por el intento de usurpación. La acusación como coautores de “homicidio simple” que realizó el fiscal de investigación Gustavo Araya recayó sobre Marcos Antonio, Miguel Angel Guerra y Moisés Lavayén, todos dirigentes de la organización que el miércoles por la noche ocupó un predio privado denominado “Veira Colorada”, que los vecinos de la zona resistieron en medio de una disputa en la que cayó muerto de un balazo Condorí, a quien sepultaron ayer. Milagro Sala salió al cruce de las versiones que la vinculan con la toma, afirmó que Condorí pertenecía a la Tupac Amaru, que Titi Guerra fue expulsada de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy y exigió “la máxima pena” para los asesinos.

El asesinato del joven Condorí –en los terrenos ocupados a la vera de la Ruta 9– desató una pueblada en Humahuaca que puso en vilo la continuidad del intendente Roberto Lamas y tres concejales, que primero presentaron sus dimisiones, pero luego las retiraron tras recibir el respaldo del gobernador jujeño Eduardo Fellner. Pero no fueron pocos quienes les apuntaron por la toma a la dirigente Milagro Sala y a la red de organizaciones, entre las que incluyeron a la Titi Guerra.

El auditor general de la Nación y dirigente del radicalismo jujeño Alejandro Nieva dijo en declaraciones periodísticas que Marcos Guerra es “un lugarteniente de Sala”. El ex diputado y ex candidato a gobernador de Jujuy por la UCR también habría distribuido fotos e imágenes de Guerra junto a Sala. El dirigente de la organización Tupaj Katari Carlos “Perro” Santillán identificó a la Titi Guerra como parte de “la red de organizaciones que responden al gobierno nacional”, en una alusión indirecta a Sala, con quien mantiene un viejo enfrentamiento.

En tanto, Sala salió al cruce de las acusaciones a través de un comunicado firmado por la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy para afirmar que el joven muerto pertenecía a la Tupac, que la Titi Guerra fue expulsada de esa red de organizaciones y señalar “las intenciones difamatorias de algunos medios de comunicación y algunos políticos”, entre los que incluyó a Nieva, Santillán y al dirigente kirchnerista Luis D’Elía (quien luego desmintió a través de Twitter las versiones que lo mostraban enfrentado a Sala). Sala los instó a “que si les queda algo de moral se abstengan de sacar réditos políticos de este tipo de desgracias”.

El comunicado destaca que Condorí, “asesinado la trágica noche del 5 de septiembre, es un compañero de la Tupac Amaru” y detalla su paso como cooperativista de la Tupac en 2009 y como alumno del secundario Germán Abdala –también de esa organización–, de donde egresó en 2010. Luego detalla que se trasladó a vivir a Humahuaca y que es familiar de Delma Vega, “una de las referentes históricas de la Tupac en esa localidad”.

Otro de los puntos del comunicado señala que “la organización Titi Guerra ya no pertenece a la Red de Organizaciones Sociales” y que “fue apartada de la misma el día 23 de agosto pasado producto por reiteradas conductas de indisciplina que nada tenían que ver con el espíritu de la red”. Una medida que –insisten– fue resuelta “democráticamente y por unanimidad”. Además de definir a la red como un espacio de “articulación de distintas organizaciones autónomas, cada una de las cuales decide libremente sus acciones en el territorio”, y que “no conduce Milagro Sala”.

“Exigimos que los responsables de este asesinato sean juzgados y condenados con la máxima pena”, señalan al final del texto difundido ayer por la Tupac. Según el fiscal Araya, a Marcos y Miguel Guerra y a Lavayén les dieron positivas las pruebas de parafina que comprobaron la existencia de pólvora en sus manos y los ubica en la escena del crimen, desde donde partieron los disparos que mataron a Condori"

Gabriel Sánchez estaba armado el día que mataron a Mariano Ferreyra

UN FERROVIARIO DIJO QUE EL ACUSADO GABRIEL SANCHEZ ESTABA ARMADO EL DIA QUE MATARON A MARIANO FERREYRA
Al Payaso se le borró la sonrisa

“Traje el juguete por las dudas”, contó el testigo protegido que le dijo Sánchez mientras sacaba de la guantera una bolsa con un revólver. El acusado se enojó y pidió declarar. “Ahora me acusa, pero era mi amigo, fuimos a pescar, a comer asado con la familia”, dijo.

 Por Irina Hauser
El Tribunal Oral Criminal 21 rechazó realizar un careo, pero le ofreció declarar al acusado Gabriel Sánchez.

El segundo testigo protegido que declaró en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra se convirtió ayer en el primero desde que se iniciaron las audiencias en comprometer al guarda Gabriel “Payaso” Sánchez, uno de los acusados. “Traje el juguete por las dudas”, contó que le dijo mientras sacaba de la guantera del auto “una bolsa de nylon blanca de carnicería” con un revólver de tambor negro. Iban juntos rumbo a Barracas, en un Ford Focus color champán, convocados por un delegado para evitar un corte de vías de trabajadores tercerizados, explicó. El testimonio encolerizó a Sánchez, que escuchaba desde atrás de un vidrio blindado, y de pronto se sacó la remera para mostrar que no tiene tatuajes de payaso, como lo había descripto el testigo, a quien intentó contradecir más tarde al pedir ampliar su declaración indagatoria. Lo tildó de “mentiroso”, dijo que lo había “injuriado” al decir que estaba armado y sugirió que quien llevaba un arma era él.

El testigo es Claudio Díaz, guarda tren, igual que Sánchez. “¿Qué vas a hacer con eso?”, contó que le preguntó cuando le mostró la bolsa con el arma. “Yo de alguna manera tengo que poder irme de acá”, dijo que fue la respuesta. Según su relato, el 20 de octubre de 2010 lo había llamado el delegado Alberto “Tano” Carnevale para que fuera a la estación Avellaneda, donde protestaban los tercerizados en reclamo de regularización. Pasó por Constitución para dejar su ropa de trabajo (ya que entraba más tarde) y se encontró con Sánchez, que le propuso ir juntos. Díaz no recordaba si Sánchez bajó el revólver del auto o no. Estaba concentrado en que Carnevale notara su presencia, lo que –señaló– podía ayudarle a conseguir trabajo para su esposa a través de Ugofe, la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria, a cargo de operar la línea Roca bajo tutela estatal. Explicó que desde que está Ugofe, la Unión Ferroviaria es la que define quién entra a trabajar al ferrocarril.

Pese a que hasta ahora se había negado a declarar, Sánchez pidió un careo al terminar el testimonio de Díaz, por la tarde. El tribunal se lo negó, pero le ofreció declarar. Es el primer acusado que acepta preguntas de los jueces. “Lo que dice es mentira”, refutó exaltado al testigo protegido. “Me siento injuriado que diga que yo tenía un arma”, afirmó después de que su abogado le diera el pie con una pregunta sobre cómo se había sentido. “El que puso en el torpedo del auto una riñonera fue el señor Claudio Díaz, no sé si tenía una picadora de boletos o un arma o qué”, advirtió Sánchez, pero “llevaba algo”. “Ahora me acusa, pero era mi amigo, fuimos a pescar, a comer asado con la familia”, se quejó, vestido con remera blanca de manga larga, aunque admitió que el auto en el que iban era el suyo.

Díaz declaró con un gorro que le ocultaba la cara y anteojos que hacían difícil discernir sus facciones. No estuvo permitido el ingreso de público, aunque esta vez los abogados pudieron tener las computadoras y celulares encendidos, a diferencia de la audiencia anterior cuando se presentó, Alejandro Benítez, testigo con mayor protección. Ayer los defensores del segundo de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y del delegado Pablo Díaz pidieron la nulidad de la declaración de Benítez (quien los había dejado mal parados con su relato) con el argumento de que no podían acreditar que fuera él. El Tribunal Oral Criminal 21 difirió una respuesta. También le reclamaron, pero sin éxito, que Díaz se quitara la gorrita.

Poco después de que Díaz llegara a Barracas, al mediodía, comenzó el ataque a los tercerizados, según pudo reconstruir Página/12 de su declaración. En ese momento, señaló, los dos patrulleros que vio ya no estaban atravesados, sino que estaban estacionados junto al cordón, y había policías parados contra la pared. El estaba a unos 150 metros de la embestida inicial y cuando comenzaron a llover las piedras salió corriendo, pero una tuerca le produjo un tajo en la cabeza. El delegado Pablo Díaz –quien coordinaba– le indicó a Jorge González que lo llevara al Hospital Argerich con otro ferroviario que tenía la mano lastimada. Era (Guillermo) Uño, otro acusado, aunque el testigo por asociación dijo que creía que se llamaba “Garra”. Pero en el Argerich no los atendieron: estaban Mariano Ferreyra, que había llegado sin vida, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, heridos de bala. Camino a un consultorio del gremio –según Díaz–, González les advirtió: “De lo que pasó hoy no hablen con nadie porque se pudrió todo”.

Díaz comentó que no habló del tema hasta que un día después lo llamó Germán Aguirre, un ferroviario que estaba intentando armar una lista opositora a la oficialista, la Lista Verde. Le advirtió que había filmaciones, pero le ofreció “gente conocida que podía ayudarlo”, que iban a llamarlo: eran policías que lo llevaron a declarar en la fiscalía de Cristina Caamaño. Su descripción, igual que ayer, fue comprometedora para Sánchez. También aportó una explicación sobre el funcionamiento de la UF (ver aparte).

Sánchez, que presenciaba la declaración, del lado que suele sentarse el público, reaccionó levantándose la remera cuando Díaz dijo que tenía un tatuaje de payaso o arlequín, algo que ya durante la instrucción de la causa le valió el apodo de “Payaso” Sánchez. Los prefectos que custodiaban la sala tuvieron que sacarlo un momento del lugar. “No sé por qué me dicen payaso, no tengo tatuado un payaso en el brazo”, dijo después al ampliar la indagatoria. Mostró tatuajes de Racing y de un águila. “Tampoco soy barrabrava”, se enojó, aunque trastabilló ante las preguntas sobre ese punto del presidente del TOC, Horacio Días. También intentó sugerir que los testigos protegidos tenían un interés político y que ya antes de los hechos del 20 de octubre se reunían en un bar llamado Tren Mixto junto con Aguirre. En realidad, según la abogada de la querella María del Carmen Verdú, eso explicaría que se hayan animado a declarar contra la UF.

La Corte Suprema confirmó que un imputado seguirá detenido

El ferroviario Pablo Marcelo Díaz, uno de los imputados que está siendo juzgado por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, deberá seguir detenido luego que la Corte Suprema de Justicia confirmase la denegatoria a su pedido de excarcelación.

Fuentes judiciales indicaron que, en su resolución, el Máximo Tribunal tuvo en cuenta "que la apelante no ha dado cumplimiento al recaudo establecido por el artículo cuarto del reglamento aprobado por la acordada 4/07, por lo que corresponde declarar inadmisible esta presentación directa” por lo que “se desestima la queja".
La defensa de Díaz había cuestionando la decisión de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó el pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Criminal 21 en el sentido de denegar la excarcelación del imputado.

Caso Daniel Solano: Trabajador golondrina desaparecido en Choele Choel

Un especial que recorre paso a paso el contexto de la desaparición del joven norteño. La reconstrucción de aquella noche en el boliche en el que fue visto por última vez, testimonios de su entorno, la palabra de los familiares de los imputados y una serie de notas que lo ayudarán a entender mejor el caso.

http://www.rionegro.com.ar/diario/caso-daniel-solano-trabajador-golondrina-desaparecido-en-choele-choel-955211-9521-nota_multimedia.aspx

Causa Mariano Ferreyra: Los prontuarios de los abogados de los asesinos

Por: Rosa D’Alesio
"Currículum vitae" de Valeria Corbacho

Uno de los policías juzgados, David Villalba, acusado de liberar la zona, es patrocinado durante el juicio por la abogada Valeria Corbacho, experimentada defensora de uniformados. Corbacho defiende a uno de los policías más comprometidos en cuanto a la ‘participación necesaria’ de la Federal en el crimen.

Podría parecer irónico que Corbacho haya defendido a uno de sus clientes, Ciro James (el espía contratado por el macrismo) alegando: “¿Quién no ‘infló’ su CV alguna vez para conseguir un mejor trabajo?”. Irónico, porque ella no necesita inflar su CV que es de lo más extenso y ‘meritorio’. Al menos así lo juzgan sus clientes, quienes cargan, ellos también, con un frondoso ‘CV’. Veamos

Además de James, Corbacho defendió al ex subcomisario Luis Patti en la causa por el asesinato de los militantes Cambiasso y Pereyra Rossi. También a tres de los represores en la causa “Primer Cuerpo de Ejército”, acusados por la represión en el circuito, El Banco, El Olimpo y Club Atlético: El subcomisario Miara; el comisario Roberto Rosa, alias “Clavel” y el subcomisario Eufemio Uballes, alias ““El Führer”.

Corbacho no descansa. En estos días sumó un nuevo cliente: el ex presidente Fernando De la Rúa, quién ocupa el banquillo de los acusados por sobornos en el Senado.

Seguramente Ciro James sea uno de los más agradecidos con su abogada. No sólo quedo en libertad tras cumplir una mínima condena, sino que consiguió trabajo de abogado en el estudio de ella, esta vez… ¿habrá tenido que inflar su currículum vitae?

“Freeland y Asociados”: permiso para matar

El estudio jurídico elegido para defender a Juan Carlos ‘Gallego’ Fernández, el segundo de Pedraza, es “Freeland y Asociados”, a cargo del letrado Alejandro Freeland, abogado del ex presidente de Independiente, Julio Comparada.

Si alguien se detiene a leer el CV de este afamado penalista, bien podría opinar que uno de los principales acusados de asesinar a Mariano, el ‘Gallego’ Fernández, tiene el ‘privilegio’ de ser defendido por un abogado colmado de medallas, honores, premios e innumerables posgrados realizados en el país y en el exterior. Quien por supuesto se rodea con la crème de la crème. Socio del Jockey Club y del Rotary  Club de Buenos Aires, entre otras entidades sociales que reúne a lo más granado de la alta burguesía nacional. Pero, ¿por qué alguien con medalla de oro, que pertenece a instituciones sociales de la alta sociedad, querría defender a un burócrata segundón?

Pero hay más sobre este abogado que acumula posgrados y es su particular criterio de juzgar y opinar sobre crímenes y castigos. En Perfil (16 de marzo), bajo el título “Permisos para matar” se pregunta:”¿Tenemos permiso para  matar a otro? Y, en su caso, ¿en qué condiciones, bajo qué requisitos y con qué límites ese permiso resulta operativo? Uno, el asalto al periodista Etchecopar y a su familia en su casa. Otro, la sentencia de la Corte sobre el aborto”. Sobre el primero se responde que “aunque nunca resulta valioso matar a otro, en situaciones de legítima defensa el Derecho prefiere y permite la salvación de la persona amenazada por la agresión injusta”. Sobre el segundo afirma que no hay “buenas razones para considerar permitida  la muerte de otro merced al ejercicio de un derecho de estas características y derivado de una autorización legal (...), ampliación significativa de permisos para matar”.Está claro por qué este abogado antiabortista defiende a un segundo como Fernández, porque ‘excusa y perdona’ a quién matare en legítima defensa de los intereses de la clase dominante contra las “horda de piqueteros que querían delinquir cortando las vías con palos y gomeras”, como se refirió durante el juicio a los militantes obreros y revolucionarios que, aquel día, se manifestaban contra el trabajo en negro y precarizado con el cual su clase, parasitaria y explotadora, se beneficia. Freeland cuestiona a Zafaroni por el apoyo de éste a las ‘salidas culturales’ del Vatayón Militante, pero omite mencionar que uno de los cómplices de su defendido en el crimen de Mariano, Cristian Favale, participó en esos actos ‘culturales’. Freeland no se opone a que asesinos a sueldo sean utilizados como fuerza de choque contra la única clase que pueda tocar sus intereses. Por esto Freeland defiende al segundo de Pedraza.

Otro testigo que vio disparar a Favale

El testimonio de un ferroviario en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

Alejandro Benítez, testigo protegido, contó que escuchó al barrabrava decir “a ese zurdo gil le agujereé la panza”. También comprometió al número dos de la UF, Juan Carlos Fernández, y al delegado Pablo Díaz.

 Por Irina Hauser

“A ese zurdo gil, al de la gomera, le agujereé la panza.” Según Alejandro Benítez, el primer testigo protegido que declara en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, esa frase salió de la boca de Cristian Favale poco después de que el militante del PO quedara tendido en el suelo por el balazo que recibió en el abdomen. Benítez, un ferroviario que había ido a Barracas junto con la patota, dijo ayer ante el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC 21) que no sólo escuchó al barrabrava de Defensa y Justicia jactarse de haber gatillado, sino que él mismo lo vio hacerlo, con una rodilla apoyada en la tierra, empuñando un arma de tambor negro, que le pareció un revólver. A la vez, su relato comprometió al número dos de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos “Gallego” Fernández: lo señaló como quien dio por teléfono la orden de irse del lugar después de los disparos. El testimonio, que duró cerca de cinco horas, abarcó otros aspectos que confirmarían que los matones no fueron en forma espontánea a confrontar con los trabajadores tercerizados, sino que lo hicieron convocados por delegados y con licencias laborales otorgadas por la Ugofe. La Policía Federal –dijo el testigo– no intentó detener a los agresores.

La audiencia comenzó cerca de las 11 y terminó a las 16. Estuvo estrictamente cerrada al público y la prensa. El tribunal, además, ordenó a todos los abogados mantener sus celulares y computadoras apagados. Los acusados pudieron presenciar el relato, pero lo hicieron sentados detrás del vidrio donde habitualmente van quienes quieren presenciar las audiencias. Benítez fue un testigo fundamental durante la instrucción de la investigación y también lo es en el juicio. Tiene el máximo grado de protección que ofrece el programa oficial de protección de testigos. Ayer tenía anteojos, barba y una gorra, según pudo reconstruir este diario, y dijo que es trabajador ferroviario desde 1995, fue guarda y trabajó en los talleres de Constitución, donde hay un gimnasio de boxeo. Los abogados defensores insistieron en preguntarle cómo había llegado a declarar en la causa, ya que es historia conocida –incluso destacada por la Presidenta el día en que se inició el juicio– que quien lo acercó fue el ministro de Justicia, Julio Alak.

Benítez explicó que, después de los sucesos, habló con un amigo, Rodolfo Deviago, que lo fue a ver a su casa a raíz de que lo había visto en imágenes del canal C5N. Le contó que había ido a la estación Avellaneda junto con la patota de la UF para evitar que los tercerizados (que reclamaban su regularización) cortaran las vías y que había presenciado los hechos de violencia que terminaron en la muerte de Mariano y donde también fueron heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, militantes del PO. Su amigo le dijo “tenés que declarar” y ofreció contactarlo con el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez. A su vez, Gutiérrez ofició de nexo con el Ministerio de Justicia.

Benítez dijo que quien lo había llamado para ir junto con el grupo de choque fue el delegado Alberto Carnovale, a su vez convocado por el delegado Pablo Díaz, acusado de haber sido quien daba las órdenes en el escenario del ataque. Pero Benítez también explicó que asistir a este tipo de manifestaciones le podía servir para conseguir trabajo para su hermana y su cuñada, ya que la UF –señaló– influye en las contrataciones. La posibilidad de asistir, además, dijo que estaba dada por las licencias facilitadas por Ugofe, la empresa que administra el ferrocarril Roca bajo tutela estatal.

Las defensas intentaron cuestionar el testimonio, entre otras cosas porque Benítez en su primera declaración durante la instrucción dijo que el tirador al que vio tenía remera roja; luego, cuando vio las imágenes de TV, sostuvo que era azul, algo que reiteró ayer. Incluso cuando le mostraron las filmaciones durante la audiencia señaló a Harry Favale como a quien vio disparar. Ya son varios los testigos que lo comprometen, con descripciones coincidentes. Benítez, además, reconoció (a través de imágenes) la presencia ese 20 de octubre de 2010 en Barracas de otros ferroviarios que están en el banquillo: Gabriel Sánchez (el otro acusado de disparar), Juan Carlos Pérez, Salvador Pipitó, Guillermo Uño, Jorge González y Díaz, pero también recordó que junto con Favale había más “extraferroviarios”. Para las querellas, la participación de personas ajenas al gremio es un elemento que desacredita la teoría de las defensas de que los ferroviarios aparecieron en las vías autoconvocados y refuerza la existencia de un “plan criminal”, como lo describió la Justicia en primera instancia.

La avanzada de la patota, con cascotes y disparos, se produjo –reconoció Benítez– cuando los tercerizados y las organizaciones que los apoyaban se estaban desconcentrando. Los ferroviarios llevaron y tiraron piedras, dijo. “Vamos a correr a estos zurdos”, escuchó que Favale le decía a Díaz, quien enseguida ordenó ir “tras ellos” y “sacar los fierros”. El testigo describió el papel del delegado Díaz como quien impartía las directivas a la patota. También oyó al barrabrava vanagloriarse de haber disparado. El, de hecho, lo había visto accionar el arma y quejarse porque se le había trabado. Luego vio a Díaz hablar por handy y, tras concluir la comunicación, avisar: “Dijo el Gallego que nos vayamos”. El Gallego es Fernández, segundo de José Pedraza, quien –según demostró la investigación inicial– habló por teléfono a lo largo de toda la mañana con Díaz. Mientras transcurría la gresca, Fernández y Pedraza estaban juntos en la sede de la UF.

Ante una pregunta del abogado del CELS, Maximiliano Medina, representante de la mamá de Ferreyra, Benítez dijo que cuando él se fue junto a otros hombres de la patota, la Policía Federal no estaba, nadie intentó detenerlos ni interrogarlos ni nada.

El intento de soborno

El titular de la UF, José Pedraza, será indagado hoy por el juez Luis Rodríguez en la causa en la que está sospechado de orquestar un intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal para que liberaran a la patota acusada del asesinato de Ferreyra y, de ese modo, se beneficiara él mismo en momentos en que todo indicaba que también quedaría detenido. La voz de Pedraza es una de las que aparece en un entramado de conversaciones telefónicas que fueron detectadas por la jueza de primera instancia, Wilma López, durante la investigación del homicidio del militante del PO y que revelan el armado de un plan para conseguir que Casación desarticulara la causa.