Caso Daniel Solano: “Vamos a ir por los autores intelectuales”

Lo dijo Sergio Heredia, uno de los abogados que llevó el caso representando a la familia, tras el histórico fallo en el que fueron condenados 7 policías a perpetua por el asesinato del joven salteño de origen guaraní, ocurrido en Río Negro. Heredia habló en el programa radial La Retaguardia, que conducen Fernando Tebele y Eugenia Otero, y celebró la sentencia, pero avisó que ahora van por los responsables empresariales y los encubridores. ¿El actual embajador en EE.UU. Fernando Oris de Roa, debería dar explicaciones en esta causa por haber sido vicepresidente de una de las empresas vinculadas al caso? "A mí interesa Expofrut, que puso un embajador?, respondió Heredia. (Por La Retaguardia)

Foto: Gualberto Solano, papá de Daniel, con Sergio Heredia, su abogado

La desaparición y asesinato de Daniel Solano se produjo el 5 de noviembre de 2011. El joven salteño viajó como trabajador “golondrina” de la empresa Agrocosecha, tercerizadora de Expofrut. Cuando quiso reclamar por la explotación salarial a la que estaban siendo sometidos él y sus compañeros, lo hicieron desaparecer. Fue asesinado y su cuerpo aún no se encontró, aunque según los abogados fue arrojado a un jagüel en Choele Choel, Río Negro. Fueron siete largos años, de lucha, acampes y sacrificios los que tuvo que atravesar su familia para alcanzar algo de justicia. Gualberto Solano, el papá de Daniel, falleció unos pocos meses atrás y no pudo escuchar la condena para los asesinos de su hijo. Tras la emoción del fallo, Sergio Heredia recordó a Gualberto y confirmó que cumplió con su promesa: “A Gualberto lo conocí el 5 de diciembre en Choele Choel. Tuve la terrible tarea de decirle, el día 7 de diciembre de 2011, que su hijo estaba muerto y que había sido asesinado por los policías. Él me creyó. Le prometí que íbamos a sentenciar a los asesinos y que nunca lo iba a abandonar. Lo llevé a él a que muera en Tartagal, (Salta). Llevé su cuerpo desde Salta hasta Tartagal. Voy a cumplir mi otra promesa. Voy a llevar el cuerpo de Daniel y los vamos a enterrar juntos”, aseguró el abogado.

Heredia, junto al otro abogado de la familia Solano, Leandro Aparicio, trabajaron de forma incansable para alcanzar la verdad y la justicia por el asesinato de Daniel. Los 7 policías condenados a cadena perpetua son Sandro Berthe, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello. Ahora, siguen por más: “Pensé en todo lo que sufrimos aquí en Río Negro. Sufrimos mucho. Fueron años de trabajar y dejar a mi familia, de pasar necesidades y yo no era un hombre acostumbrado a eso. Trabajamos con dedicación siempre manejándonos con la verdad. El trabajo dio su fruto, en parte. Tenemos condenados a estos policías y vamos a ir por los autores intelectuales, los encubridores y por el octavo asesino, Tomás Vera. En muchos aspectos del fallo, era como si yo mismo me escuchara. Estamos con fuerzas redobladas. Nos vamos a poner a trabajar para lograr más detenciones y volver a operar en el jagüel para sacar el cuerpo. Está ahí. Si decimos que está ahí es porque está ahí. Todo lo que nosotros dijimos se cumplió. Lo vamos a encontrar. Algunos policías se van a quebrar, van a decir qué pasó y cómo lo mataron” manifestó.

La ausencia del cuerpo de Daniel Solano no es motivo como para postergar la sentencia. Así lo entendió el Tribunal rionegrino presidido por María Evelina García Balduini y así lo explicó el abogado: “El cuerpo de la víctima es una parte del cuerpo del delito. Si vos te robás un sándwich y te lo comés, no quiere decir que haya desaparecido el cuerpo del delito. El cuerpo del delito es robar el sándwich. Eso quedó bien explicado. Hay una confusión de la prensa. El cuerpo del delito no es el cuerpo de la víctima. La Justicia ha tomado nuestra explicación”, contó Heredia y celebró el fallo: “Estamos satisfechos porque este fue un trabajo nuestro, todo nuestro. Todos los testigos fueron aportados por nosotros en una investigación exhaustiva. Ha sido muy satisfactorio saber que hicimos un trabajo correcto a pesar de todas las trabas que se nos pusieron, jueces corruptos y fiscales corruptos. Es una nueva esperanza. Había mucha alegría y mucha emoción en la gente. Trabajé 5 años durante las 24 horas. Sirvió. Lamento que Gualberto no haya estado. Él sabía perfectamente todo. Se murió por las injusticias que vivió”, lamentó.

¿Por qué no desaparición forzada?

Sergio Heredia diferenció el crimen de Solano de una desaparición forzada de persona. Aseguró que a Daniel lo mandaron a matar los dueños de la empresa donde trabajaba e insistió en su deseo de condenar a los responsables intelectuales: “Daniel Solano está muerto. Sabemos que fue asesinado. Queremos su cuerpo y lo buscamos. No pensamos esto de que el Estado se lo llevó con vida. Estos eran sicarios que actuaron para empresarios, no para el Estado. Actuaron para tratantes de personas que el Estado no controla, esa es otra cosa. Estos son delincuentes comunes, policías, que trabajaban para empresarios asesinos tratantes de droga y de cocaína. Si poníamos desaparición forzada como muchos querían desaparecía el tema de la parte empresarial. A mí me interesa Expofrut, que puso un embajador en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa. Esa es otra visión. Las organizaciones (de derechos humanos) supieron respetarla. Nosotros ahora queremos a los que lo mandaron a matar. Son Adrián Lapenta, Gustavo Lapenta y Pablo Mercado. Dueños de Agrocosecha. Traficantes de cocaína. Ya estuvieron presos en otras provincias. Vamos a buscar el cuerpo para recuperarlo, pero lo importante es condenar a los asesinos”, sostuvo el abogado de Solano en Radio La Retaguardia.

Respecto a Fernando Oris de Roa, que era vicepresidente de Expofrut al momento del asesinato de Daniel y actualmente es embajador argentino en Estados Unidos, Heredia dijo que “no se le debería haber aceptado el pliego” y que asumió porque así “son los intereses”. Lo definió como “gente que viene de afuera a explotar a nuestros obreros” y a través de mentiras y promesas de inversiones “vienen a llevarse la plata y a asesinar nuestra gente”. También señaló que los medios comerciales, sobre todo de Buenos Aires, “no lo quieren tocar” y que no publicaron el fallo “porque estamos tocando intereses”.

Heredia no dejó pasar la oportunidad para agradecer a quienes sí estuvieron y transmitieron durante toda la extensa lectura de sentencia, Nadia París y Fermín Martínez, integrantes de Radio Zona Libre: “Los queremos mucho”, les dijo y cerró con una reflexión para estos tiempos. París y Martínez están señalados en el informe del Ministerio de Seguridad acerca de las RAM, y además tienen una grave causa judicial abierta que ahora recaerá en manos del juez Gustavo Villanueva, que ordenó extraditar a Jones Huala a Chile y no investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Heredia cerró con una reflexión que los comprende pero que a la vez es general: “Todo está mal. Todo es una mentira. A los que decimos la verdad nos va mal, pero perseveramos”, cerró.

A 16 años de la Masacre de Avellaneda: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki : ¡Presentes!

Familiares de las víctimas encabezaron la movilización.

Darío Santillán (21 años) y Maximiliano Kosteki (25) militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD), y el 26 de junio de 2006 fueron asesinados por la Policía Bonaerense en el marco de una masiva protesta en el Puente Pueyrredón.

El 26 de junio de 2002 se llevó a cabo una masiva protesta de trabajadores para exigir subsidios al desempleo, entre otros, en el marco de una fuerte crisis económica.

Organizaciones sociales y políticas de Argentina se movilizaron para recordar el 16° aniversario del asesinato los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en manos de la policía bonaerense, en el marco de una represión a una protesta social.

El crimen es conocido con el nombre de Masacre de Avellaneda, y los familiares aún exigen justicia. Si bien los responsables materiales, el ex comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, cumplen cadena perpetua en una cárcel común, los familiares y las organizaciones reclaman enjuiciar a los responsables políticos.

Las organizaciones comenzaron a concentrase a partir de la 09H00 hora local en la estación de trenes que desde el 2013 lleva el nombre de los militantes asesinados, y a partir de las 12H00 iniciaron la marcha hacia el Puente Pueyrredón, que comunica la cuidad de Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires.

 Ahora en Puente Pueyrredón Darío y Maxi presentes! El puente es nuestro la yuta que los parió

Allí realizaron un multitudinario acto en el que habló el padre de Darío, Alberto Santillán, y Vanina, la hermana de Maximiliano.

En video difundido por Barrica Tv, Alberto Santillán expresó que "la justicia no mira para el lado de los políticos, que son los verdaderos responsables de la Masacre de Avellaneda. Uno de ellos es (Felipe) Solá, así como (Eduardo) Duhalde. Pero hoy Solá se está por presentarse como precandidato a presidente (...) el era el gobernador y sin embargo la justicia no lo ha llamado a declarar.

Más tarde se realizó un "pañuelazo" en favor de la legalización del aborto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será debatido en el Senado en agosto.

El prefecto que mató a Rafael Nahuel

El autor del disparo fue identificado pero sigue libre y sin ser indagado

El portal En estos días informó que ya fue identificado el Cabo Primero de Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, como quien realizó el disparo que alcanzó a Rafael Nahuel el pasado 25 de noviembre cuando los prefectos ingresaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. La información se hará oficial recién el viernes y mientras tanto el agente sigue en libertad y sin ser citado a declaración indagatoria.

Según la nota del periodista Santiago Rey, Pintos fue el prefecto que más disparos realizó durante el ataque a los mapuches. Fueron 40 detonaciones con una pistola Beretta y un subfusil MP5 y el agente recargó sus armas al menos en cuatro oportunidades. Una de las balas 9 milímetros del MP5 -identificado con el número de serie B 05-C335508- alcanzó a Rafael Nahuel por la espalda. 

Otros cinco prefectos que ingresaron al territorio tenían sus cargadores incompletos, por lo que también dispararon. Se trata del Marinero Sergio Damián García; el Cabo Segundo Carlos Valentín Sosa; el Cabo Primero Sergio Guillermo Cavia -cuyo proyectil quedó en la recámara-; el Cabo Segundo Juan Ramón Obregón; y el Ayudante Segundo Eric Fabián Blanco. Los prefectos habrían realizado en total 114 disparos, teniendo en cuenta los proyectiles faltantes en los cargadores.

A pesar de esas evidencias, el juez Gustavo Villanueva no resolvió aun avanzar en la citación para que declaren ni accedió a detenerlos para que no entorpezcan la investigación, tal como reclamaron las abogadas Julieta Wallace y Sofía Bordenave. El magistrado sostiene todavía la carátula de la causa como “Jones Huala, Fausto Horacio y otro S/ muerte por causa dudosa, usurpación y atentado agravado por más de tres personas”.

Uruguay : El silencio se hizo oír

Miles de personas participaron en la 23° Marcha del Silencio.

Millares de personas colmaron 18 de Julio e la 23° Marcha del Silencio, que se llevó a cabo bajo la consigna “Impunidad: Responsabilidad del Estado, ayer y hoy”. La marcha se realizó también en varias localidades del país y el exterior.

La marcha comenzó a las 19 horas en Montevideo, con una amplia respuesta.

“Seguimos el camino iniciado hace más de 40 años por nuestras queridas madres, marcado a fuego por el compromiso con sus seres queridos, por su perseverancia, por lo que es su auténtico aporte y legado: Caminar juntos, expandir esta fuerza contra el olvido, hacerlo colectivo. Sumar. Que nuestro reclamo sea el reclamo de todos. Y que todas las luchas cuenten con nosotros”, indica parte de la convocatoria.

La marcha, promovida por la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se realiza cada 20 de mayo desde hace 23 años para conmemorar a los detenidos desaparecidos. La fecha recuerda la aparición sin vida de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw

fotos 

Marys Yic

Acto homenaje a los uruguayos detenidos-desaparecidos 20/05/18

Acto por Memoria, Verdad y Justicia.  - Homenaje a  Z. Michelini, H. Gutierrez Ruiz Manuel Liberoff; W. Whitelaw, R. Barredo y todos lxs desaparecidxs de Uruguay

Santiago Maldonado : "Murió por culpa de los testigos mapuches"

La Gendarmería denunció por asociación ilícita y falso testimonio a quienes acompañaban a Santiago Maldonado

La hipótesis de Gendarmería, que realizó un operativo ilegal en la comunidad Pu Lof que terminó con la muerte de Maldonado, es que los testigos se aliaron para incriminar a la fuerza. Para la familia, la denuncia es “intimidatoria”.

Por Irina Hauser

La ministra Patricia Bullrich y la Gendarmería ahora les apuntan a los amigos de Santiago Maldonado.

Igual que en los comienzos de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería  se aferra a la estrategia del Gobierno de acusar a las víctimas. Mientras en la causa se desa- rrollan medidas claves para establecer la posible responsabilidad penal de los agentes en la persecución de un grupo de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen que tuvo como consecuencia la muerte del joven cuando acompañaba una protesta, la fuerza que responde a la ministra Patricia Bullrich presentó ayer una denuncia en la que pide que se investigue lo que considera una presunta asociación ilícita y tres supuestos falsos testimonios (de dos mapuches y un amigo de Maldonado) para generar una versión que la incrimine. El expediente está a cargo de la fiscal Silvina Avila, que también interviene en la causa sobre la muerte, y del juez Guido Otranto, que fue apartado de ese expediente por parcialidad. Desde enero tramitan otra denuncia en sintonía del Ministerio de Seguridad, que pone en duda ocho testimonios y sugiere una suerte de complot. “Es una denuncia claramente intimidatoria”, dijo a PáginaI12 Verónica Heredia, abogada de la querella de la familia.

En la causa que ahora está a cargo del juez Gustavo Lleral, y que debe determinar qué pasó y cómo murió Maldonado, se están llevando a cabo medidas centrales. Una de ellas es el análisis completo del contenido de los celulares de 20 gendarmes que estuvieron más cerca del río Chubut en la zona donde fue encontrado el cuerpo y que participaron de la persecución a los mapuches en el territorio. Se había hecho un análisis parcial de los aparatos, que arrojaba que habían estado apagados. El peritaje se amplió con una apertura total del contenido conocer el contenido y la llamada “georreferenciación”, que establece donde estaba  cada agente. Además faltan imágenes del operativo que la fuerza debería tener y aportar, en especial del lapso entre las 11.30 y las 13 del 1 de agosto, el momento que desaparece Maldonado. Y, está pendiente que el juzgado logre la declaración testimonial de un grupo de personas que el día de la persecución de Gendarmería estaba en la ruta 40, en el ingreso a la comunidad.

A esto se suman medidas en desa- rrollo pedidas por la familia, que todavía guarda grandes dudas sobre qué pasó con Santiago antes de que cayera al río. Se está peritando, por ejemplo, su documento de identidad, que estaba en muy buen estado pese a los 78 días transcurridos desde la desaparición y no estaba en una bolsa, pese a versiones que lo afirmaban. También se peritan billetes que tenía en la ropa. La autopsia indicó muerte por ahogamiento e hipotermia, pero la abogada Heredia señala que “no se determinó cuánto tiempo estuvo en el agua: da un rango, según distintos métodos podrían ser 53 días, más de 60 o 73, por eso nosotros seguimos sospechando solicitando medidas que ayuden a esclarecer, no sabemos si estuvo todo el tiempo en el agua”. “Su mochila nunca apareció –agrega– ¿y si tenía disparos de la Gendarmería?”

Ese es el cuadro de situación de la principal causa, frente al que el Ministerio de Seguridad primero y la Gendarmería ahora introducen sus denuncias. La Gendarmería  pide investigar a quienes, en su óptica, serían responsables de la difusión de lo que llaman una “falsa hipótesis” de que Maldonado había sido “desaparecido por personal” de la fuerza. Habla de rastrear autores intelectuales o materiales, en el ámbito de la comunidad, el judicial y los medios masivos. Y pone el foco en tres testigos: Matías Santana, Claudia Pilquiman y Ariel Garzi. Santana había relatado cómo la Gendarmería ingresó a la comunidad y persiguió a un grupo y que mientras algunos cruzaron el río a Santiago lo subieron a una camioneta de Gendarmería. Pilquiman es la mamá de Lucas, conocido como testigo E, quien dijo haber estado con Maldonado al momento de cruzar el río, pero que Santiago no cruzó. Claudia había estado con él también en la ruta. Garzi es un amigo de Santiago que hizo una llamada a su celular el 2 de agosto, que duró 22 segundos pero sólo hubo silencio. Heredia plantea que si la Gendarmería objeta que se analice posible desaparición forzada “no pueden investigar su denuncia la fiscal Avila y Otranto, porque ella propuso esa carátula para el expediente y él hizo lugar, además que ya fue apartado”. La carátula no cambió. 

La Gendarmería carga las tintas en los testigos y dice que la fuerza no tuvo ninguna responsabilidad. Es que eso es precisamente lo que se investiga y es ostensible que la fuerza ingresó con más de 50 agentes a la comunidad en un allanamiento ilegal y a los tiros. Alegaron un delito en flagrancia: que los mapuches les arrojaban piedras para rechazarlos, pero hasta ahora todo apunta a que las pedradas sucedieron una vez que los gendarmes estaban en el territorio. El único imputado es un gendarme, Emanuel Echazú, que puso defensor cuando se filtraron sus fotos con la cara ensangrentada y se supo que se peritarían las lesiones y su ubicación. Una foto satelital lo mostraba muy cerca del lugar donde fue hallado Maldonado. Una enfermera dijo que lo atendió dentro de la comunidad, no en la ruta como sostenía la fuerza. Pero en el doble juego de ser acusada y convertirse en acusadora, la Gendarmería además de todo querella por el corte de ruta del 31 de julio.

En el expediente sobre la muerte y la desaparición, que tiene el juez Lleral, la Gendarmería también se presentó con la estrategia de acusar y presionar: quieren que declaren los abogados de Naturaleza de Derechos que habían hecho la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que derivó en una advertencia al Estado argentino. Habían presentado relatos. Uno era el “testigo E”, Lucas Pilquiman, que según en ese texto decía que había estado con Santiago en los últimos momentos antes de cruzar el río pero que lo había agarrado la Gendarmería. Lucas, de 19 años, testificó ante Lleral con una citación que no fue notificada a las querellas. Describió la persecución de Gendarmería pero no fue exactamente igual, no dijo que se lo llevaron. Heredia pidió la nulidad y se la negaron. La Gendarmería busca un careo.

Hoy la causa no tiene definiciones. Faltan medias y declaraciones. “Quieren socavar los testimonios, intimidar a los más vulnerables. Quieren impedir que la gente que aún no lo hizo declare. Insisto con que peligra la investigación. Estas denuncias son actos que demuestran que la investigación es atacada por el propio gobierno”, advierte Heredia.

La denuncia del Ministerio de Seguridad también radicada en el juzgado de Otranto también cuestiona testimonios. Los mismos que Gendarmería y otros más, como el de Lucas. Hay otra causa con sentido similar  en Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, contra el constitucionalista Eduardo Barcesat, por acusar al Gobierno. La denuncia es del abogado Denis Pitté Fletcher. La causa la tiene el juzgado de Julián Ercolini. Barcesat hizo, en efecto, una denuncia contra el Poder Ejecutivo y Gendarmería por encubrimiento en la investigación de la desaparición de Maldonado, cuando era ostensible por dichos de la propia Ministra Patricia Bullrich y las intervenciones de sus funcionarios en el expediente, que clamaban por desligar a la fuerza con la causa en pleno trámite y sembraban pistas falsas y ofensivas para la familia de la víctima. Desde decir y plantear que Santiago podía haber herido a un puestero de la estancia de Benetton (algo desmentido luego por el ADN) hasta que estaba en Chile, o escondido. Entre otras anomalías, el defensor Fernando Machado denunció que las camionetas de Gendarmería usadas en el operativo fueron lavadas antes de ser peritadas. Aquella causa por encubrimiento la tuvo el juez porteño Rodolfo Canicoba Corral y en noviembre la Cámara Federal dijo que era incompetente. Debía mandarla a Esquel, pero allí en tribunales informan a este diario que por ahora no está en ninguna parte.

Documento Unificado de Familiares víctimas de la Represión Estatal. Jornada a 9 Años sin Luciano.

APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA·DOMINGO, 28 DE ENERO DE 2018

Las voces de los familiares, se han hecho escuchar como todos los años en esta Jornada que hoy a 9 años sin Luciano, continuamos exigiendo el derecho a saber la verdad frente a la Impunidad.

Nuestras voces mostraron como el encuentro con otras y otros nos facilita compartir el dolor, la bronca, la impotencia, como así también la lucha por justicia y la esperanza de mantener viva la memoria de nuestrxs hijxs, hermanxs, contribuyendo a crear conciencia sobre la represión estatal que recae sobre nuestros niños, niñas y adolescentes en los barrios más humildes. El plenario nos permitió dar visibilidad a lo que está pasando en los barrios a través de nuestra palabra. 

Consideramos que hay tiempos individuales y colectivos para atravesar el dolor, para poder compartirlo. Hoy vimos lo importante que es el respeto mutuo a los tiempos y necesidades individuales de cada unx de nosotros para la unidad y organización colectiva.

Creemos que la impunidad del pasado se relaciona con el accionar de hoy de las fuerzas de seguridad, por esto mismo entendemos que el pedido de Justicia, castigo a todos los responsables y el derecho a saber la verdad no sólo es nuestro derecho como familiares, sino también que es un derecho colectivo como sociedad.

Los distintos casos a lo largo y ancho del país que hoy nos hicimos presentes en esta jornada, dan cuenta de un accionar sistemático como política de Estado. En todas nuestras causas y la de nuestros hijxs y hermanxs hay complicidad de los distintos poderes del Estado, sumado a la criminalización por parte de los medios hegemónicos de comunicación cuando hablan de nosotrxs, de nuestros hijxs y hermanxs. 

La falta de justicia nos convierte a los familiares en verdaderos y únicos investigadores e impulsores de nuestras causas. Frente a esto soportamos el maltrato, las amenazas, la intimidación y hostigamiento. Ante el desamparo que se siente al comprobar que el Estado es Responsable, cuando debiera garantizar los derechos, resulta reparador para nosotrxs el apuntalamiento y apoyo que se genera entre los familiares.

Una vez más nos fortalece la contundencia y el valor de cada uno de los testimonios. Consideramos que tienen un valor indiscutible para seguir adelante en este proceso de crecimiento y empoderamiento en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y castigo a todos los responsables

A 9 Años sin Luciano como familiares víctimas de la represión estatal DECIMOS:

A LUCIANO, LO MATÓ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

BASTA DE FUSILAR A NUESTROS PIBES Y PIBAS.

BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS.

BASTA DE SECUESTRAR A LAS PIBAS DE NUESTROS BARRIOS PARA LAS REDES DE TRATA.

BASTA DE CAUSAS ARMADAS.

NUESTROS PIBES Y PIBAS NO SON PELIGROSOS, ESTÁN EN PELIGRO.

POR EL DERECHO A SABER LA VERDAD.

JUSTICIA POR NUESTROS HIJOS, HIJAS, HERMANOS Y HERMANAS.

EL ESTADO ES RESPONSABLE

FOTOS : Andrea Perez Gonzalo Zapata Jorgelina Araceli Mendez

Cobertura Especial - 9 años sin Luciano

(Por *Medios comunitarios, alternativos y populares)

Es imposible contar aquí todo lo que escuchamos y vimos. Es imposible. Fueron incontables los testimonios en la jornada a 9 años de la desaparición de Luciano Arruga. Cada nuevo evento trae consigo a nuevas familias de nuevos lugares del país, por eso es que el clima se debate entre historias desgarradoras, de dolor y bronca, y lugares de encuentro con una valía inconmensurable. Sergio Maldonado y Mónica Alegre, pero también las madres de víctimas de gatillo fácil haciendo trencito al ritmo de las Kumbia Queers y los niños y niñas prestándose a los juegos de Anda Calabaza. Por eso es una cobertura difícil que llevamos adelante Radio Zona Libre, Radio Presente, Radio Sur, Espantarrejas (FM Riachuelo), La Colectiva, Dtl!, La Tribu, Antena Negra, FM En Tránsito y La Retaguardia. Acá compartimos sólo una mínima parte de los testimonios que se oyeron a lo largo del día, tanto en la transmisión radial de la actividad como en el escenario y las distintas asambleas, y el registro fotográfico de Laki Pérez, y Agustina Salinas y Natalia Bernardes de La Retaguardia.

http://www.laretaguardia.com.ar/2018/01/cobertura-especial-9-anos-sin-luciano.html