Alberto Ledo :¡¡Presente !!

SANTIAGO MALDONADO, CRIMEN DE ESTADO

Buenos Aires, 1 de agosto de 2019.

A dos años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado estamos convocados nuevamente a juntar gargantas y puños apretados, exigiendo la justicia esquiva por parte de las instituciones y de las personas que articulan el hostigamiento y  la represión a los reclamos populares y a las cadenas de solidaridad que empecinadamente se tejen a pesar de los hachazos que dejan  heridas que no cierran.  

Con el  cuerpo de Santiago plantado en un recodo del río a casi tres meses de su desaparición,  quisieron sembrar dudas de los hechos sobre los que el pueblo siempre supo las respuestas: Santiago fue asesinado a manos de la gendarmería, que como brazo armado del gobierno, perpetró un crimen de Estado.

A dos años de la desaparición forzada de Santiago, el poder judicial,  plagado de mercenarios al servicio de los poderosos tanto nacionales como de las multinacionales, desvió la mirada del cuerpo de Santiago,  eludió responsabilidades y se amparó en los medios de comunicación que operaron  no sólo como altavoces gubernamentales, también crearon noticias falsas y pérfidas que pretendieron destilar como verdades inexorables

A dos años de la desaparición forzada de Santiago, se han sumado más atropellos y muerte, ha seguido siendo atacado el pueblo mapuche y en el balance en estos dos años, quedan comunidades asaltadas, heridos, detenidos y el asesinato de Rafael Nahuel, por parte de los mismos verdugos del gobierno.

A dos años de la desaparición forzada de Santiago han lanzado injurias y difamaciones contra Santiago y su familia, y pretenden dejar cerrada para siempre la causa judicial, plagada de omisiones y alteraciones de pruebas y testigos. 

A dos años del crimen de Estado, los poderes  políticos, económicos y mediáticos, han utilizado el mecanismo terrorífico de la dictadura genocida con el objetivo de instalar el olvido. 

Y así como hace dos años las calles y plazas se desbordaron reclamando por Santiago, volvemos a las mismas huellas para romper la impunidad.  Y lo conseguiremos, más temprano que tarde.

JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO

BASTA DE IMPUNIDAD

NO AL CIERRE DE LA CAUSA

ENCUENTRO MILITANTE CACHITO FUKMAN

Santiago VIVE EN LA LUCHA

Desde el Estado Español, llegando al Puente de Darío y Maxi

...arderá su memoria .... hasta que todo sea como lo soñamos... 

Queridas/os  compañeras/os :

Hace 17 años  del asesinato de dos jóvenes entrelazaron para siempre la memoria de la lucha, la convocatoria de justicia y la rebelión contra la impunidad. 

Y  los gobiernos que se sucedieron desde aquel 2002, no sólo han amparado a los responsables políticos de la matanza de Avellaneda, sino que además la lista de asesinados por las fuerzas represivas y sus sicarios,  ha aumentado dolorosamente desde entonces:  Jorge Julio López, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel…  Y más aún, para completar el oprobio confeccionaron listas electorales con personajes directamente implicados en los hechos represivos contra el pueblo. 

En estos 17 años los poderosos y  sus gobernantes serviles han continuado multiplicando los planes a los que se enfrentaron Darío y Maxi, someter a las clases populares a las políticas de hambre y de miseria, despidos, cierres de fábricas, privatizaciones, recortes en pensiones, jubilaciones, etc., dictados y elaborados por el FMI y sus corruptos socios nacionales la oligarquía terrateniente y los especuladores financieros.

Pero la resistencia y las luchas populares a lo largo y ancho de Argentina, han traído sin nombrarlos, a Darío y Maxi en cada convocatoria de justicia y dignidad. 

Por esto y por mucho más, queremos acercar nuestro abrazo comprometido a todas/todos las/los compañeras/compañeros, que siguen levantándose contra cada atropello e iniquidad, como Darío y Maxi lo hicieran. 

Los asesinos de ayer, no pueden ser los salvadores de hoy.

Cárcel a todos los responsables políticos. 

Casapueblos. -  Solidaridad Obrera  Madrid, 26 de junio 2019

Luciano Arruga, 10 años de impunidad

El 31 de enero se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. En esta nota, repasamos solo algunos de los hechos más significativos en la lucha por verdad y justicia impulsada por sus familiares y amigos. Un caso emblemático que ayudó a visibilizar una problemática, aunque (todavía) sin resolución judicial. (Por Rosaura Barletta para La Retaguardia*) 

*Esta nota fue publicada en la edición de enero 2019 de La Retaguardia Papel. Ante las declaraciones de Patricia Bullrich, que consideró el caso de Luciano una construcción de organismos de derechos humanos, publicamos esta nota que es apenas un mínimo repaso por la causa. 

Fotos: Agustina Salinas y Natalia Bernades

Podríamos decir que la historia de la desaparición de Luciano Arruga comenzó hace diez años, y eso tendría sentido. También podríamos decir que comenzó hace doce, cuando el ex intendente de La Matanza fundó el destacamento policial que luego sería su peor pesadilla. Lo cierto es que hay cinco años y ocho meses que deberían -y pudieron- haberse evitado. Es el período en el que el paradero del joven de 16 años fue una incógnita sin sentido. Ni muerto ni vivo, estuvo, al menos para la justicia, que definió su búsqueda hasta el 2013 como averiguación de paradero. En ese año, la Justicia Federal tomó el expediente y cambió la carátula: ahora se habla de una desaparición forzada de persona. Y aunque el delito es de lesa humanidad y la letra es clara -sólo puede ser cometido por el Estado-, en todo este tiempo no declaró ningún efectivo policial, y sí lo hicieron reiteradamente los amigos de Luciano. Amigos que, además de ser señalados implícitamente como quienes deberían (y no pueden) aportar información relevante, son blanco de hostigamientos y persecución hasta el día de hoy.

Ahora podemos ir a los hechos. Luciano Arruga tenía 16 años cuando, el 31 de enero de 2009, fue secuestrado, torturado y desaparecido. Con el hallazgo de su cuerpo, se comprobó que los límites de la tortura exceden ampliamente a los de nuestra imaginación; o peor: la tortura no tiene límites. Sus segundos finales constituyen una escabrosa historia irreproducible en la dimensión que realmente reviste. Corrió por la vía rápida de la General Paz y fue atropellado por un auto. Un accidente. Listo. Fin. NN. Así se expresó, al menos con el cuerpo la versión oficial. Enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, con una autopsia inconducente -e incorrecta- se descompuso al mismo ritmo en que era instalado el tema en la agenda pública: hay un desaparecido por la Policía en democracia. El debate sobre la mesa fue aún más profundo que eso. El fulgor de las expresiones contra la inseguridad devenidas en fascismo en el caso del barrio de Lomas del Mirador, con una organización encabezada por el “vecino” Gabriel Lombardo, hacían varias veces más dificultosa la campaña por la aparición con vida de Luciano, que desde el 31 de enero faltaba de su casa. También ponía obstáculos la fiscal Roxana Castelli, que puso la investigación en manos de la propia Policía denunciada y se negó a recibir a la familia de Luciano durante los 45 días en los que tuvo la causa a su cargo, días en los que se perdieron pruebas fundamentales. 2009 fue un calvario.

Las primeras pericias

Tuvieron que pasar tres meses sin noticias de Luciano para que se realizara el primer peritaje en el entonces destacamento de Lomas del Mirador, el que su familia señalaba con convicción y conocimiento de causa. Lo ordenó la nueva fiscal, Celia Cejas, luego de que Roxana Castelli fuera removida. Los perros reaccionaron de forma positiva en la dependencia policial, reconociendo rastros de Luciano, y también lo hicieron en el Monte Dorrego, un descampado de la zona. También, observando el recorrido del GPS de los patrulleros, se supo que uno estuvo parado en el predio peritado durante dos horas en aquella madrugada. La medida trascendente, sin embargo, llegó dos años después: el peritaje con luminol. Se trata de un líquido que permite detectar ADN y otros elementos pero, dos años después, ningún material genético coincidía con el de Luciano, que pudo haberse deteriorado o “limpiado”.

Hasta mediados de 2012 y con interrupciones reiteradas de la fiscalía y el juzgado, el Grupo Antropológico Arqueológico Memoria e Identidad (GAMI) trabajó en el Monte Dorrego y se utilizó un aparato llamado georadar, que identifica remociones en la tierra. Efectivamente había habido movimientos en la tierra del descampado y del entonces destacamento. Estas medidas de prueba no significan nada en sí mismas, tampoco aisladas, sino como parte de una investigación que se desarrolla con celeridad, en la que una medida conduce a la otra. Pero para llegar a la siguiente, que fue el cambio de carátula de la causa y su traspaso al fuero federal, hubo que esperar hasta 2013. El tiempo relatado transcurre con rapidez, casi a toda velocidad en estas líneas, es que es una enumeración de acciones tan pequeñas -y mayoritariamente inconducentes- que son difíciles de ubicar con el grado de lentitud con que sucedieron.

Primero, como resultado de la reunión que la familia de Luciano había tenido con el entonces gobernador Daniel Scioli en agosto de 2012, y de forma tardía, el ejecutivo de la Provincia tomó la decisión de desplazar a los ocho efectivos sospechados por la desaparición de Luciano. Néstor Díaz, que se desempeñaba como subcomisario en la seccional 1 de Esteban Echeverría; el subcomisario Ariel Herrera, que prestaba servicios en la 4 de Morón; el subteniente Oscar Fecter, de la 1 de Lomas de Zamora; el subteniente Daniel Alberto Vázquez, de la 2 de Lomas de Zamora; el oficial Martín Monte, de un destacamento de Pompeya y Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, de las comisarías 1, 2 y 3 de Morón. El poder judicial, quedó demostrado, tiene una lógica conductista: se impulsa con estímulos. El estallido mediático del pase a disponibilidad de los policías desembocó en el cambio de carátula de la causa: con ocho sospechados fuera de la fuerza, averiguación de paradero sonaba una frase obsoleta. Desaparición forzada, sin embargo, tampoco fue una calificación muy a tono con los avances posteriores, que fueron casi nulos, pero al menos le pone nombre al delito ocurrido.

Esta misma nota, que salió publicada en La Retaguardia Papel Nº9 en enero de 2019

En este contexto, en abril de 2014 la familia presentó el segundo hábeas corpus -el primero fue el 3 de febrero de 2009 y fue rechazado- y fue desestimado en primera y segunda instancia. Es decir, con una causa que no tuvo ningún avance significativo orientado a ubicar el paradero del joven desaparecido, el poder judicial consideró que había razones para confiar en que la investigación lograría, en algún momento, todo lo que no logró hasta entonces. El juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1, el mismo que ahora tenía la causa de desaparición forzada, rechazó el hábeas corpus “por ser el objetivo de la causa 7.722/3 la averiguación del paradero de Luciano Arruga y los motivos de su desaparición”. El rechazo fue confirmado en segunda instancia, también el 25 de abril, por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y con los mismos argumentos. Ante la apelación de Juan Manuel Combi y Maximiliano Medina, entonces abogados por APDH de La Matanza y el CELS, el pedido llegó a la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py, que le dio curso favorable en un fallo histórico para el delito de desaparición forzada en democracia.

Por un lado, los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, plantearon que el entonces juez de la causa, el mismo que rechazó el pedido en primera instancia, no explicó en su respuesta “de qué manera y a través de qué prueba la investigación penal está siendo fructífera en la averiguación del paradero de Luciano”. Gemignani afirma que “Luciano Arruga (…) fue privado ilegalmente de su libertad física y ambulatoria por parte de autoridad pública” y denuncia: “a casi cinco años y seis meses del inicio de la investigación penal, NADA se supo acerca del paradero del menor, sumado a las serias irregularidades advertidas al comienzo de su tramitación”. Otra vez, se dirige a Juan Pablo Salas: “El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón, debe desplegar toda actividad investigativa conducente al esclarecimiento de los (delitos denunciados), removiendo al efecto todo obstáculo, administrativo o judicial, que impida una acabada y efectiva reconstrucción histórica de los hechos”. Gemignani también mencionó al poder ejecutivo de la Provincia y la Nación, expresó la adhesión a dar curso al hábeas corpus por Luciano Arruga, revocar los fallos previos que lo desestimaron y “ORDENAR al Juez del Juzgado Federal (…) Nro. 1 de Morón intimar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y sus representantes administrativos, al Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Casal, y al gobernador (…) Daniel Osvaldo Scioli, así como al Ministro de Justicia de la Nación, doctor Julio César Alak –conforme las previsiones del art. 11 de la ley 23.098-”. La ley 23.098 es la que detalla las características del hábeas corpus como garantía constitucional, y el artículo que evocó Gemignani –el Nro. 11- expresa la responsabilidad de las autoridades jurídicas para responder a un hábeas corpus ante una detención ilegal o desaparición forzada.

En síntesis, un fallo tardío y al que no debió haberse llegado impulsó las medidas que luego desembocaron en el hallazgo del cuerpo de Luciano. El 17 de octubre de 2014, luego de que Juan Pablo Salas ordenara revisar los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009, las huellas de un joven no identificado que había sido atropellado por un auto en la General Paz en esa madrugada coincidieron con las de Luciano. Este cotejo ya se había hecho, pero con fotocopias, así que no había habido coincidencia. El hallazgo destapó una olla de irregularidades obscenas: la autopsia lo describía como una persona de entre 25 y 35 años, cuando tenía 16, como alguien de tez blanca, cuando era muy morocho, y de mentón normal, cuando la dimensión de su mandíbula es lo que sobresale indefectiblemente en la imagen de su cara. Luciano fue atropellado por un auto, según testigos, mientras corría desesperado, como escapando de algo, por la vía rápida de la General Paz, a donde se llega trepando un terraplén empinado, mientras el paso peatonal está a la altura del suelo. También, según testigos, en la colectora del lado provincia había un patrullero de la Bonaerense con las luces bajas al que le hicieron señas luego del incidente, pero siguió su marcha. Luciano fue operado de urgencia en el Hospital Santojanni, donde su familia lo buscó en el mismo momento en que estaba allí, pero la respuesta fue que ningún NN coincidía con la descripción ofrecida. Finalmente, murió a las 8 de la mañana del 1 de febrero y tiempo después fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, donde permaneció cinco años y ocho meses. La familia dejó en claro siempre un planteo: no hay animosidad alguna contra el joven que lo embistió con su auto, que no lo vio hasta tenerlo muy cerca y que no esperaba ver a una persona corriendo en una zona vedada al acceso peatonal, que además cooperó siempre que tuvo la posibilidad y se puso a disposición de la investigación, antes y ahora, que permaneció dos días en una celda y fue liberado luego de que un Policía le dijera “quedás en libertad, mataste a un NN”.

Muchos pibes, pocos policías

Desde aquel momento hasta hoy, en la causa que tramita en el juzgado federal N° 1 de Morón, primero a cargo de Juan Pablo Salas como subrogante y actualmente a cargo de Martín Alejandro Ramos, declararon repetidamente los jóvenes del Barrio 12 de Octubre, amigos de Luciano, pero no los ocho efectivos señalados por la familia, ni todos los demás en funciones esa noche en comisarías cercanas, probablemente involucrados.

En paralelo, y también sometidos a las burocracias del Estado, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga consiguieron algo sin precedentes: la recuperación del destacamento policial donde se sospecha que Luciano estuvo antes de morir atropellado en la General Paz, y su puesta en marcha como un Espacio de Memoria. El primer sitio de torturas recuperado por hechos sucedidos en democracia. Allí funcionan talleres para niños/as y adolescentes, una biblioteca especializada en derechos humanos, una huerta, e infinidad de actividades culturales, sociales y de promoción de derechos. Para lograrlo tuvieron que hacer una vigilia pacífica con permanencia en el lugar, que estaba cerrado y con una medida de no innovar por no haberse realizado en él todos los peritajes correspondientes. Luego de permanecer allí más de 60 días a fines de 2013, consiguieron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizara el rastrillaje que terminó de descartar que allí hubiera más evidencia para recoger y que arrojó resultados negativos en cuanto al paradero de Luciano en ese lugar, previo al hallazgo del cuerpo en Chacarita. Una vez terminado el trabajo del EAAF, la familia pudo acceder al exdestacamento y fundar un sitio de memoria, militancia y encuentro, actualmente una referencia sin igual en La Matanza y el país.

Algo de justicia 

En mayo de 2015, el policía bonaerense Julio Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión por torturas contra Luciano Arruga. Vale aclarar que esta causa no está vinculada jurídicamente a la que investiga su desaparición forzada, aunque sí se ven lazos claros con la historia central. El 22 de de septiembre de 2008, Luciano fue detenido ilegalmente acusado por el supuesto robo de de un reproductor de mp3. Estuvo en el destacamento durante todo el día. El juicio reveló que Torales torturó a Luciano en aquella jornada. Además, dio cuenta de la persecución que el joven venía sufriendo y que tuvo su episodio final apenas cuatro meses después. Si bien la familia no denunció aquella detención ilegal ni las torturas, su hermana Vanesa Orieta lo acompañó esa misma noche a un hospital de San Justo donde se constataron las heridas que Luciano tenía producto de los golpes. Esa prueba, más el relato del sufrimiento de todo el día tanto de Vanesa como de Mónica Alegre, su mamá, fueron esenciales para la condena. Pero el dato más importante fue la voz del propio joven. Luciano les relató a ambas lo que sufrió en su detención ilegal. Ese relato, en la voz de sus mujeres más queridas, terminó condenando a Torales.

Amenazas

La circunstancia de la denuncia misma por la desaparición de Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador fue una amenaza. Vanesa Orieta se presentó en el lugar con una amiga, y ambas se sentaron en una oficina. Quien dialogó con ellas, lo hizo luego de poner su arma reglamentaria sobre la mesa. De allí se desprendieron una cadena de atentados a la seguridad de la familia y de quienes se organizaron con ella. Autos de civil y personas extrañas siguiendo todos sus pasos se hicieron costumbre. El primer episodio con algo de repercusión fue contra dos militantes que acompañaban la causa: mientras una recibía un llamado en el que se reproducía un audio de Vanesa, el otro atendía otro y sonaba, del otro lado, la marcha fúnebre.

Sin embargo, el primer sacudón llegaría meses después. El episodio a partir del que la familia identificó que no se trataba de ‘sustitos’ sino de vidas en riesgo, de enfrentarse a un monstruo y que ese monstruo fuera el Estado: una amiga de Vanesa fue secuestrada y llevada a una comisaría en la jurisdicción contigua a Lomas del Mirador. Fue golpeada y abusada. Años después, ella y su hermano fueron visitados por policías del destacamento de Lomas del Mirador, que les recomendaron que se fueran por un tiempo porque los iban a matar.

También fue atacado Mario, uno de los hermanos de Luciano, por dos policías, uno de civil, que lo increparon desde un auto de civil y sin patente. Se bajaron, lo arrinconaron contra una pared y le pegaron en la calle. Otra vez, alguien metió una madera en brasa por la ventana de la casa en la que Mónica (mamá de Luciano) vivía con Mario y Mauro, su hijo menor. La acomodó cuidadosamente en medio de una pila de frazadas. Los despertó el humo. Los quisieron matar.

A mediados de 2015, incendiaron el auto de Vanesa en la puerta de su casa. Fue un mes después de que la justicia condenara a diez años de prisión a Julio Diego Torales por las torturas cometidas contra Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición definitiva. Estas son algunas de las más graves amenazas que recibió el grupo de Familiares y Amigos de Luciano, pero son incontables las veces que el Estado les mostró su impunidad y sus herramientas para garantizarla.

La historia al cine

Si el caso de Luciano se convirtió en emblemático para dar cuenta de la problemática que sufren los pibes de los barrios populares de parte de las fuerzas del Estado, es lógico pensar que el cine aborde el caso. Algunas obras lo tomaron parcialmente (por ejemplo Nunca Digas Nunca, de producción colectiva, o Antón Pirulero, de Patricio Escobar) pero, en este caso, la cineasta Ana Fraile, junto a Lucas Scavino, da los toques finales a la película ¿Quién mató a mi hermano?, que si bien aborda la problemática general lo hace siempre con el foco en la historia de Luciano Nahuel Arruga. Fraile, realizadora de Un Fueguito -documental sobre su tío abuelo, el científico César Milstein- se vinculó con la familia de Luciano en 2014, a través del periodista Adrián Pérez. A partir de allí, comenzaron a registrar el recorrido de la búsqueda de verdad y justicia. La película promete imágenes del juicio al policía Torales nunca publicadas antes, y datos reveladores para la causa judicial. Se estima que podría estrenarse en los cines antes de mitad de año. Fraile vive ahora en Alemania, y a partir de estar dando los toques finales a la película sobre Luciano, pudo vincularse con familias de regiones tan distantes como diferentes: Pakistán, Colombia o Cachemira. En ellas halló historias gemelas de gente que, al menos por ahora, no se conocen entre sí.

Monte: asesinan a 4 adolescentes en una persecución policial

4 adolescentes fallecieron y una está gravemente herida tras chocar contra un camión producto de una persecución que realizó la policía bonaerense el pasado lunes 20 de mayo en San Miguel del Monte. A partir de las declaraciones de familiares y vecinos, se supo que los 5 jóvenes que circulaban en el auto fueron víctimas de la policía que los persiguió y les disparó. En las últimas horas desafectaron a los policías intervinientes en el hecho. La familia exige justicia. (Por Colectivo de Medios Populares*) 

El lunes 20 de mayo a la 1 de la madrugada un auto ocupado por 5 amigos, Gonzalo (14 años), Camila (13 años), Danilo (13 años), Aníbal (24 años) y Rocío (13 años) circulaba por la Ciudad de San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires. El conductor del auto de 24 años junto con sus conocidos entre 13 y 14 años andaba por las cercanías de la Colectora y Ruta 3, cuando un patrullero de la Policía Bonaerense abrió fuego contra sus ocupantes desatando un escenario acusatorio en donde luego se desarrolló una persecución. En una maniobra desesperada, el auto colisionó contra un camión que se encontraba estacionado y generó el fallecimiento de 4 de ellos y la internación de una joven que se encuentra en estado muy crítico.

Las versiones de vecinos y familiares distan mucho de la de los oficiales. Según la policía, tras un llamado al 911, los oficiales fueron en búsqueda de este auto ya que estaría vinculado con un supuesto acto delictivo. En las cámaras de seguridad del municipio se observa claramente como uno de los oficiales, más específicamente el acompañante del conductor, saca su cuerpo por la ventanilla y dispara contra el auto. Aunque hay pruebas fílmicas, el jefe de la policía lo desmintió y expresó que estaba con medio torso fuera por la ventanilla para alumbrar con una linterna la patente del vehículo. Una declaración que no cobra sentido en una avenida que se encuentra correctamente iluminada. Además, hay vecinos y vecinas que aseguraron haber escuchado disparos y ya se aportaron como prueba cuatro casquillos de proyectiles calibre nueve milímetros como los que usa la policía, que serán cotejados con las armas de los efectivos. 

Muchos testigos que escucharon disparos denuncian hostigamiento y amenazas para que no declaren sobre lo ocurrido, al mismo tiempo que los familiares denuncian la no recolección de pruebas y la eliminación de muchas de estas. Por este hecho en particular, la Fiscalía N° 1 de Cañuelas a cargo de la investigación solicitó la intervención de Gendarmería y el desplazamiento de la fuerza policial en este caso. Asimismo fuentes confirman que la fiscalía ya tiene pruebas contundentes para llevar el caso adelante como corresponde. El discurso de la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, no tuvo una versión del hecho que se diferencie mucho de la versión policial aunque aclaró que facilitará todo tipo de pruebas para ayudar a la investigación.

En las últimas horas se conoció que los agentes involucrados en la muerte de los jóvenes fueron desafectados de la fuerza. Se trata del subcomisario Julio Franco Micucci, a cargo de la seccional, el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape.

Ayer familiares, vecinos y amigos realizaron una movilización en San Miguel del Monte para exigir justicia y denunciar la responsabilidad policial que causó las muertes de los cuatro pibes, Gonzalo (14 años), Camila (13 años), Danilo (13 años), Aníbal (24 años), mientras que Rocío lucha por su vida.

*FM Riachuelo / FM La Caterva / La Retaguardia / Agencia Paco Urondo / Sur Capitalino / Radio Gráfica / Radio Presente

Scilingo: la impunidad de un genocida. Reclamo para que Soto del Real declare persona "non grata" al represor argentino.

Patética actuación de Scilingo durante el juicio

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Scilingo, quien fuera condenado por genocidio, ha sido protagonista de una entrevista el 21de octubre en el medio “El Salto”, (https://www.elsaltodiario.com/argentina/exclusiva-habla-el-exrepresor-scilingo-estar-preso-es-muy-llevadero), generando gran indignación en las asociaciones de derechos humanos y en las víctimas y familiares.

Haciendo gala de su catadura moral y desprecio a las víctimas, no sólo niega cualquier participación en los crímenes de la dictadura, sino que incluso se permite rechazar la existencia misma de los vuelos de la muerte en los que él participó y por los que fue condenado.

La entrevista termina significativamente con su deseo de vivir en el pueblo del Soto del Real, que él mismo considera un “semi-paraíso”

El pasado 26 de mayo de 2018 se celebró en el municipio de Soto del Real (Comunidad de Madrid) un acto convocado por Podemos, EQUO, y vecinas/os indignados por la presencia de un genocida argentino Adolfo Scilingo, condenado por la Audiencia Nacional en abril de 2005, en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional el marino fue juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión, y en Julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español  elevó la condena a 1.084 años.

Las organizaciones políticas y de derechos humanos plantearon que al igual que en varias ciudades y ámbitos diversos como otros genocidas, Scilingo sea declarada persona non grata en la localidad de Soto del Real.  “Así como repudiamos la libertad y las consideraciones de las que goza un torturador del franquismo, Billy el Niño, porque los delitos cometidos por ambos criminal nos compele a toda las sociedades, ya que han sido demasiadas las aberraciones soportadas por gobiernos con prácticas genocidas, que han implantado una herida persistente en toda la humanidad. Un dato que para algunas personas puede tener un grado de importancia, es que Scilingo no ha pedido perdón nunca“. Nos parece incomprensible que un genocida emponzoñe las calles de Soto del Real, donde nos  consta que hay vecinxs que condenan a conciencia la impunidad de los criminales genocidas, sean estos de Argentina, Chile, el Estado español….”  

Tras la realización del acto, Scilingo remitió una carta a Podemos Soto del Real en la que exigía una rectificación de las acusaciones vertidas en su contra (¿?) y proclamaba su inocencia de todos los delitos por los que cumple condena en la cárcel.

Sin embargo, los datos aportados como incluso sus propias declaraciones tanto en la televisión argentina como en la española, como lo hiciera en el Juzgado nro.5 de la Audiencia Nacional, Scilingo participó en el desarrollo y ejecución de un "plan criminal de eliminación sistemática de personas", el genocidio implementado en Argentina, dejando un saldo irreparable de 30.000 detenidos desaparecidos, y, 400 menores robados o nacidos en cautiverio aún por recuperar.

Se acompañó la cronología del recorrido jurídico desarrollado en reclamo de justicia por los crímenes cometidos por los genocidas en Argentina:

1)    Marzo, 1996. Presentación de denuncia contra la dictadura argentina, por parte del fiscal Carlos Castresana en representación de la Unión Progresista de Fiscales, La denuncia, presentada en la Audiencia. Nacional, con sede en Madrid, ha sido admitida a trámite por el magistrado Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5. La acción de la UPF ha sido impulsada por el interés de que no queden impunes las acciones de las juntas militares que ocuparon por la fuerza el Gobierno de Argentina desde hasta 1983 y la falta de explicaciones sobre las 30.000 personas desaparecidas, la interposición de la denuncia paraliza la prescripción de los delitos, en tanto y cuanto las leyes de obediencia debida y punto final imposibilitaban medidas contra los ejecutores y responsables del genocidio.

2)    Octubre de 1997. Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. Scilingo se presentó ante el juez Garzón, como un militar arrepentido, pero quedó detenido por orden del Juez Garzón, después que admitiese en su declaración que él mismo había participado en los denominados vuelos de la muerte, en lxs que ciudadanxs eran lanzados vivos desde aviones al mar. Scilingo admitió haber arrojado sedados con un medicamento llamado Pentonaval, similar al Pentotal, pero vivos al mar desde aviones en vuelo,  a un total de 30 personas.

3)  Noviembre de 1999 - Garzón procesa a Scilingo por el delito de genocidio junto a más de 120 militares y civiles argentinos entre los que figuran los máximos jerarcas militares de la dictadura. Scilingo vuelve a declarar ante ese magistrado y se retracta de sus confesiones anteriores.

4) Diciembre de 2000 - Garzón pide el arresto y extradición de 48 militares argentinos involucrados en la represión.

5) Julio de 2001 - El juez Garzón decreta prisión incondicional para Adolfo Francisco Scilingo en la cárcel de Alcalá-Meco, 30 km al este de Madrid, para evitar el riesgo de fuga.

6) Octubre 2001.- El magistrado español cierra la investigación sobre Scilingo, y las actuaciones pasan a la Sala Penal correspondiente

7) Mayo de 2002 - Scilingo recusa a siete jueces de la Audiencia Nacional que participaron en la decisión de octubre de 1998, que avala la jurisdicción universal de la justicia española para juzgar crímenes cometidos fuera de España.

8) Julio 2002 - una sala judicial especial española rechaza la recusación interpuesta por Scilingo. En reiteradas ocasiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en que la justicia española no tiene jurisdicción para investigar crímenes cometidos por ciudadanos extranjeros fuera de España.

9)  Junio de 2003 - La Audiencia Nacional decreta la apertura de juicio oral y público contra el ex marino por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura durante la dictadura.

10) Agosto - la Sala I de la cámara del Crimen de Argentina reconoce la competencia de Garzón para enjuiciar a Scilingo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pues en Argentina no hay causas abiertas contra el ex militar.

11)  En abril de 2005, en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional el marino fue juzgado por delitos de lesa humanidad  cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión.

12)  Julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español  elevó la condena a 1.084 años.

13)  Septiembre - El Tribunal Supremo español desestima y archiva una denuncia presentada por Scilingo contra el Estado español por supuesta violación de tratados internacionales.

El Tribunal Supremo destaca que Scilingo tenía pleno conocimiento de lo que ocurría en la ESMA y explica cómo el propio Scilingo había participado en la reunión con 900 oficiales de la Armada, en el cine de Puerto Belgrano, donde el almirante Luis María Mendía expuso el plan para acabar con los subversivos. El almirante destacó que el objetivo era combatir todo lo que fuera "contrario a la ideología occidental y cristiana", y para ello se contaba con el beneplácito de la jerarquía católica castrense. Las líneas generales del plan vienen recogidas en la sentencia: "Se actuaría con ropa de civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física mediante vuelos sin destino, si bien la muerte así producida sería cristiana puesto que la gente sería previamente narcotizada". Scilingo respaldó punto por punto ese plan.

A pesar de su milenaria condena, el límite máximo de cumplimiento en prisión para Scilingo  se fijó en 25 años por lo que no termina de cumplir su pena hasta el 20 de abril de 2026

Como se desprende del listado de actuaciones judiciales, con la participación de gran variedad y cantidad de actores implicados, jueces, abogados, fiscales, sobrevivientes, documentación escrita y fílmica, testimonios ampliatorios… no se sostiene la declaración de inocencia a la que Scilingo recurre con la pretensión de cuestionar y desconocer la competencia de la justicia española, determinada esta por la aplicación de la justicia universal, y otros argumentos a los acude de forma recurrente y esperpéntica.

Los hechos, el procedimiento ajustado a derecho, han demostrado que Scilingo participó en crímenes aberrantes parte del plan genocida instaurado en Argentina de 1976 a 1983. Ninguna de las personas que Scilingo eliminó, tuvieron ni una sola garantía judicial de la que sí gozó ampliamente el ex militar.

Asimismo consta en los informes públicos realizados por psicólogos en Alcalá-Meco que consideran que el exmilitar argentino sufre una tendencia psicopática. El psicólogo penitenciario refleja que Scilingo muestra frialdad hacia los hechos por los que fue condenado y subraya su ausencia de empatía con las víctimas y el hecho de que no se muestre arrepentido. Además, concluye que el riesgo de que vuelva a reincidir es medio-alto, a pesar de que sea más que improbable que se repitan las circunstancias en las que el preso cometió sus crímenes.

La mencionada petición de declaración de persona non-grata fue respaldada por una serie de organizaciones y personas a título individual, tanto del Estado español como de Argentina, y que esperan una respuesta del Ayuntamiento de Soto del Real.

Firman :

Organizaciones :  Casapueblos (Madrid) - Sindicato Solidaridad Obrera -Asociación Nuestra Memoria (Sevilla)- Corriente Revolucionaria de Trabajadores

Personas

1.    Carlos Gregorio Lordkipanidse. Sobreviviente de la ESMA. DNI 10400491

2.    Carlos Óscar Loza. Sobreviviente de la ESMA. DNI 10754303.

3.    Blanca Firpo. Sobreviviente de la ESMA. DNI 6.553253

4.    Carlos Zaidman Ex detenido desaparecido Circuito Camps. DNI 10.075.984

5.    Andrea Benites Dumont.  Sobreviviente SSF; .DNI 05415445A

6.    Adriana Fernández. Querellante en la causa por los crímenes del franquismo

7.    Alejandro Clara

8.    Alejandro Gil. Escritor. Tucumán (Argentina)

9.    Carolina Meloni González. Profesora universitaria (Madrid)

10. Diana Silvia Gallardo. DNI: 11. 265.613

11. Lidia Beatriz Frank. DNI 11370526

12. Luis Zamora. Autodeterminación y Libertad

13. Pepe Mejías. Periodista y militante de Anticapitalistas

14. Raúl Pascual Prieto. Casapueblos. DNI: 50444866R

15. Clara Redal Montané

16. Fernando Rocha Sánchez. DNI: 42915296X.Casapueblos

17. Familia Abriata (Argentina).

18. Pablo Arturo Odriozola. DNI 24128587

19. Silvia Traverso

20. Oscar Alberto Repossi

21. Pablo Stofblat. DNI 21478331

22. Pablo Adrián Sainz Rodríguez   DNI: 50354583Q

23. Michelle Andrée Aslanides. DNI 20231125

24. Aurora Tumanischwili, DNI: 10120870, FeTERA FLORES en CTAA

25. Guillermo López, DNI: 464259. FeTERA FLORES en CTAA

26. Maria José Moleon Martínez

27. José Valentín Ramírez Castanedo (Getafe-Madrid). DNI 51846838P

28. Silvia Basteiro Tejedor 

29.    José Manuel Martín Medem – DNI : 51054227T

30. Carlos Castresana Fernández – Jurista - Fiscal

31. Aixa García Avellaneda – Comunicadora Social

32.  Martine Horowitz Silber – Periodista

33. Liliana Martin –DNI: 10400725

34. María Adela Antokpletz – DNI 6481240

35.  Soledad Mariana Benites – DNI : 23176346

36.  Pasqualina Marrosu – Ppte.I : YB2832869

37. Alesio Raimondi -  Ppte.: YB0348247

CONTINÚAN LAS FIRMAS .....