El ex comisario Franchiotti trasladado a un penal de régimen abierto,
mientras la causa que investiga a los responsables políticos fue
archivada.
Desde
el pasado jueves 14 de junio, el ex comisario Alfredo Franchiotti goza
de un régimen carcelario abierto y de reinserción social, destinado a
presos que estén cumpliendo la última etapa de su condena y que hayan
demostrado buena conducta. Franchiotti, condenado a cadena perpetua, es
el ejecutor de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki
en la Masacre del Puente Pueyrredón, ejecutada el 26 de junio de 2002,
cuando el gobierno de Eduardo Duhalde organizó una represión fulminante
contra el movimiento piquetero que reclamaba por sus derechos. El ex
comisario fue premiado, a una semana del décimo aniversario de la
represión que costó dos vidas y provocó centares de heridos, con el
traslado a la Unidad Penal Nº 11 de Baradero, una cárcel de régimen
abierto, última etapa que gozan ciertos reclusos antes de regresar a la
libertad. El beneficio fue otorgado por el Tribunal Nº 7 de Lomas de
Zamora. A la vez, el juez Ariel Lijo archivó la causa que investiga las
responsabilidades políticas de los funcionarios del gobierno de aquella
época. Dos señales que, conocidas en vísperas del aniversario de la
masacre, provocan dudas y malestar entre los familiares y compañeros de
las víctimas.
“Nosotros
habíamos pedido que se rindiera cuentas debido a las salidas que había
tenido el juez Franchiotti durante su reclusión en el penal de Olmos
–cuenta Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano y querellante en las
causas que investigan los asesinatos–. Franchiotti había salido de la
cárcel para ser llevado a un asado en la casa del juez Rolando Lima,
preso por irregularidades en su gestión. Los carceleros decidieron que
Franchiotti acompañe a Lima en su salida, que sí había sido autorizada
por la justicia. Lo justificaron diciendo que el ex comisario estaba
deprimido”. Por esa salida inautorizada, el personal de vigilancia que
decidió el premio para Franchiotti fue deslindado de sus tareas y se
inició una causa para investigar el incidente. “El pedido de informes
que hicimos no fructificaba –continúa Kosteki–, pero la semana pasada me
informaron que Franchiotti iba a ser trasladado a Baradero esta semana,
que tiene un régimen abierto. Sin embargo, aceleraron esas fechas y fue
trasladado el jueves por la noche para que nadie se enterara de ese
premio”.
“Su
traslado fue realizado entre gallos y medianoche y en el mayor sigilo
porque saben que es una medida que apunta a su libertad –señala Claudia
Ferrero, abogada de la familia Kosteki–. Es un régimen abierto: es la
última etapa antes de que un preso recupere su libertad. Se les da
permisos de doce horas de tal modo que sólo deben pernoctar en el penal.
El objetivo es reintegrar a los reclusos a la sociedad. Pero no se
puede hacer eso con Franchiotti, condenado a cadena perpetua y cuando no
ha pasado diez años de reclusión, a la vez que los atravesó con muchas
irregularidades. Es otorgarle una libertad anticipada al asesino del
Puente Pueyrredón”.
“La
medida abre la puerta a la impunidad a pocos días del 26 de junio,
cuando se cumplen diez años de los asesinatos de nuestros compañeros: se
trata de una provocación –reflexiona Federico Orchani, vocero del
Frente Popular Darío Santillán–. Es llamativo, además, que suceda al
mismo tiempo que Darío Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba, fuera
encontrado en libertad cuando debía estar cumpliendo su condena. Todo
esto se da en un contexto en el que la represión se ejerce, como sucedió
con las protestas antimegaminería, y cuando existe un recrudecimiento
de la judicialización de la protesta. Ese es el marco, además, del
cajoneo y el archivo de la causa contra los funcionarios responsables de
la masacre del Puente Pueyrredón. Nuestro movimiento se pronuncia
enérgicamente contra el beneficio otorgado a Franchiotti, que abre las
puertas a la impunidad”.
Desde
Jujuy, provincia adonde viajó para preparar los actos a diez años de la
masacre del Puente Pueyrredón, Alberto Santillán declaró desconocer la
medida que beneficiaba a Franchiotti. “Me entero por vos –dijo a este
cronista–, te imaginás la indignación que siento”.
“El
caso de Franchiotti y Acosta es emblemático –afirma Néstor Pitrola,
dirigente del Partido Obrero y líder piquetero en los tiempos de la
masacre–. Su caso fue cerrado desde el punto de vista de la cadena de
mandos: sólo ellos dos, los que aparecían en las fotos irrefutables de
Clarín, fueron encarcelados. Y punto. Encima, han tenido un tratamiento
especial dentro de la cárcel. El kirchnerismo jugó un papel de rescate
de la policía bonaerense y de los responsables políticos de la masacre.
Si, tal como exigimos, hubieran abierto los archivos de la SIDE, los
responsables políticos de esa represión estarían todos presos, pero el
kirchnerismo se negó. La única iniciativa fue conformar una Comisión
Mixta a la que se invitó a familiares y organizaciones piqueteras.
Nosotros, el Polo Obrero, nos negamos desde un principio. Y al poco
tiempo la comisión estalló, se fueron los familiares y los movimientos.
Pero no todos. Tal como hace con la CTA, la CGT, la FUBA, el
kirchnerismo usa el método de la cooptación y la división. En la
Comisión Mixta buscó cooptar. Y algo logró. Hoy Juan Cruz Daffunchio,
que era dirigente de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, es concejal
del kirchnerismo en Florencio Varela. La medida que traslada a
Franchiotti va en el sentido de frenar ahí la investigación y abrir las
puertas a la libertad del represor, además de sostener la impunidad de
la primera línea de mando”.
“En
la cárcel Franchiotti recibía visitas de policías para ser formados en
inteligencia y ser instruidos sobre cómo actuar en movilizaciones y
piquetes –explica Vanina Kosteki–. Esa persona no puede acogerse a un
régimen abierto y a la posibilidad de ser liberado. Por otro, nos llegó
la notificación de que el juez Lijo archivó la causa que investiga a los
funcionarios. El supuesto gobierno de los derechos humanos avanza hacia
que los que luchamos no tengamos justicia. Seguimos levantando los
mismos reclamos que hace diez años. No sólo tienen que estar en un
régimen carcelario cerrado Franchiotti y Acosta, sino que los tienen que
acompañar los ideólogos de la masacre: Eduardo Duhalde, Felipe Solá,
Aníbal Fernández, Alfredo Atanasoff, Juan José Álvarez, Carlos Ruckauf,
Luis Genoud y Jorge Matzkin, entre otros”.
El
martes 26 se cumple una década de los asesinatos ocurridos en el Puente
Pueyrredón. La decisión del juez Lijo de archivar la causa que
investiga a los responsables políticos y el traslado de Franchiotti a
Baradero (un premio) plantean coordinadas que deberán ser analizadas por
las organizaciones políticas y los familiares de las víctimas, quienes
siguen exigiendo justicia.
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