Marita Verón : LA IMPUNIDAD SÓLO GENERA MÁS IMPUNIDAD

Ante el fallo del día de ayer en la causa por la desaparición de Marita Verón:

Expresamos nuestro más profundo repudio a los jueces Alberto Piedrabuena, Emilia Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano y al fallo que absolvió a los 13 imputados en la causa:

* Humberto Juan Doroberti: Empleado en el prostíbulo "Desafío" y acusado como el presunto reclutador de Marita Verón. La Fiscalía pidió una condena de 12 años y 6 meses, mientras que la querella solicitó 24 años de reclusión.

* Daniela Natalia Milhein: Acusada de haber retenido por la fuerza en dos viviendas diferentes a Marita. La fiscalía y la querella pedían 25 años de prisión como partícipe necesario en la retención de persona y el sometimiento a la prostitución.

* María Jesús Rivero: Acusada como presunta autora intelectual del secuestro. Fiscalía y querella solicitaron 25 años de prisión.

* Víctor Ángel Rivero: Presunto autor material del secuestro de Verón. Fiscalía y querella pidieron 25 años de reclusión.

* Andrés Alejandro González: Acusado como presunto partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución. La fiscalía pidió 25 años de prisión, en tanto que la querella solicitó 24.

* Domingo Pascual Andrada: Ex policía de La Rioja. Acusado por partícipe secundario como quien trasladó a Verón. La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, la querella, 23 años y 7 meses.

* José Fernando Gómez: Hijo de Medina. Acusado como partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución, por ser quien habría pagado por Verón para obligarla a prostituirse. Se pidieron 25 años de condena en su contra.

* Lidia Irma Medina: Acusada como partícipe necesaria en la retención y sometimiento a la prostitución y dueña de las whiskerías, aunque ella argumentó que sólo las alquilaba. Fiscalía y la querella pidieron para ella 25 años.

* María Azucena Márquez: Conocida como "Doña Claudia", está acusada de ser partícipe secundaria y era sindicada por haber estado a cargo del prostíbulo "El Desafío". La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella 25.

* Mariana Natalia Bustos: Esposa de José Fernando Gómez, había sido acusada como partícipe secundaria. La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella solicitó 23 años y 6 meses.
* Gonzalo José Gómez: Hijo de Medina, acusado como partícipe necesario por regentear el prostíbulo "El Desafío". Fiscalía y querella pidieron 25 años de reclusión.

* Carlos Alberto Luna: Acusado como partícipe secundario, sindicado como el dueño de los prostíbulos "Desafío", "Candy" y "Candilejas". La fiscalía pidió 12 años y 6 meses, mientras que la querella solicitó 25.
* Cintia Paola Gaitán: Esposa de Luna y acusada como partícipe secundaria. La fiscalía apuntó a una pena de 12 años y 6 meses de prisión, en tanto que la querella pidió 23 años y 6 meses.

DESAPARICIONES

Cuando desapareció nuestro compañero Jorge Julio López, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires (Felipe Solá) y su ministro de seguridad (León Arslanián), reconocieron que más de 3000 integrantes de la policía bonaerense cumplían funciones desde el año 1976 y se habían desempeñado en dependencias que fueron campos de concentración durante la dictadura.

Esos mismos represores son los que le enseñan a los nuevos a usar el gatillo fácil, a torturar en las comisarías, o a ser partícipes de toda la inseguridad: robos, trata de personas, y demás ilícitos. También enseñan y continúan prácticas de desaparición de personas. Aparición con vida de Luciano Arruga!

 El ESTADO es responsable por no garantizar los derechos humanos de las mujeres desaparecidas en la trata, ya sea porque uno de sus agentes haya participado de los delitos, ya sea porque no se establecen las medidas correspondientes para garantizar que no sucedan.

DESAPARICIÓN FORZADA: privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.

 SOLIDARIDAD

Expresamos toda nuestra solidaridad con Susana Trimarco, mamá de Marita y luchadora inclaudicable por los derechos humanos, y con Micaela, su hija, que tuvo que crecer sin ella y aprendiendo desde pequeña lo injusto y perverso de este sistema que no garantizó los derechos de su madre.

 EXIGIMOS

Exigimos al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Tucumán:
APARICIÓN CON VIDA DE MARITA VERÓN
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN
JUICIO POLÍTICO A LOS JUECES CÓMPLICES DE LA TRATA: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina, Eduardo Romero Lascano
BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES – NO A LA TRATA

 Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos

12 de diciembre de 2012
COMPAÑERA ADRIANA CALVO PRESENTE!!

En el día de los DD.HH., las deudas de la democracia

Por Anahí Di Santo. Familiares de Ferreyra, Santillán, Fuentealba y Arruga realizaron una conferencia de prensa para presentar una carta abierta que recuerda que a 29 años de la restitución democrática, aún quedan materias pendientes.

    “A casi treinta años del fin de la Dictadura, la represión por causas políticas, el gatillo fácil, y la corrupción dentro de los aparatos represivos, siguen siendo moneda corriente y en muchos casos continúan llevándose la vida de compañeros y compañeras”, señala el documento que expusieron ayer por la mañana en la Legislatura porteña Pablo Ferreyra -hermano de Mariano-, Leonardo Santillán -hermano de Darío-, Roberto Rodríguez -cuñado de Carlos Fuentealba- y Vanesa Orieta -hermana de Luciano Arruga-, junto a otros familiares de víctimas de violencia institucional y represión policial, y organismos y representantes de derechos humanos, al reclamar por “la justicia y los derechos humanos de ayer y de hoy”.

    Con la presencia de Elía Espen, Madre de Plaza de Mayo, Enrique “Cacho” Fuckman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, los legisladores porteños Claudia Neira y Pablo Bergel y la adhesión de Osvaldo Bayer y Félix Díaz, entre numerosas personalidades y organizaciones que sumaron su firma a la carta abierta, los familiares denunciaron que en el país hubo más de 3.600 asesinados y 197 desapariciones desde el restablecimiento de la democracia en el año ’83.

    Convocados por la falta de justicia pero unidos por la lucha por el cambio, los discursos de los familiares transmitieron un mensaje que atravesó toda la conferencia que apuntó a resignificar el concepto de “derechos humanos”, llevándolo más allá de los crímenes de la dictadura, para vincularlo con cualquier tipo de represión y persecución política y con la “justicia completa” que condene a responsables materiales y políticos de los crímenes, sin dejar de lado que “el acceso a la vivienda, salud, trabajo y la educación sea realmente efectivo para todos y todas, sin pobreza ni exclusión”.

    En este sentido, Pablo Ferreyra, hermano del militante del Partido Obrero asesinado en 2010, destacó “la estrecha relación de los crímenes de Mariano Ferryera, del pueblo Qom, la causa Ledesma y la represión en el Parque Indoamericano, con problemas impostergables de la actualidad, como son la tercerización laboral, la crisis habitacional y el problema de la tierra”, mientras que puso de relieve la necesidad de profundizar los debates acerca de la apropiación colectiva de la tierra y de poner fin a la persecución que sufren las comunidades y los pequeños productores agropecuarios.

    Ferreyra señaló además “la importancia de impulsar marcos regulatorios que desde el punto de vista institucional condicionen los protocolos de las Fuerzas de Seguridad para evitar abusos y violencia”. En la misma línea, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido en Lomas del Mirador, denunció “el silencio que recae sobre las causas de violencia y represión que golpean a los pibes más pobres, como fue el caso de Luciano, quien al negarse a robar para la policía fue detenido, torturado y luego desaparecido. Y el hecho de que no haya avance alguno en la causa habla de una clara política de discriminación, estigmatización y persecución de la pobreza”.

    Por su parte, Alberto Rodríguez, cuñado del maestro Carlos Fuentealba, se refirió a la complicidad del sistema judicial y los beneficios que gozan los condenados dentro del sistema penitenciario. “La causa por Fuentealba se desdobló como una estrategia para utilizar como chivo expiatorio al asesino material y dejar libre a los responsables políticos”, indicó Rodríguez, y agregó que “la justicia de Neuquén no quiere avanzar en el procesamiento de Sobisch porque dicen que no es pertinente investigar al ex gobernador”. Del mismo modo, en la causa por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón, en junio de 2002, el ex presidente Duhalde “nunca ha sido puesto en el banquillo de los acusados como responsable intelectual”. Rodríguez condenó además “las salidas recreativas completamente ilegales y clandestinas, fuera de los penales donde cumplían condena Poblete y Fanchiotti” (autores materiales de los asesinatos de Fuentealba, y Kosteki y Santillán, respectivamente).

    Los familiares denunciaron además que no hay una sola imputación a las responsabilidades políticas de las más de 38 muertes ocurridas el 19 y 20 de Diciembre del 2001, la violencia y la complicidad institucional y delictiva con las redes de trata y prostitución, como lo evidencia el caso de “Marita” Verón, la ausencia total de líneas de investigación en la desaparición de Jorge Julio López, la represión sufrida por los Qom, del mismo modo que las manifestaciones en contra de la megaminería en distintos puntos del país, el violento desalojo del Parque Indoamericano, y la impunidad del gatillo fácil y la prepotencia policial reflejada en los casos de el “Jere”, el “Mono” y “Patom”, en Rosario, y de Jonathan “Kiki” Lezcano, Ezequiel Blanco, Diego Núñez o Paulina Alejandra Lebbos entre otros.

    Haciendo hincapié en el ejemplo que significa la lucha por la memoria y la justicia protagonizada por las diferentes organizaciones de Derechos Humanos que permitieron recuperar más de 100 nietos y nietas, Leonardo Santillán, hermano del militante social Darío Santillán, consideró fundamental “establecer una continuidad entre la lucha por los derechos humanos llevada a cabo por Madres, Hijos y Abuelas y el rol que tienen los familiares de las víctimas de la represión en los crímenes de la actualidad”.

Un reclamo de justicia por los crímenes en El Indoamericano

El Indoamericano, dos años después

ACTO EN EL CABILDO HOY A LAS 12 HS

A dos años de los asesinatos, los familiares de las víctimas de las tomas de tierra en el Parque Indoamericano reclamaron justicia. Acompañados por organizaciones sociales y políticos de bloques de la oposición porteña, la madre de Bernardo Salgueiro y la esposa de Emilio Cañaviri Alvarez explicaron que por ellos y por Rosemary Churapuña “estamos luchando todas las familias para encontrar a los culpables de las muertes” derivadas de la represión de la primera semana de diciembre de 2010. Hacia el final del encuentro, la diputada Rocío Sánchez Andía (CC-ARI) informó que en la Legislatura existen dos proyectos de ley para nombrar “Mártires del Indoamericano” a la plazoleta contigua al parque y a la estación Escalada del Premetro, “para que este hecho no quede en la impunidad del olvido”.

De la reunión con los familiares de las víctimas participaron, además de Sánchez Andía, los legisladores Julio Raffo, Pablo Bergel y Rafael Gentili (Proyecto Sur), Alejandro Bodart (MST) y Laura García Tuñón y Fabio Basteiro (BApT) y referentes de la CTA Capital, el Frente Popular Darío Santillán, la CCC y otras organizaciones sociales.

“A dos años de la tragedia del Parque Indoamericano no se han implementado políticas para garantizar el derecho a la vivienda de los habitantes de la Ciudad”, señaló Sánchez Andía. Por su parte, el legislador Bodart dijo que en 2010 “los gobiernos nacional y porteño prometieron un plan conjunto de viviendas”, que nunca se llevó adelante.

Sobre “la falta de vivienda a pesar de las promesas de los gobiernos” volvió también la diputada Laura García Tuñón. El déficit habitacional, advirtió, “no se resolvió”, y mientras que “el Estado sigue avasallando a la zona sur, vemos que en las escuelas faltan las vacantes, y muchas veces los pibes tienen que trasladarse a otro barrio. Tenemos que impedir que se aplique el plan maestro de la Comuna 8, para impedir que sigan postergando la zona sur”, dijo, en alución al proyecto macrista para ceder tierras de Villa Lugano y Villa Riachuelo para distintos emprendimientos.

Al pedido se sumó, también, el legislador Raffo, cuyo bloque, explicó, “ha expresado solidaridad con los familiares de los asesinados y con quienes ocuparon su lugar en la lucha; a la vez que exigimos al Gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional que cumplan con su palabra”.

Los incidentes del Parque Indoamericano sucedieron en la semana del 7 de diciembre de 2010, cuando cientos de familias sin techo ocuparon algunas de esas tierras municipales en Villa Soldati. Reclamaban viviendas, pero su presencia allí fue duramente reprimida, tras lo cual dos personas resultaron asesinadas y 44 policías de las fuerzas Federal y Metropolitana, acusados.

Ex empleado de Unión Mercosur, declaró en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

La Unión Ferroviaria y los tercerizados

El testimonio aportó datos sobre el comportamiento de la cúpula sindical en la represión del 20 de octubre de 2010.

 Por Ailín Bullentini

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados”, aseveró Pablo Villalba, ex empleado de la cooperativa Unión Mercosur, militante por su efectivización y la de sus compañeros en la empresa Ugofe y partícipe de la movilización del 20 de octubre de 2010 en la que fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y fueron gravemente heridas otras tres personas. Su testimonio fue el último que aportó, en el marco del juicio por esos hechos, datos sobre la responsabilidad de la cúpula sindical en los crímenes. De aquí al comienzo de los alegatos, planificados para mediados de febrero, terminarán de desmenuzarse las responsabilidades policiales, expondrán los peritos que actuaron en la instrucción y se reconstruirán los hechos en el escenario en el que ocurrieron.

Ante una sala repleta de público como hacía varias audiencias no sucedía –el secretario de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, Roberto Pianelli, y algunos otros metrodelegados ocuparon las primeras filas de la sala AMIA de Comodoro Py–, Villalba recordó que ingresó a trabajar a la cooperativa Unión Mercosur en abril de 2009, que de allí lo echaron en marzo de 2010 junto a otros 150 tercerizados y que en enero de este año se convirtió en uno de los once de ese grupo que logró la efectivización en la línea de ferrocarriles General Belgrano, administrada por Ugofe.

Según contó ante el Tribunal Oral, había ingresado a Unión Mercosur por medio de su hermano, que le había contado que “la Unión Ferroviaria había creado una cooperativa de trabajo para que los familiares de los efectivos pudieran tener un ingreso al ferrocarril”. Comenzó a trabajar en los talleres de Tolosa, en donde compartía tareas con personal efectivo de Ugofe. “Los efectivos hacían mantenimiento igual que nosotros; la diferencia más concreta estaba en el sueldo. Por la misma tarea cobrábamos los tercerizados en muchos casos menos de la mitad del sueldo”, expresó.

El ferroviario apuntó que durante su permanencia como tercerizado participó de algunos reclamos, pero situó su fase más contundente de militancia cuando fue despedido. “Me despidieron por haber reclamado la cobertura de ART. El telegrama que me mandaron decía que me despedían por reestructuración”, especificó. En marzo recibió el telegrama. En abril se sumó al “reclamo por el pase a planta con compañeros de la agrupación Bordó del ferrocarril”, opuesta a la Verde de Pedraza. El objetivo era generalizar la protesta: “Queríamos reflejar el inconveniente que había en el tren: la existencia de 22 empresas que tercerizaban a 1500 trabajadores que hacían la misma tarea que hacían los trabajadores de planta”, puntualizó. Llevaron el reclamo al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Transporte. “No nos dieron respuesta”, aseguró.

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados. Siempre trataron de organizar gente para que, cuando intentábamos hacer un acto de reclamo, llegara una patota agresiva para frenarlo”, reflexionó. El testigo consideró que el gremio actuaba de esa manera porque “tenía que garantizar que la cooperativa siguiera funcionando porque (el ex titular de la UF y uno de los acusados en el juicio) José Pedraza era el dueño y en ella trabajaban muchos de sus familiares”.

El 20 de octubre llegaron a la mañana a la estación Avellaneda, pero vieron mucha policía y “gente en los andenes que no eran pasajeros, sino ferroviarios”, mencionó. Recordó que la patota de la UF los despidió al grito de “zurdos de mierda” y a los piedrazos. “Nos estábamos yendo. Había quedado demostrado que la Unión Ferroviaria estaba pensando en cualquier cosa para defender sus negociados y evitar que nosotros hiciéramos nuestros reclamos” cuando Mariano Ferreyra resultó herido de muerte.

El testigo aportó más ejemplos que permiten graficar el comportamiento de la Unión Ferroviaria hacia quienes se animaban a criticar a la dirigencia. “Cuando me despiden fui a hablar con Pablo Díaz, todos los ferroviarios saben que responde a Pedraza. Como era afiliado al gremio, consideré pertinente ir a hablar con alguien para que interviniera sobre mi despido, que para mí era totalmente injusto. Díaz puso sobre su escritorio el legajo de mi hermano, que como yo había estado enfermo varios días como deslizando suspicacias en cuanto a que a ninguno de los dos nos gustaba trabajar”, recordó. También aseguró que Díaz y Claudio Alcorcel, ambos acusados en el juicio, amenazaron de muerte a un grupo de tercerizados de Unión Mercosur: “Les dijo que les iban a pegar un tiro si no se dejaban de joder con el pase a planta”, remarcó.

Procesamiento a Pedraza por cohecho al intentar pagar para ser excarcelado

“Una maniobra orquestada para la impunidad”

La Sala VI de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento del dirigente por haber pergeñado un intento de soborno para ser liberado mientras lo juzgaban por el asesinato de Mariano Ferreyra.

 Por Irina Hauser

El dirigente ferroviario José Pedraza está más cerca de un nuevo juicio oral por haber pergeñado y movido los hilos en un intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal para que dejaran en libertad a miembros de una patota de su gremio, la Unión Ferroviaria (UF), acusados de haber matado a Mariano Ferreyra, y evitar en su propio caso terminar en prisión por el homicidio. La situación del sindicalista queda así planteada en función de un fallo de la Sala VI de la Cámara del Crimen, que confirmó su procesamiento por cohecho y tráfico de influencias, junto con los de otros cuatro personajes que colaboraron, desde funciones diferentes, “posicionados en lugares estratégicos”, “con sus relaciones y conocimientos preexistentes”, con una “maniobra orquestada” para “lograr impunidad”. Se trata del contador del sindicado Angel Stafforini, el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar.

Pedraza está siendo juzgado en la actualidad por el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) como posible instigador del homicidio de Ferreyra, quien recibió un disparo en el abdomen cuando se desconcentraba una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca de la que participaba como militante del Partido Obrero (PO). Junto con él están en el banquillo su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, ocho matones y siete policías. La trama del intento de coima fue descubierta en los primeros meses de la investigación, en el verano posterior al asesinato del chico, que había sido en octubre de 2010. Fue cuando la jueza Wilma López tenía varios teléfonos intervenidos, entre ellos el del propio Pedraza, y se topó con conversaciones que dejaban a la vista cómo el líder sindical organizaba en contacto con los otros cuatro implicados, una estrategia para darle un golpe la investigación de primera instancia, conseguir la libertad de los integrantes de la patota, que estaba apelada en Casación, y de esa manera evitar que la pesquisa llegara hasta él.
“Reitero, son verdes”

“Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, es la frase –ya célebre– que Riquelme le dejó a Pedraza en su contestador automático el 24 de enero de 2011, cuando estaban en plenas negociaciones. El ex espía, en efecto, intentaba evacuarle una duda: si lo que debían pagar, de acuerdo a lo conversado con el intermediario Aráoz de Lamadrid, eran pesos o dólares. Porque habían hablado de “85 mil”, pero no de la moneda pactada. Aráoz había actuado en el caso Ferreyra como defensor del picaboletos Guillermo Uño, pero al llegar el final del año se corrió de ese papel y, según la imputación en su contra, fue para ofrecer sus contactos en Casación, donde había sido secretario por una década del camarista Eduardo Riggi y donde conservaba a su amigo, también ex secretario de Riggi, Luis Ameghino Escobar, quien manejaba en el tribunal el sorteo de asignación del expedientes entre las cuatro salas que lo componen. El objetivo, surgía de los comentarios elocuentes del Riquelme, era que fuera “elegida” la sala III, por entonces encabezada precisamente por Riggi, a quien mencionaba como “el amigo Eduardo”. Como si quisiera nombrarlos en clave, a Aráoz de Lamadrid lo llamaba “el amigo de la calle Viamonte”, por la ubicación de su estudio jurídico, y a Ameghino Escobar “el señor de las teclas”, lo que describía su función de manejar la computadora para realizar los sorteos informáticos que definen qué jueces tratan un caso.

“Las constancias de la causa, analizadas y articuladas en forma armónica, permiten demostrar, por lo menos a esta altura del trámite, la presencia de los pactos venales acordados para lograr objetivos ilícitos”, dice el fallo de 64 páginas firmado por los camaristas Mario Filozof, Julio Marcelo Lucini y Ricardo Matías Pinto. Al sentar posición, los jueces dicen que abonan la hipótesis que sostuvo en su momento el fiscal Sandro Abraldes y luego también el juez Luis Rodríguez al dictar los procesamientos: “Hubo una maniobra orquestada entre los imputados que, valiéndose de relaciones y conocimientos preexistentes, se posicionaron en lugares estratégicos para lograr la impunidad de Pedraza y de otras personas más”.

Las escuchas telefónicas que sostienen buena parte de la causa muestran que Riquelme, al hablar, revelaba un vínculo de confianza con Pedraza, y lo iba manteniendo al tanto de sus gestiones, que incluían contactos especialmente con dos camaristas de Casación: con Riggi, con quien tuvo llamados telefónicos en la etapa investigada; y con el ex juez Gustavo Mitchell, a quien decía frecuentar y visitar. También aludía a Mariano González Palazzo, que era subrogante, aunque decía que el lazo con él lo manejaba Aráoz de Lamadrid. Riquelme también negociaba con Aráoz y hacía de puente con Stafforini, vicepresidente de la empresa Belgrano Cargas además de contador de la UF. Aráoz hablaba con Ameghino.
Sorteo y soborno

El fallo de la Cámara describe que “el plan ideado” tenía “dos etapas”: “la primera, radicaba en lograr que fuera sorteada la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la que se desempeñaba el Juez Riggi” para que resolviera los planteos de excarcelación de siete miembros del grupo de choque; “la segunda, cuyo éxito dependía en gran medida de la anterior” “consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi y, directa o indirectamente a través de él sobre los restantes integrantes de la Sala III, para obtener un fallo favorable a los intereses”. Este tramo del plan habría quedado trunco (hasta donde se sabe) porque a raíz de los seguimientos telefónicos y en la calle que se hicieron a los sospechosos se logró establecer el momento exacto en que Stafforini le llevaba 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid a su estudio jurídico, que fue allanado instantes después de la visita. El dinero, en billetes, fue hallado en un sobre rotulado “Octavio” e incautado por personal policial.

A lo largo de enero de 2011, Riquelme y Aráoz hablaban todo el tiempo del “día dos de febrero” como la fecha clave en que debían haber concretado el pago del direccionamiento del sorteo de Casación. El 26 de enero, todavía sin novedades, Riquelme se empieza a poner nervioso y le dice a Aráoz de Lamadrid: “El amigo José está terriblemente ansioso, hoy tuve doce llamados de él”, y le cuenta cómo trató de calmarlo a Pedraza: “José, mirá te lo dije ayer... si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poné el champán en la heladera, te lo retomás y te vas a acostar, punto y aparte, no te hagas el chinchorrito donde no existe”.

Ese mismo día “el señor de las teclas” hizo su “tarea”, anunciaría después Riquelme. Salió sorteada “la sala de nuestro amigo”, le diría Aráoz de Lamadrid, en alusión a Riggi, después de haber intercambiado ocho mensajes de texto con Ameghino Escobar sobre “el éxito de la tarea encomendada”. “Fue a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, le transmitiría también Riquelme a Stafforini. La Cámara entre sus conclusiones señala que quienes operan el sistema informático de sorteos pueden hacer alguna maniobra o especulación, como esperar a que estuviera sólo disponible en el bolillero virtual la Sala III.

Aráoz, que estaba en Brasil, adelantó el regreso de sus vacaciones. El 1O de febrero esperaba en su estudio a Stafforini, que fue acompañado por Susana Planas, de Belgrano Cargas. Con el avance de la investigación se estableció que antes de ir allí habían pasado por la caja de seguridad de Stafforini en la sucursal Monserrat del Banco de Galicia, de donde se llevó el dinero en un maletín. Había ido incluso escoltado por Marcelo Daniel Pérez el jefe de seguridad de Belgrano Cargas, para tener protección, algo que Pérez reconoció y relató en detalle cuando fue citado para dar testimonio en tribunales. Los informes de inteligencia dicen que Stafforini entró al edificio de la calle Viamonte con el maletín lleno, y al salir se notaba que estaba vacío. Después del procedimiento, Aráoz lo llamó: “Escuchame, me están allanando por el tema este, corten todos los teléfonos”.
Lo que viene

La Cámara, que confirmó los embargos que llegan a 200 mil pesos, sostiene que está “acreditada” la relación que tuvo Aráoz de Lamadrid con el Juez Riggi que, al igual que Escobar, superó una década de desempeño conjunto (...) tampoco puede soslayarse el conocimiento que tenía Riquelme de ese magistrado y, muestra de esa circunstancia, son las dos conversaciones que tuvieron en el período que interesa a la investigación. Ahí dan cuenta de la confianza y el grado de intimidad que se dispensaban mutuamente. El vínculo entre ambos está comprobado y se puede concluir que la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”. El juez de primera instancia, Rodríguez, (ahora juez federal), despegó a Riggi de sospechas. La Cámara no lo modifica. Habrá que ver qué hace el juez actual del caso, Guillermo Rongo. El Centro de Estudios legales y Sociales, que representa a la mamá de Ferreyra como querellante, pedirá que se profundice la investigación sobre las relaciones de los funcionarios judiciales, dirigentes sindicales y lobbistas. Riggi es el único de los cuestionados por esta causa que sigue en Casación, aunque tiene pedido de juicio político.

Miembro de la patota ferroviaria admitió que persiguieron a los terciarizados

“Para que se vayan lejos y no vuelvan”

En el juicio por el crimen de Ferreyra, ayer declaró el picaboletos Guillermo Uño, uno de los acusados. Reconoció que el objetivo de la patota era perseguir a los tercerizados, dijo desconocer quién disparó y le pidió perdón a la madre del militante asesinado.

 Por Ailín Bullentini

En una confusa declaración indagatoria, Guillermo Uño, uno de los imputados en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, confesó que el grupo de ferroviarios que integró persiguió a los trabajadores tercerizados “para que se vayan lejos y no vuelvan más”. Pero negó saber quién mató al joven militante del Partido Obrero: “Yo estoy seguro de que alguien se equivocó y de que ése la tiene que pagar. Si yo sabría quién disparó, lo diría. Pero no ensucien a todos por haber participado”, se quejó, intentando despegarse. Uño pidió hacer uso de su derecho a hablar en el mediodía de ayer: “Yo estoy en la cárcel por tirar piedras. Seré un tirapiedras, pero no soy un asesino”, remarcó el picaboletos, acusado de ser partícipe necesario en el crimen, sospechado de integrar la cadena de recepción y ocultamiento de las armas utilizadas por la patota que en octubre de 2010 “corrió” al grupo de manifestantes entre los que se encontraba Ferreyra, un grupo de trabajadores tercerizados de la ex línea de trenes Roca que reclamaban, acompañados de militantes de agrupaciones de izquierda, por el pase a planta permanente.

Uño declaró en una jornada que estuvo dedicada al rol de la policía en los hechos ocurridos aquel 20 de octubre en las inmediaciones del Puente Bosch (ver aparte). Por pedido del acusado, el presidente del TOC 21, Horacio Díaz, fue el único que pudo hacer preguntas. El resultado bastó a las querellas, que consideraron que la indagatoria llevó más agua para sus molinos que para el de las defensas, incluida la de Uño.

“Afirmó por primera vez desde el lugar de una defensa que el objetivo de los ferroviarios fue correr a los manifestantes para que no vuelvan nunca más, aquello que señalamos ante la cámara criminal: propinar una lección para que los trabajadores que estaban organizándose por fuera de la burocracia sindical nunca más cuestionaran el poder del esquema ferroviario. Sumó muchos detalles de cómo funciona la estructura jerárquica y vertical sindical”, explicó la abogada de los manifestantes heridos, María del Carmen Verdú. Con el punto coincidió el abogado de la madre de Ferreyra, Maximiliano Medina (CELS): “Fortaleció la hipótesis de que el ataque se produjo para aleccionar a los tercerizados”, ya que “en ningún momento explicó para qué avanzaron, cuál era la intención de ir tras ellos, más allá de para echar a los manifestantes”.

Para romper el hielo, el picaboletos relató cómo acudió al “acto de presencia” para “impedir” el corte de vías. “A mí no me convocó nadie. Mi compañero –un tal Amarilla– me dice que va a una manifestación por el corte de vías y le pregunto por qué no puedo ir yo. Me dijo que lo llame al delegado (Jorge) Dotta, quien me dio el OK.” Según mencionó, con el “OK” de Dotta bastaba para abandonar su puesto de trabajo: “El supervisor no puede decir nada porque se basa en lo que dice el delegado”, respondió al juez, dejando expuesto el poder que el sindicato ejercía sobre la empresa. Contó que llegó a Avellaneda cerca de las 11 y que había “sólo gente de Escalada” en la estación de trenes. Abajo, sobre la calle, ubicó a los tercerizados, y confusamente inició un relato del primer “enfrentamiento” entre ambos grupos, sobre las vías. En forma desordenada apuntó que “iba llegando más gente de nosotros”, que “llegamos a ser 200 entre los que estaban arriba y abajo” de las vías. Dijo que de los que estaban allí “conocía a muchos compañeros, como (Jorge González) ‘Gonzalito’, porque era delegado titular, a Pablo Díaz, a Cristian, que no es Cristian sino ‘Harry’, hincha de Defensa y Justicia y de Varela. A Pipito, a Alcorcel, a Pérez y a Sánchez, nada que ver, no los conozco”.

Narró que vio que los tercerizados “agarran sus pancartas y se van. Pero el comentario era que esta gente podía volver. Yo me estaba por ir... Y bueno, nos quedamos”. Empezó a relatar el inicio de la corrida a los manifestantes. “Vamos, vamos”, reconstruyó sus gritos de aquel mediodía. “Los muchachos querían seguir a esta gente y yo empiezo también a hacer señas como de ‘vamos’.”

–¿Vamos a qué? –preguntó el presidente del tribunal.

–Para correrlos, para que se vayan lejos y no vuelvan más.

Uño reconoció que tiró piedras a los manifestantes, pero negó haber visto a ferroviarios con elementos en las manos. Señaló a los delegados “Pablo Díaz, Dotta, Amuchástegui, Piola”, como los conductores del grupo que él integró aquella mañana y pidió disculpas a Beatriz Rial, la madre de Mariano Ferreya: “Me equivoqué y me arrepiento por la muerte de su hijo, pero no somos todos asesinos. Le aseguro que yo, nada que ver”

Las primeras horas de la audiencia de ayer estuvieron dedicadas a analizar la situación procesal de los policías imputados. Luego de algunos testigos que desfilaron ante el TOC 21 sin sumar datos al debate, Alejandro Hayet, quien estuvo hasta diciembre de 2010 a cargo de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal, complicó la situación de los acusados Jorge Ferreyra, de la División Roca; Luis Mansilla, de Control de Líneas; del comisario mayor Hugo Lompizano y del subcomisario César Garay, de la comisaría 30ª, quien estaba en el lugar de los hechos, todos acusados de abandono de persona seguido de muerte. Hayet adjudicó capacidad de mando y autoridad a esos comisarios. Sobre Garay, aportó: “Hubiera hablado de una persona de buen temperamento si habiendo un grupo que se desplaza, y además enfrentado a otro, la fuerza hubiera acompañado ese desplazamiento”.

La movilera de C5N, Gabriela Carchak, dio su testimonio en el juicio por el crimen de Ferreyra

“Nos gritaban ‘bajá la cámara, no filmés’”

La periodista reconoció ante el Tribunal a los acusados Jorge González y Salvador Pipito entre quienes la amenazaron el día del asesinato. Hizo un detallado relato de la situación antes y después de que ocurrieran los hechos.

 Por Ailín Bullentini

La periodista Gabriela Carchak reconoció ante el Tribunal en lo Criminal Nº 21 a Jorge González y a Salvador Pipito, dos integrantes de la patota ferroviaria acusada de matar al militante Mariano Ferreyra y herir de gravedad a Elsa Rodríguez y a otros dos manifestantes, como dos de los agresores que la increparon, insultaron y la obligaron a dejar de hacer el móvil que estaba realizando el mediodía del 20 de octubre de 2010. “Yo les ofrecía el micrófono y ellos me respondían ‘vos siempre lo mismo, dándoles cámara a estos piqueteros de mierda’”, recordó en un pasaje de su testimonio en el marco del juicio, que ya alcanzó su tercer mes de audiencias. Aseguró que tanto ella como el camarógrafo Gustavo Farías, quien declaró por la mañana, y el asistente Marcelo Polito tuvieron miedo: “Los tres estábamos asustados. No sabíamos cómo iba a terminar el asunto. Ante la orden de ‘bajá la cámara o te rompo todo’ que nos gritaron, obedecimos. No nos íbamos a poner a discutir con estas personas”.

Había expectativa en la sala principal de los Tribunales de Comodoro Py por el testimonio de Carchak, periodista de C5N. Si bien su declaración era importante para definir la situación de González, Pipito y, aunque en menor medida, Juan Carlos Pérez, también existía expectativa en cuanto a lo que pudiera aportar con respecto al móvil de la acusación que recae sobre los procesados: a grandes rasgos, una nueva prueba de que no hubo enfrentamiento sino que fue un ataque de parte de los ferroviarios a los tercerizados, una emboscada. La cronista no defraudó.

Las preguntas de la Fiscalía resultaron una mera guía para Carchak, que narró con detalle los hechos tal como los vivió aquella mañana: que llegó a Pedro Luján y Santa Elena, en Barracas, a hacer una nota por un “corte de vías”; que cuando llegaron –ella, Farías y Polito– se encontraron con “alrededor de 50 personas, algunos parados, otros sentados, replegando unas banderas, había mujeres, jovencitos” y que “un tal Diego, de los tercerizados del ferrocarril”, le contó que “iban a cortar las vías para reclamar por su situación laboral y que no pudieron porque un grupo grande de hombres de la Unión Ferroviaria los atacaron a piedrazos”. Entrevistó a Diego y a “dos mujeres y a un hombre heridos” por las pedradas supuestamente recibidas en las vías. Una de las personas que Diego le acercó resultó ser Elsa Rodríguez, luego una de las víctimas.

Carchak esquivó varias chicanas de los abogados defensores, entre ellos el siempre listo Alejandro Freeland, letrado de Juan “Gallego” Fernández, que la increpó en varias oportunidades sobre si ella “nunca supo” si los manifestantes estaban armados o llevaban la cara tapada. “Tenían banderas, ni palos, ni gomeras. Nada de armas. Hablé con ellos a cara descubierta. Muy tranquilos, me contaron sobre la agresión que sufrieron en las vías, pero luego yo vi cómo fueron agredidos”, contestó.

Los hechos se sucedieron antes de que decidieran regresar al canal. “Los manifestantes recogen sus cosas y comienzan a caminar hacia Vélez Sarsfield. Yo me corro un poco y veo en el otro extremo de la calle unas 200 personas que empiezan a venir corriendo, gritando, con palos en la mano y alguna piedra también, hasta donde estábamos”. Su equipo estaba en la calle, tomando imágenes. Ella, por “miedo” –un policía de civil le advirtió “váyanse de acá porque nos matan a todos”, rememoró–, se escondió en la vereda. “Veo que cinco, seis o siete personas rodean a mi camarógrafo y a mi asistente y los empiezan a increpar de una manera bastante violenta, y pensé que si veían a una mujer los iban a tratar mejor. Entonces me metí, prendí el micrófono y les ofrecí que dijeran lo que ellos quisieran.” Pero no se calmaron. “A mi camarógrafo le decían ‘bajá la cámara, no filmés, te voy a romper todo’. Yo les ofrecía el micrófono y ellos me respondían ‘vos siempre lo mismo, dándoles cámara a estos piqueteros de mierda’. Me seguían gritando que no querían decir nada, salí de acá, que bajara el micrófono”, recordó.

Su testimonio coincidió con el de Polito en cuanto a que quienes los insultaron los “llevaron” hasta el playón de Chevallier. Desde allí escucharon “estruendos, piedrazos contra parabrisas y contra chapas”, mencionó la periodista, pero negó haber distinguido ruido de disparos. Luego añadió: “Salimos del galpón y se nos acercan llorando manifestantes de los primeros con quienes habíamos estado hablando, diciendo que había heridos de bala”. Ella, al igual que Polito, también vio a Mariano Ferreyra “muy malherido”.

Antes de señalarlos en los crudos de los audiovisuales, la movilera de C5N describió brevemente a dos personas del grupo que los amenazó. Una que tenía un cuello ortopédico (González), quien “me gritaba todo el tiempo”. Y el otro, rubio, de 1,68 metro, de rulitos, pelo largo y ojos claros (Pipito), que me llevaba hacia el portón de Chevallier. “No me dejaba caminar hacia otro lado”, puntualizó.