domingo, 12 de junio de 2016

Organismos de derechos humanos rechazaron el decreto 721 en Plaza de Mayo

Por La Retaguardia 

10 de Junio de 2016 | A partir de la sanción del decreto que reduce casi en su totalidad el control civil sobre las Fuerzas Armadas, se realizó en Plaza de Mayo una manifestación pública en el marco de la ronda de Madres del último jueves. Cerca de las 16.30, cuando comenzaba el acto, la policía valló las calles que rodean la Plaza (Yrigoyen y Rivadavia) por la llegada de una mayor cantidad de gente. La Retaguardia estuvo allí, a través de Paulo Giacobbe, para registrar los testimonios más importantes de la jornada, que fueron reproducidos en Oral y Público.

Foto: Mirta Baravalle en la ronda del último jueves (Edu Nachman)

Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

"Hace 20 años que venimos reclamando justicia y verdad y nos sobrecoge esta ley que pone otra vez sobre el ciudadano a las Fuerzas Armadas. Es hipócrita. Si pensábamos que teníamos una situación de alguna manera cubierta con respecto al enemigo, hoy los que han sido los causantes de 30.000 personas desaparecidas en el país están ahora afianzándose de una manera insoslayable", denunció . Para Baravalle, es el momento de converger la fuerza y explotar "las posibilidades a nuestro alcance de denuncia, de hacer llegar quiénes tienen la responsabilidad absoluta de cuidar de sus ciudadanos. En ese caso es el gobierno actual, el gobierno macrista. Tenemos que ver las posibilidades que hay para el futuro del país".

Carlos Sueco Lordkipanidse, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

"Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) hoy hicimos una convocatoria en función de una serie de situaciones que se vienen dando. Esta pretendida ley apunta, en definitiva, a la impunidad. Toda esta movida de reconciliación apunta a la impunidad. Durante 20 años luchamos contra leyes de impunidad. Este es un nuevo intento, y si tienen un poco de memoria y saben de las luchas que se llevaron adelante durante tanto tiempo, no creo que tengan esperanzas reales de que esto prospere", expresó. Lordkipanidse explicó luego que no fue el decreto el único motivo de la concentración: "También repudiar lo que está sucediendo en el municipio de Morón acerca de jurar la bandera en la Base Aérea que fue un centro clandestino de detención. También repudiar el intento de aplicación del protocolo de Bullrich que no hace más que reafirmar una continuidad en el mismo sentido que lo que proponía el gobierno anterior con la ley antiterrorista. 

Lo que tenemos es una continuidad y profundización que nos lleva por un lado, como marcaba Mirta, a un comandante en jefe del Ejército represor y una ley que pretende devolver a los militares su autonomía respecto de su propia actividad", explicó. El militante planteó entonces una serie de causas y consecuencias en los fenómenos represivos de los últimos años: "Tenemos el protocolo como continuidad de la antiterrorista. Este intento de autonomía de las Fuerzas Armadas como continuidad del nombramiento de Milani. Tenemos la Base Aérea de Morón y el pretendido acto de jura de la bandera allí como continuidad de los asaditos en la ESMA o cuando se recibió a la Fragata Libertad en el ex centro clandestino de detención de la Base Naval de Mar del Plata. Aclaramos y reafirmamos que este pueblo tiene memoria y no se olvida y de que estas cosas no van a pasar así nomás, esta presencia acá lo demuestra", aseguró en el cierre de la intervención.

Enrique Cachito Fukman, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

"Repudiamos este decreto de Mauricio Macri que le saca el control civil a las Fuerzas Armadas. No porque ese control civil haya servido para mucho porque todos sabemos bien claro que los diferentes gobiernos constitucionales el único control que hacían era cuando el pueblo ponía el ojo sobre algún nombre. Fijémonos que control hubo, que hasta César Milani llegó a ser jefe del Ejército. La importancia que tiene este decreto es que está diciendo a las Fuerzas Armadas: 'Prepárense que ya hemos vuelto'", denunció el militante y agregó que eso implica enfrentar "al enemigo que siempre han tenido, que es el propio pueblo. Para este gobierno, para estas Fuerzas Armadas y de Seguridad el enemigo es el pueblo. Por eso, también, este decreto habilita a que las Fuerzas Armadas tomen nuevamente como docentes a aquellos que fueron separados. Quiere decir que los genocidas exonerados pueden volver a ser docentes de las nuevas camadas de militares. 

Es tremendamente importante que mantengamos la unidad y sigamos denunciando estos decretos porque el objetivo que tienen es comenzar a preparar a las Fuerzas Armadas supere ante este ajuste, ante los tarifazos, ante los despidos, supere a las Fuerzas de Seguridad", aseveró Fukman. Para el ex detenido desaparecido, basta esperar el estallido para comprobarlo: "Ahí van a utilizar a las Fuerzas Armadas. Por eso tenemos que estar todos unidos repudiando estas medidas y apoyando a cada uno de los conflictos que se den a lo ancho y largo del país y denunciando cada vez que un compañero o compañera es imputada, arrestada, reprimida. Tenemos que estar todos juntos en la calle, como hemos estado en todos estos días acompañando a los compañeros de Jujuy, de Tierra del Fuego, denunciando lo sucedido en Mendoza, en Santiago del Estero", se solidarizó con otros lugares del país. "Tenemos que redoblar el esfuerzo para que de una vez por todas se terminen en nuestro país estos gobiernos represores que gestionan para los ricos quitándole las riquezas que genera a todo el pueblo. Este decreto viene justamente para recortar y por eso en la calle va a estar el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia unido y apoyando a los que luchan. Hasta la victoria siempre, compañeros", cerró emocionado.

Gloria Pagés, hermana de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)

"Estamos acá junto a las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora haciendo un repudio al decreto que sacó Macri que le restituye poderes a las Fuerzas Armadas. Esos poderes les permiten elegir todo excepto los mandos superiores. Una cosa grave es que pueden volver oficiales o suboficiales retirados, no sólo a las Fuerzas sino como docentes. Eso nos preocupa mucho porque es una manera indirecta de que vuelvan a ejercer ese tipo de tareas genocidas que, como la gran mayoría, está impune. No sólo eso, tampoco queremos hacer un fetiche de lo que sería el control civil, si bien esto es un gran retroceso y habilita que las Fuerzas Armadas se empiecen a autogobernar y, en perspectiva, a tener cada vez más poder", aseguró Pagés explicando la posible aplicación práctica del decreto. "No es casual que sea ahora cuando empieza a haber luchas grandes contra el paquete de medidas y el ajuste que impone el gobierno. Antes, con el control civil y todo, las Fuerzas Armadas contaban con, sólo en el Ejército, 3000 miembros que venían de la dictadura, otro tanto en la Marina y otro tanto en la Fuerza Aérea", aportó. 

La militante identificó a la continuidad con la dictadura como un enorme problema dentro de las Fuerzas Armadas "que ningún gobierno logró liquidar. Por eso nosotros exigimos que se abran los archivos, que se sienten en el banquillo de los acusados todos los genocidas y sus cómplices como única manera de terminar con la impunidad. En el caso de los generales sí hay control civil porque son los mandos superiores, pero lo que viene abajo no lo sabemos. No pasaría por el Congreso ni por un mínimo recaudo que podría ser el ministerio de Defensa", informó. Para Pagés, las Fuerzas Armadas se encuentran en condiciones ahora de coordinar "todo lo que implica el movimiento de tropas que, por ejemplo, en la zona norte del país pueden definir una determinada línea política completamente autónoma. Se autojuzgarían, se autotrasladarían según a qué zonas pueden considerar ellos más 'calientes', es una forma de autogobierno, autopremio también frente a algunas actitudes que nunca nos vamos a enterar salvo cuando empiece a haber un poco más de intervención que es, en perspectiva, lo que quieren hacer. No sólo es una política de reconciliación sino de volverlas a meter en acciones de represión", analizó.

www.laretaguardia.com.ar/2016/06/organismos-de-ddhh-rechazaron-el.html

jueves, 2 de junio de 2016

En Piriápolis: Plenaria Memoria y Justicia realizará escrache al represor Ernesto Ramas

Escrache al coronel Ramas en Piriápolis. Plenaria Memoria y Justicia informó que este sábado 4 de junio realizará un escrache al coronel represor Ernesto Ramas que, en arresto domiciliario, reside en Piriápolis.

La caravana de ómnibus y automóviles partirá del obelisco de Montevideo para llegar sobre las 14:00 al balneario. Se concentrarán en Rambla y Av. Piria para dirigirse posteriormente al domicilio de Ramas, ubicado en calle Talcahuano entre Urquiza y Sarmiento, chalet Rosemar, donde se concretará el escrache.

Nació en el año 1936 
C.I. 707.695-5 
Entró al Ejército el 1 de marzo de 1955 y comenzó a prestar su servicio en la Infantería.

En 1962, se matriculó en la Escuela de las Américas. 
En  1963 estuvo en el Batallón de Infantería 11 (Minas). 
En 1964 fue ascendido a capitán y posteriormente fue
al Servicio de Material y Armamento hasta 1972. 
Fue reconocido en secciones de tortura  en 1972 en el Cuartel de Infantería de Colonia.

En 1972 se trasladó al Batallón de Infantería Nº 1. 

Desde 1975, actuó como comandante en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en el “300 Carlos” y, más tarde, en las operaciones de la cárcel de La Tablada. Poco después, sirvió en el Comando General del Ejército. Sus alias fueron: Tordillo, Oscar 1, "El Gallego", "Puñales" (Dagger) Reconocido en Orletti Argentina.

Estuvo en el Cuartel de Trinidad Flores 1977

Fue arrestado el 8 de mayo de 2006 El 8 de mayo de 2006, la jueza Aida Vera Barreto ordenó la detención preventiva de Ernesto Ramas Pereira, junto a la de Jose Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentin Vázquez Bisio y Ricardo José Medina Blanco, basándose en una solicitud de extradición procedente del juez argentino Daniel Rafecas, quien indaga el caso de  María Claudia García Irureta Goyena. Traída a la Base Valparaíso. 

Condenado el 26 de marzo de 2009 a 25 años de cárcel. Cometió crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas. Privación de la libertad
Tiene  solicitud de extradición a Argentina desde mayo de 2006.
  
En 2011 se condena  por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al Estado uruguayo,  a esclarecer lo ocurrido. La Corte también declaró el Estado uruguayo responsable de la desaparición de María Claudia, y ordenó indemnizar a los demandantes con la suma de US$ 513.000. Según el organismo, la ley de Caducidad "carece de efectos", y el Estado Uruguayo "incumplió su obligación de adecuar su derecho a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas". 

Pero Ramas no está procesado por desaparición forzada. El juez rechazo la calificación de desaparición forzada. Gavazzo, Arab y Vázquez están igualmente procesados en este caso. 

El 27 de octubre de 2011, fue procesado por el homicidio particularmente agravado de María Claudia García y por sustracción de menor y supresión de estado civil en el caso de Macarena. En 2012 Mujica “reconoce” la responsabilidad del Estado. 

Operó como terrorista de Estado. Vinculado a Junta Militar en Argentina, bajo el terrorismo de Estado del Goyo. Sostenía que estaba en cruzadas santas contra el  “pensamientos subversivo”, se define en contra de  “cualquier individuo que difunda ideas contrarias a la civilización cristiana occidental”

Fue parte de los grupos que generaron una cifra de desaparecidos y asesinados aún sin un número preciso en el área que operó el Plan Cóndor: Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay Brasil y Uruguay. Se habla de más de 30000 solo en Argentina, más de 200 uruguayos.

Operó en la casa de torturas de Punta Gorda el Infierno Chico.

Está involucrado en la desaparición de Simón. 

El sostuvo que por “asuntos menores” viajó durante la dictadura a Argentina. Pese a estar identificado negó. 

Fue parte de los que determinaron más 500.000 exiliados. Está implicado en la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, ambos secuestrados en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976.

Se apropiaron del dinero de las organizaciones a las que pertenecían los que secuestraban. Negó ser parte de los que negociaron con dinero la vida de los desaparecidos. Vinculado a los vuelos de la muerte. El ex  Comandante ENRIQUE BONELLI –otro impune- relató su participación en el vuelo de 24 de julio, en el que viajaron las personas detenidas que se hallaban en ORLETTI y que después fueron sometidas a la justicia militar y están con vida. También mencionan un vuelo de la muerte el 5 de octubre de 1976. ¿Queda claro porque Ramas calla y porque hay demasiados que lo amparan? 

El intrincado camino de la impunidad, se expresa en lo jurídico. 

El 11 de septiembre de 2006 en Montevideo, el juez penal uruguayo Luis Charles acusó a Ernesto Ramas Pereira, junto a Vázquez Bisio, Silveira Quesada, Gavazzo, Arab Fernández, Luis Alfredo Maurente Mata y Jose Felipe Sande Lima, con los cargos de “privación de libertad” y de “asociación para cometer delitos” por la desaparición en septiembre de 1976 de los activistas de izquierda Alberto Waldemar Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti y León Duarte…

El 26 de marzo de 2009 quedó sentenciado a 25 años en la cárcel por 28 delitos de homicidio particularmente agravados principalmente en contra de miembros del PVP. El juez condenó igualmente Vázquez Bisio y Silveira Quesada a 25 años y Maurente Mata, Medina Blanco y Sande Lima a 20 años en la cárcel. El 1 de julio de 2010, el Tribunal de Apelaciones Penales 2 confirmo la sentencia de primera instancia. El 6 de mayo de 2011, la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a un recurso interpuesto por Arab y Gavazzo, consideró que no se les podían inculpar por desaparición forzada ya que en el momento de los hechos este delito no existía, solo apareció en octubre 2006 en la legislación uruguaya.
Ramas también esta investigado en Argentina, en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor, en la causa caratulada “Videla Jorge Rafael y otros sobre privación ilegal de libertad”.

El 8 de mayo de 2006, un juez argentino pidió la extradición de Ramas Pereira, Medina Blanco, Vázquez Bissio, Arab Fernández, Gavazzo y Silveira Quesada. La justicia uruguaya aceptó la solicitud el 7 de diciembre de 2006, ordenando que sean extraditados hacia Argentina en cuanto hayan cumplido su condena en Uruguay. Esta decisión fue confirmada por el tribunal de apelaciones en septiembre de 2008 y por la corte suprema de justicia el 3 de noviembre de 2008, la decisión quedó entonces definitiva.  Es la primera vez que Uruguay autoriza la extradición de militares por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

El 24 de diciembre de 2015 el juez Gesto le otorga la prisión domiciliaria. Ramas fija su domicilio en Piriápolis.

Este torturador impune tiene de abogado al abogado del Centro Militar, Miguel Fernández, designado especialmente para este caso. Junto al abogado Gastón Chávez, quien defiende a Armando Méndez, también indagado por esta misma causa.

Junto a Eduardo Ferro, serían los oficiales que presuntamente dispusieron del cuerpo de María Claudia García de Gelman, y quienes en última instancia determinaron dónde sepultarlo. El pedido de extradición, proveniente del juez federal argentino Guillermo Montenegro, requiere a los ex militares, además de Ernesto Rama, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, José Arab, Ricardo Medina, y el fallecido Julio Vadora.

Aún detenta el grado y los privilegios de su rango militar, en el mismo momento en que salían para sus domicilios, continuaban cometiendo el delito de desaparición. 

El coronel dejó huellas de sus hazañas:

“Un memorando de Inteligencia militar firmado por el coronel (r) Ernesto Rama, que describe en detalle a una de las columnas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, constituiría una de las pruebas que analiza la Justicia en las causas de la desaparición de Washington Barrios y el asesinato de Silvia Reyes. 

El documento describe minuciosamente la situación de varias personas y establece su condición de militantes tupamaros, de modo que especifica quien estaba detenido, quien prófugo, quien en el país, quien no, etc. 

La conexión de Rama, firmante de ese memorando, con esta investigación es producto de que en dicha lista figuran los nombres de Washington Barrios, desaparecido en Córdoba (Argentina) en 1974; de Silvia Reyes, su esposa, asesinada el 21 de abril de 1974 junto a Diana Maidanick y Laura Raggio; y de Estela Reyes, hermana de Silvia, testigo en ambos expedientes. 

Ernesto Rama asumió su participación en los Organismos de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), y en cuyo nombre firmó el mencionado memorando, pero negó su participación en los crímenes y dijo que no recordaba ese documento…”


Added by Semanario La Prensa Redacción on mayo 30, 2016.  http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2016/05/afiche-escrache-piriapolis-junio-portada.jpg