martes, 20 de noviembre de 2012

Procesamiento a Pedraza por cohecho al intentar pagar para ser excarcelado

“Una maniobra orquestada para la impunidad”

La Sala VI de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento del dirigente por haber pergeñado un intento de soborno para ser liberado mientras lo juzgaban por el asesinato de Mariano Ferreyra.

 Por Irina Hauser

El dirigente ferroviario José Pedraza está más cerca de un nuevo juicio oral por haber pergeñado y movido los hilos en un intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal para que dejaran en libertad a miembros de una patota de su gremio, la Unión Ferroviaria (UF), acusados de haber matado a Mariano Ferreyra, y evitar en su propio caso terminar en prisión por el homicidio. La situación del sindicalista queda así planteada en función de un fallo de la Sala VI de la Cámara del Crimen, que confirmó su procesamiento por cohecho y tráfico de influencias, junto con los de otros cuatro personajes que colaboraron, desde funciones diferentes, “posicionados en lugares estratégicos”, “con sus relaciones y conocimientos preexistentes”, con una “maniobra orquestada” para “lograr impunidad”. Se trata del contador del sindicado Angel Stafforini, el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar.

Pedraza está siendo juzgado en la actualidad por el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) como posible instigador del homicidio de Ferreyra, quien recibió un disparo en el abdomen cuando se desconcentraba una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca de la que participaba como militante del Partido Obrero (PO). Junto con él están en el banquillo su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, ocho matones y siete policías. La trama del intento de coima fue descubierta en los primeros meses de la investigación, en el verano posterior al asesinato del chico, que había sido en octubre de 2010. Fue cuando la jueza Wilma López tenía varios teléfonos intervenidos, entre ellos el del propio Pedraza, y se topó con conversaciones que dejaban a la vista cómo el líder sindical organizaba en contacto con los otros cuatro implicados, una estrategia para darle un golpe la investigación de primera instancia, conseguir la libertad de los integrantes de la patota, que estaba apelada en Casación, y de esa manera evitar que la pesquisa llegara hasta él.
“Reitero, son verdes”

“Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, es la frase –ya célebre– que Riquelme le dejó a Pedraza en su contestador automático el 24 de enero de 2011, cuando estaban en plenas negociaciones. El ex espía, en efecto, intentaba evacuarle una duda: si lo que debían pagar, de acuerdo a lo conversado con el intermediario Aráoz de Lamadrid, eran pesos o dólares. Porque habían hablado de “85 mil”, pero no de la moneda pactada. Aráoz había actuado en el caso Ferreyra como defensor del picaboletos Guillermo Uño, pero al llegar el final del año se corrió de ese papel y, según la imputación en su contra, fue para ofrecer sus contactos en Casación, donde había sido secretario por una década del camarista Eduardo Riggi y donde conservaba a su amigo, también ex secretario de Riggi, Luis Ameghino Escobar, quien manejaba en el tribunal el sorteo de asignación del expedientes entre las cuatro salas que lo componen. El objetivo, surgía de los comentarios elocuentes del Riquelme, era que fuera “elegida” la sala III, por entonces encabezada precisamente por Riggi, a quien mencionaba como “el amigo Eduardo”. Como si quisiera nombrarlos en clave, a Aráoz de Lamadrid lo llamaba “el amigo de la calle Viamonte”, por la ubicación de su estudio jurídico, y a Ameghino Escobar “el señor de las teclas”, lo que describía su función de manejar la computadora para realizar los sorteos informáticos que definen qué jueces tratan un caso.

“Las constancias de la causa, analizadas y articuladas en forma armónica, permiten demostrar, por lo menos a esta altura del trámite, la presencia de los pactos venales acordados para lograr objetivos ilícitos”, dice el fallo de 64 páginas firmado por los camaristas Mario Filozof, Julio Marcelo Lucini y Ricardo Matías Pinto. Al sentar posición, los jueces dicen que abonan la hipótesis que sostuvo en su momento el fiscal Sandro Abraldes y luego también el juez Luis Rodríguez al dictar los procesamientos: “Hubo una maniobra orquestada entre los imputados que, valiéndose de relaciones y conocimientos preexistentes, se posicionaron en lugares estratégicos para lograr la impunidad de Pedraza y de otras personas más”.

Las escuchas telefónicas que sostienen buena parte de la causa muestran que Riquelme, al hablar, revelaba un vínculo de confianza con Pedraza, y lo iba manteniendo al tanto de sus gestiones, que incluían contactos especialmente con dos camaristas de Casación: con Riggi, con quien tuvo llamados telefónicos en la etapa investigada; y con el ex juez Gustavo Mitchell, a quien decía frecuentar y visitar. También aludía a Mariano González Palazzo, que era subrogante, aunque decía que el lazo con él lo manejaba Aráoz de Lamadrid. Riquelme también negociaba con Aráoz y hacía de puente con Stafforini, vicepresidente de la empresa Belgrano Cargas además de contador de la UF. Aráoz hablaba con Ameghino.
Sorteo y soborno

El fallo de la Cámara describe que “el plan ideado” tenía “dos etapas”: “la primera, radicaba en lograr que fuera sorteada la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la que se desempeñaba el Juez Riggi” para que resolviera los planteos de excarcelación de siete miembros del grupo de choque; “la segunda, cuyo éxito dependía en gran medida de la anterior” “consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi y, directa o indirectamente a través de él sobre los restantes integrantes de la Sala III, para obtener un fallo favorable a los intereses”. Este tramo del plan habría quedado trunco (hasta donde se sabe) porque a raíz de los seguimientos telefónicos y en la calle que se hicieron a los sospechosos se logró establecer el momento exacto en que Stafforini le llevaba 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid a su estudio jurídico, que fue allanado instantes después de la visita. El dinero, en billetes, fue hallado en un sobre rotulado “Octavio” e incautado por personal policial.

A lo largo de enero de 2011, Riquelme y Aráoz hablaban todo el tiempo del “día dos de febrero” como la fecha clave en que debían haber concretado el pago del direccionamiento del sorteo de Casación. El 26 de enero, todavía sin novedades, Riquelme se empieza a poner nervioso y le dice a Aráoz de Lamadrid: “El amigo José está terriblemente ansioso, hoy tuve doce llamados de él”, y le cuenta cómo trató de calmarlo a Pedraza: “José, mirá te lo dije ayer... si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poné el champán en la heladera, te lo retomás y te vas a acostar, punto y aparte, no te hagas el chinchorrito donde no existe”.

Ese mismo día “el señor de las teclas” hizo su “tarea”, anunciaría después Riquelme. Salió sorteada “la sala de nuestro amigo”, le diría Aráoz de Lamadrid, en alusión a Riggi, después de haber intercambiado ocho mensajes de texto con Ameghino Escobar sobre “el éxito de la tarea encomendada”. “Fue a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, le transmitiría también Riquelme a Stafforini. La Cámara entre sus conclusiones señala que quienes operan el sistema informático de sorteos pueden hacer alguna maniobra o especulación, como esperar a que estuviera sólo disponible en el bolillero virtual la Sala III.

Aráoz, que estaba en Brasil, adelantó el regreso de sus vacaciones. El 1O de febrero esperaba en su estudio a Stafforini, que fue acompañado por Susana Planas, de Belgrano Cargas. Con el avance de la investigación se estableció que antes de ir allí habían pasado por la caja de seguridad de Stafforini en la sucursal Monserrat del Banco de Galicia, de donde se llevó el dinero en un maletín. Había ido incluso escoltado por Marcelo Daniel Pérez el jefe de seguridad de Belgrano Cargas, para tener protección, algo que Pérez reconoció y relató en detalle cuando fue citado para dar testimonio en tribunales. Los informes de inteligencia dicen que Stafforini entró al edificio de la calle Viamonte con el maletín lleno, y al salir se notaba que estaba vacío. Después del procedimiento, Aráoz lo llamó: “Escuchame, me están allanando por el tema este, corten todos los teléfonos”.
Lo que viene

La Cámara, que confirmó los embargos que llegan a 200 mil pesos, sostiene que está “acreditada” la relación que tuvo Aráoz de Lamadrid con el Juez Riggi que, al igual que Escobar, superó una década de desempeño conjunto (...) tampoco puede soslayarse el conocimiento que tenía Riquelme de ese magistrado y, muestra de esa circunstancia, son las dos conversaciones que tuvieron en el período que interesa a la investigación. Ahí dan cuenta de la confianza y el grado de intimidad que se dispensaban mutuamente. El vínculo entre ambos está comprobado y se puede concluir que la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”. El juez de primera instancia, Rodríguez, (ahora juez federal), despegó a Riggi de sospechas. La Cámara no lo modifica. Habrá que ver qué hace el juez actual del caso, Guillermo Rongo. El Centro de Estudios legales y Sociales, que representa a la mamá de Ferreyra como querellante, pedirá que se profundice la investigación sobre las relaciones de los funcionarios judiciales, dirigentes sindicales y lobbistas. Riggi es el único de los cuestionados por esta causa que sigue en Casación, aunque tiene pedido de juicio político.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Miembro de la patota ferroviaria admitió que persiguieron a los terciarizados

“Para que se vayan lejos y no vuelvan”

En el juicio por el crimen de Ferreyra, ayer declaró el picaboletos Guillermo Uño, uno de los acusados. Reconoció que el objetivo de la patota era perseguir a los tercerizados, dijo desconocer quién disparó y le pidió perdón a la madre del militante asesinado.

 Por Ailín Bullentini

En una confusa declaración indagatoria, Guillermo Uño, uno de los imputados en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, confesó que el grupo de ferroviarios que integró persiguió a los trabajadores tercerizados “para que se vayan lejos y no vuelvan más”. Pero negó saber quién mató al joven militante del Partido Obrero: “Yo estoy seguro de que alguien se equivocó y de que ése la tiene que pagar. Si yo sabría quién disparó, lo diría. Pero no ensucien a todos por haber participado”, se quejó, intentando despegarse. Uño pidió hacer uso de su derecho a hablar en el mediodía de ayer: “Yo estoy en la cárcel por tirar piedras. Seré un tirapiedras, pero no soy un asesino”, remarcó el picaboletos, acusado de ser partícipe necesario en el crimen, sospechado de integrar la cadena de recepción y ocultamiento de las armas utilizadas por la patota que en octubre de 2010 “corrió” al grupo de manifestantes entre los que se encontraba Ferreyra, un grupo de trabajadores tercerizados de la ex línea de trenes Roca que reclamaban, acompañados de militantes de agrupaciones de izquierda, por el pase a planta permanente.

Uño declaró en una jornada que estuvo dedicada al rol de la policía en los hechos ocurridos aquel 20 de octubre en las inmediaciones del Puente Bosch (ver aparte). Por pedido del acusado, el presidente del TOC 21, Horacio Díaz, fue el único que pudo hacer preguntas. El resultado bastó a las querellas, que consideraron que la indagatoria llevó más agua para sus molinos que para el de las defensas, incluida la de Uño.

“Afirmó por primera vez desde el lugar de una defensa que el objetivo de los ferroviarios fue correr a los manifestantes para que no vuelvan nunca más, aquello que señalamos ante la cámara criminal: propinar una lección para que los trabajadores que estaban organizándose por fuera de la burocracia sindical nunca más cuestionaran el poder del esquema ferroviario. Sumó muchos detalles de cómo funciona la estructura jerárquica y vertical sindical”, explicó la abogada de los manifestantes heridos, María del Carmen Verdú. Con el punto coincidió el abogado de la madre de Ferreyra, Maximiliano Medina (CELS): “Fortaleció la hipótesis de que el ataque se produjo para aleccionar a los tercerizados”, ya que “en ningún momento explicó para qué avanzaron, cuál era la intención de ir tras ellos, más allá de para echar a los manifestantes”.

Para romper el hielo, el picaboletos relató cómo acudió al “acto de presencia” para “impedir” el corte de vías. “A mí no me convocó nadie. Mi compañero –un tal Amarilla– me dice que va a una manifestación por el corte de vías y le pregunto por qué no puedo ir yo. Me dijo que lo llame al delegado (Jorge) Dotta, quien me dio el OK.” Según mencionó, con el “OK” de Dotta bastaba para abandonar su puesto de trabajo: “El supervisor no puede decir nada porque se basa en lo que dice el delegado”, respondió al juez, dejando expuesto el poder que el sindicato ejercía sobre la empresa. Contó que llegó a Avellaneda cerca de las 11 y que había “sólo gente de Escalada” en la estación de trenes. Abajo, sobre la calle, ubicó a los tercerizados, y confusamente inició un relato del primer “enfrentamiento” entre ambos grupos, sobre las vías. En forma desordenada apuntó que “iba llegando más gente de nosotros”, que “llegamos a ser 200 entre los que estaban arriba y abajo” de las vías. Dijo que de los que estaban allí “conocía a muchos compañeros, como (Jorge González) ‘Gonzalito’, porque era delegado titular, a Pablo Díaz, a Cristian, que no es Cristian sino ‘Harry’, hincha de Defensa y Justicia y de Varela. A Pipito, a Alcorcel, a Pérez y a Sánchez, nada que ver, no los conozco”.

Narró que vio que los tercerizados “agarran sus pancartas y se van. Pero el comentario era que esta gente podía volver. Yo me estaba por ir... Y bueno, nos quedamos”. Empezó a relatar el inicio de la corrida a los manifestantes. “Vamos, vamos”, reconstruyó sus gritos de aquel mediodía. “Los muchachos querían seguir a esta gente y yo empiezo también a hacer señas como de ‘vamos’.”

–¿Vamos a qué? –preguntó el presidente del tribunal.

–Para correrlos, para que se vayan lejos y no vuelvan más.

Uño reconoció que tiró piedras a los manifestantes, pero negó haber visto a ferroviarios con elementos en las manos. Señaló a los delegados “Pablo Díaz, Dotta, Amuchástegui, Piola”, como los conductores del grupo que él integró aquella mañana y pidió disculpas a Beatriz Rial, la madre de Mariano Ferreya: “Me equivoqué y me arrepiento por la muerte de su hijo, pero no somos todos asesinos. Le aseguro que yo, nada que ver”

Las primeras horas de la audiencia de ayer estuvieron dedicadas a analizar la situación procesal de los policías imputados. Luego de algunos testigos que desfilaron ante el TOC 21 sin sumar datos al debate, Alejandro Hayet, quien estuvo hasta diciembre de 2010 a cargo de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal, complicó la situación de los acusados Jorge Ferreyra, de la División Roca; Luis Mansilla, de Control de Líneas; del comisario mayor Hugo Lompizano y del subcomisario César Garay, de la comisaría 30ª, quien estaba en el lugar de los hechos, todos acusados de abandono de persona seguido de muerte. Hayet adjudicó capacidad de mando y autoridad a esos comisarios. Sobre Garay, aportó: “Hubiera hablado de una persona de buen temperamento si habiendo un grupo que se desplaza, y además enfrentado a otro, la fuerza hubiera acompañado ese desplazamiento”.

martes, 13 de noviembre de 2012

La movilera de C5N, Gabriela Carchak, dio su testimonio en el juicio por el crimen de Ferreyra

“Nos gritaban ‘bajá la cámara, no filmés’”

La periodista reconoció ante el Tribunal a los acusados Jorge González y Salvador Pipito entre quienes la amenazaron el día del asesinato. Hizo un detallado relato de la situación antes y después de que ocurrieran los hechos.

 Por Ailín Bullentini

La periodista Gabriela Carchak reconoció ante el Tribunal en lo Criminal Nº 21 a Jorge González y a Salvador Pipito, dos integrantes de la patota ferroviaria acusada de matar al militante Mariano Ferreyra y herir de gravedad a Elsa Rodríguez y a otros dos manifestantes, como dos de los agresores que la increparon, insultaron y la obligaron a dejar de hacer el móvil que estaba realizando el mediodía del 20 de octubre de 2010. “Yo les ofrecía el micrófono y ellos me respondían ‘vos siempre lo mismo, dándoles cámara a estos piqueteros de mierda’”, recordó en un pasaje de su testimonio en el marco del juicio, que ya alcanzó su tercer mes de audiencias. Aseguró que tanto ella como el camarógrafo Gustavo Farías, quien declaró por la mañana, y el asistente Marcelo Polito tuvieron miedo: “Los tres estábamos asustados. No sabíamos cómo iba a terminar el asunto. Ante la orden de ‘bajá la cámara o te rompo todo’ que nos gritaron, obedecimos. No nos íbamos a poner a discutir con estas personas”.

Había expectativa en la sala principal de los Tribunales de Comodoro Py por el testimonio de Carchak, periodista de C5N. Si bien su declaración era importante para definir la situación de González, Pipito y, aunque en menor medida, Juan Carlos Pérez, también existía expectativa en cuanto a lo que pudiera aportar con respecto al móvil de la acusación que recae sobre los procesados: a grandes rasgos, una nueva prueba de que no hubo enfrentamiento sino que fue un ataque de parte de los ferroviarios a los tercerizados, una emboscada. La cronista no defraudó.

Las preguntas de la Fiscalía resultaron una mera guía para Carchak, que narró con detalle los hechos tal como los vivió aquella mañana: que llegó a Pedro Luján y Santa Elena, en Barracas, a hacer una nota por un “corte de vías”; que cuando llegaron –ella, Farías y Polito– se encontraron con “alrededor de 50 personas, algunos parados, otros sentados, replegando unas banderas, había mujeres, jovencitos” y que “un tal Diego, de los tercerizados del ferrocarril”, le contó que “iban a cortar las vías para reclamar por su situación laboral y que no pudieron porque un grupo grande de hombres de la Unión Ferroviaria los atacaron a piedrazos”. Entrevistó a Diego y a “dos mujeres y a un hombre heridos” por las pedradas supuestamente recibidas en las vías. Una de las personas que Diego le acercó resultó ser Elsa Rodríguez, luego una de las víctimas.

Carchak esquivó varias chicanas de los abogados defensores, entre ellos el siempre listo Alejandro Freeland, letrado de Juan “Gallego” Fernández, que la increpó en varias oportunidades sobre si ella “nunca supo” si los manifestantes estaban armados o llevaban la cara tapada. “Tenían banderas, ni palos, ni gomeras. Nada de armas. Hablé con ellos a cara descubierta. Muy tranquilos, me contaron sobre la agresión que sufrieron en las vías, pero luego yo vi cómo fueron agredidos”, contestó.

Los hechos se sucedieron antes de que decidieran regresar al canal. “Los manifestantes recogen sus cosas y comienzan a caminar hacia Vélez Sarsfield. Yo me corro un poco y veo en el otro extremo de la calle unas 200 personas que empiezan a venir corriendo, gritando, con palos en la mano y alguna piedra también, hasta donde estábamos”. Su equipo estaba en la calle, tomando imágenes. Ella, por “miedo” –un policía de civil le advirtió “váyanse de acá porque nos matan a todos”, rememoró–, se escondió en la vereda. “Veo que cinco, seis o siete personas rodean a mi camarógrafo y a mi asistente y los empiezan a increpar de una manera bastante violenta, y pensé que si veían a una mujer los iban a tratar mejor. Entonces me metí, prendí el micrófono y les ofrecí que dijeran lo que ellos quisieran.” Pero no se calmaron. “A mi camarógrafo le decían ‘bajá la cámara, no filmés, te voy a romper todo’. Yo les ofrecía el micrófono y ellos me respondían ‘vos siempre lo mismo, dándoles cámara a estos piqueteros de mierda’. Me seguían gritando que no querían decir nada, salí de acá, que bajara el micrófono”, recordó.

Su testimonio coincidió con el de Polito en cuanto a que quienes los insultaron los “llevaron” hasta el playón de Chevallier. Desde allí escucharon “estruendos, piedrazos contra parabrisas y contra chapas”, mencionó la periodista, pero negó haber distinguido ruido de disparos. Luego añadió: “Salimos del galpón y se nos acercan llorando manifestantes de los primeros con quienes habíamos estado hablando, diciendo que había heridos de bala”. Ella, al igual que Polito, también vio a Mariano Ferreyra “muy malherido”.

Antes de señalarlos en los crudos de los audiovisuales, la movilera de C5N describió brevemente a dos personas del grupo que los amenazó. Una que tenía un cuello ortopédico (González), quien “me gritaba todo el tiempo”. Y el otro, rubio, de 1,68 metro, de rulitos, pelo largo y ojos claros (Pipito), que me llevaba hacia el portón de Chevallier. “No me dejaba caminar hacia otro lado”, puntualizó.

sábado, 10 de noviembre de 2012

Sergio Berni, secretario de Seguridad, denunciado

Documento: Denuncia presentada en el juzgado Federal N°7

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue denunciado ayer por organizaciones sociales y de derechos humanos por el arresto de 68 personas sin orden judicial y su posterior traslado a la guarnición militar de Campo de Mayo.

El arresto tuvo lugar en agosto pasado y los manifestantes, entre los que había menores de edad, cortaban la ruta Panamericana.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y recayó en el juez federal Sebastián Cassanello, informaron a la agencia DyN fuentes judiciales.

Se trata de los hechos que ocurrieron el 30 de agosto pasado cuando beneficiarios del plan "Argentina Trabaja" cortaron la Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, para reclamar porque no los incluyeron en el aumento que se había otorgado en ese subsidio.

Las organizaciones denunciaron que cuando finalizaba la protesta y la gente se retiraba "efectivos de Gendarmería subieron a los micros ostentando sus armas y se ubicaron sobre los pasillos centrales de los mismos, vociferando a los gritos que se encontraban todos detenidos e incomunicados, exigiendo a todos los ocupantes apagar sus teléfonos celulares".

"La violencia desplegada injustificadamente por la Gendarmería Nacional se vio exponencialmente agravada por el hecho de llevar a todos los detenidos a Campo de Mayo, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar genocida, lugar en el que se torturó, violó, asesinó y despareció a cientos o miles de compatriotas", 

MENORES DE EDAD

Entre las personas detenidas había nueve menores de edad, entre ellos una nena de dos años y un nene de cuatro.

"Tal como es de público conocimiento, este operativo fue dirigido presencialmente por el jefe máximo de las fuerzas de seguridad actuante, el Tte. Coronel Sergio Berni, en su calidad de Secretario de Seguridad de la Nación", criticaron.

Las organizaciones señalaron que "sin contar con atribuciones legales, ni orden judicial, [Berni] dispuso la detención, incomunicación y traslado a Campo de Mayo de las 68 personas, acción que motiva la presente denuncia".

A todos ellos la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado les inició una causa penal por interrumpir el normal funcionamiento de los transportes al cortar la autovía.

Berni fue denunciado por violar el artículo 144 bis del Código Penal, que en su inciso primero castiga con uno a cinco años de prisión al "funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal". El juez Cassanello recibió a los abogados que presentaron la denuncia, Nicolás Tauber y Patricio Gaynor, a quienes les dijo que le dará el curso formal a la denuncia.

Ahora se espera que el fiscal federal Eduardo Taiano dictamine si impulsa la investigación.

jueves, 8 de noviembre de 2012

Otro testigo contra Favale y la policía

Gonzalo Fernández, uno de los tercerizados que participó en la manifestación donde fue asesinado el militante del PO Mariano Ferreyra, indentificó al barrabrava de Defensa y Justicia Cristian “Harry” Favale como uno de los integrantes de la patota que disparó contra la movilización. Además, destacó: "Les dijimos a los policías que nos estaban tirando con plomo, pero no hicieron nada". La audiencia estuvo suspendida casi dos horas por un corte de luz en Comodoro Py.

“Desde atrás de un auto salió un tipo morrudo, de remera azul que disparó hasta que se le acabaron las balas”, contó Fernández, quien además de dar una descripción física del tirador que coincide con la de Favale, sostuvo que lo vio "tres o cuatro veces" antes de aquella tarde.

El ferroviario también relató que cuando comprobó que les estaban disparando con munición de plomo dio aviso a la policía que se encontraba en cercanías del escenario de los hechos. “Les dijimos a los policías que nos estaban tirando con plomo, pero no hicieron nada… Había mujeres y chicos con nosotros. Llegaron a estar a 30 metros de donde estábamos nosotros”, denunció.

El testigo reconoció que el grupo de tercerizados apoyados por militantes del PO, del que él formaba parte, tenía intención de bloquear las vías, pero no concretaron su objetivo porque “estaban ellos arriba del terraplén y no se podía".

En la audiencia de hoy está previsto que declaren la periodista del canal de noticias C5N Gabriela Carchak y sus camarógrafos, quienes cubrían la nota y fueron increpados por integrantes de la patota ferroviaria.