viernes, 28 de septiembre de 2012

Un testigo que señaló a Favale


Por Irina Hauser
Víctor Amarilla, militante de Convergencia de Izquierda, vinculó al barrabrava Cristian Favale con el disparo que recibió Mariano Ferreyra. Al declarar ayer como testigo en el juicio por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, contó que estaba apoyando la protesta de trabajadores tercerizados del Roca y que tuvo frente a él, a unos diez o quince metros, al tirador, a quien después reconoció por las fotos publicadas en los diarios. Pudo ver, dijo, dos fogonazos y al girar la cabeza vio a Ferreyra “que se agarra la panza y cae”. También dio testimonio Ariel Pintos, un ex tercerizado, que recibió un impacto de bala de un arma calibre 38 en una pierna. Pintos vio a alguien disparar desde atrás de los árboles, aunque su descripción no coincide con los rasgos de Favale ni de Gabriel “Payaso” Sánchez, ambos acusados de haber gatillado. De entrada, cuando estaba por comenzar a declarar Amarilla, el defensor de Juan Carlos Fernández, Alejandro Freeland, hizo un planteo sorpresivo: pidió medidas de seguridad especiales, porque sostenía que se trataba de “un testigo violento”. María del Carmen Verdú (Correpi), quien representa a varios heridos, le devolvió que para su tranquilidad ella garantizaba que nada le pasaría. “Respeten este recinto porque es la casa de la Justicia y las cuestiones políticas aquí no interesan”, terminó la discusión el presidente del Tribunal Oral Criminal 21, Horacio Días.

Amarilla describió que el ataque de la patota de la Unión Ferroviaria se produce en el momento en que se retiran, después de estar reunidos un buen rato, cuando la patrulleros que antes bloqueaban el paso, lo liberan. El vio un grupo que “venía corriendo”. Cuando llegan los matones escucha “estampidos”. De pronto ve a una “persona morruda, con ropa oscura, pelo corto tipo policía, barba candado, con el brazo extendido hacia adelante y un arma”. Después vio su foto en los diarios, y era Favale. Amarilla asocia los disparos del barrabrava con la caída de Mariano.

Pintos relató que trabajaba en la cooperativa Confer, una tercerizada donde hacía “trabajo de vía y obra y pasos a nivel” de la que lo habían echado. Explicó que allí no tenía salario estable, ni vacaciones ni aguinaldo. Lo contrataba Ugofe y no cobraba “ni un tercio de lo que se cobra en el tren”. Con las manifestaciones, explicó, lograban que los volvieran a contratar. Lo regularizaron como trabajador de planta en enero de 2011. Como empleado ferroviario, cuestionó, “jamás” la UF “nos acompañó en nuestro reclamo”. Relacionó otra tercerizada, la Unión del Mercosur, con José Pedraza, como quien la manejaba, y contó que quienes trabajaban allí eran constantemente amenazados por el delegado Pablo Díaz, acusado en el juicio como coordinador de la patota, “quien iba armado para que no entren a las reuniones”. En medio del ataque de la patota, afirmó, “cuando me agacho para agarrar una piedra siento un dolor en la pierna y tenía un agujero con sangre. Veo que detrás de los árboles y de los autos sale una persona tirando hacia adelante”.

Un testigo complicó más a Pedraza en el juicio por Mariano Ferreyra

“Me dijo que no jodiera”

 Por Irina Hauser
José Luis García, un testigo que fue jefe de personal y que liquidaba los sueldos del ferrocarril Roca, afirmó que todas las decisiones pasaban por José Pedraza. Lo dijo ayer en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, en un relato que equiparó las decisiones del dirigente de la Unión Ferroviaria (UF) con las de la empresa Ugofe, que además del ramal Roca opera el San Martín y Belgrano bajo tutela estatal. El nexo, señaló, era Juan Carlos “Gallego” Fernández, número dos del gremio. “Cada vez que llegaba a la empresa, mencionaba que venía a la orden del señor Pedraza”, relató. García declaró que los trabajadores cobraban menos de lo que indicaba su recibo, que los ingresos de personal eran digitados por el sindicato, que a la vez forzaba la afiliación y enviaba listas de los ferroviarios que debían recibir permisos o licencias para asistir a sus marchas o actos. Contó que fue citado dos veces por Pedraza para advertirle “que no jodiera” ni con los salarios ni con las contrataciones. Su testimonio refuerza la hipótesis de la acusación de que hubo una motivación política y económica de la cúpula de la UF para atacar la protesta de los tercerizados –de la que participaba Ferreyra– y “aleccionarlos”.

“Me dijo que no jodiera con el tema de los ingresos, textual”, evocó García un encuentro con Pedraza. La advertencia aludía a los listados que, señaló, confeccionaba la UF con los nombres de sus elegidos para entrar a trabajar en Ugofe. “Tuve dos charlas con Pedraza en 2008, fui citado y él me decía que no podía en mi función discutir lo que emanara de la Unión Ferroviaria, no se podía discutir sueldos mal liquidados o descuentos por ausencias no justificadas”, afirmó ante el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21). Carlos Froment, el abogado de Pedraza, le preguntó cómo era el lugar donde había sido el encuentro. “Era una habitación de cuatro por cuatro, tenía una bandera de la UF, retratos del ex presidente Néstor Kirchner y de la Presidenta”, fue la respuesta. El defensor reclamó un cotejo de las características del despacho donde, dijo, nunca hubo retratos, pero el tribunal rechazó su pedido.

García, quien denunció amenazas durante la investigación, trabajó para Ugofe (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria) entre julio de 2007 y junio de 2009, cuando le dieron 28 mil pesos como “bonificación por renuncia”. Se fue, explicó, después de denunciar que entre un 20 y un 25 por ciento de su salario y el de otros trabajadores afiliados al gremio no llegaba a sus bolsillos.

Según García, el manejo de los ingresos lo ejercía el Gallego Fernández invocando órdenes de Pedraza. Ambos están acusados de instigar el ataque a los tercerizados que terminó en el asesinato de Ferreyra. Fernández, dijo el testigo, iba a la Ugofe con “un listado”. “Decía ‘hay que ingresar a 300’, nosotros decíamos ‘¿dónde los ponemos?’ y había que ingresarlos igual. Había personas que no trabajaban y cobraban, cuando ingresé había 3091 y cuando me fui 4500”, aseguró. Había condiciones: los contratados bajo convenio debían afiliarse al gremio y, además, devolver un monto por haber logrado ingresar a la empresa.

Del mismo modo, detalló que la UF enviaba una nómina de quienes debían ser “liberados” de sus tareas para asistir a marchas o manifestaciones.

Los querellantes le exhibieron un correo enviado el 20 de octubre de 2010 con los nombres de quienes irían a evitar el corte de vías de los tercerizados a la estación Avellaneda y dijo que era igual a los que él había visto.

jueves, 27 de septiembre de 2012

Festival por Mariano y Comix


Es un festival clasista”. Así lo definió, desde el escenario, Gastón de Airbag, una de las bandas más importantes de la noche. “No es un festival solidario, estamos acá porque el de Mariano fue un asesinato contra la clase trabajadora”, continuó, antes de estallar con ‘Burn’ de Deep Purple, mientras la plaza, literalmente, se prendía fuego con mas de 30 mil jóvenes reclamando justicia por Mariano Ferreyra.

El festival condensó, sobre el escenario, la corriente de cientos de artistas que se jugaron a fondo por esta lucha. Los artistas asumieron la tarea de la difusión, sumándose de lleno a la campaña política por el reclamo de justicia. El festival se realizó sin ningún apoyo del Estado.

Gastón de Airbag, una de las bandas más importantes de la noche. “No es un festival solidario, estamos acá porque el de Mariano fue un asesinato contra la clase trabajadora”, 
http://po.org.ar/mariano-ferreyra/2012/09/27/el-rock-volvio-a-ganar-la-plaza-por-mariano/


Comix por Mariano: hacia la conformación de una historieta política

El 6 de agosto, día en que comenzara el juicio por el asesinato de nuestro compañero, comenzó a circular el primer número de “COMIX POR MARIANO”, resultado de una convocatoria dirigida a los ilustradores e historietistas que quisieran con su producción artística sumarse al pedido de justicia por Mariano. Esta iniciativa superó ampliamente nuestras expectativas dando lugar a un segundo número que fue presentado el pasado 20 de septiembre en el Centro Cultural del Frente de Artistas, contando con la participación de más de 18 artistas, entre ellos Carlos Nine, Langer y algunos historietistas latinoamericanos.

En dicha presentación, más de 40 dibujantes votaron la propuesta de conformar un movimiento de historietistas que elabore de manera colectiva una revista, que sirva de canal de expresión y debate de los artistas del dibujo y recupere la historieta como herramienta cultural y política.

Invitamos a todos los dibujantes y artistas que quieran formar parte de esta propuesta a asistir a la asamblea que realizaremos el día 19 de octubre a las 18 hs en Yatay 334.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Día 20 : El círculo se va cerrando sobre Pedraza


El día 25 declararon seis testigos y la audiencia terminó antes de las 16 horas. Todo un récord. El desarrollo del juicio es lento y raramente alcanzan a declarar más de dos o tres testigos en una audiencia. La razón fundamental son las controversias que despiertan los interrogatorios de los abogados defensores. Nuestra abogada, Claudia Ferrero, señaló a los medios durante el fin de semana “no podemos avanzar por la gran cantidad de interrogaciones que hace la defensa sin aportar nada y sin lograr nada”. Es que sus cuestionarios no surgen del desarrollo concreto del juicio sino del intento por forzar una situación que no ha sido (ni podrá ser) acreditada: que se trató de un “enfrentamiento”. Todos los testigos que declararon hasta ahora brindaron un relato homogéneo de los hechos y eso desespera a los abogados de Pedraza y su patota. “La defensa teme que lleguemos a las pruebas concretas que vinculan a la cúpula de Unión Ferroviaria con este plan criminal”, denunció Ferrero en declaraciones radiales.

De acuerdo a las declaraciones que escuchamos hasta ahora, es posible afirmar que la patota portaba al menos seis armas de distinto tipo y calibre. La agresión –criminal y cobarde- fue descripta no solo por los militantes del Partido Obrero sino también por “arrepentidos” de la patota, obreros de la zona, un psicólogo que pasaba por el lugar, un puestero de comida al paso, un chofer de micros y hasta varios policías. Concluida la acreditación de los hechos, la fase siguiente del juicio girará en torno a la organización del ataque y a las motivaciones políticas y económicas que tuvo detrás. El círculo se cierra con Pedraza.

Luego del testimonio de Omar Merino el jueves pasado -que insumió ocho horas agotadoras-, el tribunal se puso severo con la pertinencia de los interrogatorios. La audiencia adquirió así un ritmo más ágil y fue posible cumplir con todos los testimonios previstos para este día.

En la sala, estuvieron presentes apenas cuatro de los 10 detenidos: Gabriel Sánchez, Daniel González, Guillermo Uño y Cristian Favale. Favale dijo sentirse mal y pidió retirarse antes de la finalización de la audiencia. Lo hizo tambaleándose, ayudado por personal del Servicio Penitenciario.

Los testigos

Hoy declararon Marcelo, José, Mauro, Sebastián y “El Colo” Aguirrezabala, todos ellos compañeros de militancia de Mariano. En los casos de Marcelo y Mauro, compartían con Mariano, además, una intensa amistad. Por otra parte, el testimonio de Ulises de Oliveira – quien atendía un puesto callejero frente al edificio de Chevallier- fue ciento por ciento coherente con el de los compañeros.

El primero en pasar al estrado fue Marcelo. Describió a un tirador parado en medio de la calle, ubicado a apenas 30 metros suyo. “Era una persona corpulenta, grandota, de cómo 1,80, que no estaba vestida de ferroviario”. Marcelo no distinguió el sonido de los disparos, pero lo vio abrir fuego al menos dos veces. “Por la adrenalina, no caía. No era consciente de que eran armas con balas de plomo. Pensé que eran balas de salva, que lo hacían para asustarnos”.

“Cuando terminó el ataque, busqué a Mariano pero no lo encontré. Me dijeron que estaba herido de gravedad. Ahí creo que me di cuenta de lo que había pasado. Llamamos a la mamá para avisarle y con un grupo de compañeros fuimos hasta el hospital. Cuando llegamos, nos encontramos a la familia llorando…”.

Oliveira, que de lunes a lunes vendía sándwiches en la entrada a Chevallier, fue corto y conciso. “Ese día, vi grupo de personas en la esquina de Santa Elena y Luján haciendo una asamblea. Estaban reunidos, conversando tranquilos. Veía banderas partidarias, pero en ese momento no sabía quiénes eran. Avanzaron por Luján hacia Pedriel y pasaron delante mío. Entonces veo a un segundo grupo, de gente con ropa de grafa, que vienen corriendo con piedras en las manos. Cuando empezaron a volar piedras, me tiré debajo de un auto. Cuando salí, vi policía, había un carro hidrante”. Oliveira dijo que no vio que los policías intentaran detener a nadie.

Los demás testimonios también abundaron en el relato de los hechos. Los compañeros describieron el intento por alcanzar las vías apenas cruzaron el puente Bosch hacia Capital y la primera agresión de la patota, que contó con el apoyo de la infantería policial. Describieron la asamblea en Luján y Santa Elena y la decisión de dar por concluida la jornada de lucha. Relataron la retirada de la columna y la agresión de la patota; hablaron del cordón de seguridad, de los disparos, de la indignación con la policía porque fue cómplice de los agresores. Contaron de la marcha a la avenida Vélez Sarsfield para tomar los colectivos hacia Corrientes y Callao y de cómo se enteraron de la muerte de Mariano.

Los interrogatorios de los abogados defensores pasaron sin pena ni gloria. Freeland ensayó algunas de sus características provocaciones, pero fue reprendido por el tribunal y se retrajo inmediatamente. Al finalizar la audiencia, el abogado de Pedraza, Carlos Froment, pidió algunos procesamientos por “falso testimonio”. Es imposible que prosperen, pero como solicitarlos es gratuito…

De acuerdo a lo que ocurre dentro de la sala de audiencias, Pedraza, Fernández, los  patoteros y los policías marchan directo a una condena a prisión perpetua. Solamente una injerencia extraña al juicio, proveniente del poder político, podría alterar este resultado inexorable.

Hoy, la burocracia sindical opositora -la de Moyano y el “Momo” Venegas-, realizó un acto de reivindicación de José Ignacio Rucci en las puertas del tribunal. En el otro extremo de la ciudad, la burocracia oficialista –la de Caló y la ´CGT Balcarce´- también hacía lo propio en el cementerio de la Chacarita.

En el subsuelo de Comodoro Py, en cambio, la burocracia sindical estaba siendo juzgada por el crimen de un obrero revolucionario.

http://po.org.ar/mariano-ferreyra/

martes, 25 de septiembre de 2012

¡Fuera Lompizano de la formación docente!


(AW)  El represor Hugo Ernesto Lompizano es uno de los policías imputados en la causa judicial por el asesinato de Mariano Ferreyra. En marzo de 2011 fue puesto en disponibilidad por orden de Nilda Garré al negarse a realizar allanamientos en prostíbulos de la zona de Bajo Flores. Actualmente se desempeña como profesor en uno de los principales profesorados de Educación Física de la Ciudad, el ISEF Nº 1 "Romero Brest". Reproducimos denuncia de ADEMYS.

¡FUERA LOMPIZANO DE LA FORMACIÓN DOCENTE!

Hugo Ernesto Lompizano es uno de los policías imputados en la causa judicial por el asesinato de Mariano Ferreyra. En el momento del crimen ejercía su función como superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, pero sobre todo tenía a su cargo la Dirección General de Operaciones. Desde esta área, se controló el video policial al que eliminaron los minutos cruciales en los que se retiran los patrulleros federales y Mariano fue baleado. También aparece involucrado en los entrecruzamientos de llamadas realizadas aquel día. En marzo de 2011 fue puesto en disponibilidad por orden de Nilda Garré al negarse a realizar allanamientos en prostíbulos de la zona de Bajo Flores.

Pero, además de su función en la fuerza policial, se desempeña como profesor en uno de los principales profesorados de Educación Física de la Ciudad, el ISEF Nº 1 "Romero Brest", e integra la comisión directiva de la Federación Metropolitana de Gimnasia (FMG).

No podemos permitir que alguien como Lompizano esté a cargo de la formación de docentes de educación física, con lo cual exigimos su separación del cargo y que sea condenado a prisión perpetua por su participación activa en el encubrimiento del asesinato de Mariano Ferreyra. Lompizano es una vergüenza para los estudiantes y profesores de educación física y para todo el conjunto de los docentes.
Convocamos a todos los estudiantes, docentes, institutos de formación, universidades, centros estudiantiles, federaciones, coordinadoras, organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos a sumarse al pedido de ¡FUERA LOMPIZANO DE LA FORMACIÓN DOCENTE!

JUSTICIA PARA MARIANO FERREYRA.
Enviar adhesiones a: fueralompizano@yahoo.com.ar
Contacto: 
Natalia 155 162 6070
Gabriel (Sec. DD HH Ademys) 155 126 1811

viernes, 21 de septiembre de 2012

Día 19: El firme testimonio de un luchador ferroviario

20 de septiembre 

Declaró Omar Merino, trabajador del ferrocarril Roca y constructor de la agrupación Causa Ferroviaria “Mariano Ferreyra”. Su testimonio insumió toda la audiencia. Merino declaró durante ocho horas frente al tribunal, aportando nuevos datos a la reconstrucción de los hechos y describiendo la organización y el régimen interno de la Unión Ferroviaria.

El 20 de octubre de 2010, Merino se sumó a la movilización ferroviaria una vez que finalizó su turno laboral en la estación Avellaneda, alrededor de las 13 horas. Según relató, los andenes de dicha estación se encontraban repletos de “ferroviarios y no ferroviarios”. Señaló que Pablo Díaz, jefe de la Comisión de Reclamos del Roca, merodeaba los alrededores “haciendo tareas de inteligencia. Buscaba quiénes iban a cortar las vías, cuántos eran, medía fuerzas”. Según Merino, un grupo de seis personas lo rodeó en su puesto de trabajo para insultarlo y amenazarlo.

Describió a un hombre corpulento, vestido de chaleco, que iba y venía delante de él hablando por Handy, al que le escuchó decir “peguen debajo de la cintura”. Esa persona fue identificada por otros testigos como uno de los custodios de Pablo Díaz.

Merino se unió a la manifestación cuando los tercerizados y las agrupaciones que los apoyaban se encontraban realizando una asamblea en la esquina de Luján y Santa Elena. Al pasar por el puente ferroviario que atraviesa Luján, del lado de Capital Federal, vio un grupo de policías y dos patrulleros atravesados en la calle. Dijo haber percibido “un clima hostil”. Describió que esos patrulleros, luego del ataque, habían cambiado de posición. Esto motivó un exasperante interrogatorio por parte del defensor del subcomisario Alejandro Garay. En los videos, se ve a ambos móviles estacionados a un costado cuando la patota se lanza a la carrera contra los manifestantes. Varios testimonios en el juicio fueron categóricos al señalar que “los patrulleros le abrieron paso” a la patota.

Durante el ataque,  Merino formó parte del cordón humano que trató de proteger la retirada de la columna. Aseguró haber visto a un tirador ubicado en el centro de la calle, que disparó “tres o cuatro veces”. Los describió como una persona alta, robusta, de cabello no muy corto, vestido con ropa de ferroviario.

Cuando los agresores se retiraban, Merino corrió detrás de ellos junto a algunos otros compañeros hasta los patrulleros de la comisaria 30. Dijo que les recriminaron al grupo de policías no haber hecho nada y que uno de los obreros tercerizados les exhibió la herida de bala que acababa de recibir en una de sus piernas. Merino dijo que los policías se mantuvieron en silencio, haciendo caso omiso a sus denuncias, y que les sacó fotografías con su celular que aportó al momento de declarar en la fiscalía. Esas fotografías –por motivos que nadie supo explicar- no se encuentran incorporadas en la causa, a pesar de constar en el acta que efectivamente fueron entregadas al momento de su declaración.

Merino relató que al regresar hacia la avenida Vélez Sarsfield, vio un cartucho rojo de escopeta tirado a mitad de cuadra, cerca del cordón de la vereda. Podría provenir de una de las armas que hirieron a Nelson Aguirre.

Nuevamente la utilización del término “patota” para referirse al grupo agresor despertó airadas protestas de las defensas. “¿Cómo quiere que les diga? ¿Asesinos? Porque para mí son eso,  asesinos”, se plantó el militante ferroviario.

En segundo término, Merino se refirió a la organización gremial interna del ferrocarril. Los abogados defensores de Pedraza y Fernández se opusieron. Las querellas explicaron que el interés económico y político de la cúpula de la Unión Ferroviaria fue su motivación fundamental a la hora de ordenar el ataque. El tribunal dio lugar al interrogatorio planteado por la parte acusadora. En el Roca, trabajaban 4500 obreros en planta permanente y otros 1500 como tercerizados. Merino mismo fue un tercerizado, entre 2002 y 2004, en la firma Poliservicios.

En su descripción, Merino afirmó que el sindicato monopolizaba el ingreso de personal y que “habían ingresado muchos familiares de los delegados y punteros” para apuntalar a la lista Verde que dirige Pedraza. También señaló que en el ferrocarril rige la lista sábana en vez de la elección de delegados por sector y que, por ese motivo, a pesar de que su agrupación ganó dos veces las elecciones en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, no tenían representación gremial. Dijo que “la única elección que perdimos fue porque llevaron a votar gente de otros lados, ya que la Verde manipula los padrones”.

Merino se refirió a las empresas tercerizadas y afirmó que la Cooperativa “Unión del Mercosur” pertenece a Pedraza. “La contradicción es enorme, porque se supone que el sindicato está para defender los intereses de los trabajadores y la verdad es que los negreaba haciéndolos trabajar bajo otro convenio, con un sueldo menor”.

Hubo duros cruces entre los abogados defensores y querellantes durante el interrogatorio. El abogado Freeland otra vez fue amonestado verbalmente por el tribunal por hostigar a los testigos. Freeland acusó los manifestantes de haber iniciado las agresiones al intentar cortar las vías. La abogada Claudia Ferrero lo interrumpió en forma terminante y le recordó que “de los 40 testimonios que se escucharon en el juicio hasta ahora”, ni uno solo respaldó esa tesis. Los imputados, a pesar de proclamarse inocentes, guardan silencio desde que comenzaron las audiencias el 6 de agosto pasado. Se niegan a declarar y responder preguntas de los acusadores.

Al comienzo de la audiencia, los defensores de los policías acusaron por falso testimonio a un testigo de la jornada anterior, que aseguró que había un cordón policial formado junto a la patota en los momentos previos al ataque y denunció “complicidad policial” con la agresión. El argumento de las defensas se basa en que dicho cordón no aparece en los videos. Sin embargo, tampoco aparecen en los videos los dos momentos claves de aquella jornada: la represión de la infantería contra los manifestantes sobre la calle Bosch y el momento de la embestida final, cuando cae muerto Mariano Ferreyra. Justamente por ese motivo se encuentra procesado el camarógrafo policial Villalba, que omitió deliberadamente su registro.

Mientras Merino declaraba, su agrupación vencía la proscripción de la junta electoral monopolizada por el pedracismo y oficializaba la lista Gris para las próximas elecciones sindicales.

La primavera empezó mal para José Pedraza.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

Día 18: “Vayan y háblenlo con Pablo”

El día 16 del Juicio estuvo marcado por el testimonio de un albañil que estaba en la zona y que declaró, aún habiendo sido ferozmente amenazado. El día 18 tuvo como protagonista a un oficinista que vio mucho y aunque la policía lo sabía, nunca lo citó. Cuando vio en los medios que habían matado a Mariano, no lo dudó y se presentó espontáneamente a declarar. El sostenimiento de su declaración tiene también mucho valor, porque este oficinista también fue amenazado reiteradas veces. El asesinato de Mariano, de apenas 23 años,  conmovió a todos y despertó el deseo de gente ajena a la movilización de aquel día, de que esta vez haya justicia.   

La audiencia se prolongó hasta última hora. Se produjeron dos testimonios de los cuatro que habían sido citados y fueron contundentes contra los acusados.  Uno de los testigos declaró haber visto cómo retiraban tres de las armas del lugar de los hechos y comprometió aun más a Pablo Díaz. El otro identificó claramente a Favale como uno de los tiradores. Las defensas se empeñaron en largos y hostiles interrogatorios que no lograron hacer mella ni en los dichos ni en el ánimo de los testigos. Por el contrario, los testigos parecían ganar seguridad a medida que crecían la impaciencia y la agresividad de los defensores. El tribunal no tuvo más remedio que impugnar la línea de las defensas, cuyos interrogatorios calificó como “policíacos”, y llamarle severamente la atención a Alejandro Freeland, el defensor del ´Gallego´Fernández, quien evidentemente fastidiado por la solidez de los testimonios, polemizó y atacó a los testigos -e incluso, a los abogados querellantes. Por momentos, la audiencia se tornaba a la vez tensa y tediosa. Mientras tanto, fuera del tribunal, la Junta Electoral de la Unión Ferroviaria -integrada exclusivamente por la lista Verde que responde a José Pedraza- proscribía arbitrariamente a varias de las listas de oposición que se presentaron para las próximas elecciones del gremio. Entre ellas, a la lista Gris, formada por los compañeros de Mariano Ferreyra en el ramal Roca. El temor a perder la elección sindical es un reflejo del hundimiento de Pedraza y su banda en el juicio y de su cada vez más evidente retroceso. Es una burocracia sostenida con pulmotor desde el poder político. El repudio popular hacia ella no podría ser mayor. José Pedraza no concurrió a la audiencia. Sí lo hizo su segundo, ´El Gallego´ Fernández. Su semblante era francamente el de una persona acabada. “Negro, le dimos, le dimos” El primero en declarar fue José Sotelo, un hombre que ese mediodía salía de la casa de unos amigos en Barracas y se dirigía a su oficina. Había pasado la mañana con ellos conversando y tomando mate. Caminaba hacía la avenida Vélez Sarsfield cuando se encontró en medio de un infierno. “Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, dijo. Su testimonio fue muy valioso. Y valiente, porque Sotelo presentó más de una docena de denuncias por amenazas y hechos intimidatorios vinculados con la causa. En una oportunidad, fue secuestrado durante horas por personas armadas que le exigieron que cambiara su declaración a favor de Pedraza. “Caminaba por la calle Luján hacia la avenida, cuando escuché gritos a mis espaldas. 

Era un grupo numeroso de personas con ropas de ferroviario que venía corriendo, insultando y portando palos y varillas metálicas en sus manos. Delante de mí, había una columna de gente que se dirigía hacia Vélez Sarsfield. Yo no alcancé a ver a esa gente pero veía las banderas que llevaban en unos palos altos. Seguí caminando. Yo iba de traje y me parecía evidente que nadie iba a pensar que yo tuviera que ver con esa situación. De pronto, veo que un grupo empieza a agredir verbalmente a unos periodistas, una chica y un camarógrafo. Camino unos pasos y veo dos personas de espaldas que sacan dos armas y apuntan. Creí que iba a empezar un tiroteo y me tiré cuerpo a tierra detrás de un auto. Escuché tiros. Cuando se apagaron, me levanté y veo que estas dos personas le entregan sus revólveres a un tercero y le dicen ´negro, le dimos, le dimos´. Esa persona se guardó las dos armas en la cintura, una atrás y otra adelante. Atrás tenía además una pistola tipo 9 milímetros”. Sotelo escuchó que el que las recibía les dijo a ambos ´bueno, vayan y háblenlo con Pablo´. Pablo Díaz, de la Comisión de Reclamos del Roca, era el jefe operativo de la patota en el lugar de los hechos y mantenía contacto permanente con Pedraza y Fernández a través del teléfono del segundo. Las personas que identificó Sotelo fueron los detenidos Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño. El tercero todavía no fue individualizado. Apenas pudo, pasados varios minutos, Sotelo siguió camino hacia la avenida. En la esquina de Vélez Sarsfield y Luján, se detuvo un patrullero y lo abordó un policía. Le preguntó ´si había visto algo´. “Sí, algo vi”, le contestó Sotelo. El policía tomó nota de su nombre y de su número de teléfono. Nunca lo convocaron a declarar. Sotelo dijo que se enteró de la muerte de Mariano y de los heridos por los medios y que se presentó a declarar espontáneamente. El interrogatorio de los defensores fue patético, por momentos hasta infantil. Hicieron docenas de preguntas sobre de dónde venía, quiénes eran sus amigos, hacia donde se dirigía, a qué se dedicaba, dónde había estudiado y cosas por el estilo. El tribunal tuvo que hacerles una advertencia a los abogados defensores. Hasta la habitualmente adusta defensora del policía Villalba , Valeria Corbacho, se mostró irritada y levantó la voz. Sotelo contestaba cada pregunta con soltura y seguridad. Cuando las cosas van mal, la exasperación conduce a resultados aún peores, al punto que  el defensor Lagos logró -involuntariamente, claro- que Sotelo identificara a González, fácilmente reconocible porque lucía un cuello ortopédico, como uno de los que amenazó al equipo de C5N. El testimonio de Sotelo se extendió hasta pasado el mediodía. Una vez finalizado, el doctor Igounet presentó el enésimo pedido de excarcelación de su defendido, Guillermo Uño. Algo ridículo, para decirlo en pocas palabras. La fiscal se opuso inmediatamente y el tribunal difirió su resolución hasta la próxima audiencia. En estas cuestiones, el código de procedimiento no contempla que las partes acusadoras opinemos. Es evidente que no hay razón para soltar a Uño. Mucho menos a esta altura del proceso. Las hay sí, en cambio, para que éste pase el resto de su vida tras las rejas.   Recordemos, de paso, que Igounet fue quien introdujo en la causa al ´perito´ Roberto Locles, actualmente procesado por alterar -delante de media docena de testigos- la bala que mató a Mariano con el objetivo de invalidarla como prueba. Una patota es una patota Al regreso del almuerzo, el malhumor de los defensores era evidente. Y llegó el testimonio de Ariel, compañero de militancia de Mariano en la zona sur, para desatar finalmente su fastidio. Ariel narró los hechos. Detalles más, detalles menos, una vez más se escuchó en la sala el relato del ataque criminal de la patota. Ariel reconoció a Favale como uno de los tiradores, algo que ya había aportado durante la instrucción. Declaró apenas tres días después del crimen de Mariano. Otros compañeros del PO, antes que él, habían descripto en la fiscalía a un tirador muy similar al barrabrava de Defensa y Justicia. “Cuando vi en el diario la foto de Favale con Sandra Russo, dije ´¡fue este al que yo vi tirando!´, y llamé a los compañeros para ir a declarar lo antes posible”. Era una de las imágenes que los periódicos reprodujeron de la cuenta de Facebook de Favale, en las que se lo veía sonriente junto a la panelista de 678, Amado Boudou y Alberto Sileoni, entre otros, en la peña “La Epoka”, organizada por Boudou, con invitaciones. Ariel declaró ante la fiscal ese mismo día. (La presidenta Cristina Fernández, varias semanas después del asesinato de Mariano, atacó al PO delante de su familia: ´¿cómo es posible que la gente del Partido Obrero no pueda identificar al tirador?´, bramó; doble infamia: ahora sabemos, además, que el “testigo clave” aportado por el gobierno era parte integrante de la patota). Las preguntas de los defensores pretendían enredar a Ariel con minucias. La defensora de Favale fantaseaba con ´contradicciones´ entre su testimonio en la sala y su primera declaración que no existían. Ariel clarificó todo en un santiamén. Alguien inquirió si “había corrido a los ferroviarios”. Ariel contestó: “yo corrí CON los ferroviarios a la patota”. Freeland impugnó que se refiriera a la patota como tal. “Ustedes eran una patota”, llegó a decirle. “Nosotros no somos ninguna patota, usted está muy confundido”, se le plantó Ariel. Freeland estaba desatado, muy hostil. Recordemos que defiende a una persona que no estuvo físicamente presente en el lugar de los hechos. Ocurre que Freeland es consciente de que, si la patota cae, el camino conduce inevitablemente a Pedraza y Fernández, los únicos con la autoridad necesaria sobre el aparato de la Unión Ferroviaria que podían ordenar un ataque de las características que tuvo el del 20 de octubre de 2010 en Barracas. Y la cosa viene cada vez peor para ellos. El golpe de gracia llegó al final. Le exhibieron a Ariel un video en el que Favale aparecía durante apenas unos segundos sobre las vías, en una situación completamente distinta a la de la calle Luján o a la de la foto con Sandra Russo. “Ahí está Favale”, señaló Ariel al instante. Las luces se prendieron y la sala se vació inmediatamente. Parecía el cine, pero era el juicio oral y público por el feroz asesinato de Mariano, por las graves heridas contra Elsa y contra otros compañeros. Hasta el jueves.

Día 17: El que dice la verdad, puede repetirla cuantas veces sea necesario

17 de septiembre

Hoy declararon cuatro testigos: dos compañeros del Partido Obrero que participaron de la movilización en apoyo a los tercerizados ferroviarios, un chofer de la empresa Chevallier y el chofer de la ambulancia que trasladó a Mariano, Elsa y Nelson hasta el hospital Argerich. Uno de los compañeros de Mariano describió a un tirador.

Los testimonios volvieron sobre el relato de los hechos. Son versiones que van variando en distintos matices porque la percepción de cada uno de los testigos es diferente, pero en lo sustancial, sus descripciones confluyen en un relato único y coherente. Cada testimonio aporta un nuevo elemento que se integra a los anteriores. Todos los caminos conducen a Pedraza: se trató de un ataque alevoso, planificado por la cúpula de la Unión Ferroviaria, para aleccionar a los tercerizados. Su motivación: la defensa de los negocios que la burocracia compartía con los empresarios de Ugofe en torno a la tercerización laboral en el ferrocarril sobre la base de los subsidios estatales. Eso es lo que, jornada tras jornada, emerge de de este juicio.

Médico y compañero de las víctimas

El doctor Leo Wul milita en el Partido Obrero de la zona sur del Gran Buenos Aires. Concurrió a la marcha para apoyar a los tercerizados pero inesperadamente tuvo que actuar como médico. Fue su determinación que los heridos debían ser trasladados inmediatamente a un hospital. Apoyó esa decisión sobre todo porque, como afirmó desde el estrado, “no nos podíamos comunicar al 911 ni tampoco encontré ningún policía que pudiera llamar directamente a través de la radio”. La ambulancia del Same finalmente tardó más de 20 minutos en llegar al lugar. Para ese entonces, los compañeros ya habían ingresado al hospital Argerich a bordo de una ambulancia particular que casualmente circulaba por la calle Luján.

“Llegué a la estación Avellaneda al mediodía pero no encontré a los manifestantes. Crucé el puente Bosch. Ahí había policías y, sobre la vía, un grupo de ferroviarios vestidos con ropa de trabajo. Doblé por la calle Luján, vi dos patrulleros cruzados y unos 200 metros más allá, a los tercerizados que estaban haciendo una asamblea. La gente ya se estaba retirando”.

“Acompañé a la columna hacia la avenida Vélez Sarsfield. Dos mujeres gritan ´nos vienen corriendo, nos vienen corriendo´”. Leo dijo que escuchó cuatro o cinco detonaciones. “No me di cuenta de que eran disparos hasta que a unos metros detrás mío cae Elsa. Fue dos o tres minutos después de los gritos de las mujeres. Me acerco a Elsa y veo que tiene herida de bala en el frontoparietal izquierdo. A su vez, me llaman los compañeros porque estaba herido Mariano. Lo encuentro casi sin pulso, muy mal, en coma”.

Lograron parar una ambulancia. Leo le dijo al chofer que, como profesional, se hacía responsable. Viajó con ellos hasta el hospital. “En el Argerich me informan que Mariano estaba muerto. No puedo asegurar si llegó muerto o no. Tenía una hemorragia interna muy grave. No les quise decir nada a los compañeros en ese momento, pero yo tenía la íntima convicción de que se hiciera lo se hiciera, no iba a sobrevivir”. Las defensas –especialmente el abogado Freeland- apuntaron sus interrogatorios hacia una supuesta “negligencia” en la asistencia a los heridos. Los abogados pretenden forzar un “relato” en el cual los agredidos fueron los patoteros y la responsabilidad por la muerte de Mariano y las secuelas sufridas por Elsa, de sus propios compañeros. Esta versión pervertida de los hechos suena cada vez más patética en la sala.

El vecino barrabrava

El otro testimonio de los compañeros de Mariano fue el de Edgardo, también militante del Partido Obrero de la zona sur del Gran Buenos Aires. Cuando le preguntaron por las generales de la ley, dijo que conocía a Mariano (“una persona excepcional”) y a Elsa (“una gran organizadora de los comedores populares”), con quienes compartía militancia en el distrito de Berazategui. También conocía a uno de los imputados, Guillermo Uño, de quien era vecino en Florencio Varela. “Antes de que ocurriera esto nos saludábamos, no más que eso. Nos conocíamos del barrio. Después, obviamente ya no”. Dijo de Uño que “vendía golosinas hasta que un día ingresaron al ferrocarril él y varios miembros de su familia. Su hermana juntaba gente para los actos del Frente para la Victoria y su hermano había sido candidato”. También afirmó que “sabíamos que Uño era parte de la barrabrava de Defensa y Justicia”. Al igual que Cristian Favale. Reconoció a Uño en una de las fotografías de la patota que se le exhibieron.

Edgardo relató pormenorizadamente los hechos. Escuchó siete detonaciones. “Me doy cuenta que son armas de fuego porque un compañero tercerizado grita y veo que le sangra la pierna”. Edgardo dijo que vio a un tirador ubicado a 50 metros sobre su derecha, vestido con ropa oscura, empuñando un arma con su mano derecha. Explicó que había llevado algunos palos en un bolso para una eventual autodefensa. “Los sacamos pero no los usamos, porque nunca hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo”, dijo.

“Tiraron y se fueron. Algunos compañeros los corrimos. Ellos traspasan los patrulleros y se quedan ahí. Les dijimos a los uniformados ´están tirando con armas de fuego y ustedes no están haciendo nada´. Les dije que iban a tener que rendir cuentas por eso. Los dejaron pasar. Había uno que parecía ser un jefe, que estaba de traje azul y hablaba todo el tiempo por teléfono. En un momento, otro compañero me dice: ´si los dejaron pasar una vez, quien te dice que no lo hagan de vuelta´. Volvimos con los compañeros y entonces nos dicen que Elsa estaba herida y Marianito también, que se habían ido en una ambulancia al Argerich”, dijo Edgardo. Fue el único momento en el que se le quebró la voz. “Nos tomamos un colectivo a Callao y Corrientes para hacer manifestación pública y denunciar la agresión que habíamos sufrido”.

El testimonio de Edgardo fue contundente y los abogados defensores no sabían por donde encararlo. Comenzaron a reiterar preguntas que ya habían sido contestadas por el testigo. En un momento, la fiscal objetó esto cuando Edgardo ya había respondido la misma pregunta por segunda vez. El presidente del tribunal repuso: “quien dice la verdad puede, decirla dos veces, y lo que contestó recién el testigo fue exactamente lo mismo que dijo antes”.

Un hombre asustado

El testimonio de José Spengler fue singular. Es un chofer de la empresa Chevallier que no declaró en la fiscalía sino solamente en la comisaría 30, pocos minutos después de los hechos.

Cuando subió al estrado, lo primero que atinó a decir fue “lo mío es corto, porque yo no vi nada”. Lo único que contó fue que vio a nuestros compañeros sentados en la esquina de Luján y Perdriel y que como él les teme a las manifestaciones, estacionó el micro en el cordón de la vereda y se alejó rápidamente del lugar.

La fiscal lo confrontó con su declaración en sede policial. El testigo negaba cada frase. El presidente del tribunal intervino para preguntarle si se sentía atemorizado. El testigo continuaba negando todo. Entonces el juez fue más duro: le recordó que estaba en un juicio y que era testigo de un hecho en el que ocurrió la muerte de una persona. Finalmente, el chofer cedió. Reconoció que temía por él y por su familia y pidió garantías. El tribunal ordenó desalojar al público de la sala (algo un poco absurdo, en definitiva, porque tenía a los imputados sentados delante suyo) y le garantizó que adoptarían medidas para resguardar su integridad. Recién entonces Spengler recordó todo: todo lo que figuraba en el acta de la comisaría era -detalles más, detalles menos- lo que había visto. Que llegó conduciendo un micro de la empresa, que el portón estaba cerrado y que el policía de calle lo hizo estacionar en junto al cordón. Que la columna (“había hombres, mujeres, chicos”) se retiraba hacía Vélez Sarsfield y que el otro grupo “venía lejos”, desde la vía; que se ocultó junto al policía (sic) debajo del micro; que escuchó una docena de detonaciones, pero no vio a nadie; que vio que entre la patota ferroviaria (“no sé a quién representaban pero tenían vivos en el uniforme, como los de los recolectores de basura”) a gente que hurgaba y buscaba cosas en el piso. A los tres o cuatro minutos, corrió hacia la avenida buscando escapar del lugar. Ese mismo policía lo llevó luego a la comisaría, pero el uniformado no declaró nunca en la causa.

No se puede juzgar el temor de Spengler, que finalmente contó todo lo que vio. Otros testigos continúan recibiendo amenazas y aprietes. La patota continúa activa. El terror es su recurso desesperado.

Ambulancia

El último testimonio fue el del chofer de la ambulancia que trasladó a los compañeros. Fue un relato breve y conciso. Fundamentalmente explicó que ningún policía se acercó a él sino que consiguió que lo acompañara una moto policial que estaba estacionada a varias cuadras del lugar y porque se lo pidió, ya que la sirena de la ambulancia no funcionaba.

Esta semana declararán varios compañeros más de Mariano. La verdad se repetirá cuantas veces sea necesario.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Día 16: La solidaridad con “los buenos”

En la audiencia del día 16 tuvieron lugar testimonios muy fuertes. La sala estuvo colmada de obreros, maestros y estudiantes en cuyo recuerdo quedarán grabados para siempre.

Declaró un trabajador, compañero de Mariano, quien identificó a Favale y relató de forma pormenorizada el ataque en retirada.

Más tarde declaró un albañil que, cuando la patota atacó, estaba comiendo de parado en una parrilla. No estaba al tanto de nada, pero cuando vio a la patota atacar, no tuvo dudas sobre de qué lado estar, “del lado de los buenos”, según sus propias palabras. Minutos después, a pocos metros, “los malos”, asesinaban a Mariano y herían de gravedad a Elsa y dos compañeros más. A pesar de amenazas y hasta balazos que hirieron a uno de sus hijos, se mantuvo firme en su declaración, y hasta  identificó al testigo “aportado por el gobierno” como uno de los que encabezaba la patota con algo que posiblemente fuera un arma.

Otro policía bonaerense, también de fuertes lazos con Favale y los barras brava de Defensa y Justicia, fue el último testimonio.

“Se nos venían encima como malón”

Primero declaró Néstor M., militante del Polo Obrero de Esteban Echeverría. Es un hombre de unos 60 años, que repara equipos de refrigeración y que para octubre de 2010, hacía muy pocos meses que había comenzado a participar de las movilizaciones del Polo. Su testimonio fue sólido como una montaña. Hizo un relato muy pormenorizado de los hechos y señaló con absoluta seguridad a Cristian Favale como uno de los tiradores.

“El 20 de octubre, a eso de las 10 de la mañana, fui a Avellaneda participar de una protesta por los tercerizados del ferrocarril Roca. Esperamos hasta las 11:30. Cuando nos encolumnamos, los compañeros nos advirtieron que en las vías estaba la patota de la Unión Ferroviaria y nos llamaron a no responder agresiones ni insultos  y que solamente marcharíamos”.

“Fuimos costeando las vías. Desde abajo, veíamos en el terraplén a un montón de personas que gesticulaban y soltaban amenazas hacia nosotros, que íbamos cantando por la calle. Un pelotón de policías -que creo que eran de la Policía Federal pero tengo dudas-, con escopetas y escudos se nos adelantó. Yo iba a mitad de la columna. Cruzamos el Riachuelo y habremos avanzado unos 100 metros cuando escuché un griterío, disparos y empezó a caer una lluvia de piedras. Primero me escondí en una esquina, detrás de un cartel de publicidad. Algunas piedras que rebotaron en el pavimento me pegaron en las piernas y me alejé todavía más. Vi compañeros con golpes, con la cabeza sangrando, que eran los que habían intentado subir a las vías”.

“Nos alejamos otros 200 metros. Había dos patrulleros enfrentados, como cortando la calle. Llegamos a una parrilla al paso y nos distendimos. A esa altura, lo que había pasado era una anécdota. Algunos compañeros se refrescaron, otros comieron algo. Estuvimos ahí como una hora y pico. Se hizo una asamblea: unos querían ir al hall de Constitución a protestar por la agresión, otros decíamos que la protesta ya había sido hecha y finalmente se decidió irnos”.

“La gente se empieza a ir, al menos la gran mayoría, caminando hacia la avenida Vélez Sársfield. Había muchas mujeres y chicos. Yo me había quedado al lado de la parrilla, apoyado de espaldas a las vías sobre el baúl de un Falcon viejo. Escucho que alguien grita ´guarda que bajan´, me doy vuelta y veo que vienen corriendo hacia nosotros. Corrí en dirección contraria, pasé por la puerta de Chevallier y en la otra esquina escucho que uno grita ´un cordón acá´. Como no podía correr más, me quedo en el cordón. Se nos vinieron encima, era un malón que metía miedo. Agarré unas piedras para defenderme. Se frenan a unos 40 metros y ahí empieza el pedrerío. Tiré dos o tres piedras, pero como pegaban en las ramas de los árboles, me corrí al medio de la calle. Escuché tres disparos seguidos pero no les presté atención porque pensé que era de nuevo la policía. Entonces veo a un individuo con un arma que hace dos disparos desde unos 30 o 35 metros en línea recta hacia nosotros. Vi los dos fogonazos. Entonces este hombre baja el arma y con la otra mano veo que la manipula con el caño para abajo. No sé qué quería hacer, supongo que abrirla para recargarla. Como no pudo, salió corriendo y se metió en un grupo que es como que se abre para recibirlo y después se cierra”. Este detalle confirma (por enésima vez) que había una organización previa, que todo estaba pautado: la llegada y salida de los tiradores, la distribución de las armas, su ocultamiento. Afirmó haber escuchado ocho disparos en total, de diferentes calibres, que pudo reconocer porque su padre era cazador y además hizo el servicio militar. Describió al tirador que pudo visualizar como de 1,75 de altura, robusto, de pelo corto y barba candado, vestido con una remera azul y pantalón de jean o de trabajo. Cuando vio su cara en los noticieros no tuvo dudas de que se trataba de Cristian Favale.

Néstor no conocía a Mariano. Lo vio por primera vez tirado en el piso, con la remera levantada y un orificio a la altura del hígado. Cuando le preguntaron qué hizo la policía, dijo: “Nada”.

Cuando terminó de hablar, parecía que a las defensas les había pasado por encima una aplanadora. Uno de los jueces poco menos le ordenó que tomara un trago de agua. Este compañero reveló una memoria implacable y además habló con una seguridad que dejó sin aliento hasta el más verborrágico de los abogados defensores. Cuando éstos intentaron ponerlo en contradicción con su primera declaración, sus respuestas fueron tan contundentes que no dieron lugar a réplicas.

A esta altura, el partido ya estaba ganado. Lo que vino después se podría decir que fue directamente humillante para Pedraza y su patota.

Los buenos y los malos

El siguiente testigo fue Alberto Esteche, que el 20 de octubre de 2010 estaba almorzando (“de parado, yo en la parrilla como siempre de parado”) en un puestito ubicado en la esquina de Luján y Perdriel junto a su hijo, a pocos metros de donde caería Mariano. Esteche vive en Barracas desde hace 26 años. En ese momento, tenía una changa de albañil ahí en el barrio. Ahora es empleado en una distribuidora de gaseosas. Le habían dado permiso para salir al mediodía, y como la cosa venía más rápido que lo previsto, el tribunal tuvo que adelantar el receso del almuerzo hasta que finalmente llegó.

Esteche ingresó a la sala con paso firme. Los detenidos estaban todos presentes. Cada vez que declaran testigos presenciales de los hechos, vienen todos. Deben pensar que intimidan o algo por el estilo pero hasta ahora ningún testigo se mosqueó porque estuvieran ahí. Esteche no iba a ser la excepción, para nada.

Ocurre que las pasó todas: la noche anterior a su declaración en la fiscalía, allá en el 2010, le balearon la casa. Treinta y seis tiros. Uno le produjo heridas muy graves a uno de sus pibes. Además, a sus dos sobrinos que trabajaban en el ferrocarril, en los talleres del kilómetro 4, los despidieron justo después de que declaró. Si pasó todo eso y vino hoy, no se iba a achicar delante de ellos.

Apenas se sentó en el estrado, descargó un relato breve pero brutal.

“Estaba comiendo en la parrilla. Los del Partido Obrero estaban con las banderas rojas yéndose, no eran más de 50. Había mujeres embarazadas, chicos. Unos chicos de los que se estaban yendo se ponen con unos palos tapando Luján. Armaron una valla al ver a los otros venían. ´Que se vayan las mujeres, nosotros nos quedamos´, habrán pensado. Los otros eran un montón, por lo menos 80. Venían gritando, putendo, ´les vamos a pegar, son unos muertos de hambre, los vamos a matar´”.

“¿Qué hacían estas personas?”, quiso saber la fiscal. “¿Los buenos o los malos?” pidió Esteche que le aclarara. “No vamos a usar calificativos. Me refiero a los que venían corriendo desde el lado de las vías”, repuso la Dra Jalbert. “Sí, los malos”, concluyó Esteche. Se notaba que no venía a perder tiempo. No hubo manera de moverlo de ahí. Los defensores tuvieron que adaptarse para poder hacer interrogarlo. Estaban los buenos y estaban los malos, y se acabó. No se iba a poner a discutir ahora eso.

“Primero les empezaron a tirar piedras, después empezaron los tiros. Lo metí a mi hijo debajo de un camión y le dije al parrillero que escondiera las cosas, a ver si le robaban. Las mujeres corrían. Veo que un muchacho agarra a otro pibe que estaba haciéndose pis. Lo llevan para la pared de la esquina. Estaba meándose y defecándose. Pensé que tenía un ataque de epilepsia, pero cuando le levantan la remera, le ven el tiro”. Esteche ayudó a subir a Mariano a la ambulancia.

“Yo agarré un palo y lo corrí a ese”, dijo Esteche señalando con el dedo índice al ´Payaso´Sánchez. “Mucho no iba a hacer, pero bueno”. Un defensor le preguntó para qué había agarrado el palo. “Porque quería pelear del lado de los buenos”, contestó Esteche, dejando definitivamente aclarado el punto. Señaló a González -el que aparece en los videos de C5N con cuello ortopédico- como uno de los más exaltados, que puteaba y amenazaba a todo el mundo. “Cuando se iban, se quisieron hacer los malos con unos choferes de Chevallier que estaban ahí”.

Esteche dijo que vio a dos personas haciendo ademanes de ocultar en la cintura lo que cree que eran armas. Uno de ellos, “una persona medio norteña”; al otro, que lo señaló en un video que le mostraron en la audiencia, era Benítez, el testigo protegido que llegó a la causa de la mano del intendente de Quilmes y del gobierno. Esteche no tiene la certeza de que se tratara de un arma, pero lo que contó es lo que vio. “Era uno de los capitos, porque le decía al del cuello ´ya está, ya está, vámonos´”.

Escuchó un disparo, aunque no pudo visualizar al tirador. “Era un calibre chico, como de 32 o de 22″, afirmó. A Mariano y a Elsa le dieron con una 38. La patota tenía muchas armas.

“La policía llegó como a los diez o quince minutos. Había un patrullero antes de llegar al puente con dos policías. No hacían nada”. Esteche dijo que levantó tres plomos deformados del piso y que se los dio al cree que era el comisario o subcomisario, que estaba de traje. Esa misma tarde declaró en la comisaría. Allí pidió ver videos pero no le mostraron nada. Reconoció a los tipos en la televisión.

Los patoteros lo miraban con odio. Terminó de declarar y salió de la sala tan seguro como había entrado. “Gracias, gente”, se despidió, como dando el mazazo final.

Un policía y las últimas chicanas

El último en declarar fue el subcomisario Romero, de Florencio Varela. Al igual que su jefe, el comisario González, tenía trato fluido con Favale, que integraba la barrabrava de Defensa y Justicia y participaba de las reuniones con la policía en las que se coordinaban los movimientos de la hinchada en los partidos.

El 20 de octubre de 2010, Romero redactó un informe muy particular. Los cómplices de Favale se desplazaban hacia Avellaneda y fueron demorados por un control policial. Eran nueve personas arriba de un auto. Favale llamó entonces a Romero para pedirle explicaciones sobre ese percance “porque los muchachos iban para un acto político”. Insólitamente  (o no), el subcomisario hizo las averiguaciones a pedido de Favale, que finalmente se arrimó al lugar en un segundo automóvil y pudieron seguir viaje. La fuerza de choque reclutada por Pedraza se dirigía a cometer la emboscada que tenían prevista pasando por las narices de la policía. Barrabravas, punteros, canas y burócratas sindicales se manejan en la misma esfera de relaciones y negocios cruzados. Este juicio pone eso de manifiesto en cada audiencia.

En el último acto, finalizadas las declaraciones, el abogado Freeland hizo un confuso pedido basado en recortes periodísticos sobre un paro en el Sarmiento y sobre un posteo de la ex fiscal del caso, Cristina Caamaño. En parte era difícil de entender qué pretendía. Pasado en limpio, apunta a anular la investigación, o parte de ella. O al menos, hacerse ver como alguien activo delante de sus defendidos. En definitiva, son abogados que cobran una pequeña fortuna por cada audiencia.  Y no tienen mucho más que ofrecer que un poco de teatro. Cada prueba, cada recoveco que sigue el juicio, acercan a Pedraza y los suyos a la condena a perpetuidad.

El juicio se reanuda el próximo lunes. La semana que viene declaran más compañeros de Mariano.
http://po.org.ar/mariano-ferreyra/2012/09/14/dia-16-la-solidaridad-con-los-buenos/

martes, 11 de septiembre de 2012

Causa Mariano Ferreyra : el planteo de nulidad rechazado

 Por Irina Hauser

La audiencia de ayer en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra terminó con un mal trago para las defensas. Eran cerca de las 17 cuando se hizo un enorme silencio y el juez Horacio Días anunció el rechazo contundente al planteo de nulidad de la declaración de los testigos protegidos que se presentaron la semana pasada, que había formulado el abogado del número dos de la Unión Ferroviaria (UF), Juan Carlos “Gallego” Fernández. Los relatos de Alejandro Benítez y Claudio Díaz son centrales en el expediente: comprometen a los dos tiradores que están en el banquillo (Cristian Favale y Gabriel Sánchez), al propio Fernández y a la Policía Federal. Días, quien preside el Tribunal Oral Criminal Nº 21, explicó que junto con sus colegas habían resuelto rechazar la nulidad guiados por el “sentido común” y el hecho de que no se vio afectado el derecho de defensa, ya que todo el mundo pudo interrogar a los testigos, verlos y controlar la prueba.

El abogado de Fernández, Alejandro Freeland, decía que, en especial en el caso de Benítez, era imposible saber si era él, cubierto con un gorro, anteojos y una barba postiza. Díaz también llevó gorro. Se quejó, además, de que el tribunal había dispuesto que los letrados apagaran las computadoras y los celulares durante la declaración de Benítez, para evitar fotos o grabaciones. Decía que todo eso vulneraba el derecho de defensa. El juez Días transmitió los argumentos contra el planteo. Pausado y con un lenguaje llano, explicó que ambos testigos corren riesgo de vida por sus aportes a la investigación. Se debatieron posibles formas para que declararan pero ninguna permitía, precisamente, la garantía plena de la defensa en juicio, que “es irrenunciable”. Tal como se implementaron las declaraciones, dijo, todos pudieron verlos y hacerles preguntas durante horas. Señaló que aunque Benítez fue con “una barba estrafalaria”, quienes lo conocen “no tenían dudas que era él”. Se cumplieron todos los “principios sustanciales” del juicio oral. Al final deslizó que un abogado puede ejercer la defensa sin computadora.

En la misma jornada, dos comisarios que declararon como testigos quedaron en la cuerda floja. Héctor González, de la Bonaerense, dijo que Favale, barrabrava de Defensa y Justicia acusado de haber disparado a los tercerizados, solía participar en reuniones en su comisaría para organizar los operativos de seguridad en el estadio de Florencio Varela. Contó que Favale lo llamó a su celular y él le aconsejó que se entregara. Sólo eso, dijo, hasta que le leyeron toda la conversación, donde González le ofrecía ayuda. Eduardo Catalán, comisario de la seccional 30, la que actuó durante el ataque de la patota de la UF, dijo que sólo escuchó “modulaciones” sobre “incidencias”. Después admitió que los tercerizados le dijeron “nos cagaron a tiros” y que había “heridos”. “¿Preguntó dónde estaban los heridos?”, inquirió el juez Diego Barroetaveña. El policía dijo “seguramente”. “¿Tomaron medidas para identificar a los agresores?”, preguntaron las querellas. “No”, reconoció

José Pedraza acusado junto a un ex juez y a un ex agente de la SIDE

Procesados por intento de coima judicial
Con el objetivo de conseguir su excarcelación, Pedraza habilitó a Aráoz de Lamadrid y al ex agente Juan José Riquelme para que evitaran su prisión por el asesinato de Mariano Ferreyra. Ayer fueron procesados junto al prosecretario de Casación, Luis Ameghino Escobar.

 Por Irina Hauser

En el verano de 2011, tres meses después del asesinato de Mariano Ferreyra, el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, debatía por teléfono con el contador del gremio y vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, cuánto iban pagar. Les pedían 75 mil. Regateaban. Dudaban cuál era la moneda. Ofrecían 50 mil, la cifra que al final llevaron en dólares al estudio del ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. ¿Para qué? Apostaban a que la Cámara de Casación Penal, donde Aráoz ofrecía contactos, dejara en libertad a los siete integrantes de la patota detenidos hasta entonces por el homicidio del militante del Partido Obrero (PO). En el fondo era un “plan de salvataje de Pedraza”, que aunque seguía en libertad sabía que podía caer preso, como ocurrió. Así lo sostuvo el juez Luis Rodríguez en una resolución de ayer en la que procesó por cohecho (coimas) y tráfico de influencias, con embargos de 200 mil pesos, al líder ferroviario, a Stafforini, a Aráoz, al intermediario y agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y al prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar, a quien le pagarían por asignar el expediente a ciertos jueces. Rodríguez desvinculó a los camaristas que estaban bajo sospecha, a pesar de que uno de ellos, Eduardo Riggi, tenía trato con Riquelme y en días clave se comunicó con él.

La maniobra fue descubierta por la jueza Wilma López mientras investigaba el asesinato de Ferreyra, y Pedraza estaba en la mira. Había ordenado escuchas y así fue que se topó con los diálogos que revelaron la planificación del pago de sobornos, hizo la denuncia y se abrió una causa aparte. Con el seguimiento de las charlas telefónicas, los investigadores detectaron el momento justo en que Stafforini llegaba al estudio de Aráoz de Lamadrid con 50 mil dólares recién sacados de una caja de seguridad de la sucursal Montserrat del Banco Galicia el 1º de febrero, donde había ido con custodia. Un rato después, era Riquelme el que pasaba por la oficina del abogado, quien hasta dos meses antes ejercía la defensa de Guillermo Uño, uno de los detenidos de la patota. La Policía Federal allanó el lugar e incautó el dinero (cinco fajos de cien billetes de cien dólares), que estaba en un sobre marrón rotulado “Octavio”. Riquelme tenía consigo una copia de la carátula del expediente que dejaba constancia de que había quedado asignado a la Sala III de la Casación Penal, donde el principal nexo de Aráoz de Lamadrid era el juez Eduardo Riggi, con quien había trabajado durante diez años. El fiscal Sandro Abraldes pidió detenciones e indagatorias en mayo del año pasado.

Según el juez Rodríguez –quien tiene audiencia pública la semana próxima en el Senado con miras a ser juez federal– “quedó demostrado que Pedraza junto a Stafforini ofreció dinero para que Luis Escobar direccionara el sorteo” de la causa. “Juan José Riquelme” era “el enlace entre ellos y Aráoz de Lamadrid, quien contactó personalmente al prosecretario administrativo”, su amigo. También se comprobó, dice la resolución, que “Pedraza y Stafforini ofrecieron y entregaron dinero” a Riquelme (quien recibió al menos 3500 pesos de la UF) y a Aráoz “para que hicieran valer indebidamente influencia ante el juez de la Sala III” de Casación, Riggi, y a través de él, sobre otros dos jueces. “Actuaron sobre un verdadero acuerdo –dice el texto– un hecho concreto y futuro que tendría su debida retribución.” “Valiéndose de relaciones y conocimientos preexistentes, cada uno de los actores se posicionó en un lugar estratégico para lograr el resultado aludido que, seguramente, de forma mediata le garantizaría impunidad a Pedraza, u otros”, afirma.

Las conversaciones de los cinco hombres ahora procesados fueron reveladas por Página/12 en junio del año pasado. Su existencia, ya desde que la Justicia las detectó, se convirtió en un factor que dificultó los intentos de Pedraza y sus laderos por recuperar su libertad, al sumarse a otros obstáculos en la investigación, como las amenazas a testigos y la participación de un perito de parte de la UF que alteró como elemento de prueba, tras golpearla, la bala extraída del cuerpo de Ferreyra.

Riquelme era viejo conocido de Pedraza y famoso por sus visitas a la Casación. Justo ayer, en el juicio oral por el homicidio, una agente de Asuntos Internos mencionó que en seguimientos se lo vio entrar dos veces a la UF. A Pedraza, podía advertirse en las escuchas, Riquelme lo mantenía al tanto de la negociación. El procesamiento lo describe “como un profesional del lobby, un vehemente relacionista público que permanentemente está en acción”. Mientras discutían el monto del presunto soborno, dejó el ya célebre mensaje en el contestador de Pedraza: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, para aclarar que debía pagar dólares, no pesos. Y mientras esperaban el sorteo en Casación, para calmarle la ansiedad a Pedraza le decía, según le contó a Aráoz: “Te lo dije ayer... si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poné el champán en la heladera, te lo re-tomás y te vas a acostar, punto y aparte”. “El amigo de la calle Viamonte” era Aráoz de Lamadrid, por la dirección de su estudio. A Ameghino Escobar lo apodaba “el señor de las teclas”, porque los sorteos se hacen con computadora. Al juez Riggi se refería como “el amigo Eduardo”.

La sala se sorteó el 26 de enero. Ameghino mandó la noticia por mensaje de texto a Aráoz, que estaba en Brasil. Aráoz, desde ahí, le avisó a Riquelme, quien a la vez “lo comunicó a Stafforini” y “a Pedraza de manera personal”. “Es la sala de nuestro amigo”, celebró Aráoz de Lamadrid, en referencia a Riggi. En los intercambios siguientes señalaban el 2 de febrero como clave: era el día siguiente a la entrega del dinero en el estudio de Aráoz. Según el juez Rodríguez, ahí empezaban “la segunda parte de la trama”, la de persuadir a los jueces, que se supone que quedó trunca. Riquelme hacía gala de su relación con Riggi, con quien efectivamente habló, y de encuentros con Gustavo Mitchell (quien renunció el año pasado). Aráoz alegaba buena “onda” con el entonces subrogante Mariano González Palazzo. A pesar de que el fiscal Abraldes advirtió sobre el posible compromiso de los magistrados, Rodríguez dijo que no había pruebas que los implicaran: sostuvo que no se probaron encuentros, ni que hablaran del caso. A Pedraza y los otros cuatro imputados les atribuyó cohecho y tráfico de influencias. A Stafforini le agregó tenencia ilegal de armas, por un revólver hallado en la caja de seguridad, que carece de autorización.
Policías, responsables

Un policía que fue director general de Seguridad e Investigación de Medios de Transporte de la Federal, Eduardo Carlos Innamorato, testigo en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, declaró que quien tomaba las decisiones durante el operativo en Barracas era el ex comisario Hugo Lompizano, quien estaba a cargo de la Dirección General de Operaciones y es uno de los siete policías que se encuentran en el banquillo. También dejó entrever que no se adoptó la acción disuasiva habitual de la fuerza cuando hay grupos antagónicos, que es interponer al personal policial entre ellos.

n Alberto Bovino, uno de los abogados que representa a la mamá de Mariano Ferreyra, dijo ayer que el caso debe encuadrarse como uno de violación a los derechos humanos cometido por particulares con consentimiento y colaboración de agentes estatales.

domingo, 9 de septiembre de 2012

Son ya 195 los desaparecidos en democracia

(AW) En un artículo publicado en su boletín de informaciones, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), da cuenta de que son ya 195 las personas que cantabilizadas como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Es muy probable que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos, informa la organización antirepresiva.

El 30 de agosto se conmemoró internacionalmente el día del detenido -desaparecido. El gobierno nacional lo celebró reprimiendo trabajadores con la gendarmería en Panamericana, para luego llevarlos detenidos ilegalmente a Campo de Mayo, y en los múltiples actos y discursos que se escucharon ese día poco se dijo de quienes el Estado desapareció desde 1983 hasta esta parte.

Pareciera que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó con la dictadura del '76 se equivoca: son 195 las personas que los gobiernos democráticos detuvieron, torturaron y desaparecieron bajo la cortina de la ‘democracia'.

La restauración democrática anunciaba que, en 1983, la organización del pueblo estaba aplastada. Sin embargo, ningún gobierno jamás dejo de reprimir las movilizaciones y protestas populares, lo que nos costó, hasta hoy, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus intereses, sino que también necesita evitar esa organización. Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas y las detenciones arbitrarias, se despliegan en todos los barrios del país contra la juventud de los sectores más explotados.

Las fuerzas represivas del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas de la represión "preventiva" o "selectiva", sino que optan, cuando hay que dar alguna explicación, por hablar de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos o presos ahorcados.

Pero lo cierto es que, aun sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente, el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que tiene a mano. Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente. Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos también son frecuentes, o los entierros clandestinos. En estos casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente encontrado, pero hay veces que el aparto estatal es por demás eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el paradero de la víctima.

Son 195 las personas que contabilizamos como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos.

El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos.

La represión a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura y también la desaparición de personas siguen siendo política de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre ricos y pobres.