jueves, 28 de junio de 2018

A 16 años de la Masacre de Avellaneda: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki : ¡Presentes!

Familiares de las víctimas encabezaron la movilización.
Darío Santillán (21 años) y Maximiliano Kosteki (25) militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD), y el 26 de junio de 2006 fueron asesinados por la Policía Bonaerense en el marco de una masiva protesta en el Puente Pueyrredón.

El 26 de junio de 2002 se llevó a cabo una masiva protesta de trabajadores para exigir subsidios al desempleo, entre otros, en el marco de una fuerte crisis económica.
Organizaciones sociales y políticas de Argentina se movilizaron para recordar el 16° aniversario del asesinato los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en manos de la policía bonaerense, en el marco de una represión a una protesta social.

El crimen es conocido con el nombre de Masacre de Avellaneda, y los familiares aún exigen justicia. Si bien los responsables materiales, el ex comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, cumplen cadena perpetua en una cárcel común, los familiares y las organizaciones reclaman enjuiciar a los responsables políticos.

Las organizaciones comenzaron a concentrase a partir de la 09H00 hora local en la estación de trenes que desde el 2013 lleva el nombre de los militantes asesinados, y a partir de las 12H00 iniciaron la marcha hacia el Puente Pueyrredón, que comunica la cuidad de Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires.

 Ahora en Puente Pueyrredón Darío y Maxi presentes! El puente es nuestro la yuta que los parió

Allí realizaron un multitudinario acto en el que habló el padre de Darío, Alberto Santillán, y Vanina, la hermana de Maximiliano.

En video difundido por Barrica Tv, Alberto Santillán expresó que "la justicia no mira para el lado de los políticos, que son los verdaderos responsables de la Masacre de Avellaneda. Uno de ellos es (Felipe) Solá, así como (Eduardo) Duhalde. Pero hoy Solá se está por presentarse como precandidato a presidente (...) el era el gobernador y sin embargo la justicia no lo ha llamado a declarar.

Más tarde se realizó un "pañuelazo" en favor de la legalización del aborto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será debatido en el Senado en agosto.

lunes, 4 de junio de 2018

El prefecto que mató a Rafael Nahuel

El autor del disparo fue identificado pero sigue libre y sin ser indagado

El portal En estos días informó que ya fue identificado el Cabo Primero de Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, como quien realizó el disparo que alcanzó a Rafael Nahuel el pasado 25 de noviembre cuando los prefectos ingresaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. La información se hará oficial recién el viernes y mientras tanto el agente sigue en libertad y sin ser citado a declaración indagatoria.

Según la nota del periodista Santiago Rey, Pintos fue el prefecto que más disparos realizó durante el ataque a los mapuches. Fueron 40 detonaciones con una pistola Beretta y un subfusil MP5 y el agente recargó sus armas al menos en cuatro oportunidades. Una de las balas 9 milímetros del MP5 -identificado con el número de serie B 05-C335508- alcanzó a Rafael Nahuel por la espalda. 

Otros cinco prefectos que ingresaron al territorio tenían sus cargadores incompletos, por lo que también dispararon. Se trata del Marinero Sergio Damián García; el Cabo Segundo Carlos Valentín Sosa; el Cabo Primero Sergio Guillermo Cavia -cuyo proyectil quedó en la recámara-; el Cabo Segundo Juan Ramón Obregón; y el Ayudante Segundo Eric Fabián Blanco. Los prefectos habrían realizado en total 114 disparos, teniendo en cuenta los proyectiles faltantes en los cargadores.

A pesar de esas evidencias, el juez Gustavo Villanueva no resolvió aun avanzar en la citación para que declaren ni accedió a detenerlos para que no entorpezcan la investigación, tal como reclamaron las abogadas Julieta Wallace y Sofía Bordenave. El magistrado sostiene todavía la carátula de la causa como “Jones Huala, Fausto Horacio y otro S/ muerte por causa dudosa, usurpación y atentado agravado por más de tres personas”.

miércoles, 23 de mayo de 2018

Uruguay : El silencio se hizo oír



Miles de personas participaron en la 23° Marcha del Silencio.

Millares de personas colmaron 18 de Julio e la 23° Marcha del Silencio, que se llevó a cabo bajo la consigna “Impunidad: Responsabilidad del Estado, ayer y hoy”. La marcha se realizó también en varias localidades del país y el exterior.

La marcha comenzó a las 19 horas en Montevideo, con una amplia respuesta.

“Seguimos el camino iniciado hace más de 40 años por nuestras queridas madres, marcado a fuego por el compromiso con sus seres queridos, por su perseverancia, por lo que es su auténtico aporte y legado: Caminar juntos, expandir esta fuerza contra el olvido, hacerlo colectivo. Sumar. Que nuestro reclamo sea el reclamo de todos. Y que todas las luchas cuenten con nosotros”, indica parte de la convocatoria.

La marcha, promovida por la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se realiza cada 20 de mayo desde hace 23 años para conmemorar a los detenidos desaparecidos. La fecha recuerda la aparición sin vida de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw
fotos 
Marys Yic





jueves, 17 de mayo de 2018

domingo, 11 de febrero de 2018

Santiago Maldonado : "Murió por culpa de los testigos mapuches"

La Gendarmería denunció por asociación ilícita y falso testimonio a quienes acompañaban a Santiago Maldonado

La hipótesis de Gendarmería, que realizó un operativo ilegal en la comunidad Pu Lof que terminó con la muerte de Maldonado, es que los testigos se aliaron para incriminar a la fuerza. Para la familia, la denuncia es “intimidatoria”.
Por Irina Hauser

La ministra Patricia Bullrich y la Gendarmería ahora les apuntan a los amigos de Santiago Maldonado.

Igual que en los comienzos de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería  se aferra a la estrategia del Gobierno de acusar a las víctimas. Mientras en la causa se desa- rrollan medidas claves para establecer la posible responsabilidad penal de los agentes en la persecución de un grupo de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen que tuvo como consecuencia la muerte del joven cuando acompañaba una protesta, la fuerza que responde a la ministra Patricia Bullrich presentó ayer una denuncia en la que pide que se investigue lo que considera una presunta asociación ilícita y tres supuestos falsos testimonios (de dos mapuches y un amigo de Maldonado) para generar una versión que la incrimine. El expediente está a cargo de la fiscal Silvina Avila, que también interviene en la causa sobre la muerte, y del juez Guido Otranto, que fue apartado de ese expediente por parcialidad. Desde enero tramitan otra denuncia en sintonía del Ministerio de Seguridad, que pone en duda ocho testimonios y sugiere una suerte de complot. “Es una denuncia claramente intimidatoria”, dijo a PáginaI12 Verónica Heredia, abogada de la querella de la familia.

En la causa que ahora está a cargo del juez Gustavo Lleral, y que debe determinar qué pasó y cómo murió Maldonado, se están llevando a cabo medidas centrales. Una de ellas es el análisis completo del contenido de los celulares de 20 gendarmes que estuvieron más cerca del río Chubut en la zona donde fue encontrado el cuerpo y que participaron de la persecución a los mapuches en el territorio. Se había hecho un análisis parcial de los aparatos, que arrojaba que habían estado apagados. El peritaje se amplió con una apertura total del contenido conocer el contenido y la llamada “georreferenciación”, que establece donde estaba  cada agente. Además faltan imágenes del operativo que la fuerza debería tener y aportar, en especial del lapso entre las 11.30 y las 13 del 1 de agosto, el momento que desaparece Maldonado. Y, está pendiente que el juzgado logre la declaración testimonial de un grupo de personas que el día de la persecución de Gendarmería estaba en la ruta 40, en el ingreso a la comunidad.

A esto se suman medidas en desa- rrollo pedidas por la familia, que todavía guarda grandes dudas sobre qué pasó con Santiago antes de que cayera al río. Se está peritando, por ejemplo, su documento de identidad, que estaba en muy buen estado pese a los 78 días transcurridos desde la desaparición y no estaba en una bolsa, pese a versiones que lo afirmaban. También se peritan billetes que tenía en la ropa. La autopsia indicó muerte por ahogamiento e hipotermia, pero la abogada Heredia señala que “no se determinó cuánto tiempo estuvo en el agua: da un rango, según distintos métodos podrían ser 53 días, más de 60 o 73, por eso nosotros seguimos sospechando solicitando medidas que ayuden a esclarecer, no sabemos si estuvo todo el tiempo en el agua”. “Su mochila nunca apareció –agrega– ¿y si tenía disparos de la Gendarmería?”

Ese es el cuadro de situación de la principal causa, frente al que el Ministerio de Seguridad primero y la Gendarmería ahora introducen sus denuncias. La Gendarmería  pide investigar a quienes, en su óptica, serían responsables de la difusión de lo que llaman una “falsa hipótesis” de que Maldonado había sido “desaparecido por personal” de la fuerza. Habla de rastrear autores intelectuales o materiales, en el ámbito de la comunidad, el judicial y los medios masivos. Y pone el foco en tres testigos: Matías Santana, Claudia Pilquiman y Ariel Garzi. Santana había relatado cómo la Gendarmería ingresó a la comunidad y persiguió a un grupo y que mientras algunos cruzaron el río a Santiago lo subieron a una camioneta de Gendarmería. Pilquiman es la mamá de Lucas, conocido como testigo E, quien dijo haber estado con Maldonado al momento de cruzar el río, pero que Santiago no cruzó. Claudia había estado con él también en la ruta. Garzi es un amigo de Santiago que hizo una llamada a su celular el 2 de agosto, que duró 22 segundos pero sólo hubo silencio. Heredia plantea que si la Gendarmería objeta que se analice posible desaparición forzada “no pueden investigar su denuncia la fiscal Avila y Otranto, porque ella propuso esa carátula para el expediente y él hizo lugar, además que ya fue apartado”. La carátula no cambió. 

La Gendarmería carga las tintas en los testigos y dice que la fuerza no tuvo ninguna responsabilidad. Es que eso es precisamente lo que se investiga y es ostensible que la fuerza ingresó con más de 50 agentes a la comunidad en un allanamiento ilegal y a los tiros. Alegaron un delito en flagrancia: que los mapuches les arrojaban piedras para rechazarlos, pero hasta ahora todo apunta a que las pedradas sucedieron una vez que los gendarmes estaban en el territorio. El único imputado es un gendarme, Emanuel Echazú, que puso defensor cuando se filtraron sus fotos con la cara ensangrentada y se supo que se peritarían las lesiones y su ubicación. Una foto satelital lo mostraba muy cerca del lugar donde fue hallado Maldonado. Una enfermera dijo que lo atendió dentro de la comunidad, no en la ruta como sostenía la fuerza. Pero en el doble juego de ser acusada y convertirse en acusadora, la Gendarmería además de todo querella por el corte de ruta del 31 de julio.

En el expediente sobre la muerte y la desaparición, que tiene el juez Lleral, la Gendarmería también se presentó con la estrategia de acusar y presionar: quieren que declaren los abogados de Naturaleza de Derechos que habían hecho la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que derivó en una advertencia al Estado argentino. Habían presentado relatos. Uno era el “testigo E”, Lucas Pilquiman, que según en ese texto decía que había estado con Santiago en los últimos momentos antes de cruzar el río pero que lo había agarrado la Gendarmería. Lucas, de 19 años, testificó ante Lleral con una citación que no fue notificada a las querellas. Describió la persecución de Gendarmería pero no fue exactamente igual, no dijo que se lo llevaron. Heredia pidió la nulidad y se la negaron. La Gendarmería busca un careo.

Hoy la causa no tiene definiciones. Faltan medias y declaraciones. “Quieren socavar los testimonios, intimidar a los más vulnerables. Quieren impedir que la gente que aún no lo hizo declare. Insisto con que peligra la investigación. Estas denuncias son actos que demuestran que la investigación es atacada por el propio gobierno”, advierte Heredia.

La denuncia del Ministerio de Seguridad también radicada en el juzgado de Otranto también cuestiona testimonios. Los mismos que Gendarmería y otros más, como el de Lucas. Hay otra causa con sentido similar  en Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, contra el constitucionalista Eduardo Barcesat, por acusar al Gobierno. La denuncia es del abogado Denis Pitté Fletcher. La causa la tiene el juzgado de Julián Ercolini. Barcesat hizo, en efecto, una denuncia contra el Poder Ejecutivo y Gendarmería por encubrimiento en la investigación de la desaparición de Maldonado, cuando era ostensible por dichos de la propia Ministra Patricia Bullrich y las intervenciones de sus funcionarios en el expediente, que clamaban por desligar a la fuerza con la causa en pleno trámite y sembraban pistas falsas y ofensivas para la familia de la víctima. Desde decir y plantear que Santiago podía haber herido a un puestero de la estancia de Benetton (algo desmentido luego por el ADN) hasta que estaba en Chile, o escondido. Entre otras anomalías, el defensor Fernando Machado denunció que las camionetas de Gendarmería usadas en el operativo fueron lavadas antes de ser peritadas. Aquella causa por encubrimiento la tuvo el juez porteño Rodolfo Canicoba Corral y en noviembre la Cámara Federal dijo que era incompetente. Debía mandarla a Esquel, pero allí en tribunales informan a este diario que por ahora no está en ninguna parte.

lunes, 5 de febrero de 2018

Documento Unificado de Familiares víctimas de la Represión Estatal. Jornada a 9 Años sin Luciano.

APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA·DOMINGO, 28 DE ENERO DE 2018

Las voces de los familiares, se han hecho escuchar como todos los años en esta Jornada que hoy a 9 años sin Luciano, continuamos exigiendo el derecho a saber la verdad frente a la Impunidad.

Nuestras voces mostraron como el encuentro con otras y otros nos facilita compartir el dolor, la bronca, la impotencia, como así también la lucha por justicia y la esperanza de mantener viva la memoria de nuestrxs hijxs, hermanxs, contribuyendo a crear conciencia sobre la represión estatal que recae sobre nuestros niños, niñas y adolescentes en los barrios más humildes. El plenario nos permitió dar visibilidad a lo que está pasando en los barrios a través de nuestra palabra. 

Consideramos que hay tiempos individuales y colectivos para atravesar el dolor, para poder compartirlo. Hoy vimos lo importante que es el respeto mutuo a los tiempos y necesidades individuales de cada unx de nosotros para la unidad y organización colectiva.
Creemos que la impunidad del pasado se relaciona con el accionar de hoy de las fuerzas de seguridad, por esto mismo entendemos que el pedido de Justicia, castigo a todos los responsables y el derecho a saber la verdad no sólo es nuestro derecho como familiares, sino también que es un derecho colectivo como sociedad.

Los distintos casos a lo largo y ancho del país que hoy nos hicimos presentes en esta jornada, dan cuenta de un accionar sistemático como política de Estado. En todas nuestras causas y la de nuestros hijxs y hermanxs hay complicidad de los distintos poderes del Estado, sumado a la criminalización por parte de los medios hegemónicos de comunicación cuando hablan de nosotrxs, de nuestros hijxs y hermanxs. 

La falta de justicia nos convierte a los familiares en verdaderos y únicos investigadores e impulsores de nuestras causas. Frente a esto soportamos el maltrato, las amenazas, la intimidación y hostigamiento. Ante el desamparo que se siente al comprobar que el Estado es Responsable, cuando debiera garantizar los derechos, resulta reparador para nosotrxs el apuntalamiento y apoyo que se genera entre los familiares.

Una vez más nos fortalece la contundencia y el valor de cada uno de los testimonios. Consideramos que tienen un valor indiscutible para seguir adelante en este proceso de crecimiento y empoderamiento en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y castigo a todos los responsables

A 9 Años sin Luciano como familiares víctimas de la represión estatal DECIMOS:

A LUCIANO, LO MATÓ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.
BASTA DE FUSILAR A NUESTROS PIBES Y PIBAS.
BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS.
BASTA DE SECUESTRAR A LAS PIBAS DE NUESTROS BARRIOS PARA LAS REDES DE TRATA.
BASTA DE CAUSAS ARMADAS.
NUESTROS PIBES Y PIBAS NO SON PELIGROSOS, ESTÁN EN PELIGRO.
POR EL DERECHO A SABER LA VERDAD.
JUSTICIA POR NUESTROS HIJOS, HIJAS, HERMANOS Y HERMANAS.
EL ESTADO ES RESPONSABLE

FOTOS : Andrea Perez Gonzalo Zapata Jorgelina Araceli Mendez

Cobertura Especial - 9 años sin Luciano
(Por *Medios comunitarios, alternativos y populares)
Es imposible contar aquí todo lo que escuchamos y vimos. Es imposible. Fueron incontables los testimonios en la jornada a 9 años de la desaparición de Luciano Arruga. Cada nuevo evento trae consigo a nuevas familias de nuevos lugares del país, por eso es que el clima se debate entre historias desgarradoras, de dolor y bronca, y lugares de encuentro con una valía inconmensurable. Sergio Maldonado y Mónica Alegre, pero también las madres de víctimas de gatillo fácil haciendo trencito al ritmo de las Kumbia Queers y los niños y niñas prestándose a los juegos de Anda Calabaza. Por eso es una cobertura difícil que llevamos adelante Radio Zona Libre, Radio Presente, Radio Sur, Espantarrejas (FM Riachuelo), La Colectiva, Dtl!, La Tribu, Antena Negra, FM En Tránsito y La Retaguardia. Acá compartimos sólo una mínima parte de los testimonios que se oyeron a lo largo del día, tanto en la transmisión radial de la actividad como en el escenario y las distintas asambleas, y el registro fotográfico de Laki Pérez, y Agustina Salinas y Natalia Bernardes de La Retaguardia.

http://www.laretaguardia.com.ar/2018/01/cobertura-especial-9-anos-sin-luciano.html

jueves, 4 de enero de 2018

Echazú, el único gendarme imputado en el caso de Santiago Maldonado, fue promovido a alférez

Emmanuel Echazú, el único gendarme imputado en el caso de Santiago Maldonado, fue promovido a alférez

Más que un ascenso es una provocación
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que no existe “ninguna restricción legal o reglamentaria” para ascender al uniformado. La familia Maldonado advirtió sobre el carácter provocativo de la decisión y pidió que sea revocada.

Por Adriana Meyer
El gendarme fue uno de los que persiguió a los mapuches y Maldonado hasta el río Chubut y resultó herido en su cara durante la represión.

El gobierno de Cambiemos, máxima autoridad jerárquica del gendarme Emmanuel Echazú, consideró que no existe “ninguna restricción legal o reglamentaria” y lo ascendió al grado inmediato superior de su promoción, es decir alférez. Esto es, la condición de único imputado en la causa penal por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado resultó un detalle irrelevante para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la hora de incluir al gendarme en los ascensos, publicados en el Boletín Oficial. Echazú se presentó en el expediente luego de que PáginaI12 publicara que los investigadores pretendían determinar si acaso la herida en su rostro había sido producida por los piedrazos de los mapuches, como dijo él, o pudo haber sido hecha por Maldonado en su defensa durante la represión a la protesta en Cushamen, el 1 de agosto. La familia del joven exigió que la decisión oficial sea revocada, en un comunicado que tituló “Impunidad en ascenso”. 

Echazú fue fotografiado subiendo una barranca con un arma larga en su mano, a metros del lugar donde Maldonado fue visto por última vez con vida. Podría decirse que está a ambos lados del mostrador porque en otra causa abierta por el corte de ruta pretende ser querellante aduciendo que fue herido por los manifestantes, en tanto la fiscalía federal de Esquel ratificó que en la causa por la desaparición forzada de Santiago está en condición de “imputado” 

En su sitio web los Maldonado indicaron que la decisión es “como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago”. Y agregaron: “El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas”. Por esos motivos expresaron que “la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos”.

Para Gendarmería tampoco hubo ninguna “irregularidad” que impidiera el ascenso de Echazú, quien mintió sobre su ubicación en el escenario represivo de aquella mañana, cuando cuatro escuadrones reprimieron en el territorio recuperado la protesta por la libertad de su lonko, Facundo Jones Huala, con un breve corte de la ruta 40. 

En las declaraciones internas ante Daniel Barberis, secretario de Violencia Institucional del ministerio de Seguridad, el 16 de agosto Echazú asegura haber identificado al cabo Darío Zoilán, pero también divisa a otros que se encontraban en la orilla del río. Sin embargo esos “otros” aseguran, en sus declaraciones ante el juez Guido Otranto, no haber visto a Echazú en el río. Además de las contradicciones en que incurrieron, finalmente fueron desmentidos no solo por las fotos y videos del operativo sino por una de sus pares: La gendarme Yanina Saldaño, encargada de la toma de imágenes, dijo que el sargento Orlando Yucra sacó fotos al herido Echazú “que estaba cerca del río”.

Habla Echazú 
“Si Maldonado se entregaba estaría vivo”, dijo el ascendido gendarme al diario Clarín, que así tituló la entrevista publicada en la edición en papel el 3 de diciembre. Parecía casi una confesión de parte, por lo cual la versión digital fue modificada: “Si lo hubiéramos visto ahogándose lo habríamos ayudado”. Según la nota, “el gendarme detalla que fue impactado por una piedra estando afuera del predio” en Cushamen. Es un dato clave en la causa Maldonado porque su lesión representa uno de elementos de peso para alegar, por parte del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que hubo un ‘delito en flagrancia’”. Sin embargo, del expediente surge que Echazú fue herido cuando ya habían decidido avanzar hacia el predio a cazar a los manifestantes. Lo dice el propio Echazú en el acta de procedimiento que firmó a las 15:30 del 1º de agosto. “En el momento de ingresar al predio, dos (2) efectivos de la fuerza recibieron impactos de piedras”. Echazú era uno de los que lideraba el ingreso. Ya había cesado el corte de ruta, o sea que el operativo que terminó con la muerte de Santiago fue totalmente ilegal. 

El premiado alférez mantuvo un diálogo revelador con su compañero de armas Daniel Gómez, a las 14.09 del 31 de julio:

Gómez: No la llames (a la secretaria del juez). Esperemos el oficio. Yo lo que voy a poner ahora es que hablé con vos, que vos me dijiste que hablaste con la Silvina Salvaré, que manifestó que en breve enviará un oficio “para actuar en consecuencia…

Echazú: …en caso de ser necesario.

Gómez: Exacto. Después yo me cubro con el tema del tiempo que no hice un carajo… Vos conseguime todas las escopetas esas, y las que yo tengo acá y te despejo la ruta, no tengo drama. Cuando forme 50 negros con escopetas atrás, ni bola que van a revolear piedras estos. A la nuca…

Echazú: Listo, listo.

Gendarmería finalmente conseguiría el oficio. Aunque no sería para ingresar al territorio sino sólo para despejar la ruta.