jueves, 8 de diciembre de 2016

Más privilegios para los represores presos

Los acusados por delitos de lesa humanidad vuelven a ser alojados en Campo de Mayo

El lugar que funciona en una unidad del Ejército es una prisión militar y tiene campo de deportes y quinchos. Se dejó de usar en 2013 por peligro de fuga y por los privilegios que implicaba. Ayer fue reinaugurada por un condenado por delitos de lesa humanidad.

El tribunal que tiene a cargo la ejecución de la pena del preso no autorizó el traslado a Campo de Mayo. (Fuente: Adrián Pérez)
El tribunal que tiene a cargo la ejecución de la pena del preso no autorizó el traslado a Campo de Mayo.
(Foto: Adrián Pérez)  -    Por: Alejandra Dandan

La Unidad 34 de Campo de Mayo, una centro penitenciario VIP con campo de deportes, canchas de vóley y de fútbol con quincho ubicada en el predio del Ejercito se cerró en septiembre de 2013 –luego de la fuga de dos militares del Hospital Militar Cosme Argerich– por riesgo grave e indemne de evasiones por condiciones deficitarias de seguridad.

A mediados de año, agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibieron una invitación para anotarse en una lista de pases. El destino era Campo de Mayo. Ante una consulta de PáginaI12 realizada esa ocasión, las nuevas autoridades del ministerio de Justicia reconocieron que el predio se estaba preparando en el marco de un convenio con el ministerio de Defensa. Sin embargo, aseguraron que iban a intentar trasladar a ese destino a las mujeres detenidas con sus hijos en la Unidad penitenciaria de Ezeiza, una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Las cosas no fueron así. El viernes a la noche, el SPF dispuso el traslado de un detenido de lesa humanidad alojado hasta entonces en Marcos Paz. Se trata del ex teniente del Ejército, Aníbal Alberto Guevara Molina, condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza y quien actualmente es juzgado en San Rafael. Ayer a la mañana, Guevara Molina fue efectivamente re-localizado a Campo de Mayo sin mediar autorización del tribunal que tiene a cargo el control de ejecución de la pena. Cuando uno de los jueces preguntó por las razones, le respondieron que es por la entrada en vigencia de la ley de Flagrancia y razones de cupo. Y adelantaron que los traslados de los detenidos por crímenes de lesa humanidad a Campo de Mayo va a continuar.

La velocidad del desplazamiento sorprendió a los integrantes del TOF 2, pero la sorpresa pasó a dejarlos anonadados y muy preocupados cuando los responsables del SPF les explicaron que iban a continuar con el traslados de todos, o de la mayor cantidad de detenidos posible de lesa humanidad, a Campo de Mayo.

El TOF 2 recibió un correo electrónico el viernes a las 21 horas con la noticia, fuera de todo horario de oficina, en un correo oficial y sin posibilidad de intervenir hasta ayer por la mañana. El correo fue enviado por el director de Judiciales del Servicio Penitenciario Federal con un texto que decía: “Informamos que por la implementación de la nueva Ley de flagrancia, y temas de cupos y plazas en los penales se decidió” el traslado del condenado Guevara a Campo de Mayo. Hasta el viernes a la noche, su lugar de detención era Marcos Paz.

A primera hora de ayer, el TOF se comunicó con la Dirección Nacional del SPF que informó que Guevara ya había sido trasladado a Campo de Mayo, aunque la decisión del traslado de los detenido es una atribución de los jueces federales y no una decisión del SPF ni del ministerio de Justicia. Por esa razón, y para evitar nuevos traslados, el TOF anoche preparaba un escrito. Entre las objeciones señalaron que los detenidos pueden estar ausentes de los juicios de lesa humanidad que se les cursa pero deben seguir las audiencias por video conferencia, una condición que en este momento no estaría garantizada en Campo de Mayo.

Pero las razones de la preocupación no terminan ahí. Construido como cárcel militar de la mayor guarnición del Ejército en el país, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas fue durante un tiempo alojamiento de lujo para detenidos de lesa humanidad. El espacio, que contó con 40 camas durante la primera etapa de funcionamiento, no tenía celdas sino dormitorios. El predio tiene un campo de deportes enorme donde los agentes penitenciarios observan a los detenidos jugar al vóley y al fútbol en un espacio en el que pasan gran parte del tiempo. También tiene un quincho que es el lugar donde solían recibir a sus familias durante el fin de semana en condiciones en las que “hacen de cuenta –explica uno de los agentes–, que van de visita a una quinta”. En Campo de Mayo también había una lógica de puertas abiertas con el SPF y una condición de subordinación de esa fuerza por sobre los que estaban detenidos. “Olvidate -cuenta– los que te sancionan ahí adentro, si los retas, son ellos a vos”.

Ahora, lo que parece a todas luces una inminente reapertura del espacio vuelve a hablar además y otra vez de nuevos desplazamientos en la agenda del gobierno. No sólo hay un nuevo beneficio en las condiciones de detención de los presos por delitos de lesa humanidad. Esto muestra además que no están destinando el lugar a la población de mujeres y sus hijos, tal como se había evaluado en un primer momento. Además, la ocupación acelerada parece saldar un problema de cupos a causa de una política de persecución a los sectores más vulnerables, con la entrada en vigencia a partir del 1 de diciembre de la ley de Flagrancia. 

Ante una consulta de este diario, fuentes del ministerio de Justicia lo admitieron. “Estamos con una presión de la población carcelaria angustiante -argumentaron ayera. Se implantó flagrancia el 1 de diciembre y hoy (por ayer) tenemos 100 nuevos ingresos. Entre las medidas para descomprimir una ya complicada situación de cupos, el ministro pidió que empiecen a trasladar a algunos internos de lesa a la Unidad 34, a las partes que ya están habilitadas”.

Tiempo atrás, desde el mismo ministerio explicaron que Campo de Mayo estaba siendo re-acondicionado debido a la falta de “plazas” en las cárceles, por un incremento de la población carcelaria del que la gestión se enorgullece y que para entonces ya les daba una ocupación del orden de un 100 por ciento. En ese contexto, señalaron que se había dado  impulso al programa de monitoreo vigilado y a la búsqueda de nuevos lugares de detención. Agregaron que preguntaron al ministerio de Defensa por la Unidad 34 de Campo de Mayo y que hicieron un convenio para ponerlo al día. Defensa les aseguró que iba a tenerlo listo en diciembre. Desde el ministerio afirmaron que la intención era llevar allí a la población de mayor vulnerabilidad, entre los que estaban los detenidos de lesa humanidad, por la edad y las mujeres y niños de Ezeiza, pero que ellos iban a elevar la propuesta de trasladar a las mujeres. Los hechos demuestran que esa iniciativa fracasó. Integrantes de los organismos de derechos humanos y querellantes de los juicios de lesa humanidad comenzaron a escuchar noticias sobre la presunta reapertura de Campo de Mayo hace meses. “El lugar está pintado y acondicionado. Las viandas ya fueron licitadas. La provisión de gas y de agua, resulta. Lo único que falta es la decisión política”, explicaban en el Servicio Penitenciario. Todo hacía suponer entonces que iban a ser alojados más detenidos que antes. El Gobierno calcula alrededor de 100 plazas.

lunes, 21 de noviembre de 2016

Mariano Ferreyra: detuvieron a los comisarios implicados en el crimen

Tienen condenas de 10 años y 8 meses de prisión. La Corte ratificó las condenas.

Los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra  se encuentran detenidos a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N°21.

Luis Osvaldo Mansilla se presentó voluntariamente ante el Tribunal criminal oral  N 21 el día jueves y quedó detenido y alojado en la Delegación Nacional de Investigación Administrativa que depende de la prefectura naval Argentina.                      

Jorge Ferreyra fue detenido por orden del Tribunal en su casa y está alojado en el CPF 2 de Marcos Paz.

Ambos jefes de la División Roca de la Policía Federal fueron condenados a 10 años y 8 meses de prisión junto a José Pedraza y su patota en calidad de coautores de homicidio y tentativa de homicidio.

El tribunal los halló culpables de haber liberado la zona en Barracas para que se consumara el ataque criminal que le costó la vida a Mariano  Ferreyra y graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros. Ambos permanecían libres desde entonces, pero hace pocas semanas la Corte Suprema dejó firme la sentencia, agotando todas las instancias de apelación.

lunes, 7 de noviembre de 2016

Afirman que Blaquier participó de la represión al EGP en Orán, en 1964

Según una publicación del diario El Intransigente, aportó vehículos para el operativo represivo de Gendarmería.

El ingenio Ledesma, de propiedad del empresario Carlos Pedro Blaquier, colaboró con vehículos para reprimir a los miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), que en 1964 comandaba en la zona de Yungas de Orán el periodista Jorge Masetti.
Así lo informó el periodista Luis Soria, a través de la Agencia de Noticias de Derechos Humanos, especializada en la cobertura de la investigación de las causas judiciales por crímenes contra la humanidad cometidos en el país.
Citando al diario El Intransigente, el periodista afirmó que 64 móviles de la empresa fueron "cedidos a su brazo armado, la Gendarmería y la Policía, para la búsqueda de los guerrilleros". Indicó que esta información fue publicada en la edición del viernes 20 de mayo de 1964 del diario El Intransigente, que se editaba en la Capital salteña.
En interpretación de la Agencia, esta información que "dinamita el argumento de Blaquier de que la empresa firmó con el gobierno de Arturo Illia, un convenio con la Gendarmería, de apoyo a sus actividades (recién) en 1965".
Gendarmería tiene una dependencia dentro mismo de las instalaciones del ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín (Jujuy), a poco más de 112 kilómetros de Orán.
El movimiento insurgente del EGP, bajo el mando del conocido como Comandante Segundo (el periodista Jorge Masetti), fue la primera expresión armada en surgir en el país.

En las filas del Che

El periodista bonaerense, considerado un hombre de confianza del Che Guevara, entró a territorio salteño por Bolivia encabezando a un grupo de guerrilleros, entre quienes se contaban Federico Méndez, Héctor Jouve y Henry Lerner.
Para combatirlo, Gendarmería lanzó la "Operación Santa Rosa", dirigida por el jefe de la fuerza, general Julio Alsogaray, y el mayor Héctor Báez, jefe de la Agrupación Salta.
Según el diario citado por la Agencia de DD. HH., los gendarmes contaron con los vehículos del ingenio Ledesma.
La Agencia reseña también que varios de los partícipes de esa primera intentona guerrillera fueron perseguidos a partir de 1975. La represión alcanzó también a sus familias.

Imputado
Blaquier está sospechado, y fue formalmente imputado en una causa penal, de haber participado de la represión en la década del 70, en este caso en la persecución a obreros de su propio ingenio, y a quienes pudo considerar sus enemigos, como el ex intendente de Libertador, el médico Luis Aredes, el primero que se atrevió a cobrarle impuestos a la poderosa firma, que históricamente manejó los hilos del poder en la provincia de Jujuy.
Pruebas aportadas por el abogado David Leiva en el juicio conocido como Megacausa Salta, demuestran que el ingenio jujeño aportó además combustible y vehículos (con choferes incluidos), para operativos represivos en el norte de la provincia de Salta.

Se postergó el inicio del juicio por La Noche de los Apagones

Los represores ganaron más tiempo

El juicio por crímenes de lesa humanidad ya debería haber comenzado, pero la Justicia hizo lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran unificadas varias causas. La nueva fecha de inicio es el 6 de marzo de 2017.

El juicio por la Noche de los Apagones ya debería estar en marcha, pero los represores acusados volvieron a ganar tiempo y este proceso comenzaría recién en marzo. La causa abarca los crímenes de lesa humanidad ocurridos en julio de 1976 en las localidades jujeñas de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, cuando se produjeron cortes del suministro eléctrico, y en un operativo conjunto del Ejército, la Gendarmería y la policía provincial, fueron detenidas más de 400 personas, de las cuales 33 aún continúan desaparecidas.

El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador de la firma Alberto Lemos fueron denunciados por complicidad al haber aportado los camiones del ingenio para transportar a los detenidos, además de haber armado listas negras de los obreros azucareros. Sin embargo, por decisión de la sala IV de la Cámara Federal de Casación, Blaquier y Lemos recibieron la falta de mérito y quedaron apartados de la causa. La fiscalía y la querella apelaron a la Corte Suprema, que aún no se expidió sobre el tema.

La postergación de este esperado juicio por los familiares y víctimas de la última dictadura se resolvió a partir de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF), que hizo lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran unificadas varias causas. De esta manera, la nueva fecha de inicio del juicio sería el 6 de marzo próximo.

Se conformaría una megacausa con el juicio de la Noche de los Apagones –causas Burgos, Arédez y Bernard– que tiene a once imputados y diecisiete víctimas, junto con otros procesos. Uno de esos expedientes es el caso del represor Juan Carlos Jones Tamayo, detenido en octubre de 2014 después de permanecer tres años prófugo y acusado por secuestros, torturas y desapariciones, delitos cometidos en Salta y Jujuy. Tamayo fue parte del aparato de inteligencia del Batallón 601 con responsabilidad de jefe en el área de ambas provincias, un organismo que comenzó a operar en 1975 como parte del Operativo Independencia y que tuvo como eje el ataque a los sindicatos azucareros del norte del país.

También se juntarían causas aún sin juzgar por crímenes de los que fueron víctimas trabajadores de Mina Aguilar. El 3 de mayo de 2013 se dictó sentencia sobre tres represores: prisión perpetua para los tenientes Mariano Braga y José Bulgheroni, y 25 años de prisión para Antonio Vargas, ex interventor del Servicio Penitenciario Federal (Villa Gorriti).

Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fueron detenidos nueve obreros mineros por el Ejército y la Gendarmería, luego fueron trasladados en camiones de la compañía minera St. Joseph Lead Co. Por este motivo, están imputados el entonces jefe de personal de la mina, Eduardo López, y otro directivo, Luis Arzuaga. Permanece desaparecido el dirigente minero y luego ministro de Trabajo de Jujuy en 1973, Avelino Bazán, que fue detenido por última vez en 1978.

También se incorporaría a esta megacausa un expediente por delitos cometidos contra la ex presa política Soledad López y otro, en instrucción, por abuso sexual contra víctimas del terrorismo de Estado.

Los detenidos en la mina y en la zona del ingenio fueron conducidos al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) y al penal de “Gorriti”. En ese momento, el jefe del RIM 20 era el coronel Guillermo Siri, quien no se encuentra imputado, sino que fue nombrado en la actualidad jefe de Seguridad del gobierno jujeño, encabezado por Gerardo Morales.

El modus operandi de la represión fue el mismo: un accionar común entre el Ejército, la Gendarmería y la policía provincial, con la participación de los directivos de las empresas Ledesma y Minera Aguilar, aportando logística, camiones y listas negras. Relatos de los sobrevivientes evidencian cómo se encontraban obreros azucareros y mineros en el mismo penal sufriendo torturas y vejámenes.

miércoles, 17 de agosto de 2016

13 de agosto de 2016: Juan volvió. Y volvieron las patotas

Por Rubén Kotler
 
El 13 de agosto de2016, para la memoria de las organizaciones de derechos humanos no será un días más. En la ciudad catamarqueña de Belén, los restos identificados del militante Juan Francisco Carreras, fueron restituidos y su memoria homenajeada en la plaza principal. En Tucumán, horas después del acto en Belén, una patota integrada por 6 individuos realizaba un ataque de amedrentamiento hacia la Dra. Laura Figueroa, quien se encontraba de viaje, justamente, regresando desde Belén, donde participó del acto mencionado.

 Juan y la memoria de los 30000
Juan volvió a Belén después de 40 años. Militante del Frente Anti-imperialista por el Socialismo – FAS – (Organización política vinculada al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT), Juan era miembro del cuerpo de delegados de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia y era uno de los responsables del otorgamiento de las becas al comedor. Juan fue secuestrado, detenido y desaparecido el 16 de septiembre de 1976, cuando salía de rendir un examen final en una sede universitaria. La historia del secuestro y desaparición de Juan es conocida por todos.[1] Todos los miembros del cuerpo de delegados de esa facultad se encuentra en calidad de detenidos y desaparecidos. Algunos cuerpos de esa representación estudiantil, fueron recientemente identificados en el Pozo de Vargas, un pozo de aguas en una vieja finca en las afueras de la capital tucumana, usada por los militares de la última dictadura cívico militar, como fosa común. En días pasados los restos de Juan habían sido identificados, luego de 40 años desde su secuestro, y su hermana Felicidad, activa militante en el campo de los DDHH, daba la noticia del acto homenaje que la localidad de Belén, en Catamarca, haría en honor la mencionada identificación. Los restos de juan fueron entonces restituidos a Belén el sábado 13 de agosto en una ceremonia realizada en la plaza principal del pueblo y de la que participaron familiares de Juan, organizaciones de DDHH  y otros organismos, la municipalidad de Belén incluida.

Hablaron entre otros, Carlos Leyva, ex compañero de militancia de Juan y ex detenido también en la última dictadura militar; Laura Figueroa, abogada de la familia de Juan, quien se refirió a la militancia revolucionaria del joven belicho; Virgnia Sosa, presidente de Familiares de Desaparecidos de Tucumán – FADETUC – quien destacó el trabajo realizado por la organización que representa; delegados del propio municipio, quienes mencionaron la trascendencia de la vuelta de los restos de Juan a su Belén natal. Durante el acto se leyeron además adhesiones entre las que se destacaron la de la Asamblea Permanente por los DDHH – APDH – y de la Universidad Nacional de Tucumán, donde Juan estudiaba y militaba.

Casi la totalidad de los discursos coincidieron en destacar las ideas revolucionarias de Juan, en destacar la memoria necesaria y urgente. Algunos discursos incluso, apuntaron sus críticas a las omisiones recientes del presidente de la nación, Mauricio Macri, quien en una entrevista, afirmó desconocer la cantidad de desaparecidos que dejó la última dictadura cívico militar y a la que calificó, por su accionar, de “guerra sucia”, en un claro interés político, por volver 30 años atrás en la interpretación de la represión genocida de los 70.

Quizás la alocución más conmovedora fue la de Felicidad Carreras, hermana de Juan y quien en improvisado discurso agradeció a los organismos de DDHH, a los peritos del Colectivo de Arqueología forense que trabaja en el Pozo de Vargas – el CAMIT –, a Laura Figueroa, su abogada y al conjunto de militantes que la acompañaban ese día. Felicidad, conmovida por la identificación de su hermano, tras larga lucha por dar con sus restos, destacó el compromiso político de su hermano, motivo por el cual fue detenido y desaparecido.

La vuelta de las patotas
Tras la finalización del acto en Belén, la abogada Laura Figueroa regresaba a Tucumán junto a una amiga, a Virginia Sosa, presidente de FADETUC y a quien esto escribe. En el camino por los valles el vehículo sufrió una avería que demoró la llegada a destino. En el trayecto y habiendo sido auxiliados, una llamada nos dejaría a todos perplejos: una patota había ingresado al domicilio de Laura y tras forzar la puerta de entrada y ya en el interior de la propiedad, le revolvieron todo en una clara actitud de amedrentamiento.

Es la tercera vez que Laura sufre un atentado en su domicilio. Las otras dos veces fueron durante los años del gobierno autoproclamado de los DDHH, en la era de los Kirchner. Es decir que las patotas y parte del aparato represivo del Estado no fueron eliminados ni aún durante el gobierno que se jactó de revisar el pasado dictatorial, mucho menos ahora que gobierna un presidente que desprecia todo lo vinculado con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Resta saber si algunas de las hipótesis que uno a priori plantea son ciertas o no y en qué medida se vincula este acto de terrorismo con la visita de Laura el jueves último pasado, al juicio por Operativo Independencia que se lleva a cabo en la provincia, acompañando a un familiar de una víctima del Operativo. Resta comprobar si el incidente con el vehículo no fue un mero accidente y por el contrario se trató de un sabotaje, si el vehículo de la Gendarmería que acompañó al auto de Laura a la salida de Belén no fue mera casualidad o si por el contrario se trató de un acto de inteligencia y una cantidad de otros factores que hacen de la acción patoteril, una amenaza abierta a la totalidad de los luchadores sociales en el campo de los DDHH. Los anteriores episodios no solo nunca fueron resueltos sino que tanto el Estado Nacional como el Provincial, no consiguieron frenar este tipo de acciones que son un claro indicativo de la vigencia, lamentablemente, del aparato represivo estatal y para-estatal.

En primera persona
Todo esto que narro me tocó vivirlo en persona. En Belén acompañé a Felicidad en el emotivo acto en honor a Juan. Era un compromiso personal hacia una causa que hice propia desde mis investigaciones.
La historia de Juan sintetiza a mi modo de ver, muchas de las historias que en los años 70 tiñieron de gris el cielo argentino. La historia de su militancia y de la que poco a poco voy descubriendo nuevos aspectos, la tenebrosa historia de su secuestro y posterior desaparición y la historia, no menos tenebrosa de su identificación, junto a otros militantes desaparecidos, en el Pozo de Vargas.

Al regreso de Belén, el auto de Laura, en el que viajábamos sufrió un desperfecto y luego de varias horas de espera fuimos auxiliados y llevados a destino. Al enterarnos del ingreso del grupo comando en casa de Laura, nos encontrábamos en pleno viaje de descenso por los valles. Al llegar a destino, casi a la medianoche, vimos el salvaje atropello de la patota en los rastros dejados en el domicilio: puertas rotas, pertenencias revueltas y cajones que fueron revisados. Mi sensación, en ese momento fue que la historia del último golpe cívico militar no es historia pasada sino historia presente. Que el actual presidente de la nación, Mauricio Macri desconozca esa historia por saberse parte de la misma, siendo que su familia fue beneficiada de las mieles del sistema económico de entonces y del que siguió, debe hacernos pensar que durante la década ganada, la narrativa, incompleta y vacía, no sirvió para que parte de la sociedad entienda qué significaron los años del genocidio y el daño hecho desde todos los planos de la vida social, ocasionado a generaciones presentes y futuras. Si bien es cierto que Macri con sus declaraciones hace un guiño a las patotas que responden a los genocidas, no es menos cierto que el nombramiento de Milani al frente del ejército durante el mandato de la ex presidente Cristina F. Vda. De Kirchner, la infiltración a organizaciones sociales por medio del proyecto X y la sanción de la ley antiterrorista, también lo fue.

Miramos al futuro porque miramos al pasado
Es imposible construir un mundo distinto sin mirar al pasado reciente, sin comprender que las carencias del sistema hacia al conjunto social, tienen un claro anclaje en políticas económicas, sociales y culturales de un Estado que se construyó sobre la base de la exclusión, el reparto inequitativo de las riquezas, la pobreza estructural, etc etc. Dicho modelo fue impuesto por medio de la fuerza bruta que tuvo su máxima expresión en el esquema represivo instaurado desde el Operativo Independencia, en febrero de 1975 hasta bien entrada la transición institucionalizada a la salida del último gobierno cívico militar. En este sentido es imperativo asociar la digna lucha de las organizaciones de DDHH, de los abogados que como Laura, se involucraron en la defensa de las víctimas de la represión dictatorial y sus familiares con las posteriores consecuencias del modelo enunciado.

La identificación de Juan y la restitución de sus restos en Belén, es parte del mismo proceso que implicó también, la usurpación patoteril de la casa de Laura Figueroa. En este sentido pasado y presente se entroncan y se entremezclan en los principios de esperanza de los familiares de los represaliados por conocer, 40 años después, el destino de los desaparecidos, con un Estado que sigue imponiendo como, también hace 40 años, un modelo económico y social basado en la exclusión, como es el capitalismo. Para que ese modelo no sea modificado en su esquema de otorgamiento de recursos a los poderosos, es necesario acallar las voces críticas y por ello es necesario profundizar el sistema represivo, de baja intensidad, claramente, pero tendiente por un lado a la criminalización de la protesta social y por otro a la legitimación de la represión. Hay rupturas y continuidades del pasado con respecto al presente. No es mi intención hacer aquí un raconto de la historia del país de los últimos 50 años, pero si volver a sugerir la necesaria y urgente revisión de conceptos, ideas y datos referidos a esa historia.

No quiero cerrar este artículo sin expresar públicamente mi repudio a los ataqueas a Laura Figueroa como así también mi solidaridad con ella y con todos aquellos que vienen sufriendo en distinto grado, los ataques de patotas organizadas. No quiero tampoco cerrarlo sin mencionar que Julio López lleva 10 años desaparecido, producto del mismo esquema represivo de los 70 y que hoy, con más fuerzas que nunca, debemos exigirle al Estado Nacional su aparición con vida y juicio y castigo a los responsables de su desaparición. Y no quiero cerrarlo sin expresar mi satisfacción por el trabajo realizado por los arqueólogos forenses a quienes les debemos, entre otras cosas, la posibilidad de la identificación de Juan y de tantísimos otros militantes que estaban desaparecidos. Sería bueno que el presidente de la nación se notificara de estas tres cuestiones y comenzara a cambiar su visión respecto a “desconocimientos históricos”. Será la única manera de comenzar a pensar en la posibilidad cierta de construir un futuro un poco menos desigual que el actual presente que nos toca vivir. Cualquier otra consigna será simplemente una profundización de la exclusión por parte de las clases dominantes.

sábado, 30 de julio de 2016

GENOCIDA CON RAZÓN HUMANITARIA Domiciliaria a Etchecolatz

El pasado 22 de julio el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco de dos de las causas en donde fue sentenciado. Si bien la medida no se hará efectiva porque el represor está condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, este tipo de fallos sólo generan mayor impunidad a la vista de los sobrevivientes, familiares, organismos de Derechos Humanos y todos los que luchamos tantos años por cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas.

En su fallo, con votos favorables de los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli y disidencia de Roberto Lemos Arias, el TOF 1 decidió hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria de Miguel Osvaldo Etchecolatz efectuadas por la defensa oficial en las causas “La Cacha” (91003389/2012) y “Favero/Alvarez” (91133453/2013). La decisión, de concretarse, incluye la supervisión quincenal y presencial del beneficio de parte del Patronato de Liberados, más un sistema de vigilancia electrónica y con pedido al gobierno nacional de medidas necesarias para preservar la integridad física del represor y de terceros.
Para que no queden dudas de quién estamos hablando, se trata del ex Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante el mandato de Ramón Camps, coordinador de las patotas de los más de 30 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en dictadura en el conurbano bonaerense, hoy condenado a 3 cadenas perpetuas, más una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como el secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña apropiada por los represores.
La defensa del genocida había pedido la domiciliaria apelando al artículo 32 inciso a) de la ley 24.660, que habilita el beneficio “al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”.
Desde comienzo de año dos informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, venían sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias pero en la cárcel. El único hecho nuevo fue una supuesta pérdida repentina y pasajera del conocimiento en el traslado de Ezeiza al CMF de la Corte en CABA, donde se lo derivó a la guardia del Hospital Ramos Mejía, y cuyo parte determino “buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución” aún padeciendo “patologías crónicas compensadas y tratadas adecuadamente”. A mayor abundancia, el informe del CMF de la Corte determinó en abril pasado que el caso no encuadra en lo previsto en la ley para habilitar la domiciliaria y que “puede seguir cumpliendo su detención en el lugar donde se halla alojado”.
En mayo un nuevo informe del órgano médico penitenciario detalló nuevos episodios de descompensación y apuntó “el elevado riesgo que presente dichos episodios agudos y muerte súbita”. Ante esto el TOF 1 citó a declarar a los médicos del HPC, doctores José Francos y Nelsy Medina, quienes afirmaron que si bien podían darle una adecuada atención desde el punto de vista médico, sugerían la domiciliaria “considerando la situación desde una óptica humanitaria, la salud integral de un paciente con las características del caso, involucra la necesidad de un adecuado soporte social”, no sin afirmar que tiene la inestabilidad típica de la edad y “puede tener una descompensación tanto en una dependencia del Servicio Penitenciario como en su casa”. Ante esto, el CMF volvió a opinar que “el detenido se halla asistido de manera adecuada en su lugar de alojamiento actual”. Lo mismo hizo la fiscalía, y agregó que “un mayor ámbito de libertad podría importar serios riesgos procesales, tomando como parámetro el modo de comisión de los hechos y el rol central que cupo a Etchecolatz en los mismos”. Despejando que la justificación del pedido de domiciliaria fuera de orden médico, se instala así la discusión sobre el carácter humanitario de la detención. De allí solo restó el informe ambiental del reo realizado por el SPF, que indicó que su mujer Graciela Carballo lo visita en Ezeiza y que tienen contratada una prepaga que podría llevarlo en 15 minutos en una unidad de terapia intensiva desde su chalet del Bosque Peralta Ramos en Mar Del Plata al hospital más cercano.

Más allá de tediosas disquisiciones jurídicas, que no son nuestra tarea, como organización de Derechos Humanos venimos advirtiendo sobre el retardo que vienen sufriendo los juicios por delitos de lesa humanidad, y que producto de ese retardo impera lo que denominamos “impunidad biológica”: la muerte impune de casi 400 connotados represores en todo el país.
Además hemos criticado varias decisiones de beneficiar a los genocidas con domiciliarias por entender no sólo que el requisito de la edad no es una causal de aplicación automática para la concesión de la domiciliaria, sino que crímenes gravísimos como los que se están juzgando deberían quedar excluidos de beneficios mitigantes de la pena. En 2008 el Congreso tuvo oportunidad de debatir la cuestión con un proyecto del diputado Vargas Aignasse y no lo hizo.
Entendemos también que el Estado debe ofrecer todas las garantías de atención médica a represores procesados con prisión preventiva o condenados por este tipo de delitos. Pero en un país con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a los miles de pobres diablos que superpueblan las cárceles provinciales y federales, y que se cansan de superar el límite legal para quien no tiene acusación o condena firme.
En particular sobre Etchecolatz, no podemos dejar de señalar que atravesó los distintos juicios que le tocaron con una conducta coherente: amenazó al tribunal, desacreditó a los testigos, provocó a los familiares de las víctimas y defendió el genocidio y a las instituciones que lo perpetraron. No hace falta recordar que esta señalado como virtual responsable de la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez, de la que se cumplirán próximamente 10 años de derrotero de impunidad y complicidad.
Precisamente en el juicio de 2006, donde Lopez señaló a Etchecolatz como responsable de su secuestro y torturas y de una matanza de prisioneros indefensos en uno de los CCD de Arana, el abogado querellante Alejo Ramos Padilla logró que se le retirara el beneficio de la domiciliaria con que había llegado al juicio porque tenía un arma de fuego en su casa. En la misma casa donde ahora pretende volver. El TOF1 de entonces, integrado por el trio Rozansky-Lorenzo-Insaurralde le quitó el beneficio y lo consideró como “peligroso para sí y para terceros”. En aquella oportunidad, hace 10 años, su abogado defensor Luis Boffi Carri Pérez había pedido que conservara el arresto domiciliario porque “sufre una enfermedad terminal”. El TOF1 de hoy no tuvo en cuenta este antecedente.
Pero además, el represor se ha encargado en estos años de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenía peluquero ni pedicuro y argumentó que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”. El incidente resulta nada frente a lo que hemos denominado el “efecto Etchecolatz”: la campaña de amenazas e intimidaciones contra el presidente del TOF1 y sus colaboradores con, según el propio magistrado, “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. La consecuencia de esa campaña fue que Rozansky se excusara de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. Primera pulseada que ganó el comisario, que termina por elegir indirectamente quién lo juzga y quién no. El “efecto Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, si tenemos en cuenta que luego del juicio por la causa Favero, el represor está imputado en todas las causas grandes elevadas o a elevar, como las referidas a los Pozos de Banfield y de Quilmes, a la Brigada de Investigaciones de San Justo y a la residual de Comisaría 5ta-Arana-Brigada de La Plata. Sólo está excluido en las causas por los crímenes de la CNU y por el CCD de Infantería de 1 y 60. Así, el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando a Etchecolatz por Genocidio en 2006, comienza a desdibujarse en el rol de nuevos magistrados como Castelli y Michelli, más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas y más preocupados por la razón humanitaria de las penas en delitos graves que por la responsabilidad del propio Estado de mantener a estos gerontes genocidas atendidos pero presos.
Desde HIJOS La Plata hemos escrachado en varias oportunidades al represor mientras estaba amparado en las leyes de impunidad o recibía beneficios disfrutando de su chalet de Mar Del Plata.

Volveremos al ruedo si tamaña afrenta a la lucha de todo un pueblo devuelve al símbolo de la represión en la provincia de Buenos Aires a un cómodo e impune final de sus días.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
BASTA DE BENEFICIOS PARA LOS ASESINOS DE NUESTRO PUEBLO.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

HIJOS La Plata

domingo, 12 de junio de 2016

Organismos de derechos humanos rechazaron el decreto 721 en Plaza de Mayo

Por La Retaguardia 

10 de Junio de 2016 | A partir de la sanción del decreto que reduce casi en su totalidad el control civil sobre las Fuerzas Armadas, se realizó en Plaza de Mayo una manifestación pública en el marco de la ronda de Madres del último jueves. Cerca de las 16.30, cuando comenzaba el acto, la policía valló las calles que rodean la Plaza (Yrigoyen y Rivadavia) por la llegada de una mayor cantidad de gente. La Retaguardia estuvo allí, a través de Paulo Giacobbe, para registrar los testimonios más importantes de la jornada, que fueron reproducidos en Oral y Público.

Foto: Mirta Baravalle en la ronda del último jueves (Edu Nachman)

Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

"Hace 20 años que venimos reclamando justicia y verdad y nos sobrecoge esta ley que pone otra vez sobre el ciudadano a las Fuerzas Armadas. Es hipócrita. Si pensábamos que teníamos una situación de alguna manera cubierta con respecto al enemigo, hoy los que han sido los causantes de 30.000 personas desaparecidas en el país están ahora afianzándose de una manera insoslayable", denunció . Para Baravalle, es el momento de converger la fuerza y explotar "las posibilidades a nuestro alcance de denuncia, de hacer llegar quiénes tienen la responsabilidad absoluta de cuidar de sus ciudadanos. En ese caso es el gobierno actual, el gobierno macrista. Tenemos que ver las posibilidades que hay para el futuro del país".

Carlos Sueco Lordkipanidse, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

"Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) hoy hicimos una convocatoria en función de una serie de situaciones que se vienen dando. Esta pretendida ley apunta, en definitiva, a la impunidad. Toda esta movida de reconciliación apunta a la impunidad. Durante 20 años luchamos contra leyes de impunidad. Este es un nuevo intento, y si tienen un poco de memoria y saben de las luchas que se llevaron adelante durante tanto tiempo, no creo que tengan esperanzas reales de que esto prospere", expresó. Lordkipanidse explicó luego que no fue el decreto el único motivo de la concentración: "También repudiar lo que está sucediendo en el municipio de Morón acerca de jurar la bandera en la Base Aérea que fue un centro clandestino de detención. También repudiar el intento de aplicación del protocolo de Bullrich que no hace más que reafirmar una continuidad en el mismo sentido que lo que proponía el gobierno anterior con la ley antiterrorista. 

Lo que tenemos es una continuidad y profundización que nos lleva por un lado, como marcaba Mirta, a un comandante en jefe del Ejército represor y una ley que pretende devolver a los militares su autonomía respecto de su propia actividad", explicó. El militante planteó entonces una serie de causas y consecuencias en los fenómenos represivos de los últimos años: "Tenemos el protocolo como continuidad de la antiterrorista. Este intento de autonomía de las Fuerzas Armadas como continuidad del nombramiento de Milani. Tenemos la Base Aérea de Morón y el pretendido acto de jura de la bandera allí como continuidad de los asaditos en la ESMA o cuando se recibió a la Fragata Libertad en el ex centro clandestino de detención de la Base Naval de Mar del Plata. Aclaramos y reafirmamos que este pueblo tiene memoria y no se olvida y de que estas cosas no van a pasar así nomás, esta presencia acá lo demuestra", aseguró en el cierre de la intervención.

Enrique Cachito Fukman, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

"Repudiamos este decreto de Mauricio Macri que le saca el control civil a las Fuerzas Armadas. No porque ese control civil haya servido para mucho porque todos sabemos bien claro que los diferentes gobiernos constitucionales el único control que hacían era cuando el pueblo ponía el ojo sobre algún nombre. Fijémonos que control hubo, que hasta César Milani llegó a ser jefe del Ejército. La importancia que tiene este decreto es que está diciendo a las Fuerzas Armadas: 'Prepárense que ya hemos vuelto'", denunció el militante y agregó que eso implica enfrentar "al enemigo que siempre han tenido, que es el propio pueblo. Para este gobierno, para estas Fuerzas Armadas y de Seguridad el enemigo es el pueblo. Por eso, también, este decreto habilita a que las Fuerzas Armadas tomen nuevamente como docentes a aquellos que fueron separados. Quiere decir que los genocidas exonerados pueden volver a ser docentes de las nuevas camadas de militares. 

Es tremendamente importante que mantengamos la unidad y sigamos denunciando estos decretos porque el objetivo que tienen es comenzar a preparar a las Fuerzas Armadas supere ante este ajuste, ante los tarifazos, ante los despidos, supere a las Fuerzas de Seguridad", aseveró Fukman. Para el ex detenido desaparecido, basta esperar el estallido para comprobarlo: "Ahí van a utilizar a las Fuerzas Armadas. Por eso tenemos que estar todos unidos repudiando estas medidas y apoyando a cada uno de los conflictos que se den a lo ancho y largo del país y denunciando cada vez que un compañero o compañera es imputada, arrestada, reprimida. Tenemos que estar todos juntos en la calle, como hemos estado en todos estos días acompañando a los compañeros de Jujuy, de Tierra del Fuego, denunciando lo sucedido en Mendoza, en Santiago del Estero", se solidarizó con otros lugares del país. "Tenemos que redoblar el esfuerzo para que de una vez por todas se terminen en nuestro país estos gobiernos represores que gestionan para los ricos quitándole las riquezas que genera a todo el pueblo. Este decreto viene justamente para recortar y por eso en la calle va a estar el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia unido y apoyando a los que luchan. Hasta la victoria siempre, compañeros", cerró emocionado.

Gloria Pagés, hermana de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)

"Estamos acá junto a las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora haciendo un repudio al decreto que sacó Macri que le restituye poderes a las Fuerzas Armadas. Esos poderes les permiten elegir todo excepto los mandos superiores. Una cosa grave es que pueden volver oficiales o suboficiales retirados, no sólo a las Fuerzas sino como docentes. Eso nos preocupa mucho porque es una manera indirecta de que vuelvan a ejercer ese tipo de tareas genocidas que, como la gran mayoría, está impune. No sólo eso, tampoco queremos hacer un fetiche de lo que sería el control civil, si bien esto es un gran retroceso y habilita que las Fuerzas Armadas se empiecen a autogobernar y, en perspectiva, a tener cada vez más poder", aseguró Pagés explicando la posible aplicación práctica del decreto. "No es casual que sea ahora cuando empieza a haber luchas grandes contra el paquete de medidas y el ajuste que impone el gobierno. Antes, con el control civil y todo, las Fuerzas Armadas contaban con, sólo en el Ejército, 3000 miembros que venían de la dictadura, otro tanto en la Marina y otro tanto en la Fuerza Aérea", aportó. 

La militante identificó a la continuidad con la dictadura como un enorme problema dentro de las Fuerzas Armadas "que ningún gobierno logró liquidar. Por eso nosotros exigimos que se abran los archivos, que se sienten en el banquillo de los acusados todos los genocidas y sus cómplices como única manera de terminar con la impunidad. En el caso de los generales sí hay control civil porque son los mandos superiores, pero lo que viene abajo no lo sabemos. No pasaría por el Congreso ni por un mínimo recaudo que podría ser el ministerio de Defensa", informó. Para Pagés, las Fuerzas Armadas se encuentran en condiciones ahora de coordinar "todo lo que implica el movimiento de tropas que, por ejemplo, en la zona norte del país pueden definir una determinada línea política completamente autónoma. Se autojuzgarían, se autotrasladarían según a qué zonas pueden considerar ellos más 'calientes', es una forma de autogobierno, autopremio también frente a algunas actitudes que nunca nos vamos a enterar salvo cuando empiece a haber un poco más de intervención que es, en perspectiva, lo que quieren hacer. No sólo es una política de reconciliación sino de volverlas a meter en acciones de represión", analizó.

www.laretaguardia.com.ar/2016/06/organismos-de-ddhh-rechazaron-el.html