miércoles, 11 de junio de 2014

Un espía de la dictadura en el ministerio de Agricultura

Un informe revela que Héctor Mario Espina, Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, fue servicio del Batallón 601.
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Por Diego Rojas (@zonarojas)

Héctor Mario Espina y su lugar en el listado de los buchones de la dictadura.

Héctor Mario Espina, actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, revistió como servicio de inteligencia de la dictadura y como tal figura en los listados oficiales de los participantes del Batallón 601. Así lo reveló una investigación del periodista Lea Ross -en twitter @leandroross-publicada en el sitio Ecos Córdoba. Espina, que ocupa el segundo puesto de importancia en el ministerio que rige el agro, fue designado por el decreto 2015/2013 de la presidenta Cristina Fernández y el jefe de gabinete Jorge Capitanich fechado el 2 de diciembre del año pasado. En el listado oficial entregado por las Fuerzas Armadas a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2010, figura bajo el número 1553 como “ESPINA HECTOR MARIO” y se consigna su documento, 12643077. En el listado publicado por la revista Veintitrés aquel año, se especifica que su rol es “Apoyo y proc”, que se refiere a las tareas de información y de análisis de la información.

Espina, nacido el 18 de noviembre de 1956 en San Juan, se trasladó desde muy joven a la provincia de Santa Cruz. Su profesión es la de ingeniero agrónomo. Llegada la democracia, se vinculó al radicalismo. En 1999 ganó las elecciones para intendente de la localidad de Gobernador Gregores. La llegada al poder de los Kirchner lo ubicó como un “radical K” y en 2003 asumió como Director Nacional de Parques Nacionales. En 2009 se incorporó como segundo de Carlos Casamiquela en el INTA. La misma dupla habría de asumir a fines de 2013 en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Decreto que  designa a Espina. Coincide el DNI con el de la lista del 601.

La investigación del periodista Jorge Lanata publicada en el diario Perfil en diciembre de 2006 lo ubica en la troupe integrada por el ex presidente Néstor Kirchner, la actual presidenta Cristina Fernández y funcionarios provinciales y nacionales que compraron tierras en la turística ciudad de El Calafate a precio de remate. De esta manera, la documentación oficial permitió conocer que Espina había comprado 1390 metros cuadrados a $7,50 por metro cuadrado. Una investigación de fines de 2006 del periodista Daniel Gatti de la agencia OPI Santa Cruz reveló que su esposa, Mirtha Olmello -que cumplía funciones en la Casa de Santa Cruz- seguía cobrando su sueldo docente con un ítem de zona desfavorable que lo aumentaba en un 180% a pesar de cumplir un rol de funcionaria pública en la Ciudad de Buenos Aires.

Héctor Mario Espina, tal como figura en los oscuros listados de colaboradores de la dictadura más sangrienta que gobernó el país y segundo en la actualidad de Carlos Casamiquela en el ministerio de Agricultura de la Nación, deberá brindar explicaciones sobre su paso por la cueva de servicios que constituía el Batallón 601 del Ejército.

martes, 10 de junio de 2014

Repudiamos la brutal represión en Chaco

 Comunicado de Prensa 

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia manifestamos nuestro más enérgico repudio, a la salvaje represión desatada por el gobierno de Bacileff en Chaco, contra los manifestantes de la Multisectorial, el último 4 de junio, que dejó más de 30 compañeros heridos.
Cerca de 8 mil personas fueron salvajemente reprimidas y perseguidas por la policía provincial, cuando la “ Marcha Multisectorial contra el Ajuste” llegó a la Plaza Central de Resistencia – Chaco.

La represión fue brutal,  gases, balas de gomas, garrafas y policía montada. Una parte de la marcha se dirigió hacia el Parque 2 de Febrero para “defender a las mujeres que se quedaron con los hijos”. La policía siguió reprimiendo donde había mujeres, niños y ancianos.
Numerosos compañeros resultaron heridos y hospitalizados, y otros tantos detenidos.

Los manifestantes exigían frenar el avance del ajuste económico que hambrea al pueblo, lo deja sin tierra, salud ni educación. La  salvaje represión continuó con la persecución de dirigentes sociales que, hasta el día de hoy, debieron abandonar sus domicilios para evitar la cacería desatada por la policía provincial.

Expresamos nuestra solidaridad y exigimos el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los detenidos, y el castigo a los responsables políticos y materiales de la brutal represión.

                      ¡NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY!
                      ¡NI AJUSTE NI REPRESIÓN!
                      BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL!


 AEDD-Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
APEL-Asociación de Profesionales en Lucha
CADEP-Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo.
CADHU-Centro de Abogados por los Derechos Humanos.
CEPRODH-Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
CMM-Colectivo Memoria Militante
LIBERPUEBLO-Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

miércoles, 4 de junio de 2014

Caso Milani: carta abierta al juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena

Una misiva de un médico y ex integrante de la CPDH
Luego de la gacetilla publicada desde el Ejército, en la que Milani intenta defenderse de las acusaciones.

El médico y ex integrante de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, Jorge Mercado Luna, escribió una carta pública al juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena, a propósito de la causa por delitos de lesa humanidad que involucra al actual jefe del Ejército, César Milani. En la misiva enviada, Mercado Luna reproduce el testimonio de Alfredo Ramón Olivera, llevado por el propio Milani a firmar una declaración que no formuló, mientras era un detenido político. En esta nota, la carta completa. “Respetuosamente me dirijo a usted como un ciudadano que tuvo el honor de integrar la Comisión Provincial de los Derechos Humanos de La Rioja (CPDH). Lo hago impulsado por un imperativo de conciencia ante las numerosas publicaciones en los medios de información provincial y nacional, referente a las denuncias contra el teniente General César Milani, formuladas por Alfredo Ramón Olivera, radicada en el Tribunal Federal de La Rioja.

Hace unos días, el propio Milani en un comunicado inusual del Ejército por medio de una gacetilla; se defiende y cuestiona al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también critica “las graves irregularidades” de la tramitación judicial, en particular la actuación del fiscal Darío Illanes, al que acusa, entre otras cosas, de tener relaciones con el diputado cordobés Luis Juez, con estar muy comprometido con organizaciones de derechos humanos y de haberle impedido ejercer “de manera real y efectiva el derecho de defensa”.

El comunicado militar coincide y usa iguales frases amañadas de su abogado Narmona y del fiscal Horacio Salman para argumentar su inocencia. Este fiscal, en enredada actitud, pretende beneficiar al militar, actuando como si fuera su abogado defensor al afirmar muchas inexactitudes, omitir fehacientes pruebas y esgrimir un conjunto de errados argumentos que contradicen la verdad histórica reconstruida a lo largo de tres décadas en el proceso de memoria, verdad y justicia. Sin ninguna razón válida pone en duda el valor de los testimonios de las víctimas y privilegia las justificaciones del teniente General Milani, más las ideadas por él.

Tanto Milani como Salman parecen unirse para representar “el mundo al revés” (el denunciante, pasa a ser denunciado), aseverando entre inaceptables y tergiversados paliativos “que no existe ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja, que mencionó el apellido Milani”.

A causa de esta falsa afirmación y viendo que el gobierno de La Rioja, por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos se mantiene callado y no sale a aclarar ni allegar pruebas, es el motivo y la misión de esta carta: reafirmar, que si existen comprometidas y fehacientes acusaciones al Militar, efectuadas y firmadas por el señor Ramón Alberto Olivera, DNI 11. 496.732 -presentadas ante la CPDH, receptada, firmada y sellada por el secretario de Actuación, Cipriano Horacio Navazo, el 21 de agosto de 1984, siendo las 18.15, legajo Nº 21 compuesto por trece páginas, asentada en el Tomo 2 Volumen 1 de los Testimonios Recibidos por la CPDH en el año 1984-.

Allí figura desde hace 30 años, verdaderamente nombrado cuatro veces por su grado militar y apellido. Olivera narra de manera patética cuando es interrogado en la cárcel: atado, vendado los ojos, torturado de diversas maneras y obligado a firmar “su exposición” sin leer lo escrito. Cuenta que “al día siguiente por la tarde, iría a declarar ante el juez Federal: ‘me transportan en un auto de la Policía provincial. A mi lado va el teniente Milani, al que reconozco por ser el que realizó el allanamiento y llevar detenido a mi padre... Entro a la sala donde voy a declarar y conmigo lo hace el teniente Milani, el que no se retiraría en ningún momento de la sala. Nos recibe el secretario del Juzgado Armatti. Me invita a sentarme y al lado mío lo hace el teniente, el que inmediatamente entramos, comenzó a increparme... Mientras el secretario escribe, conversa con el teniente Milani, preguntándole de su ascendencia, por este motivo es que sé su apellido, que luego traté de retenerlo... El secretario va leyendo lo que dice que yo declaré anteriormente en la cárcel. Ante todo, lo que hago es mostrarle, levantándome la bocamanga del pantalón, las huellas del intenso castigo que había recibido y le digo que escriba que fui torturado, contestando que no lo va hacer porque cuando vuelva a la cárcel va a ser peor y desde ese momento no me prestó atención a lo que yo podía decir... Leyó todo lo que declaré en la cárcel. El teniente Milani permanecía a mi lado, y en los momentos que Armatti escribió, el podía acusarme de alguna cosa. Recuerdo algo así: ‘nosotros a vos te cortamos la carrera justo’... Se refería, supongo, a la carrera de guerrillero. No recuerdo otras acusaciones, pero si el gran odio con que hablaba”.

Esta declaración de Olivera cuenta: Cuando policías y Milani lo trasladan, que éste no se separa de él en ningún momento, ni siquiera en la sala del Juzgado. Que Milani se inmiscuía en el interrogatorio, refiere las amenazas y hostigamientos, afirma reconocer al teniente cuando secuestró a su padre. Explica por qué se entera de su apellido Milani, deja constancia la negación a escribir las denuncias de torturas en la cárcel, llegando a mostrar las huellas de las mismas y continúa describiendo el desarrollo del interrogatorio clásico: si conoce a un desaparecido Heredia, a una jovencita Matta, a Schaller si viajó al Chaco y las infaltables preguntas sobre qué relación tenía con el obispo Angelelli.

Toda esta historia ocurría hace 30 años; la que está protagonizada en parte por el joven y olvidadizo teniente César Milani.


Es un testimonio que debe llegar a la opinión pública, para conocer un pasado nefasto y que obtenga sus propias conclusiones. En ese testimonio 21, también está acusado el funcional juez de la dictadura Roberto Catalán, y otros cinco represores, revelando nombres y apodos, el accionar de los mismos y hasta indicando los domicilio de cada uno. Además, el vía-crucis por diversas cárceles, la pérdida de su trabajo y de sus estudios de maestro mayor de obras, y analiza desesperanzado la gran defraudación de la justicia de ese tiempo. Deseo que en estos tiempos de democracia, apuntalada por una verdadera justicia independiente, Olivera vuelva creer en ella. Para eso señor juez Herrera Piedrabuena: mucho depende de su delicada y correcta actuación.

El trabajo realizado por la CPDH no fue un juego ni un pasatiempo. Constituyó una desgarradora y patética denuncia pública, para que la justicia como corresponde, procediera con premura.

Toda la labor de la CPDH de La Rioja, esta plasmado en tres grandes tomos titulados “Informe final y documentos elaborados” y “Testimonios recibidos”, en donde figuran 161 legajos con denuncias, los que ya llevan tres décadas y todavía siguen esperando que llegue su majestad la justicia. Es de esperar que no se cierre la causa, propuesta de alguna manera por el señor fiscal Salman al afirmar prematuramente: “No hay nada de nada, porque no hay nada”, sin investigación seria y exhaustiva, habiendo muchas denuncias y ocultando pruebas como la declaración de Olivera realizada hace 30 años y que el fiscal bien las conoce, por haberlas leído en los textos originales de la CPDH, cuando los solicitó prestado a la Biblioteca Mariano Moreno, luego de la sorpresiva presentación de Milani en el Juzgado Federal de La Rioja.

Amparado en las garantías que debe brindar una justicia independiente: Milani debe tener la oportunidad y el derecho de defenderse en juicio “de manera real”, como escribe en la gacetilla militar. Pero también, sin los justificativos incongruentes del fiscal Horacio Salman, que al parecer pretende impedirlo.

Señor juez federal: por la trascendencia de este tema, todos los ojos del país están puestos en su actuación; la que deseo sea un ejemplo de lo que es justo, en salvaguardia de la salud republicana, del honor militar de las Fuerzas Armadas que no merecen tener un jefe sospechado, y del propio gobierno que saldrá fortalecido.

Lo saludo atentamente.

Jorge R. Mercado Luna
Médico, ex integrante de la CPDH.

jueves, 15 de mayo de 2014

Milani: Tras la acusación por su rol en la dictadura, la justicia procesa a denunciantes.

Por Diego Rojas (@zonarojas)
En medio de manifestaciones opositoras y la denuncia al jefe del ejército, la justicia amenaza con prisión a activistas.

Una grave situación, de características intimidatorias por parte del Estado, se vive en La Rioja. La justicia de la provincia acusó de privación ilegítima de la libertad a uno de los denunciantes del jefe del ejército César Milani por la desaparición del soldado Alberto Ledo y a varios activistas docentes y ambientales. Luego de la acusación sobre el militar kirchnerista, la larga huelga docente en la provincia y las rebeliones ambientalistas, el gobierno del kirchnerista Luis Beder Herrera amenaza con cobrarse con la cárcel a quienes disienten con su política.

En las últimas horas varios opositores a Beder Herrera fueron citados ante la justicia por acusaciones ligadas a la lucha docente, a la vez que los diputados provinciales oficialistas evalúan con destituir a una legisladora crítica del gobernador.

Los hechos se desataron luego de la última semana de abril. En Chilecito, ciudad que se sitúa a los pies del Famatina, se había producido una larga huelga docente que contó con el apoyo de los padres de los estudiantes, quienes ocuparon varias escuelas mientras los maestros paraban. Una de ellas es la escuela normal Joaquín V. González. Enviados del ministerio de Educación intentaron suspender a Norma Illanes, rectora de la institución, quien había declarado su apoyo a la medida sindical. El intento produjo una rebelión de docentes primero y luego padres y alumnos que se negaban a permitir una suspensión irregular de la docente. Norma Illanes es hermana de Álvaro “Yopo”
Illanes, quien también concurrió a defender la continuidad en su puesto de su hermana.

“Recibí la notificación judicial, ordenada por la jueza de instrucción Marta Magaquian, que me amenaza con detenerme si me acercara a la escuela Normal de Chilecito, donde había estado defendiendo los derechos de los docentes, se acusa de privación ilegítima de la libertad -cuenta a plazademayo.com Álvaro Illanes, presidente de la Juventud Peronista de Chilecito en los setenta, ex detenido desaparecido y que realizara el servicio militar obligatorio junto a Alberto Ledo, quien permanece desaparecido, y que acusara a Milani por realizar las tareas de inteligencia que determinaron la desaparición del conscripto-. No se puede desligar esta andanada judicial de nuestro rol en la denuncia de Milani”. Illanes había señalado que compartió la conscripción con Ledo y que Milani se juntaba con su camada primero para hablar sobre deportes, pero luego para hablar sobre política. “Nos juntaba a la hora de la merienda y nos preguntaba qué pensábamos sobre el Operativo Independencia en Tucumán, luego qué pensábamos sobre la guerrilla en el monte y en el país. Ledo y yo no contestábamos, evitábamos esa indagación en nosotros, sabíamos que estaba haciendo inteligencia entre nosotros. Luego nos detuvieron. Yo hice la conscripción desde el  4 de febrero al 19 de febrero de 1976. El 24 de marzo me desaparecieron”. Illanes señala que reconoció a Milani después de que apareciera en la televisión cuando la presidenta Cristina Fernández decidió ponerlo al frente de las Fuerzas Armadas y que entonces realizó su denuncia. “Más tarde, Ledo fue designado por Milani como su asistente y en una salida junto a otros oficiales, Ledo no regresó más”, concluye. El denunciante de Milani se notificará este martes 6 de mayo ante la justicia por una causa por la que podría quedar detenido.

Denuncia de privación ilegítima de libertad contra el dirigente docente Pedro Carrizo.
Denuncia de privación ilegítima de libertad contra el dirigente docente Pedro Carrizo.
“Acabo de recibir la notificación a las doce y media de la noche -relata Pedro Carrizo, dirigente de la huelga de los docentes autoconvocados de Chilecito y militante del Partido Obrero-. Como trabajo en escuelas del interior no podían ubicarme, pero finalmente lo hicieron y me citan el martes 6 a las once de la mañana bajo la acusación de ‘privación ilegítima de la libertad’”. Carrizo cuenta que al enterarse de la manifestación que se realizaba contra la suspensión de la rectora Norma Illanes, varios docentes de otros establecimientos concurrieron a manifestar su solidaridad. “Hay una denuncia sobre la rectora que dice que no dejaba entrar a los docentes, cuando es de público conocimiento que eran los padres de los alumnos quienes tomaban las escuelas -explica Carrizo-. En estas citaciones judiciales se cristaliza la decisión de Beder de ir contra los denunciantes de Milani y de plantear un castigo ejemplificador contra quienes ejercieron el derecho a la huelga contra las medidas de su gobierno”.

Acta judicial contra la ambientalista Marcela Crabbe.
Acta judicial contra la ambientalista Marcela Crabbe.
No sólo docentes recibieron la citación judicial, sino activistas ambientalistas como Marcela Crabbe, dirigente de la lucha que expulsó al proyecto megaminero a cielo abierto del gobierno kirchnerista del cordón del Famatina, y que se encontraba tomando fotos de la manifestación contra la suspensión de la rectora Illanes el viernes 25 de abril. “La orden me impide acercarme al Normal, que queda en el centro de Chilecito, y también dice que debería absterme, absurdamente, de participar de hechos de violencia. Mañana me presentaré sin abogados, porque sé que la verdad es suficiente para no convalidar este ataque de Beder contra los opositores a su gobierno”.

Opinión de docente sobre las órdenes judiciales ante el medio Notiriojatv.

El intento de represaliar a los luchadores no se limita a la ciudad de Chilecito, sino que se reproduce en La Rioja capital, donde también se realizaba una protesta para exigir que se devuelva el edificio del profesorado, convertido en shopping hace cuatro años, para sus actividades originales. “El 23 de abril se realizaban dos acampes de alumnos del profesorado, uno frente al shopping para que se devuelva el edificio y otro frente a uno nuevo sin condiciones que ofrecían para que se dictara clases allí -señala la diputada provincial del Frente Cívico Riojano y activista ambientalista Lucía Ávila-. Cuando llegó la policía para desalojar la protesta, demandé en mi rol de legisladora que presenten una orden judicial y  me solidaricé con los manifestantes. Pero la policía avanzó contra nosotros y reprimió desalojándonos. Nos golpearon a mí y a los chicos”. Sin embargo, según la diputada Ávila, la acusó de ser la ocasionante de los desmanes. “Frente a los videos que muestran su avance, ellos dicen que yo ataqué a los policías. El oficialismo en la cámara provincial pidió mi desafuero y mi destitución acusándome de inconducta. Este jueves 8 se tratará en la cámara la situación que podría producir que se me quite el cargo desoyendo a la voluntad popular”.

La provincia de La Rioja vive desde 2012, cuando se inició la lucha por el Famatina, una situación de convulsión social que se manifiesta periódicamente y que, al parecer, quisiera ser aplacada mediante el peso de la ley del Estado contra los activistas mediante medidas fascistizantes. Debe recordarse que la lista de Beder Herrera perdió las elecciones en las PASO de 2013 y que luego triunfó en medio de denuncias de fraude. La larga huelga docente habría reavivado las manifestaciones represivas del gobierno. No debería olvidarse que en La Rioja el gobernador inauguró monumentos al ex presidente Carlos Menem mientras se plegaba al plan de inversiones megamineras promovido por la presidenta Fernández. Hoy Menem es un senador del oficialismo kirchnerista, mientras el gobernador amenaza con cárcel a todo aquel que ose a manifestar oposición a sus planes.

domingo, 20 de abril de 2014

Filmaron a un represor mendocino dirigiendo la ampliación de su complejo de cabañas

Un arresto domiciliario muy particular

El hijo de desaparecidos Mariano Tripiana denunció que el ex comisario Orlando Gutiérrez, procesado por delitos de lesa humanidad, va a misa y pasea por su predio en San Rafael. La Cámara Federal hace siete meses que debe resolver si le revoca la prisión domiciliaria.

No conformes con los beneficios del Estado de Derecho, en los antípodas de sus viejos buenos tiempos, los represores de la dictadura que gozan de arresto domiciliario siguen burlando esa concesión de los jueces. Al largo listado de quienes violan y violaron el arresto hogareño, que inició Emilio Massera cuando regían las leyes de impunidad y sólo había presos por robo de bebés, se sumó ahora el ex comisario mendocino Orlando Gerardo Gutiérrez, quien ya tiene procesamiento firme y está en condiciones de ser juzgado por delitos de lesa humanidad en San Rafael. Dueño del complejo de cabañas Las Tortuguitas, a cinco minutos del centro de San Rafael, Gutiérrez fue denunciado por Mariano Tripiana, hijo de uno de los primeros desaparecidos de Mendoza, por salir de su casa para ir a misa y por pasearse impune por los alrededores del complejo, donde lo encontró y lo filmó para documentar la denuncia. El Ministerio Público Fiscal pidió en septiembre que se le revocara el arresto domiciliario a Gutiérrez y a otros procesados de San Rafael, pero la Cámara Federal de Mendoza lleva siete meses sin pronunciarse. Tripiana aportó ahora otro elemento para que cumpla su prisión preventiva en una cárcel común.

El rol del ex comisario Gutiérrez durante el terrorismo de Estado se hizo público en 2010, durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael, que concluyó con condenas a cadena perpetua al ex comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe, al ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara y al ex agente del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial Juan Roberto Labarta, y a ocho años de prisión al abogado de la policía Raúl Egea. El policía Gutiérrez, que en 1976 hizo un curso de “instrucción contrasubversiva”, fue detenido en noviembre de 2012 por orden del juez federal Eduardo Puigdengolas, quien luego le concedió el arresto domiciliario. “Es muy importante que no queden impunes, que no puedan seguir caminando por las calles”, declaró entonces Tripiana a Página/12. En septiembre último el fiscal federal Francisco Maldonado apeló los arrestos domiciliarios, pero la Cámara Federal de Mendoza, que en teoría se sacó de encima el lastre de Romano, Miret & Cía., lleva siete meses de silencio. El mismo Puigdengolas elevó la causa a juicio oral el mes pasado, por lo que Gutiérrez ya está en condiciones de ser juzgado junto a más de veinte imputados de San Rafael por delitos contra 63 víctimas, de las cuales catorce están desaparecidas.

Tripiana recibió la noticia de que el represor iba todos los domingos a misa a la parroquia de Lourdes y se puso en campaña para corroborarlo. Tal como ocurrió con Massera en 2000, con el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 Alberto Roque Tepedino en 2003, con el ex médico de la ESMA Jorge

Magnacco y con el marino José Francisco Bujedo el año pasado, son siempre militantes y periodistas quienes descubren in fraganti a represores que en teoría cumplen prisión preventiva domiciliaria.

Tripiana se había propuesto filmar al represor en misa pero antes lo encontró frente a su casa, un complejo de cabañas en calle Las Tortuguitas 925 del distrito Las Paredes, en San Rafael, frente al camping del Círculo de la Policía de Mendoza. Las cabañas también se llaman Las Tortuguitas y los turistas que allí se alojan son atendidos en persona por el policía procesado por crímenes de lesa humanidad.

“Vimos que estaba en la calle, dirigiendo una obra. Me bajé filmando con el celular porque pensé que saldría corriendo para adentro, pero no se inmutó”, contó Tripiana, quien compartió el video con Página/12.

–Usted está con arresto domiciliario –le recuerda mientras filma.

–Sí, ¿por qué? –simula sorpresa el represor, de jean, remera y sombrero de paja.

–Usted tiene que estar adentro, no acá. Vaya adentro. Usted está con arresto domiciliario por genocida –le exige el hijo del desaparecido.

Gutiérrez, sin sacarse las manos de los bolsillo, esboza una respuesta pero un segundo después se da vuelta y camina hasta el portón de entrada. “El dirige la obra”, apunta un obrero que deja de hacer un pozo y se apoya en la pala mientras observa.

–Esta grabación se la voy a llevar al juez –le avisa Tripiana al represor, que levanta los hombros con indiferencia.

–¿Quién sos vos? –pregunta un par de veces el ex comisario.

–Ya se va enterar quién soy.

“Esperamos que vuelva a una cárcel común”, dijo Tripiana a Página/12. “En algunos casos las prisiones domiciliarias están bien otorgadas pero en otros no”, cuestionó el querellante. “Los médicos forenses que dictaminaron a favor de concederle el arresto domiciliario son de la penitenciaría de la provincia, cuando tendrían que ser forenses de la Nación”, explicó. “El motivo invocado para evitarle la cárcel es un problema psiquiátrico pero está mejor que cualquiera de nosotros”, apuntó Tripiana, que después de filmar al represor sufrió una crisis nerviosa. Al día siguiente pidió que se le revoque el arresto domiciliario ante el juzgado de San Rafael y el 24 de marzo recolectó firmas para elevarlas a la Cámara Federal de Mendoza, de la que sigue esperando una respuesta.

domingo, 6 de abril de 2014

El general Milani y las pruebas de su infamia

Las fojas que revelan la participación del jefe del Ejército en la dictadura. Miralas acá.

por  Fabián Kovacic

Dos fojas tipeadas a máquina, que sobrevivieron treinta años de injusticia, se transformaron en la prueba de cargo que puede sepultar la carrera del general César Milani. El documento ya está en manos de la justicia federal, pero jamás fue exhibido en los medios de comunicación.

Corría 1984 cuando se conformó por decreto del gobernador Carlos Menem, la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH) en La Rioja para documentar la devastación de la provincia con más desaparecidos y detenidos políticos del país, de acuerdo a su densidad de población.

Se reunieron en condiciones precarias días tras día durante ocho meses, con escaso personal, pocos insumos y un clima político sumamente denso. Los militares presionaban a la democracia, los servicios de inteligencia conspiraba contra el poder electo y el terror heredado de ocho de dictadura transformaba las condiciones de trabajo en una verdadera epopeya.
Treinta años después, dos hojas de papel escritas con métodos ya obsoletos y en condiciones precarias son la prueba contundente de la participación de Milani en la represión ilegal. Allí está plasmado el testimonio del ex detenido desaparecido Alfredo Olivera y te lo presentamos por primera vez en su versión versión original.

ARG Noticias accedió en exclusiva a las fojas en las que el ex detenido Alfredo Olivera –el primero en denunciar a Milani en 2013 por su participación en la represión militar- revela las condiciones en que el entonces teniente Milani lo condujo a prestar declaración ante el juez federal riojano Roberto Catalán, hoy condenado por complicidad con la represión ilegal.

Cristina Fernández recibió en La Rioja el informe de la CPDH y sin embargo en él no aparecía el nombre de Milani acusado por sus víctimas. Con esa explicación la mandataria desacreditó las acusaciones del ex detenido Olivera y de la Madre de Plaza de Mayo, Marcela Ledo, madre del soldado desaparecido bajo responsabilidad de Milani.

ARG Noticias dialogó con Jorge Mercado Luna, uno de los integrantes de la CPDH que tomó testimonios a los ex presos y los familiares de las víctimas. "Usted no se imagina la presión con que trabajábamos. No fuimos amenazados nunca, pero el clima era muy complejo. El gobierno nacional estaba permanente jaqueado por operaciones políticas, militares y de la SIDE (servicios de inteligencia). Nosotros trabajábamos sin herramientas ni personal en un espacio muy reducido por donde desfilaban incesantemente ex presos y familiares tratando de contar todo sus drama y dolores", explicó.

En relación a la omisión del nombre de Milani en los documentos entregados a Cristina Fernández y las copias circulantes abreviadas, recuerda. "El personal que se dedicaba a escribir los informes apenas si podía con tantos nombres, se perdían fojas y a veces hasta hubo que reconstruir declaraciones. La omisión de Milani, probablemente se deba a la desorganización con que trabajamos esos meses de 1984. Pero finalmente en los documentos originales aparece y eso es lo válido. De eso no hay dudas", ratificó.

Las copias a las que accedió ARG Noticias pertenecen a los expedientes sobre violaciones a los derechos humanos que están en custodia del Poder Judicial, el Congreso y la Gobernación de La Rioja. Son pruebas contundentes que, en el futuro cercano, terminarán con la carrera en zig zag de un militar acusado de represor que llegó hasta la cúspide del ejército argentino.