miércoles, 12 de diciembre de 2012

Marita Verón : LA IMPUNIDAD SÓLO GENERA MÁS IMPUNIDAD

Ante el fallo del día de ayer en la causa por la desaparición de Marita Verón:

Expresamos nuestro más profundo repudio a los jueces Alberto Piedrabuena, Emilia Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano y al fallo que absolvió a los 13 imputados en la causa:

* Humberto Juan Doroberti: Empleado en el prostíbulo "Desafío" y acusado como el presunto reclutador de Marita Verón. La Fiscalía pidió una condena de 12 años y 6 meses, mientras que la querella solicitó 24 años de reclusión.

* Daniela Natalia Milhein: Acusada de haber retenido por la fuerza en dos viviendas diferentes a Marita. La fiscalía y la querella pedían 25 años de prisión como partícipe necesario en la retención de persona y el sometimiento a la prostitución.

* María Jesús Rivero: Acusada como presunta autora intelectual del secuestro. Fiscalía y querella solicitaron 25 años de prisión.

* Víctor Ángel Rivero: Presunto autor material del secuestro de Verón. Fiscalía y querella pidieron 25 años de reclusión.

* Andrés Alejandro González: Acusado como presunto partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución. La fiscalía pidió 25 años de prisión, en tanto que la querella solicitó 24.

* Domingo Pascual Andrada: Ex policía de La Rioja. Acusado por partícipe secundario como quien trasladó a Verón. La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, la querella, 23 años y 7 meses.

* José Fernando Gómez: Hijo de Medina. Acusado como partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución, por ser quien habría pagado por Verón para obligarla a prostituirse. Se pidieron 25 años de condena en su contra.

* Lidia Irma Medina: Acusada como partícipe necesaria en la retención y sometimiento a la prostitución y dueña de las whiskerías, aunque ella argumentó que sólo las alquilaba. Fiscalía y la querella pidieron para ella 25 años.

* María Azucena Márquez: Conocida como "Doña Claudia", está acusada de ser partícipe secundaria y era sindicada por haber estado a cargo del prostíbulo "El Desafío". La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella 25.

* Mariana Natalia Bustos: Esposa de José Fernando Gómez, había sido acusada como partícipe secundaria. La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella solicitó 23 años y 6 meses.
* Gonzalo José Gómez: Hijo de Medina, acusado como partícipe necesario por regentear el prostíbulo "El Desafío". Fiscalía y querella pidieron 25 años de reclusión.

* Carlos Alberto Luna: Acusado como partícipe secundario, sindicado como el dueño de los prostíbulos "Desafío", "Candy" y "Candilejas". La fiscalía pidió 12 años y 6 meses, mientras que la querella solicitó 25.
* Cintia Paola Gaitán: Esposa de Luna y acusada como partícipe secundaria. La fiscalía apuntó a una pena de 12 años y 6 meses de prisión, en tanto que la querella pidió 23 años y 6 meses.

DESAPARICIONES

Cuando desapareció nuestro compañero Jorge Julio López, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires (Felipe Solá) y su ministro de seguridad (León Arslanián), reconocieron que más de 3000 integrantes de la policía bonaerense cumplían funciones desde el año 1976 y se habían desempeñado en dependencias que fueron campos de concentración durante la dictadura.

Esos mismos represores son los que le enseñan a los nuevos a usar el gatillo fácil, a torturar en las comisarías, o a ser partícipes de toda la inseguridad: robos, trata de personas, y demás ilícitos. También enseñan y continúan prácticas de desaparición de personas. Aparición con vida de Luciano Arruga!

 El ESTADO es responsable por no garantizar los derechos humanos de las mujeres desaparecidas en la trata, ya sea porque uno de sus agentes haya participado de los delitos, ya sea porque no se establecen las medidas correspondientes para garantizar que no sucedan.

DESAPARICIÓN FORZADA: privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.

 SOLIDARIDAD

Expresamos toda nuestra solidaridad con Susana Trimarco, mamá de Marita y luchadora inclaudicable por los derechos humanos, y con Micaela, su hija, que tuvo que crecer sin ella y aprendiendo desde pequeña lo injusto y perverso de este sistema que no garantizó los derechos de su madre.

 EXIGIMOS

Exigimos al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Tucumán:
APARICIÓN CON VIDA DE MARITA VERÓN
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN
JUICIO POLÍTICO A LOS JUECES CÓMPLICES DE LA TRATA: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina, Eduardo Romero Lascano
BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES – NO A LA TRATA

 Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos

12 de diciembre de 2012
COMPAÑERA ADRIANA CALVO PRESENTE!!

martes, 11 de diciembre de 2012

En el día de los DD.HH., las deudas de la democracia

Por Anahí Di Santo. Familiares de Ferreyra, Santillán, Fuentealba y Arruga realizaron una conferencia de prensa para presentar una carta abierta que recuerda que a 29 años de la restitución democrática, aún quedan materias pendientes.

    “A casi treinta años del fin de la Dictadura, la represión por causas políticas, el gatillo fácil, y la corrupción dentro de los aparatos represivos, siguen siendo moneda corriente y en muchos casos continúan llevándose la vida de compañeros y compañeras”, señala el documento que expusieron ayer por la mañana en la Legislatura porteña Pablo Ferreyra -hermano de Mariano-, Leonardo Santillán -hermano de Darío-, Roberto Rodríguez -cuñado de Carlos Fuentealba- y Vanesa Orieta -hermana de Luciano Arruga-, junto a otros familiares de víctimas de violencia institucional y represión policial, y organismos y representantes de derechos humanos, al reclamar por “la justicia y los derechos humanos de ayer y de hoy”.

    Con la presencia de Elía Espen, Madre de Plaza de Mayo, Enrique “Cacho” Fuckman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, los legisladores porteños Claudia Neira y Pablo Bergel y la adhesión de Osvaldo Bayer y Félix Díaz, entre numerosas personalidades y organizaciones que sumaron su firma a la carta abierta, los familiares denunciaron que en el país hubo más de 3.600 asesinados y 197 desapariciones desde el restablecimiento de la democracia en el año ’83.

    Convocados por la falta de justicia pero unidos por la lucha por el cambio, los discursos de los familiares transmitieron un mensaje que atravesó toda la conferencia que apuntó a resignificar el concepto de “derechos humanos”, llevándolo más allá de los crímenes de la dictadura, para vincularlo con cualquier tipo de represión y persecución política y con la “justicia completa” que condene a responsables materiales y políticos de los crímenes, sin dejar de lado que “el acceso a la vivienda, salud, trabajo y la educación sea realmente efectivo para todos y todas, sin pobreza ni exclusión”.

    En este sentido, Pablo Ferreyra, hermano del militante del Partido Obrero asesinado en 2010, destacó “la estrecha relación de los crímenes de Mariano Ferryera, del pueblo Qom, la causa Ledesma y la represión en el Parque Indoamericano, con problemas impostergables de la actualidad, como son la tercerización laboral, la crisis habitacional y el problema de la tierra”, mientras que puso de relieve la necesidad de profundizar los debates acerca de la apropiación colectiva de la tierra y de poner fin a la persecución que sufren las comunidades y los pequeños productores agropecuarios.

    Ferreyra señaló además “la importancia de impulsar marcos regulatorios que desde el punto de vista institucional condicionen los protocolos de las Fuerzas de Seguridad para evitar abusos y violencia”. En la misma línea, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido en Lomas del Mirador, denunció “el silencio que recae sobre las causas de violencia y represión que golpean a los pibes más pobres, como fue el caso de Luciano, quien al negarse a robar para la policía fue detenido, torturado y luego desaparecido. Y el hecho de que no haya avance alguno en la causa habla de una clara política de discriminación, estigmatización y persecución de la pobreza”.

    Por su parte, Alberto Rodríguez, cuñado del maestro Carlos Fuentealba, se refirió a la complicidad del sistema judicial y los beneficios que gozan los condenados dentro del sistema penitenciario. “La causa por Fuentealba se desdobló como una estrategia para utilizar como chivo expiatorio al asesino material y dejar libre a los responsables políticos”, indicó Rodríguez, y agregó que “la justicia de Neuquén no quiere avanzar en el procesamiento de Sobisch porque dicen que no es pertinente investigar al ex gobernador”. Del mismo modo, en la causa por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón, en junio de 2002, el ex presidente Duhalde “nunca ha sido puesto en el banquillo de los acusados como responsable intelectual”. Rodríguez condenó además “las salidas recreativas completamente ilegales y clandestinas, fuera de los penales donde cumplían condena Poblete y Fanchiotti” (autores materiales de los asesinatos de Fuentealba, y Kosteki y Santillán, respectivamente).

    Los familiares denunciaron además que no hay una sola imputación a las responsabilidades políticas de las más de 38 muertes ocurridas el 19 y 20 de Diciembre del 2001, la violencia y la complicidad institucional y delictiva con las redes de trata y prostitución, como lo evidencia el caso de “Marita” Verón, la ausencia total de líneas de investigación en la desaparición de Jorge Julio López, la represión sufrida por los Qom, del mismo modo que las manifestaciones en contra de la megaminería en distintos puntos del país, el violento desalojo del Parque Indoamericano, y la impunidad del gatillo fácil y la prepotencia policial reflejada en los casos de el “Jere”, el “Mono” y “Patom”, en Rosario, y de Jonathan “Kiki” Lezcano, Ezequiel Blanco, Diego Núñez o Paulina Alejandra Lebbos entre otros.

    Haciendo hincapié en el ejemplo que significa la lucha por la memoria y la justicia protagonizada por las diferentes organizaciones de Derechos Humanos que permitieron recuperar más de 100 nietos y nietas, Leonardo Santillán, hermano del militante social Darío Santillán, consideró fundamental “establecer una continuidad entre la lucha por los derechos humanos llevada a cabo por Madres, Hijos y Abuelas y el rol que tienen los familiares de las víctimas de la represión en los crímenes de la actualidad”.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Un reclamo de justicia por los crímenes en El Indoamericano

El Indoamericano, dos años después
ACTO EN EL CABILDO HOY A LAS 12 HS

A dos años de los asesinatos, los familiares de las víctimas de las tomas de tierra en el Parque Indoamericano reclamaron justicia. Acompañados por organizaciones sociales y políticos de bloques de la oposición porteña, la madre de Bernardo Salgueiro y la esposa de Emilio Cañaviri Alvarez explicaron que por ellos y por Rosemary Churapuña “estamos luchando todas las familias para encontrar a los culpables de las muertes” derivadas de la represión de la primera semana de diciembre de 2010. Hacia el final del encuentro, la diputada Rocío Sánchez Andía (CC-ARI) informó que en la Legislatura existen dos proyectos de ley para nombrar “Mártires del Indoamericano” a la plazoleta contigua al parque y a la estación Escalada del Premetro, “para que este hecho no quede en la impunidad del olvido”.

De la reunión con los familiares de las víctimas participaron, además de Sánchez Andía, los legisladores Julio Raffo, Pablo Bergel y Rafael Gentili (Proyecto Sur), Alejandro Bodart (MST) y Laura García Tuñón y Fabio Basteiro (BApT) y referentes de la CTA Capital, el Frente Popular Darío Santillán, la CCC y otras organizaciones sociales.

“A dos años de la tragedia del Parque Indoamericano no se han implementado políticas para garantizar el derecho a la vivienda de los habitantes de la Ciudad”, señaló Sánchez Andía. Por su parte, el legislador Bodart dijo que en 2010 “los gobiernos nacional y porteño prometieron un plan conjunto de viviendas”, que nunca se llevó adelante.

Sobre “la falta de vivienda a pesar de las promesas de los gobiernos” volvió también la diputada Laura García Tuñón. El déficit habitacional, advirtió, “no se resolvió”, y mientras que “el Estado sigue avasallando a la zona sur, vemos que en las escuelas faltan las vacantes, y muchas veces los pibes tienen que trasladarse a otro barrio. Tenemos que impedir que se aplique el plan maestro de la Comuna 8, para impedir que sigan postergando la zona sur”, dijo, en alución al proyecto macrista para ceder tierras de Villa Lugano y Villa Riachuelo para distintos emprendimientos.

Al pedido se sumó, también, el legislador Raffo, cuyo bloque, explicó, “ha expresado solidaridad con los familiares de los asesinados y con quienes ocuparon su lugar en la lucha; a la vez que exigimos al Gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional que cumplan con su palabra”.

Los incidentes del Parque Indoamericano sucedieron en la semana del 7 de diciembre de 2010, cuando cientos de familias sin techo ocuparon algunas de esas tierras municipales en Villa Soldati. Reclamaban viviendas, pero su presencia allí fue duramente reprimida, tras lo cual dos personas resultaron asesinadas y 44 policías de las fuerzas Federal y Metropolitana, acusados.

Ex empleado de Unión Mercosur, declaró en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra

La Unión Ferroviaria y los tercerizados

El testimonio aportó datos sobre el comportamiento de la cúpula sindical en la represión del 20 de octubre de 2010.

 Por Ailín Bullentini

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados”, aseveró Pablo Villalba, ex empleado de la cooperativa Unión Mercosur, militante por su efectivización y la de sus compañeros en la empresa Ugofe y partícipe de la movilización del 20 de octubre de 2010 en la que fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y fueron gravemente heridas otras tres personas. Su testimonio fue el último que aportó, en el marco del juicio por esos hechos, datos sobre la responsabilidad de la cúpula sindical en los crímenes. De aquí al comienzo de los alegatos, planificados para mediados de febrero, terminarán de desmenuzarse las responsabilidades policiales, expondrán los peritos que actuaron en la instrucción y se reconstruirán los hechos en el escenario en el que ocurrieron.

Ante una sala repleta de público como hacía varias audiencias no sucedía –el secretario de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, Roberto Pianelli, y algunos otros metrodelegados ocuparon las primeras filas de la sala AMIA de Comodoro Py–, Villalba recordó que ingresó a trabajar a la cooperativa Unión Mercosur en abril de 2009, que de allí lo echaron en marzo de 2010 junto a otros 150 tercerizados y que en enero de este año se convirtió en uno de los once de ese grupo que logró la efectivización en la línea de ferrocarriles General Belgrano, administrada por Ugofe.

Según contó ante el Tribunal Oral, había ingresado a Unión Mercosur por medio de su hermano, que le había contado que “la Unión Ferroviaria había creado una cooperativa de trabajo para que los familiares de los efectivos pudieran tener un ingreso al ferrocarril”. Comenzó a trabajar en los talleres de Tolosa, en donde compartía tareas con personal efectivo de Ugofe. “Los efectivos hacían mantenimiento igual que nosotros; la diferencia más concreta estaba en el sueldo. Por la misma tarea cobrábamos los tercerizados en muchos casos menos de la mitad del sueldo”, expresó.

El ferroviario apuntó que durante su permanencia como tercerizado participó de algunos reclamos, pero situó su fase más contundente de militancia cuando fue despedido. “Me despidieron por haber reclamado la cobertura de ART. El telegrama que me mandaron decía que me despedían por reestructuración”, especificó. En marzo recibió el telegrama. En abril se sumó al “reclamo por el pase a planta con compañeros de la agrupación Bordó del ferrocarril”, opuesta a la Verde de Pedraza. El objetivo era generalizar la protesta: “Queríamos reflejar el inconveniente que había en el tren: la existencia de 22 empresas que tercerizaban a 1500 trabajadores que hacían la misma tarea que hacían los trabajadores de planta”, puntualizó. Llevaron el reclamo al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Transporte. “No nos dieron respuesta”, aseguró.

“La posición de la Unión Ferroviaria siempre fue en contra del pase a planta permanente de los tercerizados. Siempre trataron de organizar gente para que, cuando intentábamos hacer un acto de reclamo, llegara una patota agresiva para frenarlo”, reflexionó. El testigo consideró que el gremio actuaba de esa manera porque “tenía que garantizar que la cooperativa siguiera funcionando porque (el ex titular de la UF y uno de los acusados en el juicio) José Pedraza era el dueño y en ella trabajaban muchos de sus familiares”.

El 20 de octubre llegaron a la mañana a la estación Avellaneda, pero vieron mucha policía y “gente en los andenes que no eran pasajeros, sino ferroviarios”, mencionó. Recordó que la patota de la UF los despidió al grito de “zurdos de mierda” y a los piedrazos. “Nos estábamos yendo. Había quedado demostrado que la Unión Ferroviaria estaba pensando en cualquier cosa para defender sus negociados y evitar que nosotros hiciéramos nuestros reclamos” cuando Mariano Ferreyra resultó herido de muerte.

El testigo aportó más ejemplos que permiten graficar el comportamiento de la Unión Ferroviaria hacia quienes se animaban a criticar a la dirigencia. “Cuando me despiden fui a hablar con Pablo Díaz, todos los ferroviarios saben que responde a Pedraza. Como era afiliado al gremio, consideré pertinente ir a hablar con alguien para que interviniera sobre mi despido, que para mí era totalmente injusto. Díaz puso sobre su escritorio el legajo de mi hermano, que como yo había estado enfermo varios días como deslizando suspicacias en cuanto a que a ninguno de los dos nos gustaba trabajar”, recordó. También aseguró que Díaz y Claudio Alcorcel, ambos acusados en el juicio, amenazaron de muerte a un grupo de tercerizados de Unión Mercosur: “Les dijo que les iban a pegar un tiro si no se dejaban de joder con el pase a planta”, remarcó.