martes, 31 de julio de 2012

El lunes 6 de agosto comienza el juicio contra Pedraza por la muerte de Ferreyra

El juicio por el homicidio en 2010 del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra comenzará el próximo lunes ante el tribunal oral número 21, confirmaron ayer fuentes judiciales.

Las dudas sobre la fecha de inicio del juicio giraban en torno a una serie de planteos formulados por las defensas de los 17 imputados -diez de los cuales, entre ellos el sindicalista José Pedraza, están detenidos- contra el tribunal que integran los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Bossi y Horacio Días.

"El tribunal tiene todo previsto para comenzar el juicio el próximo lunes y estamos convencidos de que así será", dijo a esta agencia una fuente judicial.

El juicio tendrá un nuevo elemento de prueba que se incorporó en los últimos días: la pericia sobre el proyectil extraído del cuerpo del sobreviviente Nelson Aguirre, que no estaba disponible en el momento en que la causa fue elevada a juicio oral.

Según constancias de la causa, el proyectil (extraído de una pierna de Aguirre el 3 de enero pasado, en una operación a cargo del médico Ricardo Zambrano) es "una posta de plomo cero o doble cero, cuyo diámetro menor es de 7,93 milímetros y su diámetro mayor, de 8,52 milímetros".

La diferencia entre uno y otro diámetro alentó la idea de que el proyectil, al igual que el que mató a Ferreyra, hubiera rebotado contra una superficie dura, probablemente el pavimento, antes de herir a Aguirre, pero esa circunstancia -en definitiva- será analizada durante el juicio. Mientras se apresta a afrontar el juicio oral en el que está acusado por "homicidio agravado", el sindicalista Pedraza logró que se postergara para el 3 de setiembre próximo la declaración indagatoria que debía prestar la semana que viene en el marco de la causa por presunto intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación.

domingo, 29 de julio de 2012

Exigen trasladar de "inmediato" al asesino del docente Carlos Fuentealba a una cárcel federal

Las organizaciones CTERA, ATEN y APDH Neuquén realizarán este lunes una conferencia de prensa para exigir el "inmediato traslado" a una cárcel federal del asesino del docente Carlos Fuentealba, el ex cabo José Darío Poblete, luego de que se conociera que violaba su condición carcelaria.

La conferencia se llevará a cabo a las 11 en la sede de ATEN, ubicada en la capital neuquina, en la calle Alcorta 863.

El objetivo es que se concrete el traslado de Poblete y se reactiven las causas por la zona liberada en la Plaza Huincul en 2006 y la denominada Fuentealba II, que "tienen como principal responsable al ex gobernador Jorge Sobisch", informaron en un comunicado.

sábado, 28 de julio de 2012

Daniel Solano, peón rural de Salta a Río Negro a recolectar manzanas, actualmente : Desaparecido

Cosecha amarga

Gualberto, el padre de Daniel Solano, reclama justicia: quiere encontrar a su hijo, que viajó como trabajador golondrina y nunca más apareció. Una historia de trata laboral con complicidades policiales y en la Justicia.

 Por Emilio Ruchansky

A Gualberto Solano le aseguraron que su hijo Daniel, desaparecido desde el 5 de noviembre pasado, dejó la localidad rionegrina de Choele Choel para viajar a Neuquén y luego se esfumó. Cuando siguió preguntando, le siguieron mintiendo: le dieron a entender que había ido con una mujer, que había sucumbido por el abuso de drogas ilegales. Daniel viajó en octubre del año pasado desde Tartagal, Salta, para trabajar en los manzanares del Valle Medio, junto a varios guaraníes de la Comunidad Cherenta. Fue visto por última vez rodeado de policías, en la puerta de un boliche. “Hace pocos días uno de los chicos que trabajó con él vino llorando y me admitió que lo obligaron a mentir”, asegura su padre, de paso por la ciudad de Buenos Aires, donde contactó a funcionarios nacionales. Por su perseverancia y la de sus abogados, hace dos semanas se cambió la carátula judicial de “desaparición de personas” a “investigación de homicidio” y siete policías fueron detenidos. Gualberto pide justicia y la restitución del cuerpo.

“Era la tercera vez que se iba a trabajar para la cosecha de manzana, no quería ir. En Tartagal había conseguido un buen trabajo en la construcción, que era lo suyo. Además, las condiciones en el sur eran muy malas. Me dijo que no tenía agua para bañarse y se lavaban en un canal, con agua helada. También me contó que les daban poca plata para comprarse comida y no les alcanzaba. Pero el puntero que lo llevó, Hugo (Domínguez), lo tentó con pagarle el doble”, recuerda Gualberto, acompañado por su hermano, Pablo. “Daniel era mi único varón, tenía cinco hermanas y las quería mucho”, dice.

La “empresa” que trasladó a su hijo y a otras sesenta personas se llama Agrocosecha Argentina SRL y todos sus directivos y punteros están acusados por la querella de encubrimiento y trata de personas y reducción a la servidumbre, entre otros delitos. El destino final de la cuadrilla eran los campos de la empresa belga Expofrut. Allí, según afirman testigos de identidad reservada, Solano y los demás eran vigilados y amedrentados por agentes de la temida y polémica Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), disuelta por el gobernador Alberto Weretilneck.

Solano, desaparecido con 26 años, “era un muchacho emprendedor, ahorraba, les hacía regalos a sus hermanas y a su novia”, dice Gualberto, de 57 años, quien maneja maquinarias para la industria petrolera. “Su madre murió hace quince años. Todos en la familia luchamos para salir adelante y él todavía buscaba un trabajo estable. Tenía muchos amigos en la comunidad y se destacaba en el club de fútbol del barrio”, agrega. Por estos motivos él desconfió desde un principio de la versión compartida entre el fiscal Miguel Flores, la jueza Marisa Bosco y los abogados de Agrocosecha.

“No había motivos para que se fuera, dejó sus bolsos y sus documentos en la gamela (casilla) donde dormía. Cuando empezamos a indagar supimos que el día de la desaparición habían cobrado 800 pesos, como para calmar un descontento general, porque les iban a pagar la mitad de lo prometido y ya venían planteando una huelga. Existen conexiones entre Agrocosecha, la jueza, el fiscal y la policía como para pensar que fue asesinado por este reclamo y luego actuó toda una red de encubrimiento”, informa Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia Solano. La jueza se inhibió en el caso y tiene pedido de juicio político (ver aparte).

Los principales encubridores, comenta Heredia, fueron los dos capataces y reclutadores, empleados de Agrocosecha. “Esa empresa no se sostenía por el cinco por ciento de la comisión que cobran por llevar a los peones, sino por los dos tercios que se quedan del sueldo de los trabajadores”, asegura. Para el encubrimiento hizo falta plantar varios testigos falsos, dice este abogado. “Algunos se quebraron y admitieron que fueron presionados, aportamos en estos meses casi 200 testimonios, algunos son de identidad reservada y debieron irse a vivir a otra parte por seguridad”, dice Leandro Aparicio, el otro abogado de Gualberto.

La violencia ejercida por la policía provincial, especialmente por el BORA, fue relatada a los familiares de Daniel Solano por un ex trabajador de Agrocosecha, también salteño. En enero de 2011, este hombre junto a otros jornaleros insatisfechos con la paga y los tratos recibidos decidió cortar con el contrato laboral y pedir que le liquiden los días trabajados. Luego de una puja con los capataces y los empresarios, logró su cometido. Lo dejaron último en la fila para cobrar y cuando llegó, según relató, cinco policías lo golpearon brutalmente, luego de darle 300 pesos por trabajar diez días.

Con este antecedente inmediato y en condiciones de informalidad y sin recibir aportes sociales, el viernes 4 de noviembre pasado, Solano y otros peones dejaron los campos de manzana en Lamarque para ir a cobrar parte de su sueldo. Se los vio tomando cerveza en distintos bares con dos compañeros de trabajo y, más tarde, en las primeras horas del sábado, tomaron un taxi para ir hasta la vecina localidad de Choele Choel, a una discoteca llamada Macuba. Adentro coincidieron con otros trece jornaleros y siguieron bebiendo cerveza.

A las 3.30, dos de los tres policías que hacían adicionales en Macuba echaron por la fuerza y de manera violenta a Solano, según ellos porque se propasó con una clienta. Lo mismo dijeron el DJ, el presentador y el dueño del boliche. Los compañeros de trabajo del joven aseguraron no recordar lo ocurrido y, tiempo después, con menos presiones y ningún interés de por medio, una testigo negó que existiera dicho acoso, sólo un empujón involuntario que no ameritaba la acción de los adicionales y menos llamar a un patrullero con tres agentes, como ocurrió luego.

¿Por qué ningún compañero intentó ayudarlo? La razón, apunta Aparicio, tiene que ver con el contrato que firmaron para trabajar. “La cláusula 18 del contrato con Agrocosecha dice que si un trabajador tiene un conflicto con la policía o la Justicia, sean o no culpables, los echan y no tienen derecho a percibir ni los días trabajados ni la indemnización por despido ni mucho menos el pasaje para volver; por eso la golpiza era para hacer funcionar esa cláusula y meterlos preso a él y a otro compañero que también era un líder natural de la huelga que se venía”, afirma este abogado.

Justamente este compañero de Daniel, comenta Aparicio, fue golpeado, amenazado y despedido el mismo sábado. “Y vuelve a su lugar por plata que le mandan desde Salta. Luego tratan de sindicarlo como el asesino de Daniel”, agrega. Que la denuncia por averiguación haya sido radicada por la empresa en la comisaría 17 de Lamarque y no en la octava de Choele Choel, según afirma el otro abogado, Heredia, se debe a que en la primera había agentes que trabajaban como matones de la empresa. En la segunda, concluye Heredia, “es probable que lo hayan matado y luego desaparecido”.

jueves, 26 de julio de 2012

Un año sin ningún imputado

LA CAUSA POR EL DESALOJO Y LA REPRESION EN EL TRIANGULO EN 2011

Cuatro muertos y decenas de heridos fue el saldo de la ocupación de las quince hectáreas linderas al Ingenio Ledesma. Las 700 familias lograron la expropiación de las tierras, pero no se construyeron las viviendas. La causa por la represión está paralizada.

 Por Adriana Meyer

El Triángulo es un pedazo de tierra pegado al Ingenio Ledesma, 15 hectáreas de las poquísimas que quedaron sin plantaciones de caña de esa empresa. Hace un año fueron reprimidas allí unas 700 familias que lo habían ocupado y hubo cuatro muertos. A los pocos días las tomas de tierras comenzaron a sucederse en todas las localidades de la provincia. Mientras la causa que investigó aquel sangriento procedimiento policial carece de imputados y detenidos, y la empresa insiste en acusar a los ocupantes por usurpación, el terreno fue expropiado y ahora las familias pelean para poder construir sus casas. “La decisión es que todo quede en la impunidad”, dice sin vueltas la abogada querellante Mariana Vargas.

En la última década el Ingenio de los Blaquier amplió sus negocios y ocupó casi todas las tierras disponibles en Libertador General San Martín. Uno de esos terrenos, llamado El Triángulo por su forma, había sido cedido para la construcción de viviendas que el gobierno jujeño nunca concretó. El miércoles 20 de julio del año pasado un grupo de pobladores decidió tomarlo, con el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa. Ocho días después, cuando parecía que las negociaciones estaban encaminadas, despertaron en sus precarias carpas con los gases y las balas de plomo de la policía. Cuatro muertos –Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan José Velázquez y el policía Alejandro Farán–, 60 heridos y 20 detenidos fue el saldo del brutal desalojo que la policía local ejecutó a pesar de que la Justicia lo había suspendido.

Mientras la noticia ganaba titulares a nivel nacional, quedaba expuesto el déficit de vivienda no sólo de Libertador, sino de toda la provincia, y comenzaron a multiplicarse las tomas en Perico, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Los Lapachos, La Mendieta y Caimancito, entre otras localidades. “Era impresionante, si había un pedazo verde al costado de un camino ya veías que instalaban carpas”, recuerda la letrada de la CCC (Corriente Clasista y Combativa), que representa a heridos de El Triángulo. En este aspecto, su balance es positivo porque las familias consiguieron la expropiación de la tierra y ahora están peleando para construir sus viviendas. “En todas partes hubo tomas y sólo se produjeron dos desalojos más, algo se resolvió”, dice. De hecho, el ex gobernador Walter Barrionuevo apuró varios proyectos de expropiación. El de Libertador data de la época en que el desaparecido ex intendente Luis Arédez exigió al Ingenio el pago de impuestos y el traspaso de tierras a la municipalidad, porque consideraba que no podía ser dueña de todo el valle de San Francisco.

En cambio, la evaluación sobre la investigación judicial resulta negativa para los familiares de las víctimas: no hay policías imputados, menos aún responsables políticos o ideológicos. Los jefes policiales de Libertador, de la provincia y el ex ministro de Gobierno Pablo Lavilla siguen ausentes en el expediente. “La jueza Carolina Pérez Rojas nos hace lugar a nuestros pedidos, pero el fiscal Carlos Parentis tiene la firme decisión de no avanzar, ni siquiera por lo mínimo que está acreditado: esta misma jueza ordenó la suspensión del desalojo a las 9.30 y los jefes policiales desobedecieron, se lo dije cuando hicimos la inspección ocular, pero ni siquiera se bajó del auto”, afirma Vargas. “Cuando pedimos copia de los documentos secuestrados en el allanamiento a Ledesma nos respondieron que nos darían un informe. Ni siquiera hemos logrado que identifiquen al batallón que combatía a las 12.30 en la puerta de la comisaría de donde salieron la balas que mataron a tres de los cuatro muertos”, describe la abogada. Se refiere al destacamento que luego fue incendiado y ahora está vacío, sobre una calle donde los ocupantes se habían replegado. Los únicos imputados de la causa están acusados por el asesinato del policía Farfán.

Para Vargas, el “colmo” es que la empresa Ledesma, en su rol de querellante, haya logrado que en la causa por las muertes también se investigue a los ocupantes por el delito de usurpación, algo que ya tramitaba en el expediente de donde surgió la orden de desalojo. La abogada recordó que “citaron a nuestro dirigente, Quique Mosquera, y aunque no lo acusaron fue interrogado durante horas en una audiencia en la cual había más abogados que empleados, y Ledesma lo presionaba para que hablara de la usurpación, pero la jueza los paró y se fueron ofendidos”.

Julio Gutiérrez, de Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez) había relatado a este diario que la empresa abrió un camino interno para que pasara la policía durante el desalojo. Sin embargo, la causa parece encaminada en otro sentido. Y la comisión investigadora que armó la Legislatura tampoco alumbró esclarecimiento alguno: se disolvió una semana después de creada.

miércoles, 25 de julio de 2012

Detienen a 7 policías por la desaparición de Daniel Solano

Están acusados de torturar, y supuestamente matar, a un delegado de una frutihortícola de Choele Choel.

Bariloche. Corresponsalia - 20/07/12
La Justicia detuvo ayer a siete policías de la localidad rionegrina de Choele Choel por las torturas, desaparición y presunto asesinato del delegado sindical informal de recolectores de frutas Daniel Solano.
El juez Víctor Soto, a cargo de la causa, convocó a 30 efectivos de la Gendarmería que desplegaron una intensa búsqueda del cuerpo de Solano, que hasta ayer seguía desaparecido. Seis de los policías son de Choele Choele y uno de Lamarque. Según le dijo una fuente judicial a Clarín , uno de los detenidos sería el autor material de la muerte del chico.
Este caso se produce a cuatro años del crimen del docente Carlos Fuentealba, ocurrido el 4 de abril del 2008 durante una protesta reprimida por la policía de Neuquén en la ruta nacional 22.
Choele Choel y Lamarque pertenecen al Valle Medio de Río Negro, donde están radicadas muchas de las mayores productoras de frutas y tomates del país, que contratan a miles de trabajadores temporales por año. Solano era uno de ellos.
El delegado se encuentra desaparecido desde la madrugada del 5 de noviembre del año pasado . El joven había llegado a la zona con el propósito de trabajar en la cosecha y vivía, junto a un grupo de salteños, muy cerca de la empresa frutícola “Agro Cosecha” de Lamarque, en la que desarrollaba su actividad.
Luego de cobrar su quincena pasó la noche junto a sus compañeros en la disco “Macuba”, de Choele Choel. En un momento de la madrugada, Solano fue retirado del boliche por personal de la policial adicional , es decir, aquella que se encontraba haciendo una tarea nocturna extra. Esa fue la última vez que lo vieron con vida.
La versión de los policías fue que Solano “estaba borracho y molestando en el boliche”, y que por “esto lo sacaron a la vereda y allí lo dejaron sentado”. Pero la causa dio un sorpresivo vuelco.
Hasta ayer estaba caratulada como “desaparición de persona”, pero ahora pasó a “investigación de homicidio”.
Sucede que un arrepentido habría brindado información a la Justicia. Una fuente que participó de la investigación aseguró a Clarín que Solano había sido tentado por personal de la empresa frutícola en la cual trabajaba para convertirse, a cambio de beneficios económicos, en “un buchón rompehuelgas”. El joven, sin embargo, se negó a hacerlo porque entendió que tarde o temprano debería actuar en contra de su propios compañeros.
Por eso, el sábado 4 de noviembre de 2011 Solano decidió participar como miembro de la comisión interna de “Agro Cosecha”, que iba a iniciar una huelga el lunes siguiente. Entonces, un “buchón” lo habría “vendido” aquella noche. Después de presionarlo para que fuera a la disco –el futuro delegado no tenía ganas de ir, han señalado testigos — y de emborracharlo, se lo entregó a miembros de la policía adicional vinculada tradicionalmente a esta empresa . “Como hacen cada vez que hay alguien que pueda convertirse en una voz o un referente, quisieron darle un escarmiento al chico, por no querer ser puntero y por querer meterse en temas gremiales. Pero se les pasó la mano ”, dijo la fuente.
Para el abogado de familia, Sergio Heredia, el caso “es una novela policial” que tiene un autor intelectual que todavía no apareció.
Tres propietarios de una empresa están siendo investigados en la causa. “ Hay 22 policías imputados , es un número que abarca, en una ciudad como Choele Choel, a toda una dotación. Aquí hay complicidades, encubrimientos y no sólo de policías, también de civiles, que ya se irán viendo en los próximos días”, le dijo a Clarín el fiscal de la causa, Guillerno Bodrato.
Por Claudio Andrade

martes, 24 de julio de 2012

¿DONDE ESTA DANIEL SOLANO?

Daniel Francisco Solano. A este trabajador y activista sindical lo desaparecieron el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel, Rio Negro. Tenía apenas 27 años y había viajado desde Salta para trabajar en la fruta en Río Negro. Hay 7 policías detenidos. Trabajaba para Agro Cosecha que ahora esta bajo acusacion de haber ordenado su secuestro. DIFUNDIR. GRACIAS

lunes, 23 de julio de 2012

En la causa Ferreyra

Esta semana, en la recta final previa al juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, estarían listos los resultados de una pericia balística que quedaba pendiente. Se trata del análisis de un proyectil que le fue extraído a Nelson Aguirre, uno de los militantes del Partido Obrero (PO) que resulto herido con armas de fuego en el ataque de la patota ferroviaria el 20 de octubre de 2010. Según trascendió, la bala estaría abollada, como si hubiera golpeado contra una superficie dura antes de impactar en el cuerpo de Aguirre. 

Por eso, desde las defensas de los acusados –con José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, a la cabeza– ya anticipan que insistirán con la teoría de que tanto la muerte de Mariano como los heridos fueron producto de una situación de “riña”, es decir, que no se disparó a matar. Es la estrategia para evitar la pena máxima de prisión que prevé el homicidio calificado por el que estarán en el banquillo. Las querellas sostienen que aunque la bala haya rebotado, y cualquiera sea su calibre, hubo un homicidio doloso con al menos dos tiradores ya identificados. Descartan la existencia de riña porque el ataque de la patota se produjo en el momento en que los trabajadores tercerizados y las organizaciones que los apoyaban se estaban retirando. Lo que quería la UF, dicen, era “aleccionarlos”. Aunque todavía hay planteos de los imputados por resolver, el juicio por ahora sigue teniendo fecha de inicio el 6 de agosto.

domingo, 22 de julio de 2012

Torturado por intentar huir del campo de concentración N° 11

(AW) 
Alexis Retamal Jara, quien se encontraba detenido en el Pabellón 3 de la Unidad de Detención Nro. 11, fue brutalmente torturado a raíz de que habría intentado huir de ese campo de concentración, el pasado 19 por la madrugada
 
Las imágenes son más que elocuentes. A raíz de estos hechos, intervinieron los defensores penales Fernando Diez y Nicolás García, quienes efectuaron una denuncia penal por el caso de Alexis y por la brutal represión que se desató contra sus compañeros de pabellón, ya que luego de este supuesto intento de fuga, el grupo de requisa ingresó al pabellón 3 con máscaras de gas, "ingresando a cada una de las celdas, obligando a los detenidos a tirarse al piso boca abajo, golpeándolos con palos y con las tonfas, con patadas y con golpes de puño a cada uno.....•" (citado de la denuncia penal de los defensores). Los policías de la requisa además arrojaron latas de gas lacrimógeno, dispararon balas de goma y después tuvieron a los internos hasta las 7 de la mañana en el patio.
 
De igual manera actuó la policía el Martes por la mañana, cuando "recapturaron" a Pedro Maniqueo y Víctor Campos, dos de los seis presos que se fugaron de la U11 recientemente. Ambos fueron salvajemente golpeados, con el agravante de que Víctor sufre de una trombosis en uno de sus pies, por lo que su familia está muy preocupada por las consecuencias que le pueda implicar.
 
Según el gobierno neuquino, "la culpa es del hábeas corpus", como titula Guillermo Berto, periodista del Diario Rio Negro, en su blog Fuera del Expediente (ver aquí publicación). Tanto el Ministro de Seguridad Gabriel Gastaminza, como el Subjefe de Policía Raúl Liria, sostienen que la reciente resolución del hábeas corpus por parte de las cámaras criminales neuquinas que obligan a respetar mínimamente la dignidad de los familiares de los reclusos en las requisas, sería lo que les permite a los presos ingresar los elementos que utilizan para fugarse.
Nosotros quisiéramos hacer una pregunta. Si fuera así, si los presos se dieran toda esa planificación para huir del penal, ¿Cómo puede ser que a Víctor Campos, que tiene una discapacidad en una de sus piernas, lo encuentren caminando por el medio de la barda a las 9 de la mañana?
 
Esa pregunta tiene una respuesta muy simple: quienes les proporcionan esos elementos (al igual que ingresan las drogas, las facas, etc.) y quienes facilitan la fuga de los detenidos, son los mismos policías de la Unidad. ¿Y quién podría culpar a los presos de aprovechar esa chance, y huir de ese campo de concentración, donde los torturan todos los días?
Sin embargo, en los medios los presos "son tapa cuando se fugan pero no cuando los matan", como acertadamente señala también Berto en su blog (ver aquí publicación).
Desde Zainuco denunciamos que la policía y el gobierno neuquino están operando para marcarle la cancha al poder judicial. No es ninguna casualidad que estas "fugas" se están produciendo a pocas semanas del hábeas corpus de las cámaras criminales, y ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que el 3 de agosto determinará si condena o no a los 27 policías en el juicio por torturas cometidas en el año 2004.
La policía vuelve a dar testimonio de su accionar corporativo. Así también lo hicieron la veintena de veces que dejaron salir a su compañero Poblete, que debía estar cumpliendo su condena por asesinar a Fuentealba en el penal de Zapala. O cuando amenazaron al hijo de Cristian Ibazeta, diciéndole que si su familia seguía denunciando, a él le iba a pasar lo mismo que al padre.
Este operar de esa corporación mafiosa policial, continuará si el 3 de agosto el TSJ no condena a los 27 policías por torturas, y en la medida que el asesinato de Cristian Ibazeta continúe impune, porque reiteramos: a Cristian lo mató la policía.
POR ESO EXIGIMOS:

INVESTIGACIÓN Y CONDENA A LOS RESPONSABLES DE ESTA BRUTAL TORTURA CONTRA ALEXIS RETAMAL
RENUNCIA DEL MINISTRO DE SEGURIDAD GABRIEL GASTAMINZA, DEL JEFE DE POLICÍA RAÚL LASERNA Y DEL SUBJEFE DE POLICÍA JORGE LASERNA
DESMILITARIZACIÓN DE LAS CÁRCELES. FUERA LA POLICÍA DE LAS CÁRCELES NEUQUINAS
IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DEL MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

HACEMOS RESPONSABLES DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUGADOS DE LA UNIDAD 11, DE ALEXIS RETAMAL Y DE TODOS LOS DEMÁS INTERNOS, AL GOBIERNO NEUQUINO DE SAPAG.
ZAINUCO

jueves, 19 de julio de 2012

Los policías torturan como siempre

La denuncia surgió a raíz de un video que muestra las agresiones a los internos

 Cinco policías de la localidad salteña de General Güemes fueron detenidos luego de ser denunciados por el ministro de Seguridad de la provincia, Eduardo Sylvester, acusados de apremios ilegales en contra de dos detenidos.

Así lo confirmó ayer el ministro, quien dijo a la prensa que "tras una rápida investigación" se presentaron ante el juez de Instrucción Formal de Tercera Nominación, Pablo Farah, para denunciar "la existencia de un delito cometido por parte de personal policial". Una vez formulada la denuncia penal, el magistrado ordenó la detención de los cinco policías involucrados, que se concretó antenoche, alrededor de las 22, tras lo cual quedaron a disposición de la investigación judicial.

Fuentes judiciales indicaron que la existencia de un video en el que se puede observar perfectamente las agresiones físicas de los policías, cometidas en perjuicio de dos detenidos, fue lo que alertó a las autoridades gubernamentales y al jefe de la Policía de Salta, comisario Marcelo Lami, sobre la existencia del hecho.

Las imágenes son impactantes. En un patio, se ve a dos hombres casi desnudos, esposados, uno está de rodillas y lo sostienen de los brazos mientras le tiran baldazos de agua en la cabeza. Al otro le ponen una bolsa de nailon en la cabeza, le empiezan a hacer preguntas y como no responde, le cierran la bolsa al cuello, le tapan la boca con la mano y le repreguntan hasta que cae al piso. Recién ahí le sacan la bolsa.

Sylvester indicó que fue el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, quien les ordenó hacer la denuncia penal, una vez informado de la comisión del delito por parte del personal policial.

lunes, 16 de julio de 2012

Justicia por Mariano


Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba, sigue haciendo lo que quiere

El ex cabo primero seguirá en la Unidad 11. Se negó a que le realizaran exámenes psicofísicos.
La U9 dice ahora que no tiene lugar para Poblete.
La cárcel federal sigue sin recibir al expolicía condenado 
 La cárcel federal U9 dice ahora que no tiene lugar para alojar a José Darío Poblete, el ex cabo primero condenado por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba. En consecuencia, la Cámara Criminal Primera le avisó que en cuanto se produzca una vacante, será ocupada por el policía. Mientras tanto, seguirá en la cárcel provincial U11.

La Cámara había dispuesto el 25 de junio pasado el traslado de Poblete a esa prisión como forma de garantizar que cumpla la condena a prisión perpetua que le impuso por el asesinato. Tomó esa decisión luego de que el expolicía fuera fotografiado caminando libremente por las calles de Zapala, donde debía estar detenido. La fiscalía detectó que salió 22 veces sin autorización.

Poblete fue trasladado a esa unidad ubicada en el centro de Neuquén capital pero el Servicio Penitenciario Federal lo rechazó porque no cumplía con una serie de requisitos formales. Ahora el argumento cambió: "dicen que no tienen lugar", indicó una fuente judicial consultada por "Río Negro".

La fuente agregó que el Servicio Penitenciario Federal ofreció ubicar a Poblete en el penal de Marcos Paz, pero la Constitución provincial prohíbe expresamente sacar a los detenidos del territorio neuquino.

El otro problema que surgió, indicaron las fuentes, fue que el expolicía se negó a hacerse todos los exámenes físicos y psicológicos que requiere la Unidad 9 para recibirlo. "No quiso ver al psicólogo ni se dejó extraer sangre", ejemplificó el vocero.

De todos modos, los camaristas Andrés Repetto y Mario Rodríguez Gómez le comunicaron a los jefes de la Unidad 9 que apenas tengan una vacante, será ocupada por Poblete.

Aunque la cárcel no lo dijo expresamente, tendría completo el cupo con los acusados de cometer delitos de lesa humanidad que están siendo sometidos a juicio oral, en el caso conocido como "La Escuelita" II. Ese debate terminará en octubre, por lo que recién después de esa fecha habría lugar para Poblete.

Mientras tanto, se supo que su defensor Ladislao Simon presentó nuevos recursos de hábeas corpus a favor del condenado.

jueves, 12 de julio de 2012

El asesino de Fuentealba, salió 22 veces de la cárcel sin permiso

Lo comprobó la investigación realizada por la fiscalía de Zapala.
También se sospecha que adulteraron el libro de guardia.

ZAPALA (AZ).- El expolicía José Darío Poblete salió 22 veces de la Unidad de Detención 31 de esta localidad sin autorización de la Cámara de Neuquén en el período comprendido entre el 21 de marzo y el 14 de junio de este año. El dato, que contrasta con las apenas 2 veces que había dicho el jefe de la Policía, Raúl Laserna, fue corroborado por la fiscalía local que requirió la instrucción de una causa por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el extitular de la cárcel, Roberto Carlos Mieres; el segundo jefe, Ariel Alberto Vidal; el enfermero José Ignacio Maliqueo, y varios subordinados más.

Paralelamente, el fiscal Marcelo Jofré lleva adelante una investigación por la presunta adulteración del libro de salidas de la unidad. En este sentido, ya se habrían solicitado pericias a fin de determinar si existió alguna falsificación.

La falta de control en las salidas de Poblete salieron a la luz el pasado mes de junio cuando fue fotografiado caminando por el centro de esta ciudad junto a Maliqueo mientras regresaba de una visita a la clínica Huinca Lahuén y de comprar medicamentos en una farmacia.

A partir de allí se puso en marcha una investigación judicial que ahora podría derivar en el procesamiento de los jefes de la Unidad de Detención, quienes ya habían sido apartados de sus cargos, y numerosos guardiacárceles.

La fiscalía le imputa a Mieres y Vidal, en su carácter de autoridades máximas del lugar de detención, el haber permitido que el expolicía condenado por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, realizara al menos 22 salidas sin requerir la autorización de la Cámara de Neuquén.

"En caso de una emergencia por un problema de salud se puede resolver el traslado inmediato de un detenido con las medidas de seguridad correspondientes. Aquí no existió nada de eso. Se permitió que saliera 22 veces sin una custodia adecuada y violando las normas mínimas de seguridad que exigen estos procedimientos", explicó un vocero judicial.

El expediente fue girado al juez de instrucción Oscar Domínguez quien al término de la feria judicial de invierno deberá resolver si da curso a la investigación. Desde la fiscalía se solicitó la indagatoria de los involucrados y la concreción de una serie de peritajes tendientes a determinar si existió adulteración del libro de egresos de la Unidad de Detención.

El abogado de Poblete, Ladislao Simon, había sostenido en el momento en que se descubrieron las salidas que su cliente se vio obligado a comprar medicamentos porque el Estado no se los proveía. También afirmó que no había salido "por una puerta lateral".

Poblete está ahora detenido en la Unidad 11 de Neuquén capital y se encuentra pendiente su traslado a la cárcel federal U9.

Madre de Miguel Bru : “Un asesino más está en la calle”

Rosa Bru, madre del estudiante de Periodismo desaparecido Miguel Bru, así se refirió a la libertad condicional con que dos jueces de La Plata beneficiaron al ex policía Justo López. El caso no tiene detenidos y el cuerpo no aparece.

“Me tengo que resignar y nosotros seguimos preguntando donde está Miguel”. En once palabras Rosa Bru, la mamá de Miguel quien fue desaparecido hace 19 años por integrantes de la policía bonaerense, resumió su bronca y asco por la libertad de Justo López, uno de los uniformados que secuestró, torturó, asesinó y desapareció el cuerpo del estudiante de Periodismo, quien inauguró la lista de desaparecidos de la Democracia criolla.

Ayer dos jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata beneficiaron al asesino de Miguel con libertad condicional para que pueda afianzar sus vínculos familiares y sociales, tal como había solicitado la defensa de López.

“Este hijo de puta recuperó la libertad y no sabemos nada de Miguel”, expresó resignada la mujer en entrevista con Diagonales.com, quien aclaró que López no cumplió 18 años y nueve meses tras las rejas. “Los jueces llegaron a ese cómputo porque le aplicaron la ley del dos por uno a los primeros tres años que estuvo detenido antes de recuperar libertad”. López efectivamente, estuvo quince años tras las rejas.

Al histórico juicio realizado en 1999, todos los policías llegaron en libertad y fueron detenidos meses después, una vez que la condena fue confirmada por instancias superiores. Para este caso el sistema Judicial cumplió con las garantías procesales. Los condenados, que durante el proceso contaron con el amparo del ex juez Amílcar Vara –luego destituido por graves irregularidades-, eran policías.

“Estoy preocupada porque un asesino más está en la calle, y me preocupa la integridad física de los testigos que declararon en el juicio”. La mujer tiene razones para fundamentar su temor. El 28 de mayo de 1999, la fiscal del juicio María Scarpino, denunció que López le cruzó un Ford Falcon desde el que la insultó y amenazó, cuando iba a buscar a sus hijos al colegio. Como fiscal de primera instancia, en 1997, Scarpino solicitó la condena a perpetua para López y su cómplice Walter Abrigo.

Durante el juicio oral por el caso Bru los testigos demostraron su pánico a los acusados. Varios declararon haber sido intimidados para no hablar. Repetidas veces quienes declaraban miraban a los acusados en lugar de mirar a los jueces, y se les llamó la atención por ello.

“Me acuerdo que el fiscal (Héctor) Vogliolo vio los gestos de Abrigo, cuando amenazaba de muerte a los testigos”, recordó Rosa.

“Lamentablemente así son los tiempos de la Justicia, tiempos que no comprendo, que no comparto, porque López nunca colaboró con la búsqueda de Miguel”, agregó la mujer. “Me tengo que resignar y nosotros seguimos preguntando donde está Miguel”.

-¿Tiene esperanzas que finalmente declare y diga dónde está su hijo?
- No lo hizo estando preso menos lo va a hacer ahora, no declaró nunca. En el juicio lo único que dijo fue “soy inocente me tienen cansado con todo esto”.

El caso Bru está lleno de situaciones poco claras, ataques y muerte. Un testigo directo, Horacio Suazo, quien estuvo detenido en la comisaría Novena el 17 de agosto de 1993, murió en un confuso enfrentamiento armado con la policía al salir de la cárcel. Su hermana, Celia Giménez, declaró que él le contó que vio las torturas a Bru. Como testigo indirecto, la mujer dio vuelta el caso.

El comisario Eloy González, quien estuvo al frente de un grupo creado especialmente para el caso, recibió un mensaje elocuente: un día, mientras su equipo buscaba el cuerpo de Bru, una ventanilla de su auto apareció destruida a balazos.

Jorge “El Chavo” Ruarte aseguró que vio cuando un grupo de policías metía a Bru en un cuarto de la seccional. Sus hijos fueron secuestrados y fue agredido varias veces en la cárcel.

Por Martín Soler - noticiasplatenses@gmail.com - @martinenlared

lunes, 2 de julio de 2012

La Justicia confirmó el procesamiento de Roberto Locles

El perito que golpeó y alteró la bala que había sido extraída del cuerpo del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, en medio de una junta de expertos, quedó al borde del juicio oral y público por "inutilización de un objeto destinado a servir de prueba". Los camaristas Luis María Bunge Campos, Jorge Rimondi y Alfredo Barbarosch ratificaron el procesamiento de Locles dispuesto en primera instancia por el juez de instrucción Alberto Baños.

El encuentro entre los peritos ordenado por la jueza Wilma López se realizó el 22 de febrero de 2011, cuando Locles -quien había sido propuesto como "perito de parte" por la defensa del imputado Guillermo Uño- tomó la bala y la golpeó reiteradamente contra la mesa alterando su morfología.

Según constancias del expediente, el imputado habría actuado de esa manera para "explicar su teoría (que el proyectil habría rebotado previo a herir al occiso), golpeándolo reiterada y continuamente contra la mesa de trabajo existente en el gabinete", provocándole deformaciones.

Los expertos coincidieron que el accionar de Locles "habría generado leves aplastamientos en la parte de su ojiva y el cuerpo, más específicamente, donde se hallaban las deformaciones lineales y paralelas que presentaba el proyectilö, según recordaron los camaristas al ratificar su procesamiento.

domingo, 1 de julio de 2012

Trabas en las causas por el asesinato de Ferreyra y el intento de sobornar jueces

¡¡qué fotito!!
¡¡ que escrache !!
Una máquina de poner obstáculos

Pese a que hace casi ocho meses la Justicia citó a indagatoria a Pedraza, al ex juez Aráoz de Lamadrid y otros, sólo declaró uno de los sospechosos de cohecho y la investigación quedó detenida. Ahora, desde Unión Ferroviaria se intenta frenar el juicio por el crimen.

 Por Irina Hauser

A mitad de noviembre del año pasado, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria al titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza; al contador del gremio, Angel Stafforini; al agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme; al ex juez subrogante, Octavio Aráoz de Lamadrid, y al secretario de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar (h). Todos estaban involucrados en un intento de soborno a jueces de Casación con el que pretendían conseguir la libertad de los integrantes de la patota acusada de matar a Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010. Los habían delatado las escuchas telefónicas ordenadas por otra jueza que investigaba el asesinato. Los diálogos los mostraban por momentos exultantes, anticipando el alivio que –con la compra de voluntades– conseguiría el propio Pedraza, por entonces muy cerca de ir preso también. “Poné el champán en la heladera, te lo re-tomás y te vas a acostar, punto y aparte”, llegó a decirle Riquelme, uno de los intermediarios. Pasó un año y medio desde que tuvieron lugar esas conversaciones y cerca de ocho meses desde la citación como sospechosos de todos sus protagonistas. Sin embargo, hasta ahora sólo Riquelme fue indagado, aunque no respondió preguntas, y la investigación quedó en franca parálisis. A este escenario ahora se sumó un intento de la UF por frenar el juicio oral acerca del homicidio, que debería comenzar el 6 de agosto.

La trama revelada por las escuchas dejó en evidencia hasta dónde eran capaces de llegar los hombres de la UF para limpiar su impronta en el crimen. En lo que atañe a las presuntas coimas, la Justicia (parte el juzgado, parte la Cámara del Crimen) actuó con parsimonia, pese a estar frente a una pintura viva de la maniobra. “Informan del otro lado que son verdes”, advertía Riquelme en el contestador automático de Pedraza. Una frase memorable que le avisaba que debía pagar dólares, no pesos. Las grabaciones están plagadas de evidencias de ese tenor. Aun así, los artilugios legales desplegados por Aráoz de Lamadrid, con presentación de nulidades y recusaciones a granel, cumplieron su objetivo de poner un parate en combinación con un aparato judicial que respondió con todo su potencial burocrático. Además, llamativamente el procurador general transitorio, Luis González Warcalde, corrió del caso al fiscal Sandro Abraldes, quien impulsaba medidas y reclamaba las indagatorias por cohecho ya desde mayo del año pasado, y había puesto el dedo en la llaga al orientar la pesquisa hacia la Cámara de Casación.

Se suponía que, después de las primeras indagatorias que tomaría el juez Rodríguez en diciembre pasado, llegaría la etapa de investigar a fondo y definir la suerte de los camaristas de Casación, que no sólo aparecían mencionados en las escuchas sino que uno de ellos, Eduardo Riggi, hablaba por línea directa con el agente Riquelme. Las indagatorias aún esperan. Sobre los jueces se tomaron medidas menores. Pasó el tiempo y uno de ellos (Gustavo Mitchell) renunció, otro que era subrogante (Mariano González Palazzo) volvió a su tribunal de origen, y sólo quedó Riggi, de quien Aráoz de Lamadrid había sido secretario durante años, hasta que en 2005 consiguió subrogar el juzgado del ex juez Juan José Galeano.

Alejado (o no tanto) de su vieja función en tribunales, Aráoz asumió la defensa del picaboletos Guillermo Uño, uno de los detenidos por el asesinato de Ferreyra, pero además asesoraba a Stafforini, vicepresidente del Belgrano Cargas. Gracias a los expresivos intercambios telefónicos de Pedraza y compañía en el verano de 2011, la Policía Federal pudo llegar al estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid cuando Stafforini acababa de dejarle 50 mil dólares con los que pagaría, según las conversaciones, la manipulación del sorteo que asignaría los pedidos de excarcelación de la UF y les tocaran a sus conocidos en Casación.

Cuando pasó al papel de sospechoso, Aráoz de Lamadrid hizo todo por frenar la causa: pidió la nulidad del llamado a indagatoria, recusó al juez, planteó su incompetencia, recusó al fiscal, recusó a los jueces de la Sala VI de la Cámara del Crimen, llegó hasta Casación y, además, avaló un insólito pedido de su hermano para que le devuelvan los 50 mil dólares, alegando que le pertenecían. Frente a la andanada, el juez Rodríguez suspendió las indagatorias. Cuando finalmente fue confirmado en la causa, decidió que antes de concretar las indagatorias que había citado en noviembre quería analizar las escuchas posteriores al asesinato de Ferreyra y agregarlas a las que comenzaban en diciembre de 2010 y que, según el fiscal Abraldes, ofrecían sobradas pruebas. El CELS, que representa la querella de la mamá de Ferreyra, consideró que suspender las indagatorias era innecesario y que la dilación se podía haber evitado con otro tipo de respuestas judiciales, como rechazos in limine o imposición de costas. Fue uno de los motivos por los que el organismo impugnó a Rodríguez como candidato ternado para ocupar un juzgado federal porteño.

Al ferroviario Uño ahora lo defiende Oscar Igounet, el mismo abogado que en estos días realizó nuevos intentos por demorar, esta vez, el juicio oral por el asesinato del militante del PO, por el que deben responder Pedraza, su número dos, Juan Carlos Fernández, y un grupo de ocho matones y siete policías. Como es evidente, el expediente del crimen avanzó con más agilidad que el de los sobornos. El juicio debería comenzar en algo más de un mes, pero Igounet recusó a todos los integrantes del Tribunal Oral Criminal Nº 21 que realizará las audiencias y, además, les pidió el juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Dijo que habían sido arbitrarios al rechazar la libertad de su cliente y omitir responder 15 planteos suyos. En el Consejo vaticinan que nada de esto prosperará y que las presentaciones no tienen por qué afectar el juicio. La recusación es analizada por otro Tribunal, el Nº 12, y requiere un proceso de varios días. Igounet también es el abogado que había contratado al perito Roberto Locles (con respaldo de los acusados de la UF), quien golpeó la bala que había sido extraída del cuerpo de Mariano en medio de una junta de expertos y le provocó alteraciones.

El Partido Obrero (que acompaña la querella de militantes heridos en la protesta de los tercerizados, donde mataron a Ferreyra) sostiene que Pedraza está batallando por llegar libre al juicio, tomando como parámetro al bancario Juan José Zanola, que al cumplir los dos años sin sentencia fue excarcelado, porque así lo dispone la ley, en la causa de los medicamentos. Pedraza fue detenido en febrero de 2011. En el CELS ponen énfasis en que un gran abanico de circunstancias que rodearon la investigación, incluido el intento actual por demorar el juicio oral, han seguido la misma lógica de demorar y obstaculizar: se refieren a las amenazas a testigos, la actitud del perito Locles y las sospechas de sobornos, con el agregado en este último caso de una tendencia a diluir el esclarecimiento de la participación del Poder Judicial.