martes, 11 de diciembre de 2012

En el día de los DD.HH., las deudas de la democracia

Por Anahí Di Santo. Familiares de Ferreyra, Santillán, Fuentealba y Arruga realizaron una conferencia de prensa para presentar una carta abierta que recuerda que a 29 años de la restitución democrática, aún quedan materias pendientes.

    “A casi treinta años del fin de la Dictadura, la represión por causas políticas, el gatillo fácil, y la corrupción dentro de los aparatos represivos, siguen siendo moneda corriente y en muchos casos continúan llevándose la vida de compañeros y compañeras”, señala el documento que expusieron ayer por la mañana en la Legislatura porteña Pablo Ferreyra -hermano de Mariano-, Leonardo Santillán -hermano de Darío-, Roberto Rodríguez -cuñado de Carlos Fuentealba- y Vanesa Orieta -hermana de Luciano Arruga-, junto a otros familiares de víctimas de violencia institucional y represión policial, y organismos y representantes de derechos humanos, al reclamar por “la justicia y los derechos humanos de ayer y de hoy”.

    Con la presencia de Elía Espen, Madre de Plaza de Mayo, Enrique “Cacho” Fuckman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, los legisladores porteños Claudia Neira y Pablo Bergel y la adhesión de Osvaldo Bayer y Félix Díaz, entre numerosas personalidades y organizaciones que sumaron su firma a la carta abierta, los familiares denunciaron que en el país hubo más de 3.600 asesinados y 197 desapariciones desde el restablecimiento de la democracia en el año ’83.

    Convocados por la falta de justicia pero unidos por la lucha por el cambio, los discursos de los familiares transmitieron un mensaje que atravesó toda la conferencia que apuntó a resignificar el concepto de “derechos humanos”, llevándolo más allá de los crímenes de la dictadura, para vincularlo con cualquier tipo de represión y persecución política y con la “justicia completa” que condene a responsables materiales y políticos de los crímenes, sin dejar de lado que “el acceso a la vivienda, salud, trabajo y la educación sea realmente efectivo para todos y todas, sin pobreza ni exclusión”.

    En este sentido, Pablo Ferreyra, hermano del militante del Partido Obrero asesinado en 2010, destacó “la estrecha relación de los crímenes de Mariano Ferryera, del pueblo Qom, la causa Ledesma y la represión en el Parque Indoamericano, con problemas impostergables de la actualidad, como son la tercerización laboral, la crisis habitacional y el problema de la tierra”, mientras que puso de relieve la necesidad de profundizar los debates acerca de la apropiación colectiva de la tierra y de poner fin a la persecución que sufren las comunidades y los pequeños productores agropecuarios.

    Ferreyra señaló además “la importancia de impulsar marcos regulatorios que desde el punto de vista institucional condicionen los protocolos de las Fuerzas de Seguridad para evitar abusos y violencia”. En la misma línea, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido en Lomas del Mirador, denunció “el silencio que recae sobre las causas de violencia y represión que golpean a los pibes más pobres, como fue el caso de Luciano, quien al negarse a robar para la policía fue detenido, torturado y luego desaparecido. Y el hecho de que no haya avance alguno en la causa habla de una clara política de discriminación, estigmatización y persecución de la pobreza”.

    Por su parte, Alberto Rodríguez, cuñado del maestro Carlos Fuentealba, se refirió a la complicidad del sistema judicial y los beneficios que gozan los condenados dentro del sistema penitenciario. “La causa por Fuentealba se desdobló como una estrategia para utilizar como chivo expiatorio al asesino material y dejar libre a los responsables políticos”, indicó Rodríguez, y agregó que “la justicia de Neuquén no quiere avanzar en el procesamiento de Sobisch porque dicen que no es pertinente investigar al ex gobernador”. Del mismo modo, en la causa por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón, en junio de 2002, el ex presidente Duhalde “nunca ha sido puesto en el banquillo de los acusados como responsable intelectual”. Rodríguez condenó además “las salidas recreativas completamente ilegales y clandestinas, fuera de los penales donde cumplían condena Poblete y Fanchiotti” (autores materiales de los asesinatos de Fuentealba, y Kosteki y Santillán, respectivamente).

    Los familiares denunciaron además que no hay una sola imputación a las responsabilidades políticas de las más de 38 muertes ocurridas el 19 y 20 de Diciembre del 2001, la violencia y la complicidad institucional y delictiva con las redes de trata y prostitución, como lo evidencia el caso de “Marita” Verón, la ausencia total de líneas de investigación en la desaparición de Jorge Julio López, la represión sufrida por los Qom, del mismo modo que las manifestaciones en contra de la megaminería en distintos puntos del país, el violento desalojo del Parque Indoamericano, y la impunidad del gatillo fácil y la prepotencia policial reflejada en los casos de el “Jere”, el “Mono” y “Patom”, en Rosario, y de Jonathan “Kiki” Lezcano, Ezequiel Blanco, Diego Núñez o Paulina Alejandra Lebbos entre otros.

    Haciendo hincapié en el ejemplo que significa la lucha por la memoria y la justicia protagonizada por las diferentes organizaciones de Derechos Humanos que permitieron recuperar más de 100 nietos y nietas, Leonardo Santillán, hermano del militante social Darío Santillán, consideró fundamental “establecer una continuidad entre la lucha por los derechos humanos llevada a cabo por Madres, Hijos y Abuelas y el rol que tienen los familiares de las víctimas de la represión en los crímenes de la actualidad”.

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