Los acusados son 17, entre ellos el jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Cuáles son las pruebas sobre su participación en los hechos del 20 de octubre de 2010. Cómo será el juicio oral.
Por Irina Hauser
Mariano Ferreyra pasó los últimos minutos de su vida tendido en una ambulancia particular que pasaba de casualidad por Barracas, sin médico ni equipamiento, y que ofreció la mínima ayuda que hasta ese momento no llegaba. Viajaba apoyado sobre Elsa Rodríguez, herida con un disparo en la cabeza, y lo sostenía su amigo Damián, quien le imploraba con palmadas en la cara que no cerrara los ojos, que aguantara. Una bala de arma calibre 38 había perforado su remera y también su abdomen. Mientras lo llevaban hacia el hospital Argerich, el escenario de los disparos y las pedradas –en las calles Luján y Pedriel– iba quedando vacío ante la mirada impasible de la Policía Federal, que dejó ir a los agresores, una patota de la Unión Ferroviaria (UF) para la que un rato antes había liberado el terreno con el fin de que actuara. Mariano, Elsa y un centenar de personas, muchas del Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, protestaban ese día para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos del ferrocarril Roca y la regularización de los “tercerizados”. Querían cortar las vías, pero ni lo intentaron, ya que se toparon con los matones del gremio, quienes al recibir barrabravas de refuerzo se les abalanzaron con un despliegue de máxima violencia en el momento en que se retiraban. El ataque, definiría la Justicia después, pretendía “aleccionar” a los “tercerizados” para que dejaran de insistir con su reclamo. La fuerza de choque actuaba con un “plan criminal”, cuyo resultado sólo podía interesar a los líderes sindicales, empezando por José Pedraza, que veía su poder amenazado. El cariz político de este crimen se vio desde el primer día. Las pruebas quedarán a la vista en el juicio oral que hoy comienza.
Las audiencias –a cargo del Tribunal Oral Criminal 21– podrían durar más de seis meses y prometen mostrar cómo se entrelazaron los papeles de los diecisiete acusados: Pedraza, su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, siete ferroviarios más un barrabrava que componían la patota y siete policías, tres de ellos comisarios. Todos corren el riesgo de recibir condenas por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua, el peor de los castigos. Los únicos que no están presos son los uniformados. La fiscal será María Luz Jalbert.
Los testimonios recogidos apenas ocurrieron los hechos fueron claves en la investigación penal y lo serán durante el juicio. Habrá más de 380 testigos. Pero también serán determinantes los entrecruzamientos telefónicos, las escuchas, los videos registrados, las comunicaciones policiales y la documentación que relaciona el ataque de la patota con los intereses del sindicalismo empresario. Las querellas, que representan a la familia de Mariano y a los heridos, intentarán probar que hubo un móvil político y económico detrás del ataque que terminó en el asesinato del militante del PO, de 23 años: el ingreso a planta de los tercerizados, plantean, amenazaba la hegemonía de Pedraza en el gremio, un poderío que a la vez le permitía mantener sus negocios, que incluyen la explotación del tren Belgrano Cargas (cedido a la UF en los noventa) y su propio manejo de empresas tercerizadas, contratadas y subsidiadas a través de la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa), operadora de algunos ramales por cuenta y orden del Estado. Las tercerizadas se caracterizan por pagar a sus trabajadores salarios muy inferiores a los de planta y dejarlos fuera de convenio, sin derechos básicos, como indemnización por despido y vacaciones.
En la investigación inicial, la jueza Wilma López y los fiscales Cristina Caamaño (ahora funcionaria del Ministerio de Seguridad) y Fernando Fiszer dieron por probado que dos personas dispararon armas de fuego: Gabriel Sánchez, guarda de Constitución, y Cristian “Harry” Favale, un barrabrava de Defensa y Justicia que no era ferroviario y fue llevado por Claudio Alcorcel. Actuaron en coordinación con un grupo, donde cada cual tenía una función. El portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, fue señalado como quien juntó las armas, para su ocultamiento, que le entregaron el picaboletos Guillermo Uño, Sánchez y Favale. Jorge González y Salvador Pipitó amedrentaron al equipo de C5N para que no filmara la agresión. El delegado Pablo Díaz, secretario de la comisión de reclamos de la UF, organizaba al grupo y daba instrucciones.
A pesar de que no se hallaron las armas utilizadas, se sabe –por los proyectiles hallados y extraídos a Mariano y los heridos– que eran por lo menos cuatro: dos calibre 38, una 22 y una escopeta. Queda el enigma sobre quiénes serían los dos tiradores restantes.
La presencia en el banquillo de los jefes gremiales, de quienes fueron su brazo armado y de la policía, habla de lo que este juicio también pone en discusión un modelo económico, los métodos del sindicalismo y hasta el papel de las fuerzas de seguridad en esa trama. Tratándose de un caso donde se han denunciado intentos de obstaculización durante la investigación de parte de Pedraza y la UF, que van desde un intento de soborno en la Cámara de Casación, la alteración de pruebas y amenazas a testigos, también será un puesta a prueba para la Justicia.
A COMPLICIDAD UNIFORMADA
Pasividad policial
Por Irina Hauser
Si la policía hubiese interpuesto un cordón entre la patota y los tercerizados, Mariano estaría vivo, dicen las querellas. Eso convierte a la pasividad policial en un factor necesario para que ocurriera el crimen, sostienen. Había noventa efectivos en el lugar, pero no resguardaron a los manifestantes, como quedó en evidencia en la imputación del fiscal Fernando Fiszer. Otros indicios hacen suponer algo más que la falta de acción policial: algunos utilizaron teléfonos POC (que impiden registrar el contenido de las llamadas), no dieron intervención inmediata a la Justicia; interrumpieron su filmación al comenzar los disparos; hay testimonios de que cuando los tercerizados intentaron acercarse a la patota la policía los frenó, pero a los atacantes los dejaron ir, sin formar un cerco perimetral. Desde la Dirección General de Operaciones (DGO), que impartía instrucciones a la distancia, la orden fue no meterse, replegarse. “No sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros”, se escucha en la radio policial.
Los jefes del operativo que serán juzgados son los comisarios Jorge Ferreyra, que pertenecía a la División Roca, y Luis Mansilla, de Control de Líneas. En la sala de situación estaban el comisario mayor Hugo Lompizano (quien luego fue jefe de comisarías), el principal Gastón Conti y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. El subcomisario César Garay, de la comisaría 30ª, fue el que mandó a resguardar a la patota. El camarógrafo policial era David Villalba. Llegaron al juicio por abandono de persona seguido de muerte. Pero las querellas pedirán que se los considere partícipes del homicidio.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRIGENTES
Pedraza y afines
Por Irina Hauser
El asesinato de Mariano Ferreyra ocurrió el 20 de octubre de 2010. En el ataque quedaron heridos de bala Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. José Pedraza y Juan Carlos Fernández, a quienes unía una amistad, sabían de la protesta desde el día anterior. El propio Pedraza explicó que lo había hablado con el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y le dijo una frase que no lo ayuda en el expediente: “Mis muchachos no se van a meter”. La afirmación, que asumía conocimiento y capacidad de control de la situación, fue resaltada por la jueza López al procesarlo.
Aquel día, Pedraza y Fernández estuvieron desde la mañana en la sede de la UF, en Independencia 2880, en un congreso llamado “Latin Rieles”. El análisis del celular de Fernández volverá a ser una prueba fundamental de su seguimiento de lo que pasaba en las vías del Roca, ya que desde las 7.46 de la mañana se contactó por lo menos seis veces con el delegado Pablo Díaz, a cargo de la patota en el lugar de los hechos. Una comunicación entre Fernández y Díaz se produce a las 13.23, horario que coincide con el relato de un testigo clave –el ferroviario Alejandro Benítez–, que lo escucha ordenar “saquen los fierros” tras hablar por handy. Al instante le disparan a Mariano. El patrón de comunicaciones entre Fernández y Díaz se había producido un mes y medio antes, en otra protesta de tercerizados en Constitución, donde asistió la misma patota. Un dato adicional fue el hallazgo en el escritorio de Fernández de los papeles que pedían la contratación de Favale.
Será importante la declaración de Karina Benemérito, estrecha colaboradora de Pedraza, quien lo vio junto a Fernández casi toda la mañana. La acusación sostiene que ambos daban directivas desde la UF. Aun cuando se separaron siguieron en contacto telefónico. Horas después, Pedraza llamó a su estudio jurídico de confianza, como quien anticipa problemas legales. Su defensa luego fue asumida por el abogado Carlos Fromet, quien fogonea en sus visitas al gremio la postulación de Pedraza a la reelección, aunque esté preso, porque especula que podría mejorar su situación judicial. La votación será entre este mes y el que viene. Entre sus íntimos, el abogado se muestra pesimista por el juicio. Consultado por este diario, comentó que no cree que haya pruebas directas y que no decidió si declarará o mantendrá silencio.
Según la acusación que lo llevó a juicio, Pedraza tenía una motivación para “aleccionar” a los tercerizados, verbo que introdujo una de las abogadas de la querella de los heridos, María del Carmen Verdú (de la Correpi), luego fue recogido por la Sala I de la Cámara del Crimen y se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza para las defensas. ¿Por qué aleccionarlos? Por empezar, eran un potencial grupo de oposición capaz de disputar el reinado de Pedraza, construido desde que asumió al frente del gremio en 1994, y basado en su administración de cuáles trabajadores pueden ingresar a empresas del sector y cuáles no. La condición de trabajador tercerizado impide la afiliación. La preocupación por ese tema aparece clara en escuchas telefónicas posteriores al asesinato de Ferreyra en las que negocia el ingreso de tercerizados con funcionarios del Gobierno (ingresaron más de 1500 tras el asesinato) y otras donde sus allegados hablan de distintas formas de castigo a esos trabajadores precarizados.
El dominio político le permitía a Pedraza sostener sus ganancias empresariales. En el Belgrano Cargas, su esposa Graciela Coria integra el directorio y el vicepresidente es el contador del gremio, Angel Stafforini. En el campo de las tercerizadas, la investigación judicial mostró su “incidencia decisiva” al menos en la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, instalada en un inmueble de su esposa y dirigida por cuadros de la UF. Tenía 200 trabajadores, algunos presentes en la protesta en Barracas, y era la tercerizada más subsidiada. Según el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (que representa a la familia de Mariano), “Pedraza y sus allegados, en connivencia con la Ugofe, obtenían una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los tercerizados”. Por ese posible desvío de fondos hay una causa penal.
Los acusados
- José Pedraza: acusado como instigador del homicidio de Mariano Ferreyra. Es secretario general de la Unión Ferroviaria desde 1994; desde 1984 fue secretario administrativo del gremio. Favoreció las privatizaciones y el desguace de los ferrocarriles en los noventa.
- Juan Carlos “Gallego” Fernández: acusado como instigador del homicidio. Amigo de Pedraza y secretario administrativo de la UF desde 2005.
- Los tiradores: Cristian Favale, remisero, barrabrava de Defensa y Justicia, aspiraba a un empleo ferroviario. Gabriel “Payaso” Sánchez, guarda de Constitución, de la barra de Racing. Ambos están acusados como autores del homicidio.
- El organizador: Pablo Díaz, delegado, secretario de la comisión de reclamos de la UF, muy cercano a Pedraza y Fernández. Va a juicio acusado como instigador del homicidio.
- Otros hombres de la patota: el portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, y el picaboletos Guillermo Uño están acusados como partícipes necesarios, al participar en la recolección y ocultamiento de las armas. También va a juicio como partícipe Claudio Alcorcel, el delegado que llevó a Favale. Los ferroviarios Salvador Pipitó y Jorge González (delegado) buscaron evitar que C5N filmara y están acusados como partícipes secundarios.
- Los jefes policiales del operativo: los comisarios Jorge Ferreyra, que pertenecía a la División Roca, y Luis Mansilla, de Control de Líneas. El comisario mayor Hugo Lompizano, el principal Gastón Conti y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. Ellos daban indicaciones desde la Dirección de Operaciones. El subcomisario César Garay, de la comisaría 30, estaba en el lugar de los hechos. Están acusados de abandono de persona seguido de muerte, con una pena máxima de 15 años. El camarógrafo policial era David Villalba y dejó de filmar al iniciarse los disparos. Está acusado de omisión de deberes. Las querellas creen que todos ellos son partícipes del homicidio, y así lo plantearán.
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