El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y otros 16 acusados volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados por el asesinato del joven militante del Partido Obrero. En Comodoro Py, los jueces del TOC 21 terminarán de resolver los cuestionamientos de nulidad presentados por los abogados defensores y luego empezarán las indagatorias.
En la audiencia de ayer se les leyeron a todos los acusados los cargos, que prevén hasta prisión perpetua. Aunque la mayor parte del tiempo estuvo dedicada a la discusión sobre una primera tanda de planteos de nulidad. Algunos intentaron instalar la idea de que la investigación durante la instrucción inicial fue parcial y sesgada. Pero el TOC 21 los rechazó y se espera que hoy haga lo mismo.
La lectura de las acusaciones aportó un repaso de aquel día en que un grupo de trabajadores tercerizados del Roca, junto con el PO y otras organizaciones, fue a protestar a la estación Avellaneda. Iban a cortar las vías, pero la presencia de la patota los disuadió. El ataque se produjo cuando se retiraban.
El barrabrava Cristian “Harry” Favale, ajeno a la UF, y el guarda Gabriel Sánchez están acusados de haber disparado. El portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el picaboletos Guillermo Uño, de recoger las armas para ocultarlas.
Al delegado Jorge González y a Salvador Pipitó se los acusa de amenazar al equipo de C5N para evitar que filmara. Claudio Alcorcel, otro delegado, aparece como reclutador, y Pablo Díaz, secretario de Reclamos del gremio, como el coordinador de la fuerza de choque, que además mantenía contacto con el Gallego Fernández, segundo del gremio, quien estaba en la sede de la UF con Pedraza.
La acusación concluye que hubo un “plan criminal” para “aleccionar” a los tercerizados. Atribuye a Pedraza y Fernández una motivación política, ya que el ingreso de esa masa de trabajadores amenazaba su hegemonía en la UF, que a su vez les permitía mantener sus negocios. Las imputaciones por homicidio calificado pueden derivar en condenas a prisión perpetua.
Además, se acusa a siete policías, entre ellos tres comisarios, de haber liberado la zona para que actuara la patota. La acusación hasta menciona el llamado de un cabo al 911 pidiendo refuerzos por la falta de acción de los otros policías que estaban en Barracas. La fiscalía los acusó por abandono de persona seguido de muerte, pero las querellas como partícipes del homicidio, lo que generó un fuerte debate.
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